Frente al derramamiento de sangre que ha traído la guerra contra el narcotráfico, pongo a consideración de los lectores cuatro puntos para recuperar la paz.
1. Ruptura de pactos entre el poder político y el crimen organizado, y castigo a los culpables y cómplices
Felipe Calderón nos ha puesto frente al falso dilema de optar entre la guerra o los pactos: si no aprobamos su estrategia de militarizar la política antidrogas, entonces estamos por pactar con criminales. Este discurso presidencial es un engaño: el derramamiento de sangre en México se debe justamente a la permanencia de los pactos entre las autoridades y el crimen organizado. El propio Calderón ha afirmado que se lanzó a la guerra porque había encontrado una metástasis, es decir, una infiltración prácticamente total del narcotráfico en el aparato del Estado.
Con el tránsito de un régimen presidencialista (PRI-Gobierno hasta 1997) a uno semi-presidencialista (1997-hoy), la presidencia de la República perdió el monopolio de la negociación con los principales grupos criminales: cada entidad federativa y cada municipio, y en general cada nivel institucional con atribuciones de seguridad pública, procuración o impartición de justicia, se sintió libre de establecer o admitir pactos con diferentes bandas del crimen organizado y concesionar los derechos a transportar y vender droga, además del abanico de actividades criminales que explotan a los ciudadanos. (Eso no significa, por supuesto, que el crimen organizado no pueda infiltrar o cooptar individualmente a policías o soldados, pero la importancia de esta cooptación es mucho menor frente a los pactos criminales en las cúpulas).
Frente a la metástasis criminal, la salida jurídica, política, social y moral correcta era juzgar y castigar a las autoridades corruptas y cómplices que habían pactado con los narcos. Pero a cinco años de que se iniciara la "guerra contra el narcotráfico" no hemos visto una sola autoridad juzgada por el delito de pactar con el narco. Ni un ex presidente de la República, un ex secretario de Estado, un gobernador o ex gobernador, alcalde, ni siquiera un regidor ha sido sometido a juicio político o llamado a cuentas para que responda por complicidad. Los pactos con el narco no sólo no han sido tocados: se les ha premiado y estimulado con la impunidad.
Por el contrario, Calderón optó por combatir el narcotráfico justo en donde esos pactos no tienen lugar: en sus brazos armados, los que ejecutan las órdenes. El presidente de la República sacó a las calles al Ejército mexicano, un ejército formado mayoritariamente por campesinos pobres y desmoralizados, a combatir a otro ejército: al que se ha formado por sicarios y pistoleros también pobres que, por perversión, desesperación, falta de alternativas y desempleo se unieron o fueron reclutados por las fuerzas lúmpenes de la delincuencia organizada.
No los estoy equiparando moralmente: el soldado del ejército mexicano -tenga convicciones nacionalistas o no- rechazó la opción de delinquir que probablemente le ofrecía la delincuencia organizada, mientras que el sicario o pistolero de las bandas de narcos ejecuta conscientemente órdenes criminales. Pero hay dos características que comparten el pistolero y el soldado: ambos son pobres y jóvenes: están involucrados en una guerra que es el resultado de pactos y corruptelas decididas muy arriba de ellos: una guerra sin reivindicaciones políticas o ideológicas, sino una disputa por los beneficios de actividades criminales. Ambos son asalariados, son jóvenes y, muy probablemente, no tuvieron oportunidades ni de estudiar ni de incorporarse a una economía justa que les ofreciera algo mejor que portar un arma (y matar con ella). Calderón se enorgullece de sus agallas para enfrentar al narcotráfico. Pero hay que reclamarle que esas agallas no le alcanzaran para enfrentar a los narcopolíticos y narcoempresarios de cuello blanco. Su estrategia fue golpear hacia abajo en lugar de hacia arriba: lanzar a jóvenes pobres a enfrentar otros jóvenes pobres.
