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Doña Gaby hace una pausa durante la jornada de atención a los beneficiarios del comedor La Virgencita del
Árbol, ubicado en la zona de invasión de la comisaría Dzununcán, al sur de Mérida.
En la ciudad de Mérida, cientos de familias viven en las “zonas de invasión”. Sin luz, agua ni servicios básicos, marginadas por la sociedad y las instituciones, y amenazadas por la especulación inmobiliaria. Estas personas se hallan frecuentemente a merced de grupos de choque. Aquí, la organización comunitaria es la única vía para salir adelante.
Eres Rubí Rojas. Es el 30 de abril de 2025 y estás construyendo una casa en el sur de Mérida, Yucatán. Mientras escuchas las risas de quienes celebran el Día del Niño en una jornada auspiciada por donaciones y un comedor llamado La Virgencita del Árbol, tú y tu esposo —que traslada troncos, aluminio, piedras y palets entre calada y calada de su cigarro— “invaden un terreno” para tu nieto recién nacido. Invades porque tu hija y su pareja no pueden seguir pagando renta en la Avenida 86, una de las zonas más pobres de la ciudad.
Vestida con sombrero y botas, iluminada por la luz rosa del atardecer, pones el pie sobre un tocón podrido y me dices: “Invadimos porque nuestra situación no da para más, la situación de mi hija no da para más. Estamos luchando por este pedacito para ella. No es ambición, es un patrimonio. Y primeramente Dios, si usted regresa en 20 días, aquí mi hija ya va a estar y la podrá conocer con su bebé”.
¿Cómo es “habitar” el departamento de la Avenida 86? Explicas que la luz va y viene, el agua escasea, este mes ha habido más de 40 grados de temperatura. Tu hija es una mujer de 20 años que acaba de parir y en menos de un mes vivirá en la choza que construyes. Ella vive al día; su pareja trabaja jornadas de 12 horas y aun así resulta imposible pagar los 2 500 pesos de renta. Durante las últimas semanas has salido a las seis de la mañana acarreando materiales para montar una casa rudimentaria, que al paso de los años podría ser de tu hija.
Esa fue la única opción: desbrozar el monte y construir un tejabán; montar lonas con rostros sonrientes de políticos, así como piedras y algún material cercano, desperdiciado; enterrar palos en la tierra y sostenerlos con piedras para que no caigan con la lluvia. Tú y tu marido: dos personas con más de 50 años trabajando bajo el sol para que tu hija viva en el interior de ese espacio bardeado de cartón y madera, techado con lámina, rematado con corcholatas, sin baño y servicios básicos.
Aunque el bebé acaba de nacer, cualquier día un grupo de choque podría destruir esta insinuación de casa, y expulsarlos, pese a que el terreno le pertenece al Instituto de la Vivienda de Yucatán (IVEY). Si te paras frente a los cimientos del hogar, surge una metáfora: como parte de los materiales hay lonas con las sonrisas de la alcaldesa, Cecilia Patrón, del Partido Acción Nacional; y el gobernador, Joaquín Díaz Mena, de Morena. Tú, Rubí, dices: “A ver si nos ganamos este pedacito. Al menos para vivir”.
La comisaría se llama Dzununcán, y es en parte una zona de invasión o asentamiento irregular, uno de muchos en la ciudad de Mérida: terracería, decenas de palets (el principal material de construcción), piedras inmensas, basura, calor y polvo que se mastica.
Si permaneces los años suficientes en la invasión, viviendo a expensas de lo mínimo durante años, quizá te otorguen el terreno. En las construcciones recientes no puedes bañarte o prender la luz por la noche. Aquí la vida, dura de por sí, se volverá más dura: se caminan tramos largos en la madrugada para acceder al transporte público, la policía no llega, las escuelas están lejos. Impera la inseguridad. “Aquí casi todos los jóvenes sueñan con ser militares”, me dice una de tus vecinas. “La mayoría deja de estudiar luego de la secundaria”.

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Una solicitud de información señala que en las zonas de invasión —seis en Mérida, según el IVEY; más, según los habitantes— no se ha registrado ningún delito o percance. “Cero”, apunta en concreto la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Las familias conocen otra realidad: consumo problemático de drogas como metanfetaminas (cristal), secuestros, violaciones, robos, asaltos y violencia intrafamiliar. No se sabe cuántas personas en total viven en estas parcelas. Las zonas registradas por el IVEY cubren 50 028 metros cuadrados, casi tres veces la superficie total del estadio de beisbol más importante de Yucatán, con una capacidad para 16 000 espectadores.
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Las zonas de invasión de Mérida han sido atacadas. El pasado 5 de marzo, durante el desalojo de la barriada La Guadalupana, decenas de personas vieron sus casas incendiarse, y otras fueron agredidas por un grupo de hombres armados, con machetes y tambos de gasolina. En el interior de las casas precarias había niños.
“Están quemando nuestras casas, nuestras casitas, con los niños, los bebés dentro. Véanlo, hasta con machetazos las están agarrando”, grita una chica de poco más de 20 años en una transmisión por internet en vivo. En los comentarios hay sentencias de una insensibilidad atroz, como “¿Qué esperabas? Ustedes son invasores. Vayan a chambear”. El saldo es una decena de personas lesionadas con piedras, machetes, varios detenidos y sesenta familias sin un sitio en el cual resguardarse. En el video se ve a la gente correr y a un grupo de personas mirando, sin poder hacer nada, cómo destruyen su hogar, con sus pertenencias dentro.
Un mes después del suceso, la casa que construían Rubí y su esposo no está terminada. Es apenas el esqueleto de una choza que podría venirse abajo con una tormenta. No les alcanza para conseguir más materiales. Su hija fue al IVEY e inició un trámite para que le cedieran el terreno, pero no ha habido respuesta.
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Regresamos al 30 de abril. Enfrente del lugar donde construye Rubí hay cuatro piscinas portátiles, un carrito con hot dogs y otro con chamoyadas. Están alrededor del comedor La Virgencita del Árbol, dirigido por Gina Dogre y un grupo de “jefas de familia” que habitan las invasiones de la colonia San Luis Sur, en Dzununcán. La celebración ha reunido a todos los niños de la zona; se bañan a manguerazos, comen dulces, saludan a sus familiares desde el agua.
“Ahora sí que yo invadí para ayudar. Invadí y puse el comedor en esta invasión para apoyar a las familias”, dice Gina. “Unos años atrás, en un terreno de mi familia, llegaron invasores y, luego de conversar con ellos, he comprendido mejor las condiciones que los llevan a esto”.
Gina es una pionera en la atención de las invasiones de Mérida. Distribuye comida, materiales de construcción, ropa, agua e insumos para sobrevivir. Ha generado una red de donaciones por parte de hoteles, asociaciones civiles, fruterías y otra clase de empresas. Es de baja estatura, el cabello pintado de amarillo y ojos cafés, penetrantes. Apenas llega, varias personas se le acercan y le cuentan cosas que han pasado recientemente. Parece la madre de todo el mundo.
El comedor La Virgencita del Árbol es igual a una casa de la invasión. Techo de lámina y madera, paredes hechas con palets y lonas. En el interior hay una estufa y un anafre artesanal con las que cocinan el plato del día. Suena una cumbia distorsionada por la estática. Hoy, antes del evento, la comida fue pollo con fideos. Poco más de 100 personas llegaron a recoger el que podría ser su único alimento del día.
Gina y las jefas de familia reparten 3 200 raciones de comida al mes. Se forman filas largas que le dan la vuelta a las paredes de cartón y madera. El cobro es mínimo: 100 pesos a la semana por cinco platillos. Hay, sin embargo, personas que no pueden costearlo o que dividen un solo platillo entre varios niños. Frente al comedor, en un tramo de terracería con piedras recalentadas por el sol, dos niños hablan en el interior de unos juegos de plástico despintados. Uno de ellos se llama a sí mismo “pájaro” y es el hijo de una de las mujeres cocineras, Jade, cuyo marido fue expulsado de la zona por problemas de adicción al cristal. Ella asegura que era un hombre bueno y que “la droga destruyó su espíritu, su conducta”, hasta llegar a los abusos físicos: la golpeaba y la encerraba. El niño aún pregunta por su padre. Gina siempre estuvo al pendiente de ella y la apoyó para independizarse.
Recuerda Gina:
Cuando llegué hace cinco años no había luz, agua, servicios. Ahora sí que nos los robábamos. De un solo cable llegaba la luz a 30 familias. Esto era puro monte: había bichos, culebras. Y cuando fallaba ese cable, mamitas con bebés, abuelitos, todos se quedaban sin luz. Lo mismo con el agua. La robábamos. Cuando vengo y empiezo a conocer y a caminar la colonia, me enamoré de la colonia, me enamoré de la gente. Cuando pregunté cuál era la mayor problemática, me dijeron que el hambre.
Pero además del hambre hay violencia y consumo de sustancias. Al lado de nosotros, en medio de la fiesta de los niños, pululan un par de hombres con signos de síndrome de abstinencia. Uno de ellos toma continuamente el micrófono con el que se anima la fiesta y dice cualquier cosa inentendible. Otro pide de regalo unas frutas podridas, envueltas en moscas, que dejaron en un huacal de madera. “Son inofensivos”, asegura Gina. “Sabemos quiénes son”.

