La mañana del 25 de marzo de 1996, el ingeniero Felipe Solá llega a su despacho en la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación de Argentina. Lo espera una jornada cargada: la Unión Europea acaba de prohibir las exportaciones de carne británica por el “mal de la vaca loca” y, esa misma tarde, él planea anunciar una campaña sanitaria para blindar la imagen de la producción local.

Antes de meterse de lleno en sus tareas, toma una de las tantas carpetas que se apilan sobre su escritorio y, con la naturalidad automática de los trámites administrativos, firma el expediente que autoriza la producción y comercialización de soja transgénica tolerante al glifosato.

Tiene 46 años, es ingeniero agrónomo, milita en el peronismo y está convencido de dos cosas: que la política se ejerce desde el poder y que el agro necesita modernizarse para seguir siendo el motor productivo del país.

Había regresado hacía poco a la secretaría por pedido del presidente Carlos Menem, en un momento delicado de su programa económico. La Ley de Convertibilidad, que desde hacía dos años ataba el peso al dólar, mantenía la inflación bajo control, pero el campo se asfixiaba entre insumos dolarizados y precios internacionales en caída. El malestar ya era visible: tractores sobre las rutas, caravanas rumbo a Plaza de Mayo y cosechadoras bloqueando el centro porteño eran señales tempranas de un proyecto político que empezaba a resquebrajarse.

En ese contexto, aprobar la soja resistente al glifosato al mismo tiempo que Estados Unidos —y convertir a la Argentina en uno de los primeros países en hacerlo— aparecía como una jugada necesaria para recuperar competitividad. Lo que nadie —ni siquiera él— alcanzaba a imaginar eran las dimensiones de los cambios que esa firma pondría en marcha.

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Ahora es septiembre de 2025. Felipe Solá tiene 75 años y desde aquellos días sumó a su trayectoria los cargos de vicegobernador y gobernador de la provincia de Buenos Aires, diputado nacional y ministro de Relaciones Exteriores, siempre de la mano del peronismo.

Es un hombre alto, delgado y elegante. Usa perfume varonil, viste pantalón gris, zapatos marrones, camisa blanca, un suéter rojo, y tiene un bigote preciso que se convirtió en marca personal. Habla desde el comedor de su casa en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires, un ambiente con aires gauchescos —mates, sables antiguos, cuchillos, fajas con guarda pampa— y silencioso que contrasta con los recuerdos de esos días en los que tenía en sus manos las políticas agropecuarias del país.

—¿Cómo era el campo argentino antes de la irrupción de la soja transgénica?

—Era un paisaje totalmente distinto. Si tomabas un camino de tierra, veías un maíz formidable; un par de kilómetros después, malezas; al lado, un maíz seco; más adelante, una soja buena y pegada, una parcela destinada a la ganadería. Ahora, todas las sojas y los maíces que ves son parejos, altos, perfectos, limpios.

Hace una pausa y vuelve a la escena original, a ese expediente que firmó, a ese trámite que muchos detractores calificaron luego como “exprés”:

—Los políticos tienen que saber qué es central y qué no. En eso me basé para aprobarla: si vas a tomar una decisión, tomala rápido. Si no, quedás como un pelotudo, porque de pronto alguien te dice: “Mirá la soja que conseguí de contrabando, está limpita y me costó mucho menos”. Un avance tecnológico, cuando es muy positivo, primero tomalo, después regulalo.

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Esa modernización que Solá defendía a mediados de los noventa tenía su origen lejos de Argentina. Una década antes, en Estados Unidos, Monsanto —hoy parte de la multinacional alemana Bayer— había empezado a reinventarse. Fundada en 1901 para fabricar sacarina, la compañía se expandió luego hacia los químicos industriales: produjo policlorobifenilos (PCB), prohibidos por su toxicidad, y el “Agente Naranja”, herbicida que el Ejército estadounidense usó en Vietnam para despejar selvas y que más tarde sería acusado de provocar malformaciones, fallas inmunológicas y diversos tipos de cáncer.

