Los pasos perdidos de Alan
A poco más de un año de su segundo debut presidencial, Alan García parece estar estancado: lo amenazan la desaprobación ciudadana y sus propios errores. Queda bien poco del fogoso político juvenil que alguna vez fue.
Un ministro (el del Interior) al filo de la censura en el Parlamento, pero salvado a último minuto por los congresistas de Alberto Fujimori. El precio del pan y del pollo subiendo a ritmo algo trepidante. La investigación de una masacre, ocurrida en su primer gobierno, reactivada gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El dólar en caída libre por las calles de Lima y otras ciudades, lo que fortalece al nuevo sol, la moneda peruana, pero a la vez afecta las exportaciones.
Además, un desbande de funcionarios en el Fondo de Reconstrucción del Sur (Forosur), el organismo creado tras el terremoto que asoló la zona sureña el pasado 15 de agosto.
Encima, el ex presidente Fujimori en el banquillo de los acusados, tras su extradición desde Chile. Éste es el desolado panorama que vive hoy día el presidente Alan García.
Y no es que el segundo periodo de García camine al abismo de la hiperinflación, como ocurrió su primera vez (1985–1990). Ni que haya una corruptela generalizada, como la que campeó en el régimen fujimorista (1990– 2000). Pero tampoco hay un gobierno que desate grandes esperanzas, sobre todo entre los vastos sectores empobrecidos del país.
La macroeconomía peruana anda bastante bien. Crece al afanoso índice de 6 o hasta 7% anual, sólo que el foso de la desigualdad peruana sigue siendo ancho y ajeno. Especialmente en el campo, donde, si bien hay incentivos crediticios, el Ejecutivo actual procura meter con fórceps algunos proyectos mineros que han desatado varias bataholas.
García, en vez de manejar todos estos asuntos con cintura política, la ha emprendido contra las ONG (a las que, en general, les tiene tirria), algunos sacerdotes y la población que protesta. En el camino incluso se ha enfurecido con Radio Cutivalú, una emisora jesuita a cuyos promotores les espetó “que vayan a luchar por su revolución en su tierra”.
El 13 de septiembre pasado, asimismo, la policía y un magistrado cerraron Radio Orión, una estación que funcionaba en Pisco, la ciudad más golpeada por el terremoto. La razón esgrimida fue la caducidad de su licencia, aunque, coincidentemente, esta emisora había sido muy crítica con García por su actuación en torno al sismo.
El hecho provocó la protesta de Reporteros Sin Fronteras (RSF), lo que, por cierto, no hizo pestañear al presidente. Y es que en los días posteriores a la tragedia ya había dado muestras de tener el cuero político muy duro. Entre otras perlas, le dijo a unos rescatistas españoles cuando
se quejaron de un asalto que “si tienen miedo, mejor que se vayan”.
Aun cuando paralelamente se han puesto en marcha varios proyectos de desarrollo —carreteras, servicios de agua potable, créditos para la compra de miles de computadoras, etc.—, cierto viento frío (que coincide con un retraso de la estación primaveral en Perú) se abate sobre la ciudadanía que recuerda al García de los ochenta, tan impetuoso al comienzo y tan desastroso después. Tan errático incluso, como cuando, en julio de 1986, ante una revuelta de presos de Sendero Luminoso en dos cárceles de Lima, permitió que las fuerzas del orden perpetraran una masacre que causó decenas de muertos (ése es el caso reabierto por la CIDH).
Todavía se le puede dar el beneficio de la duda. En el horizonte están el proyecto Sierra Exportadora, su anuncio de una Comisión Nacional Contra la Corrupción y otras medidas que podrían levantarle el rating político. Pero el pronóstico de próximos terremotos políticos es reservado.
Además, un desbande de funcionarios en el Fondo de Reconstrucción del Sur (Forosur), el organismo creado tras el terremoto que asoló la zona sureña el pasado 15 de agosto.
Encima, el ex presidente Fujimori en el banquillo de los acusados, tras su extradición desde Chile. Éste es el desolado panorama que vive hoy día el presidente Alan García.
Y no es que el segundo periodo de García camine al abismo de la hiperinflación, como ocurrió su primera vez (1985–1990). Ni que haya una corruptela generalizada, como la que campeó en el régimen fujimorista (1990– 2000). Pero tampoco hay un gobierno que desate grandes esperanzas, sobre todo entre los vastos sectores empobrecidos del país.
La macroeconomía peruana anda bastante bien. Crece al afanoso índice de 6 o hasta 7% anual, sólo que el foso de la desigualdad peruana sigue siendo ancho y ajeno. Especialmente en el campo, donde, si bien hay incentivos crediticios, el Ejecutivo actual procura meter con fórceps algunos proyectos mineros que han desatado varias bataholas.
García, en vez de manejar todos estos asuntos con cintura política, la ha emprendido contra las ONG (a las que, en general, les tiene tirria), algunos sacerdotes y la población que protesta. En el camino incluso se ha enfurecido con Radio Cutivalú, una emisora jesuita a cuyos promotores les espetó “que vayan a luchar por su revolución en su tierra”.
El 13 de septiembre pasado, asimismo, la policía y un magistrado cerraron Radio Orión, una estación que funcionaba en Pisco, la ciudad más golpeada por el terremoto. La razón esgrimida fue la caducidad de su licencia, aunque, coincidentemente, esta emisora había sido muy crítica con García por su actuación en torno al sismo.
El hecho provocó la protesta de Reporteros Sin Fronteras (RSF), lo que, por cierto, no hizo pestañear al presidente. Y es que en los días posteriores a la tragedia ya había dado muestras de tener el cuero político muy duro. Entre otras perlas, le dijo a unos rescatistas españoles cuando
se quejaron de un asalto que “si tienen miedo, mejor que se vayan”.
Aun cuando paralelamente se han puesto en marcha varios proyectos de desarrollo —carreteras, servicios de agua potable, créditos para la compra de miles de computadoras, etc.—, cierto viento frío (que coincide con un retraso de la estación primaveral en Perú) se abate sobre la ciudadanía que recuerda al García de los ochenta, tan impetuoso al comienzo y tan desastroso después. Tan errático incluso, como cuando, en julio de 1986, ante una revuelta de presos de Sendero Luminoso en dos cárceles de Lima, permitió que las fuerzas del orden perpetraran una masacre que causó decenas de muertos (ése es el caso reabierto por la CIDH).
Todavía se le puede dar el beneficio de la duda. En el horizonte están el proyecto Sierra Exportadora, su anuncio de una Comisión Nacional Contra la Corrupción y otras medidas que podrían levantarle el rating político. Pero el pronóstico de próximos terremotos políticos es reservado.
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