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Aquí la justicia se ha ejercido por mano propia siempre. Josué Campos tiene 31 años, un tatuaje de San Judas Tadeo, y una rosa en el pecho en donde antes hubo una Santa Muerte. Esos tatuajes, dice, son los símbolos de su redención. Es la mano derecha de Gina y un todólogo: sabe de carpintería, plomería, albañilería. Él ayudó a desarrollar el comedor. Además, se encarga de indagar cuáles son las nuevas zonas de invasión, para instalar otros comedores o repartir donativos. Puede lidiar igual con la repartición de una tonelada de papayas en medio de la lluvia o con los casos de violencia y abuso que llegan al comedor.
Él conoció a Gina en un centro de rehabilitación, en donde ella llevaba donativos. Josué se había reformado e intentaba recuperar a sus hijos. Ella le ofreció trabajar en el comedor. Previo al internamiento, Josué había perdido la esperanza: tuvo tres intentos de suicidio, trabajó con un grupo que cobraba deudas con violencia (“Golpeábamos personas, destruíamos vehículos”), estaba completamente separado de su familia. Dice que aquí encontró la motivación para seguir viviendo. Montó una carpintería y se acercó a charlar con las familias para conocer sus necesidades.
Recuerda puntualmente un caso. Un hombre era linchado por la gente de la invasión. Josué intervino y lo protegió con su cuerpo. La gente lo sacudía, intentando que lo liberara. El hombre, en un ataque de desesperación, le arrancó a Josué la cadena de plata de San Judas Tadeo, le arañó el rostro y lo golpeó. Las personas dijeron: “Estás defendiendo a un violador”.
Cuando escuchó esto, Josué se zambulló en su subconsciente, en los abusos de la niñez; en pocos segundos, según recuerda, el hombre estaba en el suelo de terracería, un suelo que siempre está hirviendo por las piedras, sangrando, con huesos rotos e inconsciente. Casi muerto, lo subió en una camioneta, lo llevó a un hospital, donde no lo dejaron entrar. El sujeto estaba drogado y tuvo que dejarlo en el psiquiátrico. “Lo peor no fue eso —dice Josué—, sino el daño que me hice a mí mismo: rompió mi paz, hizo que saliera la ira, el descontrol”.
Mira hacia el cielo, la tarde rosada que cae sobre la invasión. Se ajusta la gorra y me muestra su mano izquierda: “Por eso me tatué una flor de loto en el dedo, la flor que también tiene Gina. Es un acuerdo de paz. Por eso me cubrí el tatuaje de la Santa Muerte; convivo con niños, con mujeres, no quiero que domine la muerte, sino la paz”.
Josué cree que los peores tiempos ya pasaron. Antes hubo grupos de violadores que atacaban a las madres solteras, adictos que robaban las escasas pertenencias de las zonas de invasión, amenazas de muerte contra el comedor y sus líderes. Los delitos siguen, pero no son tan recurrentes. Las primeras casas del asentamiento ya cuentan con servicios y, por acuerdos con la comandancia, la policía entra de vez en cuando a las calles de terracería.
“Además de apoyar, estamos aquí para empoderar a las personas, en especial a las mujeres”, dice Gina. A lo largo de la entrevista ha resuelto varias cosas: peticiones de niños, señoras, adultos mayores; lleva y trae comida. Capturarla en una imagen es casi imposible porque no se queda quieta. Precisa que el 90% de los habitantes son gente de otros estados. “Somos oídos y ojos de la colonia —continúa—. Tengo una libreta en donde registro a las mamitas que vienen, a las que faltan, igual con los niños. Si alguien falta, vamos y averiguamos. Y pasa que la golpearon y no puede salir, que está tirada, moreteada y el hombre la amenazó para que no salga. ‘Denuncia’, le decimos, nosotros te acompañamos. Traemos charlas, cursos, para que cada día aprendan más. Este no es mi comedor, es nuestro comedor, en especial un comedor para ellas y sus familias. Aquí somos instrumentos. La vida me mandó a este lugar porque aquí nos necesitan”.
Luego de cinco años en Dzununcán, Josué habla con pleno conocimiento de cada casa y familia: “Ahí está don Gera, que vino con sus hijas de Puebla y ya tiene casa de block […] En esa otra está Emilia; su familia, que son varios, es de Chiapas y se fueron porque los parientes estaban involucrados en cosas malas. A su hermano lo mataron […] Aquí enfrente, en esa casa más desarrollada, a doña Emi le quisieron robar sus bloques […] En la otra, al principio de la calle, había un señor cochino que espiaba a las niñas. Ya lo resolvimos”.
Uno de los hombres con aparente síndrome de abstinencia se acerca a Josué, le palmea la espalda, le dice que unos niños se están peleando en la piscina y que “un chiquito quiere ahogar a otro”. Josué va, los pone en piscinas separadas, regresa con un hot dog para Gina. Le pregunto por qué la gente se ve en la necesidad de invadir:
—Principalmente llegan madres solteras. El esposo desapareció, no respondió, lo encarcelaron, se droga; en fin, no se hizo cargo de los hijos y por lo mismo no tienen alimento ni dónde vivir; no alcanza para la escuela, menos para una renta, y se ven en la necesidad de invadir un pedazo de tierra sin saber si los van a sacar. El tema con el IVEY, como habrás escuchado, es muy complicado. Ellos te dan largas o, si es el caso, se ponen del lado del supuesto dueño del terreno por acuerdos económicos y sacan a la gente. En las casas de la invasión las familias crecen y pasa que en algún momento ya no caben.
—¿Por qué los grupos de choque sacan a las personas?
—Casi siempre son problemas ejidatarios. Los ejidatarios tienen una hoja que dice que son dueños por el cuidado de la tierra, pero hace mucho que no siembran porque entró la modernidad. Pero esa hoja dice que ellos también tienen un derecho de propiedad. Tal vez no necesariamente que ellos trabajaban, sino que se los cedieron. Por ejemplo, el papá se lo cede al hijo y así sucesivamente. Cuando se dan esos casos les hemos comentado a los ejidatarios que se haga legal: hay que pagar las escrituras, que todo esté en orden. Muchos no lo hicieron. ¿Qué hace la gente que llega y no tiene dónde vivir? Invade. Y a los ejidatarios les da trabajo legalizar su terreno porque ya no es un terreno con cultivos ni nada. De hecho, se podría decir que lo está trabajando y cuidando la persona que lo invadió, y ahí la ley ejidataria tiene un choque con el gobierno. ¿Y qué hacen, desgraciadamente, las personas que son dueños según la ley ejidataria? Juntan a los vandalitos, a los muchachitos desorientados y les dicen: “¿Sabes qué? Te doy 1 000 o 500 pesos por sacarlos”. Lo que pasó esa vez en La Guadalupana [donde sacaron a golpes y con machetes a las personas] es que le pagaron a una serie de personas que no son los dueños (son de hecho personas de la misma comunidad) para que ataquen, los demás tengan miedo y se salgan. Una vez que no estén allá porque los sacaron, toman fotos, documentan que no hay nadie en el terreno para poder hacerlo legal. Es un tema medio complicado.
—También lo institucional —tercia Gina—. El acercamiento de las instituciones con la gente no existe. Que vengan, toquen las puertas de las personas y hablen con ellas [eso] no existe. No hay un levantamiento, que casa por casa vean las necesidades, que sepan quién realmente solo invade para acaparar terrenos porque sí tiene dinero. Eso sucede: alguien que invadió porque solo quiere ganar el terreno y ya tiene 20 en todo Mérida. No hay esa calidad humana del gobierno hacia las familias y la gente.
Antes de irnos, Josué extiende el brazo y enseña su tatuaje más importante: San Judas Tadeo, a quien se le reza por las causas difíciles y desesperadas, cuando casi no queda esperanza.
—Gina me habló mucho sobre creer, entregarme a él; él escucha tus súplicas, me dijo, no te pide ningún sacrificio. Yo era consumidor de crac. Me arrodillé y me abrazó. Le dije: ´Estoy harto, yo ya no quiero, esto ya no me llena, esto me está destruyendo, no puedo ver a mis hijos crecer, ya destruyó mi matrimonio, mi casa, no me llevo con mis papás´. Mi ofrenda fue este tatuaje que te muestro.

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Los encargados de comunicación del IVEY se negaron sistemáticamente a que los entrevistara. Sobre esa línea, quienes habitan las zonas de invasión y quienes hacen activismo dicen que se trata de una institución opaca, negligente, que lucran con la pobreza de las personas. Cobros por terrenos, reasignaciones irregulares y deshumanizantes. Ante una retahíla de solicitudes de información, en las que quería averiguar sobre cuestiones de delitos, avances en la regularización, cantidad de personas adultas y menores de edad que habitan las zonas de invasión, entre otros puntos, la única respuesta que el IVEY me dio fue:
[...] el pasado 17 de enero del año 2024, este Instituto realizó el Programa de Asignación de predios en la colonia Dzununcán, en específico el predio 384 de lo que hoy es el asentamiento conocido como “La Conejera”; siendo beneficiadas 109 familias.
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Estás en La Conejera. Te llamas Blanca Elizabeth May y habitas una casa asignada por el IVEY desde hace un par de años. Aunque aquí te colocaron, todavía no es tu propiedad. Le dicen La Conejera porque décadas atrás este cuadrante de terracería, con casas de cartón y aluminio y un suelo plagado de cristales y azulejos rotos, fue una granja de conejos. ¿Hay violencia? “Como en todos lados: si te metes con alguien se van a meter contigo”, respondes.
Recuerdas una tarde lluviosa de 2024; tuviste que desplazarte con tu esposo y tus cuatro hijos por una reasignación. Pusieron casas de campaña. Algunas personas portaban sus objetos personales en bolsas de basura. Lo que caía en el lodo era pisado y abandonado. Tal era la prisa y el temor de perder los terrenos.
Para comprobar que habitas una invasión, el IVEY te visita de madrugada y corrobora que duermes en ella; luego revisan si en el predio hay heces fecales. Te invaden para demostrar que invades. Sin embargo, aceptas sus métodos porque no hay de otra, porque aspiras a tener un lugar donde vivir, cueste lo que cueste. Hace poco rescataste a tu madre de una pareja violenta y ahora vive contigo en la invasión, mientras se rehabilita del alcoholismo.
En tu casa aún hay materiales de construcción: fierros, piedras, láminas y palets. Conservas ese herrumbroso cúmulo de objetos inútiles por si en algún momento te reasignan y debes construir otra casa desde cero. Has visto y escuchado de todo: gente a la que reasignan a una casa en donde ya hay invasores (el IVEY no los contempló en el proceso) y se desatan conflictos violentos por determinar quién es el dueño verdadero (aunque en La Conejera nadie es dueño de nada); gente que invade varios terrenos simultáneamente para acumular propiedades; gente a la que los vecinos le queman la casa para ocupar el espacio a la fuerza; grupos de choque que expulsan a decenas de familias; invasores que estafan a gente de otros estados y les venden el terreno por 30 000 pesos, aunque no les pertenece.
Antes, a ti y a tu esposo les alcanzaba. Él era cobratario. Pagaban una renta. La vida se encareció y les impidió vivir en un sitio propio. Mantienen como pueden a la familia. Orgullosa, muestras los números de la lotificación: el primer peldaño de la regularización; es decir, estás más cerca de tener este sitio, una esquina donde el polvo se pega a la ropa, a la comida que preparan, donde el calor es como un mazo golpeando el rostro.
Trabajas en un comedor que suma tres años de vida. Se llama, convenientemente, Conejitos Invasores I. Lo fundó la psicóloga Mariana Vargas, quien desde hace años colabora con la gente de la zona. Ella está a tu lado. Explica que este es un comedor dirigido por jefas de familia.
“Somos conejas”, agregas riendo, en alusión a la cantidad de niños que corren por el sitio. El comedor es un núcleo de solidaridad en medio de la negligencia institucional y los vecinos abocados a la violencia. Todos quieren sobrevivir. Todos quieren un espacio permanente en donde “estar”. Pasa lo de siempre: más de 60 familias conectadas a una sola toma de agua y una sola toma de luz. El agua falla, la luz es inconstante.
Blanca, tú fuiste fundadora de La Conejera. Recuerdas:
Llegamos, limpiamos, era monte. Pusimos palos y techos de lámina. A cada quien le tocó su pedazo de terreno. Pero es la necesidad. ¿Tú crees que yo quisiera vivir acá? ¿Ver a mis hijos sufrir el calor? Por más esfuerzo que hagamos, en temporada de lluvias el agua se filtra, todo se moja, se echa a perder. No tengo otra opción.
Enfrente de tu casa está el único punto en el que hay servicio de recolección de basura, una montaña de desperdicio que puedes ver mientras comes. Lo señalas.
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Mariana Vargas dice que las invasiones se organizan de muchas formas. Hay líderes que las planifican y que, en apariencia, sirven en el trasfondo a proyectos políticos. En varias entrevistas salen a colación dos personas llamadas “los maestros”, cuyos intereses se mantienen en duda. Intenté contactar a “la maestra” y nunca respondió.
—¿Quiénes habitan la invasión? —le pregunto a la psicóloga.
—Hay diferentes brechas generacionales, pero es notorio que las propietarias principalmente son mujeres de la misma edad. La razón por la que invaden es el encarecimiento: que la gente no puede pagar. Hace 15 años Blanca y su familia hubieran podido seguir pagando renta; ellos no lo hicieron porque quisieran, sino por necesidad. Conozco a varias familias que, si bien no tienen propiedad, en un pasado, por los precios, hubieran podido rentar y poco a poco salir adelante. ¿Pero qué pasa? La renta es impagable. Pensando en las características de la vivienda que necesitan, pues una casa para Blanca, su esposo, sus cuatro hijos y su madre, que ahora vive con ellos… Necesitan una casa que podría costar de renta 15 o 20 000 pesos.
Cuando entrevisto a Mariana en el comedor, se acercan más jefas de familia. Una de ellas invadió el Renacimiento, una zona que fue desalojada para construir los departamentos en donde vivirán los médicos del hospital Agustín O’Horán. Sin previo aviso, personal del IVEY llegó con bolsas de basura, les exigió guardar sus pertenencias y subirse en camionetas. Una parte de los invasores fueron reubicados en El Roble y la otra en La Conejera.
“Con las reasignaciones”, sigue Mariana con su explicación, y se ayuda manipulando un camioncito y un biberón de plástico, “simplemente te trasladan a otra zona de invasión en donde tienes que empezar de cero. Nosotras ayudamos a quienes fueron reasignadas aquí. Pero fue muy rápido: en menos de dos días te establecen en un sitio nuevo donde puede haber otra persona viviendo y empiezan los conflictos. Esa otra persona tiene que quitar sus cosas, sus pertenencias, para que la persona reasignada se instale. Luego de esto, el IVEY no te da un título de propiedad, pero sí algo equitativo; es un papel que solo ratifica que el IVEY te puso en el terreno en donde estás”.
Varios testimonios apuntan que por la noche La Conejera es un espacio conflictivo, con un consumo problemático de drogas. Josué, del comedor La Virgencita del Árbol, mencionó un par de casos de secuestro y asaltos. Mariana, por su parte, no sabe de esos casos. Dice que ha habido problemas de violencia intrafamiliar, como el caso de una madre que ahorcó a su hijo. Lo atribuye al estrés, el calor, la falta de solidaridad, el débil sentido de comunidad y a los prejuicios y el maltrato de los vecinos de las colonias cercanas.
Quienes juzgan a los invasores son quienes no se han acercado a escuchar las historias; son historias de lucha, sobrevivencia. Son, para muchos, la escoria de la sociedad. Los ven como delincuentes que roban un espacio de terreno, que son drogadictos, o son prostitutas, o son alcohólicos. Y no digo que no exista algo de eso, pero no es la realidad de todas las personas […] Yo creo que si conociéramos las historias nos acercaríamos más a las invasiones y le exigiríamos al gobierno hacer lo que le corresponde por estas familias.
Mariana fundó otro comedor: Conejitos Invasores II, en La Guadalupana. En su interior hay una sección llamada La Hondonada: un hueco con hojarasca podrida, basura, pipas de cristal rotas, en donde viven más de 40 familias. La red eléctrica es una telaraña con cientos de cables que se extiende hasta el primer poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). A su lado se alza un edificio de tres plantas dirigido por monjas del “Buen Morir”. Trabajan con enfermos terminales.