Tras enfrentar demandas millonarias y aportar 180 millones de dólares a un fondo para indemnizar a los veteranos de guerra rociados con ese compuesto, la empresa decidió virar hacia otro negocio. En 1981 convocó a un joven científico, Robert Fraley, para dirigir un laboratorio de biología molecular que buscaba aplicar la ingeniería genética a la agricultura. Una pregunta guiaba su trabajo: ¿cuál es el mejor cambio en el ADN que se podía introducir en una planta? La respuesta estaba en casa.

Desde 1974, Monsanto comercializaba el herbicida glifosato —bajo la marca Roundup—, un producto de amplio espectro capaz de matar cualquier maleza. Si lograban que una planta fuera resistente a ese químico, el productor podría fumigar con ese producto de manera sistemática para acabar con las hierbas que compiten con el cultivo sin dañarlo.

Después de años de pruebas, Fraley y su equipo desarrollaron un gen, el CP4 EPSPS, que imitaba la enzima que usan las plantas para crecer, pero con una ventaja decisiva: era inmune al glifosato. Para introducirlo en las semillas de soja, Monsanto se alió con Agracetus, una empresa que había perfeccionado el método balístico: nanopartículas que transportaban ADN modificado y eran disparadas como proyectiles microscópicos.

También se sumó Asgrow Seed, de capitales estadounidenses, especializada en mejoramiento de variedades de soja. Su rol será clave para que Argentina entre en escena.

En 1987, Monsanto obtuvo el permiso para sembrar en Illinois las primeras parcelas experimentales de soja Roundup Ready (RR), capaces de tolerar ese herbicida. Hasta entonces, las semillas se “mejoraban” cruzando plantas entre sí. Ahora, la ciencia había logrado saltar de una especie a otra: el gen CP4 EPSPS venía de una bacteria y se insertaba en el ADN de la planta. Era el comienzo de la transgenia en cultivos.

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A más de 8 000 kilómetros de esas tierras estadounidenses, un argentino seguía cada paso.

—Yo estuve en esos campos de Illinois cuando empezamos a trabajar en la selección de las variedades —dice el ingeniero agrónomo Rodolfo Rossi una mañana de julio de 2025, sentado en un café porteño.

En aquel entonces, estaba a cargo del área de investigación de Asgrow Argentina, que trabajaba en coordinación con sus pares de la empresa en Estados Unidos. Rossi recuerda que regresó de aquel viaje con distintas variedades de semillas en su equipaje. Tenía una misión sencilla en apariencia, pero enorme en alcance: replicar esas pruebas en su país para comprobar si la resistencia al glifosato que prometía ese grano funcionaba en la Pampa Húmeda. Para eso, tenía que poner a jugar sus conocimientos como “fitomejorador”, es decir, como especialista en la creación y selección de las mejores variedades.

En 1989, la empresa holandesa Nidera había comprado el sector comercial de Asgrow Argentina, y dos años después, el área de investigación. Cuando la nueva compañía conoció el trabajo que estaba haciendo Rossi junto a Asgrow Estados Unidos y Monsanto, le dio la bendición para que continuara y fondos para que potenciara el trabajo.

Con las semillas traídas de Illinois y los recursos para hacer las pruebas, faltaba un único paso: solicitar al Gobierno argentino la autorización para liberarlas en el suelo local.

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Era 1991 y en la mesa de entradas de la Secretaría de Agricultura se habían acumulado tres pedidos de auditoría para experimentar con cultivos transgénicos. Entre esas solicitudes estaba la de Nidera, con Rossi como responsable.

La llegada de los organismos genéticamente modificados (OGM) exigía, antes que nada, construir dentro del Estado una estructura capaz de evaluarlos. En octubre de ese año nació la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), integrada por organismos públicos, universidades y representantes del sector privado. Su tarea era tan técnica como delicada: auditar que los nuevos cultivos fueran seguros para el ambiente y que ningún gen “saltara” a otra especie de forma inesperada.

Con el aval de la Conabia, Nidera inició las pruebas de soja RR en 18 campos distribuidos en las provincias argentinas de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Chaco. La primera etapa de la investigación consistía en medir cuánto glifosato soportaba la planta en cada fase de crecimiento.

