La plantación Jenkins es una de tantas granjas en el condado predominantemente tomatero de Saint Clair, en Alabama, que se quedaron sin trabajadores para recolectar la producción del otoño pasado.

Los mexicanos se fueron de Alabama por la ley migratoria HB56, la más dura legislación local de corte antiinmigrante de todo Estados Unidos.

El senador estatal Scott Beason, autor de la Ley HB56, es famoso en Alabama por su actitud agresiva hacia la inmigración indocumentada, y algunos de sus comentarios incluso han entrado de lleno en el terreno de lo racista.

Uno de los argumentos para esta ley es que los "ilegales" roban el empleo a los ciudadanos, pero, al parecer, la recolección en el campo es demasiado demandante físicamente como para convencer al estadounidense promedio de emprenderla.

Esta ley permite a la policía local actuar como agentes migratorios, prohíbe los matrimonios mixtos entre "ilegales" y estadounidenses, nulifica los contratos firmados por un no ciudadano y ordena a maestros a delatar a sus alumnos ante la migra.

La agresividad y extensión de la ley HB56 está por encima de las legislaciones de otros estados sobre este tema: prohíbe a los "ilegales" recibir servicios médicos de emergencia o beneficios de servicios públicos estatales.

Condados como Fort Payne, capital oficial y mundial del calcetín, también resienten el éxodo. La crisis económica y el temor generado por la ley antiinmigrante se han encargado de extirpar a la mayor parte de la comunidad indocumentada.

Una de las partes más crudas de la ley HB56 recaería sobre los hijos nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados. Ellos son estadounidenses en todos los sentidos, tanto legal como culturalmente.

El pánico llevó a algunos padres a redactar solicitudes conocidas como "poder de guardián", con los que los indocumentados literalmente ceden control de sus hijos a un estadounidense, para cuidar a los niños en caso de deportación.

El miedo ha sido un factor crucial. Como muchas otras comunidades, Fort Payne reaccionó con pánico: se corrió el rumor de que la escuela primaria y el kínder funcionaban como centros de deportación, con los niños acarreados como ganado hacia prisiones.

Miles de frutos verdes, amarillos y rojos, agusanados e infectados. Una cosecha abandonada porque no hay manos para levantarla. Los Jenkins no saben si volverán a plantar en 2012. No saben si podrán costearlo.

Los mexicanos que quedan se arriesgan a una recolección final en los campos tomateros, la posibilidad de hacerse de enormes ganancias ante la falta de mano de obra los orilla a jugársela.