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Eres Alejandra Ventura González, te dicen Ale. Diriges Conejitos Invasores II y, junto a tus hijos pequeños, fuiste de las primeras personas en invadir La Guadalupana. Huiste del maltrato de tu familia. Era una cuestión de vida o muerte. Te independizaste y mantienes a tus hijos limpiando casas, cocinando y tejiendo hamacas, tu mayor pasión, heredada por tu madre. Admiras su memoria, lloras al hablar de ella. Eres pequeña y fornida, de mirada empática, ojos cafés inmensos, y te consideras “dura” y “sensible”.
En 2019, al inicio de la pandemia, usaste un machete para abrir brecha. Tomaste, al principio, un trozo de tierra de 10 metros, animaste a otras personas a invadir. “Esto ya es mío”, dices hoy, mayo de 2025, aún sin un título de propiedad. “Si quieres un pedazo de tierra te tienes que arriesgar. Aquí luchamos todos los días. Aquí he visto de todo. La hago de psicóloga, de líder, de amiga. Aquí no hay intervención de la policía y somos principalmente mujeres. Cuando no llega la justicia, tenemos que meter escarmientos”.
En tu comedor, el segundo a cargo de Mariana Vargas, cocinas albóndigas y pollo en un anafre tiznado de humo de leña. El calor que se irradia por las láminas, las maderas y las piedras es agobiante. Sobre las bolas de carne circulan moscas que espantas con un pedazo de plástico. Las raciones cuestan 20 pesos y, al menos hoy, comerán de aquí más de 10 familias. Tus hijos quieren ser militares. Uno de los pequeños se asoma para escucharte hablar y lo mandas de nuevo adentro.
Tu historia cifra la realidad general de las personas que llegan a la invasión: “No quedaba de otra, lo hice por mis hijos, para tener en donde vivir. Cuando llegamos —las primeras siete familias— yo miraba al cielo y decía: ‘Dios padre, por favor ayúdame’. Alguna vez, sin un pedazo de comida, incluso pensé en acabar con nuestras vidas. Pero ha habido, si quieres verlo así, algunos milagros, algunos apoyos que nos han sacado adelante. No he dejado que nadie me pise, que pasen encima de mí”. Recuerdas algunas protestas con los vecinos. Una vez cerraron el periférico de Mérida para exigir la atención del gobierno. No funcionó.
Afuera de la diminuta casa, la sede de Conejitos Invasores II, se extienden las calles hostiles de terracería, intransitables en un vehículo común. Las casas están compuestas de los mismos materiales: lonas con sonrisas de políticos impresas, palets, piedras, láminas y objetos que fueron desperdiciados. Los recursos —agua y luz— son robados. No hay servicio de recolección de basura. No hay escuelas cercanas. Aquí, dices, el consumo de drogas como el cristal empieza desde los 12 años. Todos saben dónde se vende. Por el miedo, tus hijos no pueden ir al parque.
Yo lo que hago es apoyar a las mujeres, demostrar que podemos. La mujer es la que más sufre aquí, la que más lucha. Muchos niños no saben ni leer ni escribir. Él —apuntas a uno— debería estar por entrar a la secundaria, pero sigue en cuarto de primaria. Aquí pasan cosas que nadie entiende: hace poco murió un vecino aquí al lado, lo vi desvanecerse, gritamos, llamamos, nunca llegó la ambulancia. Somos rechazados por el gobierno, no llegan los apoyos. Las mujeres son golpeadas por sus esposos, hay inseguridad. Y las estafas: hay gente que lucra con la pobreza. Eso le pasó a doña Clemencia, ¿verdad que sí?
Y, tú, doña Clemencia Gómez atiendes. Dejas de mover una cazuela. Cuentas tu historia. Una historia que se origina cuando migraste desde Chiapas. Un hombre te aseguró que les vendería un terreno que en realidad es una invasión.
Lo que no sabías, Clemencia, era que tu hijo enfermaría de cáncer, y que fallecería. Ahora te haces cargo de cinco nietos. “Yo enterré a mi niño”, dices tras recordar el periplo insoportable de los hospitales públicos, la falta de medicinas, los traslados, el féretro. Entretanto, pagaste durante dos años por ese terreno, muchas familias también pagaron. El hombre que recibía el dinero, un tal Manuel, fingió su muerte y desapareció.
Una vez el IVEY anunció que visitaría las invasiones para iniciar un proceso de regulación. Como si fuera una historia bíblica, quienes no se encontraban en casa en ese momento, aunque vivieran en los terrenos desde hace años, fueron marcados con una cruz roja en las puertas de lámina; quienes sí estuvieron, los marcaron de amarillo. Creíste que eso te pasaría, Clemencia. Habías salido de emergencia, llovía. Regresaste corriendo a casa para evitar esa cruz roja porque tenerla significaría que podían sacarte, que los funcionarios te obligarían a ti y a tus nietos a poner sus pertenencias en bolsas de basura y que reubicaran a otras personas en esa, tu casa. Caíste cuando corrías, te fracturaste el brazo, perdiste mucha sangre; muestras una cicatriz larga y gruesa en tu mano izquierda. Lloras porque recuerdas a tu hijo.
Es tu turno, Ale. Dices: “Esto, dentro de lo que cabe, es una zona más desarrollada, pero al fondo, donde ahorita te llevaremos, es imposible vivir. Se llama La Hondonada”.
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En su crónica-ensayo País sin techo. Ciudades, historias y luchas sobre la vivienda, la abogada Carla Escoffié aborda las diferencias entre “tener” una casa y “estar” en una casa. Escribió: “El concepto de casa se centra en el tener, mientras que el de vivienda se relaciona con el de estar”. Y también expone: “No importa si la casa o departamento no es una propiedad a nuestro nombre: si ahí habitamos, ahí es donde ejercemos nuestro derecho a la vivienda”. Ale, Blanca, Rubí y Clemencia viven en la invasión y ejercen un derecho porque, como apunta Escoffié, “el derecho a la vivienda no es el derecho a una casa, sino a disponer de opciones diversas para acceder a un lugar en donde habitar en distintas modalidades de tenencia —es decir, no solo en propiedad, sino también en arrendamiento o en cooperativas— y para evitar la situación de calle”. Y una advertencia más: “[…] cuando la única contrapropuesta es ‘dejar las cosas como están’, cientos de familias se quedan en la calle, los barrios se desintegran, las ciudades se desbaratan, los ecosistemas se deforestan y los territorios se pierden en unas cuantas manos”.
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Recorro La Hondonada con Ale y Clemencia.
“Ahí —dice Ale señalando un terreno yermo— vino un grupo de gente a sacar a unos invasores y quemaron las casas y el terreno”.
Ya casi terminamos de caminar este fragmento de mundo, un mundo pequeño, caótico y marginal que se ciñe alrededor de un hueco infecto, donde hay basura, hojarasca húmeda, mierda de perro, pipas rotas de cristal, fierros oxidados. Arriba del hueco surgen más casas de La Hondonada. Avanzamos hacia el fondo. Llegamos a una casa asentada sobre un suelo de tierra roja (kakab, en maya). Antes pasamos por un rectángulo de cartón donde logré ver dos hamacas y un hueco. Ale me explicó: “Ahí viven dos hermanos y están cavando con lo que pueden para hacer un pozo”.
Seguimos por la tierra roja; se levanta con el aire y se pega a la ropa. Siempre hay perros ladrando. Cuatro gallinas revolotean en una jaula.
—¡Doña Berthaaaa! —grita Ale.
—Pasen, pasen —responden desde el interior.

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Decenas de niños pasan a una pizarra para adivinar un texto sagrado. Es sábado, 26 de abril de 2025, en San José Tecoh. Estos niños viven en las invasiones aledañas. Hoy, a través de un grupo religioso, tienen un pequeño descanso. Ríen, juegan, beben refresco, comen tamales y pastel.
Isaac Castro Vela y su esposa, la fundadora del proyecto Stay Cruz de Castro, dirigen este espacio desde hace algunos años, a partir de las necesidades que vieron en la zona, y siguiendo los principios de su religión: ayudar al prójimo y al desamparado. La música es religiosa: “Tú, tú, tú eres mi Señor, Jesús”. Y luego otra canción, más rockera, repite incansablemente: “Quiero dar gracias por todo lo que hace el Señor por mí”.
Mientras los niños corren hacia la pizarra y escriben el nombre del versículo o el libro, Isaac dice: “La identidad de los niños de aquí es la calle. Hay consumos problemáticos de drogas, desnutrición, analfabetismo. Las invasiones requieren toda la atención del gobierno, es una zona muy vulnerable para las infancias. Creo que la gente que está no es por una cuestión política, sino por una cuestión de necesidad, yo puedo notar la necesidad”.
Hay un niño al fondo, solo, vive en las invasiones. Patea furioso una pelota contra la pared y tiene una cafetera oxidada llena de tierra. Me jala la playera, dice que adentro de su cafetera hay hormigas, “mis hormigas rojas”, pero no veo ninguna; solo piedras, basura, hojas muertas. Patea de nuevo la pelota contra la pared, le da a otro niño, quien se va corriendo.
—Si fueras un animal, ¿cuál serías?
—El más fuerte —contesta y patea la pelota como si ya lo fuera.
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El sol pega de lleno en la casa de Bertha, 68 años, madre de Graciela, de 38, quien no está porque trabaja para mantener a la familia. “Hasta siendo prostituta haces todo para salir adelante”, dice Ale.
Bertha está con sus tres nietas en una cocina rudimentaria donde hay ollas oxidadas pegadas a una barda en obra gris. El padre de las niñas fue expulsado de la casa porque golpeaba a Graciela. Ale saluda a las niñas, recuerda cuando las lenguas de fuego del incendio de al lado alcanzaron parte de la casa: “Esta es la realidad que ves en las colonias del sur de Mérida. Esto que ves es una invasión. Esto no lo libera el IVEY por sus mamadas, te ponen miles de pretextos. Esto se ha prendido fuego porque lo quemaron. Ahí quemaron el terreno y alcanzó el fuego hasta acá”.
Bertha nos deja pasar a su pieza. Está bardeada completamente de lámina. Es sofocante, aunque pulcrísima. Hay medicinas, muchas medicinas, padece una enfermedad que no termina de explicar. Ella cuenta: “Aquí no hay agua y apagamos el incendio con las pocas cubetitas que teníamos aquí. Antes vivíamos en otro lado. Yo vivo aquí desde hace tiempo. Y vivíamos en otro lado, pero salió un dueño del IVEY y nos correteó”.
Nos correteó significa que les obligó a poner sus cosas en una bolsa de basura e irse inmediatamente para no ser golpeadas.
Las nietas, sentadas en taburetes de madera, escuchan cumbia. Sonríen con pena. La más grande de ellas quiere ser militar para proteger a su mamá y defender a su familia, también porque hay más oportunidades en el Ejército. La gente de aquí nace luchando y quiere seguir luchando por un gobierno que no los mira. La mediana quiere ser doctora. La pequeña apenas habla. Ninguna puede salir de noche, es una zona peligrosa, no tienen vida social. Mientras el fotógrafo registra el interior del terreno, Ale cierra el diálogo: “Y ninguna quiere quedarse en el camino, ninguna quiere parar, porque esta es la perra vida que nos tocó vivir. Tenemos que salir adelante, así como ellas, que todo lo quieren hacer para ayudar a su mamá a salir adelante”.