Los equipos estadounidenses de Asgrow y Monsanto apostaban a la variedad 6-1-6-7. Rossi obedeció, pero él tenía otra intuición. Cuando llegó el momento de evaluar, viajó al primer campo argentino sembrado en Venado Tuerto (Santa Fe). Apenas caminó entre las hileras, entendió que algo no estaba funcionando: “Había pocos granos y el cultivo estaba mal por dentro”, recuerda.

Al regresar a la oficina, llamó al responsable de Monsanto en el país y fue directo al punto: “This gene is dead”: este gen está muerto.

Al día siguiente, recibió un télex en inglés con una instrucción muy clara: desechar todas las semillas de la línea 6-1-6-7. Tal como él había percibido por su experiencia como mejorador de variedades, la nueva candidata era la 40-3-2, la primera generación de sojas RR que, poco después, colonizaría América Latina.

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A principios de marzo de 1996, Rossi se cruzó con Felipe Solá, entonces Secretario de Agricultura, en una de las grandes exposiciones del agro argentino. Después de cinco años de ensayos, Nidera tenía listas las semillas para salir al mercado y habían decidido presentarlas de un modo impactante.

En lugar de explicar el logro, lo mostraron. En una maceta gigantesca sembraron soja convencional y, sobre ese fondo, plantaron soja RR formando el nombre de la compañía. Luego rociaron todo con glifosato. Unos días después, la escena estaba lista: una maceta monumental donde todo había muerto, excepto esas plantas verdes, erguidas, intactas, que formaban una palabra: NIDERA.

—Cuando Solá lo vio, se acercó y me preguntó: “¿Qué están esperando para sacar esto?” —recuerda Rossi mientras apura su café en el bar—. Le conté que uno de los dueños de Nidera había viajado a Holanda con la carpeta para mostrar las pruebas y que estábamos esperando que la Unión Europea lo autorizara. Entonces Solá me miró y me dijo: “Yo la voy a aprobar antes”.

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El expediente que habilitó la producción y comercialización de soja transgénica en Argentina se encuentra actualmente en una oficina del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Dar con este documento no fue sencillo: hubo que realizar un pedido de acceso a la información pública que durante varios meses circuló por diferentes dependencias estatales hasta que lograron ubicarlo.

Tiene 147 páginas, de las cuales 104 están escritas en inglés. Para reconstruir lo que pasó en esos 81 días —entre el 3 de enero de 1996, cuando se inició el trámite burocrático a pedido de la empresa Nidera, y el 25 de marzo de ese mismo año, cuando se autorizó la soja RR— no alcanza con repasar el contenido del expediente: hay respuestas a pedidos de antecedentes que no aparecen y documentos internos desordenados.

Lo que sí se puede deducir es la tensión entre los actores implicados en el proceso. Por un lado, la urgencia de la Secretaría de Agricultura que comandaba Solá por liberar esa semilla al mercado en un contexto económico complejo. Por otro, la cautela del Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (Iascav) que cargaba con la responsabilidad más difícil: garantizar que este nuevo alimento fuera seguro para el consumo humano y animal.

Para ese entonces, la Conabia ya había dado el visto bueno a la soja de la línea 40-3-2, resistente al glifosato en relación con la “bioseguridad agropecuaria”, es decir, a la parte ambiental, por lo que la definición del Iascav era la pieza que faltaba para poner el nuevo producto a disposición del campo.

Con el fin de proporcionarle la información necesaria para hacer esa evaluación, la Secretaría de Agricultura le remitió el documento que Monsanto le había presentado a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos en 1994: un informe escrito en inglés que, dentro del expediente, ocupa desde el folio 2 hasta el 106.

—Algunas personas cuestionaron que los fundamentos estuvieran en inglés —dice Felipe Solá desde su casa—, pero los norteamericanos no escriben pavadas. Hacen las mismas pruebas que vos y te ahorrás plata.

