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El aumento de suicidios en los pueblos indígenas del litoral noroccidental de Colombia es una tragedia silenciosa que refleja las profundas heridas dejadas por el conflicto armado y el abandono institucional.
La incidencia de suicidios en las comunidades indígenas de Colombia resulta alarmante. El impacto ha sido particularmente profundo en el pueblo emberá, que vive en el departamento del Chocó, en la esquina noroccidental del país, litoral del Pacífico. La combinación de conflicto armado, desplazamiento forzado, pérdida de medios de subsistencia y maltrato intrafamiliar ha generado un estado de desesperanza que se traduce en el aumento de muertes autoinfligidas.
Los datos son incontestables. Entre 2015 y 2020, en el municipio de Bojayá se reportaron 15 suicidios; entre 2021 y 2023, la cifra se disparó a 41, con más de 500 intentos, y en 2024 se registraron al menos 12 casos. Desde 2021, en la comunidad de Unión Baquiaza se han documentado 17 intentos de suicidio y cuatro muertes, mientras que en la de Puerto Antioquia se registran más de 15 intentos de suicidio y una muerte en 2023.
Detrás de estas cifras hay historias de jóvenes que han tomado decisiones extremas en medio de un contexto de desarraigo y violencia. En Puerto Antioquia, Yadira Birry, de 16 años, se quitó la vida el 7 de abril de 2023, mientras que Liria Cheito sobrevivió a un intento de suicidio el mismo día. En Unión Baquiaza, Yameli Numasa, de 17 años, murió en diciembre de 2021, mientras que Jarlison Ñameson, de 29, intentó suicidarse en el mismo periodo. Más recientemente, Luisa Ignacia Chamorro, de 17 años, intentó quitarse la vida en dos ocasiones, en 2024 y 2025.
El fenómeno no se limita a los territorios indígenas. Miles de emberás han migrado a Bogotá, desplazados por la violencia, pero las condiciones de vida en la capital distan de ser una solución. Alrededor de 2 251 indígenas habitan en albergues temporales en sectores como el Parque Nacional, La Rioja y el Parque La Florida. En el edificio La Rioja, un espacio diseñado para 120 personas, residen más de 1 200. En este hacinamiento, los intentos de suicidio también han ido en aumento, con casos como los de Jessi y Ahitana, dos mujeres emberás.
La crisis de salud mental en estas comunidades sigue sin recibir la atención adecuada. Aunque organizaciones humanitarias han alertado sobre la situación, la respuesta estatal ha sido limitada. La falta de acceso a atención psicológica, sumada a la precariedad en la que viven muchas de estas familias, hace urgente una intervención integral.
El aumento de suicidios en los pueblos indígenas es una tragedia silenciosa que refleja las profundas heridas dejadas por el conflicto armado y el abandono institucional. Sin medidas concretas para abordar esta crisis, la situación podría continuar agravándose en los próximos años.
En las páginas anteriores: María Camila, Luisa y Noraisi Birry se encuentran junto a la tumba de su hermana Yadira, vistiendo las parumas que dejó después de su muerte.
La comunidad emberá dobidá de Puerto Antioquia, en Chocó, se puede alcanzar en bote remontando el río Bojayá. Esta comunidad tiene 141 habitantes: 31 hombres, 27 mujeres y 83 niños. Fue fundada hace aproximadamente 30 años. El 7 de abril de 2023 ocurrió el primer suicidio registrado. Yadira Birry, de 16 años, se quitó la vida. Esa misma noche hubo tres intentos más, y hasta la fecha se han registrado más de 15 intentos de suicidio en la comunidad.
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María Camila, Luisa y Noraisi Birry se encuentran junto a la tumba de su hermana Yadira, vistiendo las parumas que dejó después de su muerte.
El aumento de suicidios en los pueblos indígenas del litoral noroccidental de Colombia es una tragedia silenciosa que refleja las profundas heridas dejadas por el conflicto armado y el abandono institucional.
