La primera batalla

Bernardo Gómez, el joven y poderoso ejecutivo de Televisa, estaba preocupado. Asomaba en el horizonte de México lo impensable: el Congreso en su conjunto,los tres partidos políticos más importantes del país, estaban a punto de aprobar una reforma a la ley electoral que representaba la incisión profunda de una filosa daga en los negocios de quizá el consorcio mediático más relevante de Latinoamérica. Gómez, a quien derecha e izquierda describen por igual como una persona difícil y arrogante, tenía razones para preocuparse: esa ley representaría para la televisión y la radio perder ingresos de unos 300 o 400 millones de dólares en un año sólo por propaganda electoral. Ni qué decir de la prohibición al gobierno federal de anunciarse antes y durante las elecciones generales. —Por eso me preocupa mucho lo de la cadena —comentó Gómez a una persona cercana al proceso de negociación. —No, pero no te preocupes por eso. Con la cadena ni se piensan meter, al menos no ahora —respondió en alusión a la posibilidad de que se creara otra u otras cadenas televisoras con presencia en todo el país. —No, no me refiero a ésa, sino a la que tenían en el cuello. Los políticos ya se la quieren quitar, jajajaja. Esta anécdota, que es platicada entre los círculos de los senadores que aprobaron la reforma a la ley, pinta de manera precisa lo más relevante de la reforma electoral sancionada a mediados de septiembre pasado. Más allá de los cuantiosos ingresos por propaganda electoral, lo que estaba en juego era el sometimiento de uno de los poderes públicos, y de los políticos en particular, a la voluntad y a los planes de negocios de las dos televisoras que cuentan en México: Televisa y TV Azteca. Sin metáfora alguna, el concepto acuñado por el teórico italiano Giovanni Sartori se había ido concretando: México se asimiló crecientemente como una “videocracia” de primera generación, en el que la pantalla se convirtió en el premio soñado por los políticos. Ser castigado con la supresión de la imagen en programas informativos y de entretenimiento se convirtió en una auténtica pesadilla para los políticos. Equivalía al terror infantil ante la fantasía de ser borrado del mapa afectivo de la madre. En casos extremos, cuando los políticos osaban desafi ar los planes de las televisoras, la respuesta era igual de brutal: una “paliza” informativa cruel, llena de mentiras o medias verdades. El ex senador Javier Corral, militante del Partido Acción Nacional, actualmente en el poder, puede dar cuenta de ello. En unas cuántas décadas, los propietarios de las televisoras, que funcionan con una concesión del Estado mexicano, mutaron radicalmente su condición. De ser “soldados del presidente” durante buena parte de las siete décadas en las que el pri estuvo en el poder se convirtieron en los amos de la República. Y no era retórica. Utilizaron sus pantallas para acabar o golpear a cuanto político quisieron. Presionando, cabildeando, chantajeando, utilizando a los partidos políticos a su conveniencia, lograron aprobar o bloquear leyes cuando fue preciso. Eso ocurrió, por ejemplo, en 2006 con la Ley de Radio y Televisión, una legislación redactada en las ofi cinas de las televisoras y aprobada unánimemente por la Cámara de Diputados luego de una larguísima discusión de siete minutos. También destaca el caso de la ley que pretendía fortalecer los derechos de los accionistas minoritarios de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Como no convenía a sus intereses, TV Azteca la bloqueó y desató, además, una campaña incesante de ataques contra el titular de la Secretaría de Hacienda que la impulsaba. La ley nunca fue aprobada. —Carajo, cómo es posible que no nos hayamos dado cuenta de lo que venía —se sinceró un vicepresidente de Grupo Radio Fórmula, una de las cadenas de radiodifusoras más importantes en México. —¿De verdad los tomaron desprevenidos? Había indicios de que ocurriría —repliqué con algo de incredulidad. —Pues sí, pero pensamos que los teníamos controlados y que sólo eran bravatas. Creímos que, como siempre, al final los doblaríamos. —¿Y ahora? —Pues ahora no sabemos qué hacer —respondió, desconcertado. No es casual que así sea. La batalla la ganaron los políticos y el Congreso. Han dejado prácticamente noqueados a los industriales de la radio y la televisión, pero ésta no es la única pelea. Ya vienen otras. —Y ésas van a ser peores, son las de verdad —dice Jesús Ortega, un respetado ex diputado y ex senador por el Partido de la Revolución Democrática, el partido que representa al centro izquierda de México. Y puede tener razón. Las reformas a la Ley de Radio y Televisión que se asoman —luego de la que la Suprema Corte descalifi cara las que se redactaron y aprobaron a modo de las televisoras— son el verdadero corazón de lo que podría representar una transformación del modelo mexicano a la hora de establecer una relación entre los medios y el poder. Hasta ahora, y desde siempre, las concesiones han sido entregadas para favorecer a políticos y amigos empresarios del poder. Las condiciones de operación han sido ventajosas por demás, y la legislación se ha encargado de bloquear el surgimiento de nuevas cadenas televisoras que compitan en condiciones de igualdad con Televisa y TV Azteca. Pero eso puede cambiar radicalmente. Los políticos saben que si dejan que los empresarios de los medios electrónicos se recuperen, va a ser una cruenta campaña. Por ello, van por más: van por crear las condiciones para que haya tres o cuatro televisoras nuevas que minen el poder de las dos grandes. Están decididos a hacerlo. Porque no quieren, según ha comentado en privado el senador Santiago Creel, que ellos se conviertan en los dueños de la voluntad y la vida privada de los políticos. O, como lo dijeron los senadores del partido en el gobierno en una reunión en la que se decidió todo: “Debemos componer la situación. El presidente de la República no puede ser rehén de las televisoras, ya está bien de que lo tengan agarrado de los huevos”. Y así ocurrió: compusieron la situación. Habrá que esperar un poco más. La segunda batalla, y la guerra total, está por llegar.