A partir de la página 107, de las decenas de nombres que aparecen firmando notas, hay uno que se repite: Juan Carlos Batista, director de Calidad del Iascav. Entre enero y febrero de 1996, el funcionario le pedirá por fax a Monsanto que le amplíe la información que le mandó a la FDA; le consultará a su par estadounidense si, efectivamente, en su país se aprobó esta nueva semilla, y le solicitará a la Unión Europea precisiones respecto a en qué instancia están. Ninguna de esas respuestas está en la carpeta.

Mientras tanto, en aquel verano de 1996, Rodolfo Rossi iba y venía desde las oficinas de Nidera hasta la sede del Iascav para ver a Batista: “Tenés que tomar una decisión”, le recriminaba.

Pero el seguimiento no era solo presencial. En el expediente hay una nota que le envió a Batista el 12 de marzo con dos documentos del Gobierno estadounidense: uno, de 1994, era el registro en el que constataba la desregulación de la soja RR —es decir, que ya no requería un tratamiento distinto al de la soja convencional— y el segundo era la luz verde emitida por la FDA en 1995.

—El sistema de Estados Unidos es diferente del nuestro —explica Batista, tres décadas después, en el living de su casa—. Ellos no “aprueban”, sino que aceptan que el solicitante ha realizado los ensayos suficientes que, a su criterio, hacen que el producto sea seguro. El derecho sajón le pone toda o gran parte de la responsabilidad a la empresa, no al Estado. En Argentina, en cambio, nuestra estructura jurídica y mental responde al derecho romano. Acá alguien se juega por sí o por no.

Ese alguien fue Felipe Solá. A pesar de que en el expediente no hay ningún documento de un organismo nacional que certifique que la soja 40-3-2 tolerante al glifosato sea segura para el consumo humano y animal, el 25 de marzo de 1996 el entonces Secretario de Agricultura aprobó su producción y comercialización en todo el territorio argentino.

Una semana más tarde, la Unión Europea autorizaba la comercialización de la soja RR para el Reino Unido, y daba la potestad a los otros países de tomar su decisión. Solá cumplió con la promesa que le había hecho a Rossi: “Salimos primero”.

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Ni Felipe Solá, ni Rodolfo Rossi, ni Juan Carlos Batista recuerdan si se hicieron experimentos con animales antes de la aprobación. Esteban Hopp, biólogo especializado en genética de los cultivos, docente universitario e integrante de la Conabia desde su creación en 1991, sí se acuerda: se habían realizado, pero no en Argentina. En un correo electrónico precisa: “Los datos de estos ensayos [...] se hicieron en Estados Unidos en forma previa porque una de las exigencias era que se debían hacer en laboratorios de ‘buenas prácticas’ (responden a normas iso) y no había tantos en el país que cumplieran estos requisitos de calidad”.

En el expediente argentino solo aparece ese único estudio que Monsanto había presentado a la FDA en 1994 y en el que se explicitaba que los ensayos hechos con animales “no habían sido diseñados como pruebas toxicológicas”, sino para evaluar las diferencias nutricionales respecto a la soja convencional. De las muchas conclusiones que arrojó este trabajo, una resulta inquietante por la falta de certezas: “Después de darles de comer durante cuatro semanas a ratones, no se observó mortalidad en el estudio y los animales de prueba parecían sanos”.

En definitiva, la aprobación se basó en la equivalencia sustancial, un concepto que de allí en más se va a utilizar para poner en el mercado a todos los organismos genéticamente modificados.

—Esto implica —explica Batista— estudiar proteínas, ácidos grasos, aminoácidos y otras características en el cultivo convencional y el transgénico, comparar los valores a través de estudios estadísticos y medir las diferencias con un sistema que se llama análisis de varianza. Eso sí me acuerdo que se hizo con la soja transgénica.

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Steven Druker es un abogado estadounidense que, a través de una demanda judicial, obligó a la FDA a publicar sus archivos sobre los organismos genéticamente modificados. Druker accedió a más de 44 000 páginas oficiales en las que asegura haber encontrado advertencias de especialistas sobre los potenciales riesgos de los transgénicos, así como inconsistencias sobre el supuesto “acuerdo” dentro de la comunidad científica de que la “equivalencia sustancial” era suficiente para permitir su aprobación.