La incidencia de suicidios en las comunidades indígenas de Colombia resulta alarmante. El impacto ha sido particularmente profundo en el pueblo emberá, que vive en el departamento del Chocó, en la esquina noroccidental del país, litoral del Pacífico. La combinación de conflicto armado, desplazamiento forzado, pérdida de medios de subsistencia y maltrato intrafamiliar ha generado un estado de desesperanza que se traduce en el aumento de muertes autoinfligidas.
Los datos son incontestables. Entre 2015 y 2020, en el municipio de Bojayá se reportaron 15 suicidios; entre 2021 y 2023, la cifra se disparó a 41, con más de 500 intentos, y en 2024 se registraron al menos 12 casos. Desde 2021, en la comunidad de Unión Baquiaza se han documentado 17 intentos de suicidio y cuatro muertes, mientras que en la de Puerto Antioquia se registran más de 15 intentos de suicidio y una muerte en 2023.
Detrás de estas cifras hay historias de jóvenes que han tomado decisiones extremas en medio de un contexto de desarraigo y violencia. En Puerto Antioquia, Yadira Birry, de 16 años, se quitó la vida el 7 de abril de 2023, mientras que Liria Cheito sobrevivió a un intento de suicidio el mismo día. En Unión Baquiaza, Yameli Numasa, de 17 años, murió en diciembre de 2021, mientras que Jarlison Ñameson, de 29, intentó suicidarse en el mismo periodo. Más recientemente, Luisa Ignacia Chamorro, de 17 años, intentó quitarse la vida en dos ocasiones, en 2024 y 2025.
El fenómeno no se limita a los territorios indígenas. Miles de emberás han migrado a Bogotá, desplazados por la violencia, pero las condiciones de vida en la capital distan de ser una solución. Alrededor de 2 251 indígenas habitan en albergues temporales en sectores como el Parque Nacional, La Rioja y el Parque La Florida. En el edificio La Rioja, un espacio diseñado para 120 personas, residen más de 1 200. En este hacinamiento, los intentos de suicidio también han ido en aumento, con casos como los de Jessi y Ahitana, dos mujeres emberás.
La crisis de salud mental en estas comunidades sigue sin recibir la atención adecuada. Aunque organizaciones humanitarias han alertado sobre la situación, la respuesta estatal ha sido limitada. La falta de acceso a atención psicológica, sumada a la precariedad en la que viven muchas de estas familias, hace urgente una intervención integral.
El aumento de suicidios en los pueblos indígenas es una tragedia silenciosa que refleja las profundas heridas dejadas por el conflicto armado y el abandono institucional. Sin medidas concretas para abordar esta crisis, la situación podría continuar agravándose en los próximos años.
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La comunidad emberá dobidá de Puerto Antioquia, en Chocó, se puede alcanzar en bote remontando el río Bojayá. Esta comunidad tiene 141 habitantes: 31 hombres, 27 mujeres y 83 niños. Fue fundada hace aproximadamente 30 años. El 7 de abril de 2023 ocurrió el primer suicidio registrado. Yadira Birry, de 16 años, se quitó la vida. Esa misma noche hubo tres intentos más, y hasta la fecha se han registrado más de 15 intentos de suicidio en la comunidad.
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Los datos son incontestables. Entre 2015 y 2020, en el municipio de Bojayá se reportaron 15 suicidios; entre 2021 y 2023, la cifra se disparó a 41, con más de 500 intentos, y en 2024 se registraron al menos 12 casos. Desde 2021, en la comunidad de Unión Baquiaza se han documentado 17 intentos de suicidio y cuatro muertes, mientras que en la de Puerto Antioquia se registran más de 15 intentos de suicidio y una muerte en 2023.
Detrás de estas cifras hay historias de jóvenes que han tomado decisiones extremas en medio de un contexto de desarraigo y violencia. En Puerto Antioquia, Yadira Birry, de 16 años, se quitó la vida el 7 de abril de 2023, mientras que Liria Cheito sobrevivió a un intento de suicidio el mismo día. En Unión Baquiaza, Yameli Numasa, de 17 años, murió en diciembre de 2021, mientras que Jarlison Ñameson, de 29, intentó suicidarse en el mismo periodo. Más recientemente, Luisa Ignacia Chamorro, de 17 años, intentó quitarse la vida en dos ocasiones, en 2024 y 2025.