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Salimos de la casa y avanzo hacia el precipicio, ese límite desde el que se domina por completo La Hondonada, un hueco al lado del centro del buen morir, un hueco que, en realidad, al observarlo desde fuera, cualquiera dudaría que alguien viva en el interior. Veo, de nueva cuenta, un mar de lonas con rostros sonrientes de políticos. Se mueven con el aire. Regreso a las palabras de Ale: “Esta perra vida que nos tocó vivir”.
Imagino escenas posibles, pero aún no registradas: una excavadora y otras máquinas inmensas destruyendo el monte para la venta de terrenos. Imagino empresarios en oficinas cerrando negocios millonarios para gentrificar Yucatán y especular con la tierra. Imagino una visión panorámica: desde arriba veo cómo ese megaproyecto que es la venta de terrenos (como lo define Carla Escoffié) se extiende y abarca todo. Expulsa a la gente de sus casas. Arrincona. Encarece el precio. Imposibilita la vida. Sierras tirando árboles. Animales muertos. Casas quemadas con pertenencias dentro. Todo a 20 minutos de la playa. Personas con vidas aseguradas quitándoles la posibilidad de vivir a los de la periferia. “Esta perra vida que nos tocó vivir”. Todo sucede simultáneamente mientras Bertha y Clemencia atienden a sus nietas, mientras Ale y Blanca arrojan una bola más de carne al aceite, mientras Rubí espera que el IVEY dé respuesta, mientras su hija de 20 años con un hijo recién nacido no tiene agua ni baño ni luz.
Esta perra vida impuesta, impostada, creada desde la insensibilidad de los poderosos. Si a mí me cansó el recorrido, subir y bajar los escarpados, ¿cómo se sentirán Bertha y sus nietas? ¿Cómo viven en este agujero tantas familias y cómo viven en las otras zonas, absolutamente precarias? ¿Qué esperan del futuro? Piensa que eres ellas. Ponte en su lugar un momento. Imagina tu mundo reducido a esto. Piénsalo porque estás aquí, en la invasión.
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En la ciudad de Mérida, cientos de familias viven en las “zonas de invasión”. Sin luz, agua ni servicios básicos, marginadas por la sociedad y las instituciones, y amenazadas por la especulación inmobiliaria. Estas personas se hallan frecuentemente a merced de grupos de choque. Aquí, la organización comunitaria es la única vía para salir adelante.
Eres Rubí Rojas. Es el 30 de abril de 2025 y estás construyendo una casa en el sur de Mérida, Yucatán. Mientras escuchas las risas de quienes celebran el Día del Niño en una jornada auspiciada por donaciones y un comedor llamado La Virgencita del Árbol, tú y tu esposo —que traslada troncos, aluminio, piedras y palets entre calada y calada de su cigarro— “invaden un terreno” para tu nieto recién nacido. Invades porque tu hija y su pareja no pueden seguir pagando renta en la Avenida 86, una de las zonas más pobres de la ciudad.
Vestida con sombrero y botas, iluminada por la luz rosa del atardecer, pones el pie sobre un tocón podrido y me dices: “Invadimos porque nuestra situación no da para más, la situación de mi hija no da para más. Estamos luchando por este pedacito para ella. No es ambición, es un patrimonio. Y primeramente Dios, si usted regresa en 20 días, aquí mi hija ya va a estar y la podrá conocer con su bebé”.
¿Cómo es “habitar” el departamento de la Avenida 86? Explicas que la luz va y viene, el agua escasea, este mes ha habido más de 40 grados de temperatura. Tu hija es una mujer de 20 años que acaba de parir y en menos de un mes vivirá en la choza que construyes. Ella vive al día; su pareja trabaja jornadas de 12 horas y aun así resulta imposible pagar los 2 500 pesos de renta. Durante las últimas semanas has salido a las seis de la mañana acarreando materiales para montar una casa rudimentaria, que al paso de los años podría ser de tu hija.
Esa fue la única opción: desbrozar el monte y construir un tejabán; montar lonas con rostros sonrientes de políticos, así como piedras y algún material cercano, desperdiciado; enterrar palos en la tierra y sostenerlos con piedras para que no caigan con la lluvia. Tú y tu marido: dos personas con más de 50 años trabajando bajo el sol para que tu hija viva en el interior de ese espacio bardeado de cartón y madera, techado con lámina, rematado con corcholatas, sin baño y servicios básicos.
Aunque el bebé acaba de nacer, cualquier día un grupo de choque podría destruir esta insinuación de casa, y expulsarlos, pese a que el terreno le pertenece al Instituto de la Vivienda de Yucatán (IVEY). Si te paras frente a los cimientos del hogar, surge una metáfora: como parte de los materiales hay lonas con las sonrisas de la alcaldesa, Cecilia Patrón, del Partido Acción Nacional; y el gobernador, Joaquín Díaz Mena, de Morena. Tú, Rubí, dices: “A ver si nos ganamos este pedacito. Al menos para vivir”.
La comisaría se llama Dzununcán, y es en parte una zona de invasión o asentamiento irregular, uno de muchos en la ciudad de Mérida: terracería, decenas de palets (el principal material de construcción), piedras inmensas, basura, calor y polvo que se mastica.
Si permaneces los años suficientes en la invasión, viviendo a expensas de lo mínimo durante años, quizá te otorguen el terreno. En las construcciones recientes no puedes bañarte o prender la luz por la noche. Aquí la vida, dura de por sí, se volverá más dura: se caminan tramos largos en la madrugada para acceder al transporte público, la policía no llega, las escuelas están lejos. Impera la inseguridad. “Aquí casi todos los jóvenes sueñan con ser militares”, me dice una de tus vecinas. “La mayoría deja de estudiar luego de la secundaria”.

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Una solicitud de información señala que en las zonas de invasión —seis en Mérida, según el IVEY; más, según los habitantes— no se ha registrado ningún delito o percance. “Cero”, apunta en concreto la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Las familias conocen otra realidad: consumo problemático de drogas como metanfetaminas (cristal), secuestros, violaciones, robos, asaltos y violencia intrafamiliar. No se sabe cuántas personas en total viven en estas parcelas. Las zonas registradas por el IVEY cubren 50 028 metros cuadrados, casi tres veces la superficie total del estadio de beisbol más importante de Yucatán, con una capacidad para 16 000 espectadores.
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Las zonas de invasión de Mérida han sido atacadas. El pasado 5 de marzo, durante el desalojo de la barriada La Guadalupana, decenas de personas vieron sus casas incendiarse, y otras fueron agredidas por un grupo de hombres armados, con machetes y tambos de gasolina. En el interior de las casas precarias había niños.
“Están quemando nuestras casas, nuestras casitas, con los niños, los bebés dentro. Véanlo, hasta con machetazos las están agarrando”, grita una chica de poco más de 20 años en una transmisión por internet en vivo. En los comentarios hay sentencias de una insensibilidad atroz, como “¿Qué esperabas? Ustedes son invasores. Vayan a chambear”. El saldo es una decena de personas lesionadas con piedras, machetes, varios detenidos y sesenta familias sin un sitio en el cual resguardarse. En el video se ve a la gente correr y a un grupo de personas mirando, sin poder hacer nada, cómo destruyen su hogar, con sus pertenencias dentro.
Un mes después del suceso, la casa que construían Rubí y su esposo no está terminada. Es apenas el esqueleto de una choza que podría venirse abajo con una tormenta. No les alcanza para conseguir más materiales. Su hija fue al IVEY e inició un trámite para que le cedieran el terreno, pero no ha habido respuesta.
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Regresamos al 30 de abril. Enfrente del lugar donde construye Rubí hay cuatro piscinas portátiles, un carrito con hot dogs y otro con chamoyadas. Están alrededor del comedor La Virgencita del Árbol, dirigido por Gina Dogre y un grupo de “jefas de familia” que habitan las invasiones de la colonia San Luis Sur, en Dzununcán. La celebración ha reunido a todos los niños de la zona; se bañan a manguerazos, comen dulces, saludan a sus familiares desde el agua.
“Ahora sí que yo invadí para ayudar. Invadí y puse el comedor en esta invasión para apoyar a las familias”, dice Gina. “Unos años atrás, en un terreno de mi familia, llegaron invasores y, luego de conversar con ellos, he comprendido mejor las condiciones que los llevan a esto”.
Gina es una pionera en la atención de las invasiones de Mérida. Distribuye comida, materiales de construcción, ropa, agua e insumos para sobrevivir. Ha generado una red de donaciones por parte de hoteles, asociaciones civiles, fruterías y otra clase de empresas. Es de baja estatura, el cabello pintado de amarillo y ojos cafés, penetrantes. Apenas llega, varias personas se le acercan y le cuentan cosas que han pasado recientemente. Parece la madre de todo el mundo.
El comedor La Virgencita del Árbol es igual a una casa de la invasión. Techo de lámina y madera, paredes hechas con palets y lonas. En el interior hay una estufa y un anafre artesanal con las que cocinan el plato del día. Suena una cumbia distorsionada por la estática. Hoy, antes del evento, la comida fue pollo con fideos. Poco más de 100 personas llegaron a recoger el que podría ser su único alimento del día.
Gina y las jefas de familia reparten 3 200 raciones de comida al mes. Se forman filas largas que le dan la vuelta a las paredes de cartón y madera. El cobro es mínimo: 100 pesos a la semana por cinco platillos. Hay, sin embargo, personas que no pueden costearlo o que dividen un solo platillo entre varios niños. Frente al comedor, en un tramo de terracería con piedras recalentadas por el sol, dos niños hablan en el interior de unos juegos de plástico despintados. Uno de ellos se llama a sí mismo “pájaro” y es el hijo de una de las mujeres cocineras, Jade, cuyo marido fue expulsado de la zona por problemas de adicción al cristal. Ella asegura que era un hombre bueno y que “la droga destruyó su espíritu, su conducta”, hasta llegar a los abusos físicos: la golpeaba y la encerraba. El niño aún pregunta por su padre. Gina siempre estuvo al pendiente de ella y la apoyó para independizarse.
Recuerda Gina:
Cuando llegué hace cinco años no había luz, agua, servicios. Ahora sí que nos los robábamos. De un solo cable llegaba la luz a 30 familias. Esto era puro monte: había bichos, culebras. Y cuando fallaba ese cable, mamitas con bebés, abuelitos, todos se quedaban sin luz. Lo mismo con el agua. La robábamos. Cuando vengo y empiezo a conocer y a caminar la colonia, me enamoré de la colonia, me enamoré de la gente. Cuando pregunté cuál era la mayor problemática, me dijeron que el hambre.
Pero además del hambre hay violencia y consumo de sustancias. Al lado de nosotros, en medio de la fiesta de los niños, pululan un par de hombres con signos de síndrome de abstinencia. Uno de ellos toma continuamente el micrófono con el que se anima la fiesta y dice cualquier cosa inentendible. Otro pide de regalo unas frutas podridas, envueltas en moscas, que dejaron en un huacal de madera. “Son inofensivos”, asegura Gina. “Sabemos quiénes son”.