—En mayo de 1992, la FDA asumió que los alimentos transgénicos son seguros. Desde entonces, ha permitido la comercialización de casi cualquier alimento transgénico sin exigir pruebas de seguridad ni una revisión científica rigurosa —dice Druker por correo electrónico. 

A partir de sus hallazgos, publicó el libro Genes alterados, verdad adulterada y se dedicó a difundir sus conclusiones en el Parlamento del Reino Unido, el Congreso Nacional de Brasil, la Asociación Sueca de Consumidores, así como en las universidades de Harvard, Columbia, Cornell y el MIT.

—La soja RR —afirma— no entró al mercado estadounidense basándose en pruebas ni revisiones científicas. Al igual que cualquier otro alimento transgénico, se le permitió ser comercializado libremente y la FDA nunca ha certificado formalmente su seguridad. Por lo tanto, no existía base científica para que los reguladores de Argentina se basaran en ese documento de Monsanto sin someterlo a una rigurosa revisión propia; y si se les dijo que la Administración de Alimentos y Medicamentos lo había hecho, fueron engañados.

Aunque investigadores de distintas partes del mundo se hicieron eco de los hallazgos de Druker y respaldan sus cuestionamientos a la supuesta inocuidad de los transgénicos para consumo humano, esta posición fue quedando en los márgenes del debate académico internacional. Las críticas más fuertes contra la soja RR se focalizaron en el modelo de producción que se implementó a partir de su aprobación.

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Es el año 2000 —cuatro años después de que Solá firmara la resolución 167/96— y en el estacionamiento de un gran supermercado de Buenos Aires, un hombre con máscara y disfraz de Frankenstein revuelve una olla gigante con la inscripción “Experimento genético” y el logo de la empresa Knorr Suiza. El efecto de humo generado por el hielo seco transmite la sensación de que ahí se está cocinando algo. Frente a él, una mujer con los ojos vendados acepta probar una cucharada de sopa.

Dentro, un grupo de activistas con mamelucos blancos —como salidos de una película sobre guerra bacteriológica— pega etiquetas en los paquetes de fideos con salsa boloñesa que dicen “Frankenstein. Cuidado. Exigí saber”.

La performance forma parte de una campaña global de Greenpeace contra los cultivos genéticamente modificados y los alimentos que los contienen.

—A los transgénicos se los atacó con mucha dureza: se los llamaba “cultivos Frankenstein”, “comida Frankenstein” —recuerda Emiliano Ezcurra, entonces integrante de Greenpeace Argentina y líder local de esa campaña—. Habían pasado cuatro años de la aprobación, que se hizo sin informar nada a la sociedad. En ese tiempo leí muchísimo sobre el tema, hablé con especialistas, como por ejemplo Esteban Hopp de la Conabia, y entendí que la cuestión no pasaba por la transgenia en sí. Es decir, la soja RR no estaba buena, no por su composición genética, sino porque lubricó y aceleró un modo de producción que tuvo muchísimos impactos ambientales, como por ejemplo el proceso de deforestación, con efectos sociales y ambientales gravísimos, hoy ampliamente documentados.

En poco tiempo Greenpeace Argentina reorientó su campaña hacia las consecuencias del nuevo modelo agroindustrial.

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El 27 de diciembre de 2003 el diario argentino La Nación, uno de los más importantes del país, publicó un aviso de la empresa Syngenta, una compañía líder en biotecnología aplicada al agro que en ese momento tenía capitales de Suiza y Gran Bretaña.

La pieza gráfica era un mapa de América del Sur donde aparecía una gran mancha verde que cubría zonas de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Ese “territorio” recibía el nombre de República Unida de la Soja y de costado se podía ver su bandera, que llevaba en el centro la semilla del cultivo.

Aunque la propuesta de burlar los límites geopolíticos generó críticas de todos los sectores —incluso de los productivos—, el aviso no hacía más que reflejar una realidad: con Argentina como pionera, el resto de los países de la región había aprobado la soja RR en los años siguientes y, durante ese tiempo (1996-2003), su producción casi se había triplicado.