El fenómeno no se limita a los territorios indígenas. Miles de emberás han migrado a Bogotá, desplazados por la violencia, pero las condiciones de vida en la capital distan de ser una solución. Alrededor de 2 251 indígenas habitan en albergues temporales en sectores como el Parque Nacional, La Rioja y el Parque La Florida. En el edificio La Rioja, un espacio diseñado para 120 personas, residen más de 1 200. En este hacinamiento, los intentos de suicidio también han ido en aumento, con casos como los de Jessi y Ahitana, dos mujeres emberás.
La crisis de salud mental en estas comunidades sigue sin recibir la atención adecuada. Aunque organizaciones humanitarias han alertado sobre la situación, la respuesta estatal ha sido limitada. La falta de acceso a atención psicológica, sumada a la precariedad en la que viven muchas de estas familias, hace urgente una intervención integral.
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La incidencia de suicidios en las comunidades indígenas de Colombia resulta alarmante. El impacto ha sido particularmente profundo en el pueblo emberá, que vive en el departamento del Chocó, en la esquina noroccidental del país, litoral del Pacífico. La combinación de conflicto armado, desplazamiento forzado, pérdida de medios de subsistencia y maltrato intrafamiliar ha generado un estado de desesperanza que se traduce en el aumento de muertes autoinfligidas.
Los datos son incontestables. Entre 2015 y 2020, en el municipio de Bojayá se reportaron 15 suicidios; entre 2021 y 2023, la cifra se disparó a 41, con más de 500 intentos, y en 2024 se registraron al menos 12 casos. Desde 2021, en la comunidad de Unión Baquiaza se han documentado 17 intentos de suicidio y cuatro muertes, mientras que en la de Puerto Antioquia se registran más de 15 intentos de suicidio y una muerte en 2023.
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El fenómeno no se limita a los territorios indígenas. Miles de emberás han migrado a Bogotá, desplazados por la violencia, pero las condiciones de vida en la capital distan de ser una solución. Alrededor de 2 251 indígenas habitan en albergues temporales en sectores como el Parque Nacional, La Rioja y el Parque La Florida. En el edificio La Rioja, un espacio diseñado para 120 personas, residen más de 1 200. En este hacinamiento, los intentos de suicidio también han ido en aumento, con casos como los de Jessi y Ahitana, dos mujeres emberás.
La crisis de salud mental en estas comunidades sigue sin recibir la atención adecuada. Aunque organizaciones humanitarias han alertado sobre la situación, la respuesta estatal ha sido limitada. La falta de acceso a atención psicológica, sumada a la precariedad en la que viven muchas de estas familias, hace urgente una intervención integral.
El aumento de suicidios en los pueblos indígenas es una tragedia silenciosa que refleja las profundas heridas dejadas por el conflicto armado y el abandono institucional. Sin medidas concretas para abordar esta crisis, la situación podría continuar agravándose en los próximos años.
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Los datos son incontestables. Entre 2015 y 2020, en el municipio de Bojayá se reportaron 15 suicidios; entre 2021 y 2023, la cifra se disparó a 41, con más de 500 intentos, y en 2024 se registraron al menos 12 casos. Desde 2021, en la comunidad de Unión Baquiaza se han documentado 17 intentos de suicidio y cuatro muertes, mientras que en la de Puerto Antioquia se registran más de 15 intentos de suicidio y una muerte en 2023.
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El fenómeno no se limita a los territorios indígenas. Miles de emberás han migrado a Bogotá, desplazados por la violencia, pero las condiciones de vida en la capital distan de ser una solución. Alrededor de 2 251 indígenas habitan en albergues temporales en sectores como el Parque Nacional, La Rioja y el Parque La Florida. En el edificio La Rioja, un espacio diseñado para 120 personas, residen más de 1 200. En este hacinamiento, los intentos de suicidio también han ido en aumento, con casos como los de Jessi y Ahitana, dos mujeres emberás.