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Aquí la justicia se ha ejercido por mano propia siempre. Josué Campos tiene 31 años, un tatuaje de San Judas Tadeo, y una rosa en el pecho en donde antes hubo una Santa Muerte. Esos tatuajes, dice, son los símbolos de su redención. Es la mano derecha de Gina y un todólogo: sabe de carpintería, plomería, albañilería. Él ayudó a desarrollar el comedor. Además, se encarga de indagar cuáles son las nuevas zonas de invasión, para instalar otros comedores o repartir donativos. Puede lidiar igual con la repartición de una tonelada de papayas en medio de la lluvia o con los casos de violencia y abuso que llegan al comedor.
Él conoció a Gina en un centro de rehabilitación, en donde ella llevaba donativos. Josué se había reformado e intentaba recuperar a sus hijos. Ella le ofreció trabajar en el comedor. Previo al internamiento, Josué había perdido la esperanza: tuvo tres intentos de suicidio, trabajó con un grupo que cobraba deudas con violencia (“Golpeábamos personas, destruíamos vehículos”), estaba completamente separado de su familia. Dice que aquí encontró la motivación para seguir viviendo. Montó una carpintería y se acercó a charlar con las familias para conocer sus necesidades.
Recuerda puntualmente un caso. Un hombre era linchado por la gente de la invasión. Josué intervino y lo protegió con su cuerpo. La gente lo sacudía, intentando que lo liberara. El hombre, en un ataque de desesperación, le arrancó a Josué la cadena de plata de San Judas Tadeo, le arañó el rostro y lo golpeó. Las personas dijeron: “Estás defendiendo a un violador”.
Cuando escuchó esto, Josué se zambulló en su subconsciente, en los abusos de la niñez; en pocos segundos, según recuerda, el hombre estaba en el suelo de terracería, un suelo que siempre está hirviendo por las piedras, sangrando, con huesos rotos e inconsciente. Casi muerto, lo subió en una camioneta, lo llevó a un hospital, donde no lo dejaron entrar. El sujeto estaba drogado y tuvo que dejarlo en el psiquiátrico. “Lo peor no fue eso —dice Josué—, sino el daño que me hice a mí mismo: rompió mi paz, hizo que saliera la ira, el descontrol”.
Mira hacia el cielo, la tarde rosada que cae sobre la invasión. Se ajusta la gorra y me muestra su mano izquierda: “Por eso me tatué una flor de loto en el dedo, la flor que también tiene Gina. Es un acuerdo de paz. Por eso me cubrí el tatuaje de la Santa Muerte; convivo con niños, con mujeres, no quiero que domine la muerte, sino la paz”.
Josué cree que los peores tiempos ya pasaron. Antes hubo grupos de violadores que atacaban a las madres solteras, adictos que robaban las escasas pertenencias de las zonas de invasión, amenazas de muerte contra el comedor y sus líderes. Los delitos siguen, pero no son tan recurrentes. Las primeras casas del asentamiento ya cuentan con servicios y, por acuerdos con la comandancia, la policía entra de vez en cuando a las calles de terracería.
“Además de apoyar, estamos aquí para empoderar a las personas, en especial a las mujeres”, dice Gina. A lo largo de la entrevista ha resuelto varias cosas: peticiones de niños, señoras, adultos mayores; lleva y trae comida. Capturarla en una imagen es casi imposible porque no se queda quieta. Precisa que el 90% de los habitantes son gente de otros estados. “Somos oídos y ojos de la colonia —continúa—. Tengo una libreta en donde registro a las mamitas que vienen, a las que faltan, igual con los niños. Si alguien falta, vamos y averiguamos. Y pasa que la golpearon y no puede salir, que está tirada, moreteada y el hombre la amenazó para que no salga. ‘Denuncia’, le decimos, nosotros te acompañamos. Traemos charlas, cursos, para que cada día aprendan más. Este no es mi comedor, es nuestro comedor, en especial un comedor para ellas y sus familias. Aquí somos instrumentos. La vida me mandó a este lugar porque aquí nos necesitan”.
Luego de cinco años en Dzununcán, Josué habla con pleno conocimiento de cada casa y familia: “Ahí está don Gera, que vino con sus hijas de Puebla y ya tiene casa de block […] En esa otra está Emilia; su familia, que son varios, es de Chiapas y se fueron porque los parientes estaban involucrados en cosas malas. A su hermano lo mataron […] Aquí enfrente, en esa casa más desarrollada, a doña Emi le quisieron robar sus bloques […] En la otra, al principio de la calle, había un señor cochino que espiaba a las niñas. Ya lo resolvimos”.
Uno de los hombres con aparente síndrome de abstinencia se acerca a Josué, le palmea la espalda, le dice que unos niños se están peleando en la piscina y que “un chiquito quiere ahogar a otro”. Josué va, los pone en piscinas separadas, regresa con un hot dog para Gina. Le pregunto por qué la gente se ve en la necesidad de invadir:
—Principalmente llegan madres solteras. El esposo desapareció, no respondió, lo encarcelaron, se droga; en fin, no se hizo cargo de los hijos y por lo mismo no tienen alimento ni dónde vivir; no alcanza para la escuela, menos para una renta, y se ven en la necesidad de invadir un pedazo de tierra sin saber si los van a sacar. El tema con el IVEY, como habrás escuchado, es muy complicado. Ellos te dan largas o, si es el caso, se ponen del lado del supuesto dueño del terreno por acuerdos económicos y sacan a la gente. En las casas de la invasión las familias crecen y pasa que en algún momento ya no caben.
—¿Por qué los grupos de choque sacan a las personas?
—Casi siempre son problemas ejidatarios. Los ejidatarios tienen una hoja que dice que son dueños por el cuidado de la tierra, pero hace mucho que no siembran porque entró la modernidad. Pero esa hoja dice que ellos también tienen un derecho de propiedad. Tal vez no necesariamente que ellos trabajaban, sino que se los cedieron. Por ejemplo, el papá se lo cede al hijo y así sucesivamente. Cuando se dan esos casos les hemos comentado a los ejidatarios que se haga legal: hay que pagar las escrituras, que todo esté en orden. Muchos no lo hicieron. ¿Qué hace la gente que llega y no tiene dónde vivir? Invade. Y a los ejidatarios les da trabajo legalizar su terreno porque ya no es un terreno con cultivos ni nada. De hecho, se podría decir que lo está trabajando y cuidando la persona que lo invadió, y ahí la ley ejidataria tiene un choque con el gobierno. ¿Y qué hacen, desgraciadamente, las personas que son dueños según la ley ejidataria? Juntan a los vandalitos, a los muchachitos desorientados y les dicen: “¿Sabes qué? Te doy 1 000 o 500 pesos por sacarlos”. Lo que pasó esa vez en La Guadalupana [donde sacaron a golpes y con machetes a las personas] es que le pagaron a una serie de personas que no son los dueños (son de hecho personas de la misma comunidad) para que ataquen, los demás tengan miedo y se salgan. Una vez que no estén allá porque los sacaron, toman fotos, documentan que no hay nadie en el terreno para poder hacerlo legal. Es un tema medio complicado.
—También lo institucional —tercia Gina—. El acercamiento de las instituciones con la gente no existe. Que vengan, toquen las puertas de las personas y hablen con ellas [eso] no existe. No hay un levantamiento, que casa por casa vean las necesidades, que sepan quién realmente solo invade para acaparar terrenos porque sí tiene dinero. Eso sucede: alguien que invadió porque solo quiere ganar el terreno y ya tiene 20 en todo Mérida. No hay esa calidad humana del gobierno hacia las familias y la gente.
Antes de irnos, Josué extiende el brazo y enseña su tatuaje más importante: San Judas Tadeo, a quien se le reza por las causas difíciles y desesperadas, cuando casi no queda esperanza.
—Gina me habló mucho sobre creer, entregarme a él; él escucha tus súplicas, me dijo, no te pide ningún sacrificio. Yo era consumidor de crac. Me arrodillé y me abrazó. Le dije: ´Estoy harto, yo ya no quiero, esto ya no me llena, esto me está destruyendo, no puedo ver a mis hijos crecer, ya destruyó mi matrimonio, mi casa, no me llevo con mis papás´. Mi ofrenda fue este tatuaje que te muestro.

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Los encargados de comunicación del IVEY se negaron sistemáticamente a que los entrevistara. Sobre esa línea, quienes habitan las zonas de invasión y quienes hacen activismo dicen que se trata de una institución opaca, negligente, que lucran con la pobreza de las personas. Cobros por terrenos, reasignaciones irregulares y deshumanizantes. Ante una retahíla de solicitudes de información, en las que quería averiguar sobre cuestiones de delitos, avances en la regularización, cantidad de personas adultas y menores de edad que habitan las zonas de invasión, entre otros puntos, la única respuesta que el IVEY me dio fue:
[...] el pasado 17 de enero del año 2024, este Instituto realizó el Programa de Asignación de predios en la colonia Dzununcán, en específico el predio 384 de lo que hoy es el asentamiento conocido como “La Conejera”; siendo beneficiadas 109 familias.
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Estás en La Conejera. Te llamas Blanca Elizabeth May y habitas una casa asignada por el IVEY desde hace un par de años. Aunque aquí te colocaron, todavía no es tu propiedad. Le dicen La Conejera porque décadas atrás este cuadrante de terracería, con casas de cartón y aluminio y un suelo plagado de cristales y azulejos rotos, fue una granja de conejos. ¿Hay violencia? “Como en todos lados: si te metes con alguien se van a meter contigo”, respondes.
Recuerdas una tarde lluviosa de 2024; tuviste que desplazarte con tu esposo y tus cuatro hijos por una reasignación. Pusieron casas de campaña. Algunas personas portaban sus objetos personales en bolsas de basura. Lo que caía en el lodo era pisado y abandonado. Tal era la prisa y el temor de perder los terrenos.
Para comprobar que habitas una invasión, el IVEY te visita de madrugada y corrobora que duermes en ella; luego revisan si en el predio hay heces fecales. Te invaden para demostrar que invades. Sin embargo, aceptas sus métodos porque no hay de otra, porque aspiras a tener un lugar donde vivir, cueste lo que cueste. Hace poco rescataste a tu madre de una pareja violenta y ahora vive contigo en la invasión, mientras se rehabilita del alcoholismo.
En tu casa aún hay materiales de construcción: fierros, piedras, láminas y palets. Conservas ese herrumbroso cúmulo de objetos inútiles por si en algún momento te reasignan y debes construir otra casa desde cero. Has visto y escuchado de todo: gente a la que reasignan a una casa en donde ya hay invasores (el IVEY no los contempló en el proceso) y se desatan conflictos violentos por determinar quién es el dueño verdadero (aunque en La Conejera nadie es dueño de nada); gente que invade varios terrenos simultáneamente para acumular propiedades; gente a la que los vecinos le queman la casa para ocupar el espacio a la fuerza; grupos de choque que expulsan a decenas de familias; invasores que estafan a gente de otros estados y les venden el terreno por 30 000 pesos, aunque no les pertenece.
Antes, a ti y a tu esposo les alcanzaba. Él era cobratario. Pagaban una renta. La vida se encareció y les impidió vivir en un sitio propio. Mantienen como pueden a la familia. Orgullosa, muestras los números de la lotificación: el primer peldaño de la regularización; es decir, estás más cerca de tener este sitio, una esquina donde el polvo se pega a la ropa, a la comida que preparan, donde el calor es como un mazo golpeando el rostro.
Trabajas en un comedor que suma tres años de vida. Se llama, convenientemente, Conejitos Invasores I. Lo fundó la psicóloga Mariana Vargas, quien desde hace años colabora con la gente de la zona. Ella está a tu lado. Explica que este es un comedor dirigido por jefas de familia.
“Somos conejas”, agregas riendo, en alusión a la cantidad de niños que corren por el sitio. El comedor es un núcleo de solidaridad en medio de la negligencia institucional y los vecinos abocados a la violencia. Todos quieren sobrevivir. Todos quieren un espacio permanente en donde “estar”. Pasa lo de siempre: más de 60 familias conectadas a una sola toma de agua y una sola toma de luz. El agua falla, la luz es inconstante.
Blanca, tú fuiste fundadora de La Conejera. Recuerdas:
Llegamos, limpiamos, era monte. Pusimos palos y techos de lámina. A cada quien le tocó su pedazo de terreno. Pero es la necesidad. ¿Tú crees que yo quisiera vivir acá? ¿Ver a mis hijos sufrir el calor? Por más esfuerzo que hagamos, en temporada de lluvias el agua se filtra, todo se moja, se echa a perder. No tengo otra opción.
Enfrente de tu casa está el único punto en el que hay servicio de recolección de basura, una montaña de desperdicio que puedes ver mientras comes. Lo señalas.
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Mariana Vargas dice que las invasiones se organizan de muchas formas. Hay líderes que las planifican y que, en apariencia, sirven en el trasfondo a proyectos políticos. En varias entrevistas salen a colación dos personas llamadas “los maestros”, cuyos intereses se mantienen en duda. Intenté contactar a “la maestra” y nunca respondió.
—¿Quiénes habitan la invasión? —le pregunto a la psicóloga.
—Hay diferentes brechas generacionales, pero es notorio que las propietarias principalmente son mujeres de la misma edad. La razón por la que invaden es el encarecimiento: que la gente no puede pagar. Hace 15 años Blanca y su familia hubieran podido seguir pagando renta; ellos no lo hicieron porque quisieran, sino por necesidad. Conozco a varias familias que, si bien no tienen propiedad, en un pasado, por los precios, hubieran podido rentar y poco a poco salir adelante. ¿Pero qué pasa? La renta es impagable. Pensando en las características de la vivienda que necesitan, pues una casa para Blanca, su esposo, sus cuatro hijos y su madre, que ahora vive con ellos… Necesitan una casa que podría costar de renta 15 o 20 000 pesos.
Cuando entrevisto a Mariana en el comedor, se acercan más jefas de familia. Una de ellas invadió el Renacimiento, una zona que fue desalojada para construir los departamentos en donde vivirán los médicos del hospital Agustín O’Horán. Sin previo aviso, personal del IVEY llegó con bolsas de basura, les exigió guardar sus pertenencias y subirse en camionetas. Una parte de los invasores fueron reubicados en El Roble y la otra en La Conejera.
“Con las reasignaciones”, sigue Mariana con su explicación, y se ayuda manipulando un camioncito y un biberón de plástico, “simplemente te trasladan a otra zona de invasión en donde tienes que empezar de cero. Nosotras ayudamos a quienes fueron reasignadas aquí. Pero fue muy rápido: en menos de dos días te establecen en un sitio nuevo donde puede haber otra persona viviendo y empiezan los conflictos. Esa otra persona tiene que quitar sus cosas, sus pertenencias, para que la persona reasignada se instale. Luego de esto, el IVEY no te da un título de propiedad, pero sí algo equitativo; es un papel que solo ratifica que el IVEY te puso en el terreno en donde estás”.
Varios testimonios apuntan que por la noche La Conejera es un espacio conflictivo, con un consumo problemático de drogas. Josué, del comedor La Virgencita del Árbol, mencionó un par de casos de secuestro y asaltos. Mariana, por su parte, no sabe de esos casos. Dice que ha habido problemas de violencia intrafamiliar, como el caso de una madre que ahorcó a su hijo. Lo atribuye al estrés, el calor, la falta de solidaridad, el débil sentido de comunidad y a los prejuicios y el maltrato de los vecinos de las colonias cercanas.
Quienes juzgan a los invasores son quienes no se han acercado a escuchar las historias; son historias de lucha, sobrevivencia. Son, para muchos, la escoria de la sociedad. Los ven como delincuentes que roban un espacio de terreno, que son drogadictos, o son prostitutas, o son alcohólicos. Y no digo que no exista algo de eso, pero no es la realidad de todas las personas […] Yo creo que si conociéramos las historias nos acercaríamos más a las invasiones y le exigiríamos al gobierno hacer lo que le corresponde por estas familias.
Mariana fundó otro comedor: Conejitos Invasores II, en La Guadalupana. En su interior hay una sección llamada La Hondonada: un hueco con hojarasca podrida, basura, pipas de cristal rotas, en donde viven más de 40 familias. La red eléctrica es una telaraña con cientos de cables que se extiende hasta el primer poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). A su lado se alza un edificio de tres plantas dirigido por monjas del “Buen Morir”. Trabajan con enfermos terminales.