En ese período, la empresa que lideró la venta de semillas en Sudamérica fue Nidera, seguida por DonMario, ambas multinacionales. Si bien Monsanto era la “dueña” del gen RR, en Argentina no pudo patentarlo y, por lo tanto, los beneficios de la innovación los facturó Nidera. Esto fue motivo de una disputa judicial que la compañía estadounidense terminó perdiendo.

—Apenas se aprobó, desde Nidera seguimos trabajando en el mejoramiento de la semilla transgénica y creamos la línea 6.4.01, que era hija de la 40.3.2 —recuerda Rossi—. Esa variedad explotó en Latinoamérica. La vendimos a todos lados, hasta en Brasil, que la contrabandeaba porque todavía no se había autorizado.

Su capacidad de tolerar el glifosato —que por entonces había logrado controlar al sorgo de Alepo, la gran pesadilla de los productores argentinos— encontró un aliado perfecto en la siembra directa, una técnica que no exige preparar el suelo antes de sembrar. En lugar de levantar los residuos de la campaña anterior y desmalezar, enormes maquinarias realizan todo en un solo movimiento: abren surcos, depositan las semillas, presionan la tierra con sus ruedas y aplican fertilizantes y herbicidas como el glifosato, que ya no afecta el cultivo.

Pero, además, la soja RR ofrecía otras dos ventajas: un proceso que estaba estandarizado y ciclos de crecimiento cortos, que permiten levantar dos cosechas en un año.

Solá describe este cambio en el manejo del suelo de una manera poco técnica pero bastante clara: 

—Al convertirse en un negocio más sencillo, porque no tenías que hacer tanto trabajo ni estar tan encima, se simplificó de tal manera que hasta un idiota lo podía hacer.

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Pedro Peretti, chacarero y exintegrante de la Comisión Directiva de la Federación Agraria Argentina —organización que nuclea a pequeños y medianos productores rurales—, coincide con que la combinación entre la soja RR y la siembra directa simplificó sustancialmente el trabajo, aunque su mirada sobre el impacto de ese proceso es bastante más crítica que la del exfuncionario.

Desde su perspectiva, el desarrollo y adopción de esa tecnología agropecuaria no tuvo que ver con ayudar a un sector que estaba en crisis, sino con la necesidad de hacer más productivo el campo para abastecer un mercado específico: China.

—El proceso de urbanización en China y la necesidad de soja para sus granjas de cerdos y aves generó una demanda inusitada. Históricamente se planteaba en Argentina, y en el mundo también, que el campo generaba “poco” por hectárea. En Argentina nunca se pensó la soja RR para consumo en el mercado nacional, ni como alimento: siempre fue para exportación. Se convirtió en el emblema de ese modo de producción y, a la vez, en la peste, porque destruyó la economía agraria del país. Hay un montón de costos ocultos detrás de esos dólares que ingresaron.

Peretti tiene que interrumpir la charla telefónica. Llegó Ramón, uno de los trabajadores de su campo, ubicado en Máximo Paz (Santa Fe), y le debe dar indicaciones sobre cómo aplicar vacunas al ganado. Son las mismas tierras que su familia tiene y trabaja desde 1890, donde nació en 1956 y se crio junto a sus primos. Actualmente es dueño de unas 235 hectáreas y se define como un productor “grande dentro de los chicos”.

El tiempo que habla con Ramón deja el micrófono de su teléfono abierto. Se escucha algo de la conversación: “Que no se corte el frío de las vacunas, metelas en la heladera”, “¿Cargaste gasoil?”, “A la tarde paso y tomamos unos mates”.

Después de cuatro minutos Peretti retoma la entrevista.

—Perdón. Pero se estaba yendo y le tenía que decir varias cosas. Así es la vida del chacarero, hay que estar encima de todo. El sojero, en cambio, va al campo a mear nomás.

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El combo soja RR-siembra directa incrementó la rentabilidad del campo en forma inmediata y redujo costos de producción. Como una marea verde, el cultivo inundó el centro-norte de Argentina. En 10 años pasó de seis millones de hectáreas a 16 millones en la campaña 2005-2006, lo que representaba el 50% de la superficie cultivada del país.