La crisis de salud mental en estas comunidades sigue sin recibir la atención adecuada. Aunque organizaciones humanitarias han alertado sobre la situación, la respuesta estatal ha sido limitada. La falta de acceso a atención psicológica, sumada a la precariedad en la que viven muchas de estas familias, hace urgente una intervención integral.
El aumento de suicidios en los pueblos indígenas es una tragedia silenciosa que refleja las profundas heridas dejadas por el conflicto armado y el abandono institucional. Sin medidas concretas para abordar esta crisis, la situación podría continuar agravándose en los próximos años.
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La comunidad emberá dobidá de Puerto Antioquia, en Chocó, se puede alcanzar en bote remontando el río Bojayá. Esta comunidad tiene 141 habitantes: 31 hombres, 27 mujeres y 83 niños. Fue fundada hace aproximadamente 30 años. El 7 de abril de 2023 ocurrió el primer suicidio registrado. Yadira Birry, de 16 años, se quitó la vida. Esa misma noche hubo tres intentos más, y hasta la fecha se han registrado más de 15 intentos de suicidio en la comunidad.
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Los datos son incontestables. Entre 2015 y 2020, en el municipio de Bojayá se reportaron 15 suicidios; entre 2021 y 2023, la cifra se disparó a 41, con más de 500 intentos, y en 2024 se registraron al menos 12 casos. Desde 2021, en la comunidad de Unión Baquiaza se han documentado 17 intentos de suicidio y cuatro muertes, mientras que en la de Puerto Antioquia se registran más de 15 intentos de suicidio y una muerte en 2023.
Detrás de estas cifras hay historias de jóvenes que han tomado decisiones extremas en medio de un contexto de desarraigo y violencia. En Puerto Antioquia, Yadira Birry, de 16 años, se quitó la vida el 7 de abril de 2023, mientras que Liria Cheito sobrevivió a un intento de suicidio el mismo día. En Unión Baquiaza, Yameli Numasa, de 17 años, murió en diciembre de 2021, mientras que Jarlison Ñameson, de 29, intentó suicidarse en el mismo periodo. Más recientemente, Luisa Ignacia Chamorro, de 17 años, intentó quitarse la vida en dos ocasiones, en 2024 y 2025.
El fenómeno no se limita a los territorios indígenas. Miles de emberás han migrado a Bogotá, desplazados por la violencia, pero las condiciones de vida en la capital distan de ser una solución. Alrededor de 2 251 indígenas habitan en albergues temporales en sectores como el Parque Nacional, La Rioja y el Parque La Florida. En el edificio La Rioja, un espacio diseñado para 120 personas, residen más de 1 200. En este hacinamiento, los intentos de suicidio también han ido en aumento, con casos como los de Jessi y Ahitana, dos mujeres emberás.
La crisis de salud mental en estas comunidades sigue sin recibir la atención adecuada. Aunque organizaciones humanitarias han alertado sobre la situación, la respuesta estatal ha sido limitada. La falta de acceso a atención psicológica, sumada a la precariedad en la que viven muchas de estas familias, hace urgente una intervención integral.
El aumento de suicidios en los pueblos indígenas es una tragedia silenciosa que refleja las profundas heridas dejadas por el conflicto armado y el abandono institucional. Sin medidas concretas para abordar esta crisis, la situación podría continuar agravándose en los próximos años.
En las páginas anteriores: María Camila, Luisa y Noraisi Birry se encuentran junto a la tumba de su hermana Yadira, vistiendo las parumas que dejó después de su muerte.
La comunidad emberá dobidá de Puerto Antioquia, en Chocó, se puede alcanzar en bote remontando el río Bojayá. Esta comunidad tiene 141 habitantes: 31 hombres, 27 mujeres y 83 niños. Fue fundada hace aproximadamente 30 años. El 7 de abril de 2023 ocurrió el primer suicidio registrado. Yadira Birry, de 16 años, se quitó la vida. Esa misma noche hubo tres intentos más, y hasta la fecha se han registrado más de 15 intentos de suicidio en la comunidad.
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