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Eres Alejandra Ventura González, te dicen Ale. Diriges Conejitos Invasores II y, junto a tus hijos pequeños, fuiste de las primeras personas en invadir La Guadalupana. Huiste del maltrato de tu familia. Era una cuestión de vida o muerte. Te independizaste y mantienes a tus hijos limpiando casas, cocinando y tejiendo hamacas, tu mayor pasión, heredada por tu madre. Admiras su memoria, lloras al hablar de ella. Eres pequeña y fornida, de mirada empática, ojos cafés inmensos, y te consideras “dura” y “sensible”.
En 2019, al inicio de la pandemia, usaste un machete para abrir brecha. Tomaste, al principio, un trozo de tierra de 10 metros, animaste a otras personas a invadir. “Esto ya es mío”, dices hoy, mayo de 2025, aún sin un título de propiedad. “Si quieres un pedazo de tierra te tienes que arriesgar. Aquí luchamos todos los días. Aquí he visto de todo. La hago de psicóloga, de líder, de amiga. Aquí no hay intervención de la policía y somos principalmente mujeres. Cuando no llega la justicia, tenemos que meter escarmientos”.
En tu comedor, el segundo a cargo de Mariana Vargas, cocinas albóndigas y pollo en un anafre tiznado de humo de leña. El calor que se irradia por las láminas, las maderas y las piedras es agobiante. Sobre las bolas de carne circulan moscas que espantas con un pedazo de plástico. Las raciones cuestan 20 pesos y, al menos hoy, comerán de aquí más de 10 familias. Tus hijos quieren ser militares. Uno de los pequeños se asoma para escucharte hablar y lo mandas de nuevo adentro.
Tu historia cifra la realidad general de las personas que llegan a la invasión: “No quedaba de otra, lo hice por mis hijos, para tener en donde vivir. Cuando llegamos —las primeras siete familias— yo miraba al cielo y decía: ‘Dios padre, por favor ayúdame’. Alguna vez, sin un pedazo de comida, incluso pensé en acabar con nuestras vidas. Pero ha habido, si quieres verlo así, algunos milagros, algunos apoyos que nos han sacado adelante. No he dejado que nadie me pise, que pasen encima de mí”. Recuerdas algunas protestas con los vecinos. Una vez cerraron el periférico de Mérida para exigir la atención del gobierno. No funcionó.
Afuera de la diminuta casa, la sede de Conejitos Invasores II, se extienden las calles hostiles de terracería, intransitables en un vehículo común. Las casas están compuestas de los mismos materiales: lonas con sonrisas de políticos impresas, palets, piedras, láminas y objetos que fueron desperdiciados. Los recursos —agua y luz— son robados. No hay servicio de recolección de basura. No hay escuelas cercanas. Aquí, dices, el consumo de drogas como el cristal empieza desde los 12 años. Todos saben dónde se vende. Por el miedo, tus hijos no pueden ir al parque.
Yo lo que hago es apoyar a las mujeres, demostrar que podemos. La mujer es la que más sufre aquí, la que más lucha. Muchos niños no saben ni leer ni escribir. Él —apuntas a uno— debería estar por entrar a la secundaria, pero sigue en cuarto de primaria. Aquí pasan cosas que nadie entiende: hace poco murió un vecino aquí al lado, lo vi desvanecerse, gritamos, llamamos, nunca llegó la ambulancia. Somos rechazados por el gobierno, no llegan los apoyos. Las mujeres son golpeadas por sus esposos, hay inseguridad. Y las estafas: hay gente que lucra con la pobreza. Eso le pasó a doña Clemencia, ¿verdad que sí?
Y, tú, doña Clemencia Gómez atiendes. Dejas de mover una cazuela. Cuentas tu historia. Una historia que se origina cuando migraste desde Chiapas. Un hombre te aseguró que les vendería un terreno que en realidad es una invasión.
Lo que no sabías, Clemencia, era que tu hijo enfermaría de cáncer, y que fallecería. Ahora te haces cargo de cinco nietos. “Yo enterré a mi niño”, dices tras recordar el periplo insoportable de los hospitales públicos, la falta de medicinas, los traslados, el féretro. Entretanto, pagaste durante dos años por ese terreno, muchas familias también pagaron. El hombre que recibía el dinero, un tal Manuel, fingió su muerte y desapareció.
Una vez el IVEY anunció que visitaría las invasiones para iniciar un proceso de regulación. Como si fuera una historia bíblica, quienes no se encontraban en casa en ese momento, aunque vivieran en los terrenos desde hace años, fueron marcados con una cruz roja en las puertas de lámina; quienes sí estuvieron, los marcaron de amarillo. Creíste que eso te pasaría, Clemencia. Habías salido de emergencia, llovía. Regresaste corriendo a casa para evitar esa cruz roja porque tenerla significaría que podían sacarte, que los funcionarios te obligarían a ti y a tus nietos a poner sus pertenencias en bolsas de basura y que reubicaran a otras personas en esa, tu casa. Caíste cuando corrías, te fracturaste el brazo, perdiste mucha sangre; muestras una cicatriz larga y gruesa en tu mano izquierda. Lloras porque recuerdas a tu hijo.
Es tu turno, Ale. Dices: “Esto, dentro de lo que cabe, es una zona más desarrollada, pero al fondo, donde ahorita te llevaremos, es imposible vivir. Se llama La Hondonada”.
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En su crónica-ensayo País sin techo. Ciudades, historias y luchas sobre la vivienda, la abogada Carla Escoffié aborda las diferencias entre “tener” una casa y “estar” en una casa. Escribió: “El concepto de casa se centra en el tener, mientras que el de vivienda se relaciona con el de estar”. Y también expone: “No importa si la casa o departamento no es una propiedad a nuestro nombre: si ahí habitamos, ahí es donde ejercemos nuestro derecho a la vivienda”. Ale, Blanca, Rubí y Clemencia viven en la invasión y ejercen un derecho porque, como apunta Escoffié, “el derecho a la vivienda no es el derecho a una casa, sino a disponer de opciones diversas para acceder a un lugar en donde habitar en distintas modalidades de tenencia —es decir, no solo en propiedad, sino también en arrendamiento o en cooperativas— y para evitar la situación de calle”. Y una advertencia más: “[…] cuando la única contrapropuesta es ‘dejar las cosas como están’, cientos de familias se quedan en la calle, los barrios se desintegran, las ciudades se desbaratan, los ecosistemas se deforestan y los territorios se pierden en unas cuantas manos”.
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Recorro La Hondonada con Ale y Clemencia.
“Ahí —dice Ale señalando un terreno yermo— vino un grupo de gente a sacar a unos invasores y quemaron las casas y el terreno”.
Ya casi terminamos de caminar este fragmento de mundo, un mundo pequeño, caótico y marginal que se ciñe alrededor de un hueco infecto, donde hay basura, hojarasca húmeda, mierda de perro, pipas rotas de cristal, fierros oxidados. Arriba del hueco surgen más casas de La Hondonada. Avanzamos hacia el fondo. Llegamos a una casa asentada sobre un suelo de tierra roja (kakab, en maya). Antes pasamos por un rectángulo de cartón donde logré ver dos hamacas y un hueco. Ale me explicó: “Ahí viven dos hermanos y están cavando con lo que pueden para hacer un pozo”.
Seguimos por la tierra roja; se levanta con el aire y se pega a la ropa. Siempre hay perros ladrando. Cuatro gallinas revolotean en una jaula.
—¡Doña Berthaaaa! —grita Ale.
—Pasen, pasen —responden desde el interior.

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Decenas de niños pasan a una pizarra para adivinar un texto sagrado. Es sábado, 26 de abril de 2025, en San José Tecoh. Estos niños viven en las invasiones aledañas. Hoy, a través de un grupo religioso, tienen un pequeño descanso. Ríen, juegan, beben refresco, comen tamales y pastel.
Isaac Castro Vela y su esposa, la fundadora del proyecto Stay Cruz de Castro, dirigen este espacio desde hace algunos años, a partir de las necesidades que vieron en la zona, y siguiendo los principios de su religión: ayudar al prójimo y al desamparado. La música es religiosa: “Tú, tú, tú eres mi Señor, Jesús”. Y luego otra canción, más rockera, repite incansablemente: “Quiero dar gracias por todo lo que hace el Señor por mí”.
Mientras los niños corren hacia la pizarra y escriben el nombre del versículo o el libro, Isaac dice: “La identidad de los niños de aquí es la calle. Hay consumos problemáticos de drogas, desnutrición, analfabetismo. Las invasiones requieren toda la atención del gobierno, es una zona muy vulnerable para las infancias. Creo que la gente que está no es por una cuestión política, sino por una cuestión de necesidad, yo puedo notar la necesidad”.
Hay un niño al fondo, solo, vive en las invasiones. Patea furioso una pelota contra la pared y tiene una cafetera oxidada llena de tierra. Me jala la playera, dice que adentro de su cafetera hay hormigas, “mis hormigas rojas”, pero no veo ninguna; solo piedras, basura, hojas muertas. Patea de nuevo la pelota contra la pared, le da a otro niño, quien se va corriendo.
—Si fueras un animal, ¿cuál serías?
—El más fuerte —contesta y patea la pelota como si ya lo fuera.
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El sol pega de lleno en la casa de Bertha, 68 años, madre de Graciela, de 38, quien no está porque trabaja para mantener a la familia. “Hasta siendo prostituta haces todo para salir adelante”, dice Ale.
Bertha está con sus tres nietas en una cocina rudimentaria donde hay ollas oxidadas pegadas a una barda en obra gris. El padre de las niñas fue expulsado de la casa porque golpeaba a Graciela. Ale saluda a las niñas, recuerda cuando las lenguas de fuego del incendio de al lado alcanzaron parte de la casa: “Esta es la realidad que ves en las colonias del sur de Mérida. Esto que ves es una invasión. Esto no lo libera el IVEY por sus mamadas, te ponen miles de pretextos. Esto se ha prendido fuego porque lo quemaron. Ahí quemaron el terreno y alcanzó el fuego hasta acá”.
Bertha nos deja pasar a su pieza. Está bardeada completamente de lámina. Es sofocante, aunque pulcrísima. Hay medicinas, muchas medicinas, padece una enfermedad que no termina de explicar. Ella cuenta: “Aquí no hay agua y apagamos el incendio con las pocas cubetitas que teníamos aquí. Antes vivíamos en otro lado. Yo vivo aquí desde hace tiempo. Y vivíamos en otro lado, pero salió un dueño del IVEY y nos correteó”.
Nos correteó significa que les obligó a poner sus cosas en una bolsa de basura e irse inmediatamente para no ser golpeadas.
Las nietas, sentadas en taburetes de madera, escuchan cumbia. Sonríen con pena. La más grande de ellas quiere ser militar para proteger a su mamá y defender a su familia, también porque hay más oportunidades en el Ejército. La gente de aquí nace luchando y quiere seguir luchando por un gobierno que no los mira. La mediana quiere ser doctora. La pequeña apenas habla. Ninguna puede salir de noche, es una zona peligrosa, no tienen vida social. Mientras el fotógrafo registra el interior del terreno, Ale cierra el diálogo: “Y ninguna quiere quedarse en el camino, ninguna quiere parar, porque esta es la perra vida que nos tocó vivir. Tenemos que salir adelante, así como ellas, que todo lo quieren hacer para ayudar a su mamá a salir adelante”.