—Si hacés labranza tradicional, tenés que sembrar, discar, arar. Ahora, en cambio, pasás la máquina y sembrás —describe Peretti—. En la década del ochenta podías plantar 20 o 30 hectáreas de un tirón; con la siembra directa podés hacer hasta 500 hectáreas en un rato.

—¿Y qué pasa con el suelo?

—Cuando arás y das vuelta la tierra de la manera tradicional, el viento se lleva la capa de humus, que es la parte fértil y, con los años, los suelos se empobrecen. En cambio, con la siembra directa solo se trabaja donde va la semilla. Lo que erosiona el suelo es el modelo de monocultivo intensivo que se generó.

De la mano de la sojización, ocurrió la desaparición progresiva de la chacra mixta, que alternaba, cada cuatro años, agricultura y ganadería; y, casi simultáneamente, la aparición de una nueva figura: los pools de siembra, conformados por grupos de inversores que coordinan recursos para producir a gran escala.

—No son dueños de la tierra ni de las máquinas: contratan todo —dice Peretti—. Y fueron esos grupos los que concentraron la renta de la producción. Logran bajar los costos, consiguen mejor financiamiento y en algunos casos son dueños de camiones, por lo que no pagan los fletes, entonces el chacarero no puede competir. Ese fue uno de los motivos que llevó a que los productores arrendaran sus tierras: era más negocio convertirse en rentista rural que producir.

En 2016, la soja alcanzó su techo histórico en Argentina. Con más de 20 millones de hectáreas sembradas, el país se convirtió en el tercer productor y exportador mundial de granos (después de Brasil y Estados Unidos) y en el primer exportador de harinas y aceites.

En ese período, generó beneficios brutos equivalentes a 118 355 millones de dólares: el 65.9% fue para los productores agropecuarios; el 27.4%, para el Gobierno nacional, por retenciones, y el 6.7%, para proveedores de insumos —semillas y herbicidas—. Entre 2000 y 2015, un cuarto de los dólares que ingresaron al país fue por soja.

Pero Peretti pone otros números a este proceso. Son los “costos ocultos” a los que hace referencia al principio:

—Solo en la década del noventa se perdieron 103 000 explotaciones pequeñas y medianas, todas de chacra mixta, que son las que proveían el consumo de cercanía. Eso trajo como consecuencia la deslocalización de la producción agraria, o sea, la desaparición de los cordones verdes alrededor de las ciudades. Se sembró soja hasta abajo de la cama.

La concentración de la producción también se puede traducir en cifras: hoy, el 43.4% de las explotaciones tiene menos de 50 hectáreas y representa apenas el 1% de lo que se produce, mientras que las que superan las 1 000 hectáreas —el 12% del total— concentran alrededor del 80% de la superficie sembrada.

—Otro tema grave fue la deforestación —asegura—. Nos comimos millones de hectáreas de bosque nativo, primero para poner las vacas que se sacaron de las chacras y después para plantar soja directamente.

Según el propio Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina —hoy disuelto—, entre 1998 y 2022, la pérdida de bosques nativos en el país fue de siete millones de hectáreas. El 90% de estos territorios corresponden a zonas sojeras. En las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta, el desmonte alcanzó una superficie equivalente a cinco veces la ciudad de Buenos Aires.

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—A mí me molestaba cuando, en algún congreso, escuchaba que alguien de Monsanto prometía que con la soja RR iban a solucionar el hambre en el mundo —dice el agrónomo de Nidera Rodolfo Rossi, a modo de balance de estos 30 años—. Bastaba con explicar que se abarataron los costos, que se simplificó el manejo de las malezas. Además, a la mayoría de los productores lo que les importa es solo mejorar la rentabilidad.

Las cifras globales contradicen la narrativa de Monsanto y le dan la razón a Rossi. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la producción actual de alimentos ya es suficiente para cubrir las necesidades calóricas de la población mundial. El hambre persiste, pero no por falta de comida, sino por problemas de acceso y distribución.

El boom de la soja provocó, además, un aumento exponencial del uso de plaguicidas: entre 1990 y 2022 pasó de 35 millones de kilogramos-litro a 580 millones, que equivalen a 230 piletas olímpicas al año.