Por esa razón una demanda fundamental de un programa para detener la guerra es castigo a los que pactaron y a los que toleraron los pactos. Ex presidentes y ex secretarios de Estado, gobernadores y ex gobernadores, alcaldes y ex alcaldes, legisladores y ex legisladores que hayan pactado o tolerado pactos deben responder frente a la justicia. Contrario a la estrategia de Calderón hay que atacar hacia arriba antes que hacia abajo. Y el primer sujeto a juicio debe ser el propio Felipe Calderón, que dispuso del diagnóstico de la metástasis institucional y fue omiso frente a ella. El éxito de la delincuencia organizada depende de su complicidad con las autoridades. Cuando esas autoridades dejen de gozar de impunidad y los pactos se rompan, entonces empezaremos genuinamente a ver un debilitamiento del crimen. La investigación a Calderón debe deslindar también si las violaciones a derechos humanos cometidos por elementos de las fuerzas armadas contaron con su aprobación.
Si nuestro poder judicial carece de jueces independientes y competentes para hacerse cargo de una investigación seria contra las autoridades que pactaron o toleraron los pactos, entonces apelemos a la justicia internacional. Ya se recaban firmas para solicitar a la Corte Penal Internacional que abra una investigación a Calderón. Hay que apoyar esta iniciativa. La única manera de impedir futuras complicidades, lenidades y crímenes de guerra es castigando a los culpables de hoy que están en la cúspide del poder político y económico. La justicia internacional sirve no sólo para castigar crímenes, sino para dar la lección a los poderosos de que el Estado no es una patente de corso para delinquir. Esa investigación nos servirá, también, para conocer el papel de los Estados Unidos en el derramamiento de sangre en México.
2. Legalización y regulación de las drogas
El consumo de drogas destruye individuos y comunidades, pero su criminalización multiplica por mil su capacidad destructora. Tras cuarenta años de guerra internacional contra las drogas el resultado es inequívoco: las drogas ganaron. La estrategia estaba equivocada. Su criminalización las convierte, literalmente, en el mejor negocio del mundo. Las ganancias de las drogas, además, se quedan masivamente en los Estados Unidos (entre el 70 por ciento y el 90 por ciento, según el propio Calderón). Para América Latina, los resultados de la criminalización son nefastos: élites políticas y empresariales permanentemente corrompidas por el dinero del narco; comunidades campesinas y urbanas también corrompidas, ya sea porque el narco sustituye al Estado en proveer seguridad o servicios sociales, ya porque recluta a los hombres como pistoleros, a las mujeres como burreras e involucra a los campesinos en la siembra de drogas; además del envenenamiento de la infancia y la juventud al generar adictos a sustancias altamente nocivas.
Hay que dejar un punto claro en esta discusión: la legalización no significa la legitimación de las drogas. Las drogas, especialmente las duras, no han de ser vistas como estimulantes recreativos al libre albedrío del mercado. Hay que debatir regulaciones de acuerdo con las consecuencias en la salud de cada una de ellas: no es lo mismo la mariguana que la cocaína ni que la heroína. Una alternativa, más que la liberalización de las drogas, puede ser un monopolio estatal de producción y distribución de drogas, especialmente las duras, y un organismo de tratamiento de adictos, que busque sustituir las sustancias más destructivas por otras menos dañinas. Al mismo tiempo, se debe ofrecer a los campesinos que siembran drogas una amnistía y estímulos económicos siempre que sustituyan sus cultivos por alimentos.
El propósito de la legalización es reducir el daño de las drogas: prohibirlas y criminalizarlas sólo potencia su capacidad destructora.
3. Desmilitarización y desparamilitarización
El argumento de Calderón para sacar al Ejército a combatir al narcotráfico no tiene que ver con la capacidad de fuego de los cárteles, sino con la penetración del narco en las policías locales y municipales, lo cual las tornaba incapaces de combatirlo. Si los pactos entre el crimen organizado y las autoridades se rompen y si se corta el flujo de dinero a las organizaciones criminales a través de la legalización, la necesidad de militarizar el combate al crimen prácticamente se vuelve nula.
Las consecuencias objetivas de la militarización del combate al crimen organizado son varias y todas ellas negativas: uno, se expuso al Ejército a una corrupción igual a la de las policías federal, estatales y municipales (si no estaba corrompido desde antes); dos, se fomentó una guerra clasista, de un ejército de campesinos pobres (el Ejército nacional mexicano) contra una variedad de grupos armados lúmpenes nutridas del proletariado y subproletariado urbano y rural; tres, se toleró que las fuerzas armadas, no entrenadas para labores de seguridad pública, cometieran sistemáticamente violaciones a los derechos humanos; cuatro, se desmoralizó al Ejército y a la Marina, al ponerlos en la primera línea de una guerra que no se decide en las calles sino en los escritorios y las cuentas bancarias de los políticos y los narcoempresarios; cinco, se convirtió al Ejército en un actor de primera línea en la política nacional: este último punto no es banal. Los poderes civiles se eligen democráticamente y, cuando menos en la teoría, están sometidos a pesos y contrapesos. A los generales nadie los elige, nadie los controla y no rinden cuentas a la sociedad. Ahora son los generales quienes cogobiernan los estados, lo cual vulnera aún más la frágil democracia mexicana y abre la puerta al gobierno autoritario y marcial.