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Salimos de la casa y avanzo hacia el precipicio, ese límite desde el que se domina por completo La Hondonada, un hueco al lado del centro del buen morir, un hueco que, en realidad, al observarlo desde fuera, cualquiera dudaría que alguien viva en el interior. Veo, de nueva cuenta, un mar de lonas con rostros sonrientes de políticos. Se mueven con el aire. Regreso a las palabras de Ale: “Esta perra vida que nos tocó vivir”.
Imagino escenas posibles, pero aún no registradas: una excavadora y otras máquinas inmensas destruyendo el monte para la venta de terrenos. Imagino empresarios en oficinas cerrando negocios millonarios para gentrificar Yucatán y especular con la tierra. Imagino una visión panorámica: desde arriba veo cómo ese megaproyecto que es la venta de terrenos (como lo define Carla Escoffié) se extiende y abarca todo. Expulsa a la gente de sus casas. Arrincona. Encarece el precio. Imposibilita la vida. Sierras tirando árboles. Animales muertos. Casas quemadas con pertenencias dentro. Todo a 20 minutos de la playa. Personas con vidas aseguradas quitándoles la posibilidad de vivir a los de la periferia. “Esta perra vida que nos tocó vivir”. Todo sucede simultáneamente mientras Bertha y Clemencia atienden a sus nietas, mientras Ale y Blanca arrojan una bola más de carne al aceite, mientras Rubí espera que el IVEY dé respuesta, mientras su hija de 20 años con un hijo recién nacido no tiene agua ni baño ni luz.
Esta perra vida impuesta, impostada, creada desde la insensibilidad de los poderosos. Si a mí me cansó el recorrido, subir y bajar los escarpados, ¿cómo se sentirán Bertha y sus nietas? ¿Cómo viven en este agujero tantas familias y cómo viven en las otras zonas, absolutamente precarias? ¿Qué esperan del futuro? Piensa que eres ellas. Ponte en su lugar un momento. Imagina tu mundo reducido a esto. Piénsalo porque estás aquí, en la invasión.
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Doña Gaby hace una pausa durante la jornada de atención a los beneficiarios del comedor La Virgencita del
Árbol, ubicado en la zona de invasión de la comisaría Dzununcán, al sur de Mérida.
En la ciudad de Mérida, cientos de familias viven en las “zonas de invasión”. Sin luz, agua ni servicios básicos, marginadas por la sociedad y las instituciones, y amenazadas por la especulación inmobiliaria. Estas personas se hallan frecuentemente a merced de grupos de choque. Aquí, la organización comunitaria es la única vía para salir adelante.
Eres Rubí Rojas. Es el 30 de abril de 2025 y estás construyendo una casa en el sur de Mérida, Yucatán. Mientras escuchas las risas de quienes celebran el Día del Niño en una jornada auspiciada por donaciones y un comedor llamado La Virgencita del Árbol, tú y tu esposo —que traslada troncos, aluminio, piedras y palets entre calada y calada de su cigarro— “invaden un terreno” para tu nieto recién nacido. Invades porque tu hija y su pareja no pueden seguir pagando renta en la Avenida 86, una de las zonas más pobres de la ciudad.
Vestida con sombrero y botas, iluminada por la luz rosa del atardecer, pones el pie sobre un tocón podrido y me dices: “Invadimos porque nuestra situación no da para más, la situación de mi hija no da para más. Estamos luchando por este pedacito para ella. No es ambición, es un patrimonio. Y primeramente Dios, si usted regresa en 20 días, aquí mi hija ya va a estar y la podrá conocer con su bebé”.
¿Cómo es “habitar” el departamento de la Avenida 86? Explicas que la luz va y viene, el agua escasea, este mes ha habido más de 40 grados de temperatura. Tu hija es una mujer de 20 años que acaba de parir y en menos de un mes vivirá en la choza que construyes. Ella vive al día; su pareja trabaja jornadas de 12 horas y aun así resulta imposible pagar los 2 500 pesos de renta. Durante las últimas semanas has salido a las seis de la mañana acarreando materiales para montar una casa rudimentaria, que al paso de los años podría ser de tu hija.
Esa fue la única opción: desbrozar el monte y construir un tejabán; montar lonas con rostros sonrientes de políticos, así como piedras y algún material cercano, desperdiciado; enterrar palos en la tierra y sostenerlos con piedras para que no caigan con la lluvia. Tú y tu marido: dos personas con más de 50 años trabajando bajo el sol para que tu hija viva en el interior de ese espacio bardeado de cartón y madera, techado con lámina, rematado con corcholatas, sin baño y servicios básicos.
Aunque el bebé acaba de nacer, cualquier día un grupo de choque podría destruir esta insinuación de casa, y expulsarlos, pese a que el terreno le pertenece al Instituto de la Vivienda de Yucatán (IVEY). Si te paras frente a los cimientos del hogar, surge una metáfora: como parte de los materiales hay lonas con las sonrisas de la alcaldesa, Cecilia Patrón, del Partido Acción Nacional; y el gobernador, Joaquín Díaz Mena, de Morena. Tú, Rubí, dices: “A ver si nos ganamos este pedacito. Al menos para vivir”.
La comisaría se llama Dzununcán, y es en parte una zona de invasión o asentamiento irregular, uno de muchos en la ciudad de Mérida: terracería, decenas de palets (el principal material de construcción), piedras inmensas, basura, calor y polvo que se mastica.
Si permaneces los años suficientes en la invasión, viviendo a expensas de lo mínimo durante años, quizá te otorguen el terreno. En las construcciones recientes no puedes bañarte o prender la luz por la noche. Aquí la vida, dura de por sí, se volverá más dura: se caminan tramos largos en la madrugada para acceder al transporte público, la policía no llega, las escuelas están lejos. Impera la inseguridad. “Aquí casi todos los jóvenes sueñan con ser militares”, me dice una de tus vecinas. “La mayoría deja de estudiar luego de la secundaria”.

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Una solicitud de información señala que en las zonas de invasión —seis en Mérida, según el IVEY; más, según los habitantes— no se ha registrado ningún delito o percance. “Cero”, apunta en concreto la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Las familias conocen otra realidad: consumo problemático de drogas como metanfetaminas (cristal), secuestros, violaciones, robos, asaltos y violencia intrafamiliar. No se sabe cuántas personas en total viven en estas parcelas. Las zonas registradas por el IVEY cubren 50 028 metros cuadrados, casi tres veces la superficie total del estadio de beisbol más importante de Yucatán, con una capacidad para 16 000 espectadores.
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Las zonas de invasión de Mérida han sido atacadas. El pasado 5 de marzo, durante el desalojo de la barriada La Guadalupana, decenas de personas vieron sus casas incendiarse, y otras fueron agredidas por un grupo de hombres armados, con machetes y tambos de gasolina. En el interior de las casas precarias había niños.
“Están quemando nuestras casas, nuestras casitas, con los niños, los bebés dentro. Véanlo, hasta con machetazos las están agarrando”, grita una chica de poco más de 20 años en una transmisión por internet en vivo. En los comentarios hay sentencias de una insensibilidad atroz, como “¿Qué esperabas? Ustedes son invasores. Vayan a chambear”. El saldo es una decena de personas lesionadas con piedras, machetes, varios detenidos y sesenta familias sin un sitio en el cual resguardarse. En el video se ve a la gente correr y a un grupo de personas mirando, sin poder hacer nada, cómo destruyen su hogar, con sus pertenencias dentro.
Un mes después del suceso, la casa que construían Rubí y su esposo no está terminada. Es apenas el esqueleto de una choza que podría venirse abajo con una tormenta. No les alcanza para conseguir más materiales. Su hija fue al IVEY e inició un trámite para que le cedieran el terreno, pero no ha habido respuesta.
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Regresamos al 30 de abril. Enfrente del lugar donde construye Rubí hay cuatro piscinas portátiles, un carrito con hot dogs y otro con chamoyadas. Están alrededor del comedor La Virgencita del Árbol, dirigido por Gina Dogre y un grupo de “jefas de familia” que habitan las invasiones de la colonia San Luis Sur, en Dzununcán. La celebración ha reunido a todos los niños de la zona; se bañan a manguerazos, comen dulces, saludan a sus familiares desde el agua.
“Ahora sí que yo invadí para ayudar. Invadí y puse el comedor en esta invasión para apoyar a las familias”, dice Gina. “Unos años atrás, en un terreno de mi familia, llegaron invasores y, luego de conversar con ellos, he comprendido mejor las condiciones que los llevan a esto”.
Gina es una pionera en la atención de las invasiones de Mérida. Distribuye comida, materiales de construcción, ropa, agua e insumos para sobrevivir. Ha generado una red de donaciones por parte de hoteles, asociaciones civiles, fruterías y otra clase de empresas. Es de baja estatura, el cabello pintado de amarillo y ojos cafés, penetrantes. Apenas llega, varias personas se le acercan y le cuentan cosas que han pasado recientemente. Parece la madre de todo el mundo.
El comedor La Virgencita del Árbol es igual a una casa de la invasión. Techo de lámina y madera, paredes hechas con palets y lonas. En el interior hay una estufa y un anafre artesanal con las que cocinan el plato del día. Suena una cumbia distorsionada por la estática. Hoy, antes del evento, la comida fue pollo con fideos. Poco más de 100 personas llegaron a recoger el que podría ser su único alimento del día.
Gina y las jefas de familia reparten 3 200 raciones de comida al mes. Se forman filas largas que le dan la vuelta a las paredes de cartón y madera. El cobro es mínimo: 100 pesos a la semana por cinco platillos. Hay, sin embargo, personas que no pueden costearlo o que dividen un solo platillo entre varios niños. Frente al comedor, en un tramo de terracería con piedras recalentadas por el sol, dos niños hablan en el interior de unos juegos de plástico despintados. Uno de ellos se llama a sí mismo “pájaro” y es el hijo de una de las mujeres cocineras, Jade, cuyo marido fue expulsado de la zona por problemas de adicción al cristal. Ella asegura que era un hombre bueno y que “la droga destruyó su espíritu, su conducta”, hasta llegar a los abusos físicos: la golpeaba y la encerraba. El niño aún pregunta por su padre. Gina siempre estuvo al pendiente de ella y la apoyó para independizarse.
Recuerda Gina:
Cuando llegué hace cinco años no había luz, agua, servicios. Ahora sí que nos los robábamos. De un solo cable llegaba la luz a 30 familias. Esto era puro monte: había bichos, culebras. Y cuando fallaba ese cable, mamitas con bebés, abuelitos, todos se quedaban sin luz. Lo mismo con el agua. La robábamos. Cuando vengo y empiezo a conocer y a caminar la colonia, me enamoré de la colonia, me enamoré de la gente. Cuando pregunté cuál era la mayor problemática, me dijeron que el hambre.
Pero además del hambre hay violencia y consumo de sustancias. Al lado de nosotros, en medio de la fiesta de los niños, pululan un par de hombres con signos de síndrome de abstinencia. Uno de ellos toma continuamente el micrófono con el que se anima la fiesta y dice cualquier cosa inentendible. Otro pide de regalo unas frutas podridas, envueltas en moscas, que dejaron en un huacal de madera. “Son inofensivos”, asegura Gina. “Sabemos quiénes son”.