—Se mandaron un montón de cagadas —asegura Rossi— y usaron el glifosato para cualquier cosa. Por ejemplo, se aplicaron enormes cantidades para mantener el suelo limpio durante el invierno.

Felipe Solá también apela al concepto de buenas prácticas: lo que provoca el daño no es inherente a cómo se maneja el cultivo, sino el mal uso de los agroquímicos. Pero en el caso del exfuncionario, la justificación que lo exime de responsabilidad es un límite temporal:

—Yo me fui en 1998. No puedo ser responsable de cómo lo usaron después.

—Más allá de la responsabilidad política, ¿qué piensa del vínculo entre este modelo productivo que se generó a partir de la soja RR y el aumento de casos de cáncer, malformaciones y abortos?

—Es muy duro opinar sobre eso. Un solo caso ya alcanza para preocuparse, aunque no sea estadística ni científicamente representativo.

Los casos existen. Y son más de uno.

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En 2002, una beba muere en la provincia de Córdoba por insuficiencia renal. Su madre, Sofía Gatica, releva que en su barrio (Ituzaingó Anexo) se acumulan abortos espontáneos, malformaciones y cáncer, y funda la primera organización que denuncia el impacto sanitario de los agroquímicos. Diez años después, llega la primera condena judicial contra un productor y un aerofumigador.

Desde entonces, los registros se multiplican. En 2008, el médico Alejandro Oliva confirma tasas de cáncer muy por encima de la media nacional en seis pueblos sojeros de la Pampa Húmeda. En 2009, Andrés Carrasco demuestra los efectos nocivos de dosis mínimas de glifosato en embriones anfibios. En 2010, el pediatra Hugo Gómez Demaio detecta retrasos neurológicos en el 86.6% de los niños menores de dos años de un pueblo sojero de Misiones.

En 2011, Nicolás Arévalo, de cuatro años, muere intoxicado tras una fumigación en Puerto Viejo, Corrientes; un año después, “Kily” Rivero, otro niño del pueblo, fallece por la misma causa. Las condenas llegan una década más tarde. En 2014, estudiantes y docentes de una escuela rural de Entre Ríos sufren síntomas de intoxicación tras una fumigación aérea en horario de clase.

En 2015, la Organización Mundial de la Salud reclasifica al glifosato como “probablemente cancerígeno”. Ese mismo año, la Universidad Nacional de La Plata detecta su presencia en el 100% del algodón analizado y sus derivados. En 2018, otro estudio lo encuentra en el 80% de las muestras de agua de lluvia de cuatro provincias agrícolas.

Mientras tanto, en Estados Unidos, los juicios contra Monsanto obligan a desclasificar los Monsanto papers y abren más de 138 000 demandas. En 2019, el Mercado Central de Buenos Aires informa que el 60% de las verduras contiene residuos de pesticidas por encima de los niveles permitidos. En 2023, un estudio internacional detecta glifosato en el 100% de las muestras de materia fecal en Argentina. Ese mismo año se confirma que la mortalidad por cáncer en jóvenes de localidades agroindustriales es 2.5 veces mayor que la media nacional.

En 2025, la revista Toxicología y Farmacología Regulatoria retracta el paper publicado en el año 2000 que durante 25 años fue citado para negar el vínculo entre glifosato y cáncer.

—El problema de estos 30 años —dice Solá— es que no hubo políticas agrícolas que digan, por ejemplo, “acá no se desmonta”, o “no se puede fumigar a menos de 1 000 metros”.

—¿Usted se dio cuenta, en el momento en que firmó la resolución, de que iba a cambiar el campo?

Solá no duda:

—Para nada. Estaba más orgulloso de lo que había logrado con la erradicación de la fiebre aftosa en las vacas. Esto no lo imaginaba. Pero había que hacerlo. Si no lo hacía yo, lo iba a hacer otro.

La frase queda flotando, como una explicación tardía de lo inexorable del avance de los cultivos transgénicos. Sin embargo, tres décadas después, tanto defensores como detractores de la soja RR recuerdan su firma como un hito fundacional: la fecha exacta en la que comenzó la transformación del campo en Argentina.

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