La guerra contra el narco ha traído también el virus de la paramilitarización. Los cadáveres arrojados recientemente a las calles en Veracruz mostraban signos de haber sido amordazados y torturados con cintas y demás instrumentos que sólo están al alcance de las fuerzas armadas. Grupos paramilitares han reivindicado públicamente los ataques para "limpiar" de delincuentes determinada zona. Estos grupos paramilitares son una amenaza para la sociedad en su conjunto, no sólo para los Zetas. Actúan al margen de la ley y ejecutan sumariamente a los sospechosos, así sean menores de edad o supuestas novias de criminales. Los paramilitares convierten el monopolio de la fuerza legítima en la ley de la selva. Estos grupos, y quienes los fomentaron y toleraron, deben ser disueltos, perseguidos, juzgados y castigados.
4. Resarcimiento a víctimas
Los muertos de la guerra contra el narco no son la metástasis de la que hablaba Calderón. La metástasis, no está de más repetirlo, se dio de arriba hacia abajo. Supongamos por un segundo que los 50 mil muertos (60 mil a fin de sexenio de continuar la tendencia) hayan sido sicarios, asesinos, envenenadores de niños, secuestradores, extorsionadores, desertores del Ejército que se pasaron a las filas del enemigo. En la narrativa oficial los muertos son el polvo que se levanta de una mugre que sólo Calderón se atrevió a barrer. Aun suponiendo esta tesis por un momento, ¿la política de un Estado democrático de derecho consistía en atestiguar cómo se mataban sicarios contra sicarios sin detener la masacre o, peor aún, condescender la matanza a través de grupos paramilitares? Si la respuesta es sí, entonces tenemos muy poco que ofrecer como sociedad a nosotros mismos, a nuestros hijos y nietos: la limpieza social es una solución fascista, que además se ceba sobre los pobres y los jóvenes. Las sociedades democráticas basan su coherencia en el respeto a la vida, al debido proceso y a los derechos humanos. Esos 50 mil muertos no debieron morir. Aun si fueron autores de crímenes atroces se les debió haber juzgado, no ejecutado. La explicación oficial de que fueron asesinados por otras bandas criminales es inaceptable, porque el Estado toleró -y con ello fomentó- esta clase de exterminio a través de la impunidad: ¿cuántas de esas muertes fueron investigadas, cuántos de esos asesinatos fueron perseguidos, a cuántos de los asesinos se le llevó a juicio por el delito de privar de la vida a otro ser humano? El Estado, al no castigar los asesinatos, premió a los asesinos con la impunidad y lanzó el mensaje de que la muerte tenía permiso.
Sabemos, además, que una porción importante de los 50 mil muertos no estaba involucrada en actividades criminales o su relación con el crimen era indirecta. Pero ya se les ha privado de la vida y ha sido manchado su nombre. Una reconciliación nacional requiere de una narrativa confiable sobre estos hechos. Por ello, una Comisión de la Verdad debe investigar lo que ocurrió, perseguir a los asesinos e indemnizar a las víctimas. Esos 50 mil muertos dejaron 50 mil viudas y viudos y miles de huérfanos. Eso sin mencionar un número aún indeterminado de desaparecidos, cuya suerte debe ser también esclarecida. El Estado debe de resarcir a las víctimas con la verdad, con justicia y con oportunidades.
Nunca supimos con claridad qué pretendía Calderón con la guerra contra el narcotráfico. Lo que sí sabemos ahora es que su política arrojó decenas de miles de cadáveres, agudizó la inseguridad pública y dejó una desgarradura en el tejido social que llevará años restaurar. Hay quien dice que debemos mirar hacia delante y optar por la impunidad y la administración del crimen. Yo pienso lo contrario: la paz requiere justicia y verdad.