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Aquí la justicia se ha ejercido por mano propia siempre. Josué Campos tiene 31 años, un tatuaje de San Judas Tadeo, y una rosa en el pecho en donde antes hubo una Santa Muerte. Esos tatuajes, dice, son los símbolos de su redención. Es la mano derecha de Gina y un todólogo: sabe de carpintería, plomería, albañilería. Él ayudó a desarrollar el comedor. Además, se encarga de indagar cuáles son las nuevas zonas de invasión, para instalar otros comedores o repartir donativos. Puede lidiar igual con la repartición de una tonelada de papayas en medio de la lluvia o con los casos de violencia y abuso que llegan al comedor.
Él conoció a Gina en un centro de rehabilitación, en donde ella llevaba donativos. Josué se había reformado e intentaba recuperar a sus hijos. Ella le ofreció trabajar en el comedor. Previo al internamiento, Josué había perdido la esperanza: tuvo tres intentos de suicidio, trabajó con un grupo que cobraba deudas con violencia (“Golpeábamos personas, destruíamos vehículos”), estaba completamente separado de su familia. Dice que aquí encontró la motivación para seguir viviendo. Montó una carpintería y se acercó a charlar con las familias para conocer sus necesidades.
Recuerda puntualmente un caso. Un hombre era linchado por la gente de la invasión. Josué intervino y lo protegió con su cuerpo. La gente lo sacudía, intentando que lo liberara. El hombre, en un ataque de desesperación, le arrancó a Josué la cadena de plata de San Judas Tadeo, le arañó el rostro y lo golpeó. Las personas dijeron: “Estás defendiendo a un violador”.
Cuando escuchó esto, Josué se zambulló en su subconsciente, en los abusos de la niñez; en pocos segundos, según recuerda, el hombre estaba en el suelo de terracería, un suelo que siempre está hirviendo por las piedras, sangrando, con huesos rotos e inconsciente. Casi muerto, lo subió en una camioneta, lo llevó a un hospital, donde no lo dejaron entrar. El sujeto estaba drogado y tuvo que dejarlo en el psiquiátrico. “Lo peor no fue eso —dice Josué—, sino el daño que me hice a mí mismo: rompió mi paz, hizo que saliera la ira, el descontrol”.
Mira hacia el cielo, la tarde rosada que cae sobre la invasión. Se ajusta la gorra y me muestra su mano izquierda: “Por eso me tatué una flor de loto en el dedo, la flor que también tiene Gina. Es un acuerdo de paz. Por eso me cubrí el tatuaje de la Santa Muerte; convivo con niños, con mujeres, no quiero que domine la muerte, sino la paz”.
Josué cree que los peores tiempos ya pasaron. Antes hubo grupos de violadores que atacaban a las madres solteras, adictos que robaban las escasas pertenencias de las zonas de invasión, amenazas de muerte contra el comedor y sus líderes. Los delitos siguen, pero no son tan recurrentes. Las primeras casas del asentamiento ya cuentan con servicios y, por acuerdos con la comandancia, la policía entra de vez en cuando a las calles de terracería.
“Además de apoyar, estamos aquí para empoderar a las personas, en especial a las mujeres”, dice Gina. A lo largo de la entrevista ha resuelto varias cosas: peticiones de niños, señoras, adultos mayores; lleva y trae comida. Capturarla en una imagen es casi imposible porque no se queda quieta. Precisa que el 90% de los habitantes son gente de otros estados. “Somos oídos y ojos de la colonia —continúa—. Tengo una libreta en donde registro a las mamitas que vienen, a las que faltan, igual con los niños. Si alguien falta, vamos y averiguamos. Y pasa que la golpearon y no puede salir, que está tirada, moreteada y el hombre la amenazó para que no salga. ‘Denuncia’, le decimos, nosotros te acompañamos. Traemos charlas, cursos, para que cada día aprendan más. Este no es mi comedor, es nuestro comedor, en especial un comedor para ellas y sus familias. Aquí somos instrumentos. La vida me mandó a este lugar porque aquí nos necesitan”.
Luego de cinco años en Dzununcán, Josué habla con pleno conocimiento de cada casa y familia: “Ahí está don Gera, que vino con sus hijas de Puebla y ya tiene casa de block […] En esa otra está Emilia; su familia, que son varios, es de Chiapas y se fueron porque los parientes estaban involucrados en cosas malas. A su hermano lo mataron […] Aquí enfrente, en esa casa más desarrollada, a doña Emi le quisieron robar sus bloques […] En la otra, al principio de la calle, había un señor cochino que espiaba a las niñas. Ya lo resolvimos”.
Uno de los hombres con aparente síndrome de abstinencia se acerca a Josué, le palmea la espalda, le dice que unos niños se están peleando en la piscina y que “un chiquito quiere ahogar a otro”. Josué va, los pone en piscinas separadas, regresa con un hot dog para Gina. Le pregunto por qué la gente se ve en la necesidad de invadir:
—Principalmente llegan madres solteras. El esposo desapareció, no respondió, lo encarcelaron, se droga; en fin, no se hizo cargo de los hijos y por lo mismo no tienen alimento ni dónde vivir; no alcanza para la escuela, menos para una renta, y se ven en la necesidad de invadir un pedazo de tierra sin saber si los van a sacar. El tema con el IVEY, como habrás escuchado, es muy complicado. Ellos te dan largas o, si es el caso, se ponen del lado del supuesto dueño del terreno por acuerdos económicos y sacan a la gente. En las casas de la invasión las familias crecen y pasa que en algún momento ya no caben.
—¿Por qué los grupos de choque sacan a las personas?
—Casi siempre son problemas ejidatarios. Los ejidatarios tienen una hoja que dice que son dueños por el cuidado de la tierra, pero hace mucho que no siembran porque entró la modernidad. Pero esa hoja dice que ellos también tienen un derecho de propiedad. Tal vez no necesariamente que ellos trabajaban, sino que se los cedieron. Por ejemplo, el papá se lo cede al hijo y así sucesivamente. Cuando se dan esos casos les hemos comentado a los ejidatarios que se haga legal: hay que pagar las escrituras, que todo esté en orden. Muchos no lo hicieron. ¿Qué hace la gente que llega y no tiene dónde vivir? Invade. Y a los ejidatarios les da trabajo legalizar su terreno porque ya no es un terreno con cultivos ni nada. De hecho, se podría decir que lo está trabajando y cuidando la persona que lo invadió, y ahí la ley ejidataria tiene un choque con el gobierno. ¿Y qué hacen, desgraciadamente, las personas que son dueños según la ley ejidataria? Juntan a los vandalitos, a los muchachitos desorientados y les dicen: “¿Sabes qué? Te doy 1 000 o 500 pesos por sacarlos”. Lo que pasó esa vez en La Guadalupana [donde sacaron a golpes y con machetes a las personas] es que le pagaron a una serie de personas que no son los dueños (son de hecho personas de la misma comunidad) para que ataquen, los demás tengan miedo y se salgan. Una vez que no estén allá porque los sacaron, toman fotos, documentan que no hay nadie en el terreno para poder hacerlo legal. Es un tema medio complicado.
—También lo institucional —tercia Gina—. El acercamiento de las instituciones con la gente no existe. Que vengan, toquen las puertas de las personas y hablen con ellas [eso] no existe. No hay un levantamiento, que casa por casa vean las necesidades, que sepan quién realmente solo invade para acaparar terrenos porque sí tiene dinero. Eso sucede: alguien que invadió porque solo quiere ganar el terreno y ya tiene 20 en todo Mérida. No hay esa calidad humana del gobierno hacia las familias y la gente.
Antes de irnos, Josué extiende el brazo y enseña su tatuaje más importante: San Judas Tadeo, a quien se le reza por las causas difíciles y desesperadas, cuando casi no queda esperanza.
—Gina me habló mucho sobre creer, entregarme a él; él escucha tus súplicas, me dijo, no te pide ningún sacrificio. Yo era consumidor de crac. Me arrodillé y me abrazó. Le dije: ´Estoy harto, yo ya no quiero, esto ya no me llena, esto me está destruyendo, no puedo ver a mis hijos crecer, ya destruyó mi matrimonio, mi casa, no me llevo con mis papás´. Mi ofrenda fue este tatuaje que te muestro.

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Los encargados de comunicación del IVEY se negaron sistemáticamente a que los entrevistara. Sobre esa línea, quienes habitan las zonas de invasión y quienes hacen activismo dicen que se trata de una institución opaca, negligente, que lucran con la pobreza de las personas. Cobros por terrenos, reasignaciones irregulares y deshumanizantes. Ante una retahíla de solicitudes de información, en las que quería averiguar sobre cuestiones de delitos, avances en la regularización, cantidad de personas adultas y menores de edad que habitan las zonas de invasión, entre otros puntos, la única respuesta que el IVEY me dio fue:
[...] el pasado 17 de enero del año 2024, este Instituto realizó el Programa de Asignación de predios en la colonia Dzununcán, en específico el predio 384 de lo que hoy es el asentamiento conocido como “La Conejera”; siendo beneficiadas 109 familias.
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Estás en La Conejera. Te llamas Blanca Elizabeth May y habitas una casa asignada por el IVEY desde hace un par de años. Aunque aquí te colocaron, todavía no es tu propiedad. Le dicen La Conejera porque décadas atrás este cuadrante de terracería, con casas de cartón y aluminio y un suelo plagado de cristales y azulejos rotos, fue una granja de conejos. ¿Hay violencia? “Como en todos lados: si te metes con alguien se van a meter contigo”, respondes.
Recuerdas una tarde lluviosa de 2024; tuviste que desplazarte con tu esposo y tus cuatro hijos por una reasignación. Pusieron casas de campaña. Algunas personas portaban sus objetos personales en bolsas de basura. Lo que caía en el lodo era pisado y abandonado. Tal era la prisa y el temor de perder los terrenos.
Para comprobar que habitas una invasión, el IVEY te visita de madrugada y corrobora que duermes en ella; luego revisan si en el predio hay heces fecales. Te invaden para demostrar que invades. Sin embargo, aceptas sus métodos porque no hay de otra, porque aspiras a tener un lugar donde vivir, cueste lo que cueste. Hace poco rescataste a tu madre de una pareja violenta y ahora vive contigo en la invasión, mientras se rehabilita del alcoholismo.
En tu casa aún hay materiales de construcción: fierros, piedras, láminas y palets. Conservas ese herrumbroso cúmulo de objetos inútiles por si en algún momento te reasignan y debes construir otra casa desde cero. Has visto y escuchado de todo: gente a la que reasignan a una casa en donde ya hay invasores (el IVEY no los contempló en el proceso) y se desatan conflictos violentos por determinar quién es el dueño verdadero (aunque en La Conejera nadie es dueño de nada); gente que invade varios terrenos simultáneamente para acumular propiedades; gente a la que los vecinos le queman la casa para ocupar el espacio a la fuerza; grupos de choque que expulsan a decenas de familias; invasores que estafan a gente de otros estados y les venden el terreno por 30 000 pesos, aunque no les pertenece.
Antes, a ti y a tu esposo les alcanzaba. Él era cobratario. Pagaban una renta. La vida se encareció y les impidió vivir en un sitio propio. Mantienen como pueden a la familia. Orgullosa, muestras los números de la lotificación: el primer peldaño de la regularización; es decir, estás más cerca de tener este sitio, una esquina donde el polvo se pega a la ropa, a la comida que preparan, donde el calor es como un mazo golpeando el rostro.
Trabajas en un comedor que suma tres años de vida. Se llama, convenientemente, Conejitos Invasores I. Lo fundó la psicóloga Mariana Vargas, quien desde hace años colabora con la gente de la zona. Ella está a tu lado. Explica que este es un comedor dirigido por jefas de familia.
“Somos conejas”, agregas riendo, en alusión a la cantidad de niños que corren por el sitio. El comedor es un núcleo de solidaridad en medio de la negligencia institucional y los vecinos abocados a la violencia. Todos quieren sobrevivir. Todos quieren un espacio permanente en donde “estar”. Pasa lo de siempre: más de 60 familias conectadas a una sola toma de agua y una sola toma de luz. El agua falla, la luz es inconstante.
Blanca, tú fuiste fundadora de La Conejera. Recuerdas:
Llegamos, limpiamos, era monte. Pusimos palos y techos de lámina. A cada quien le tocó su pedazo de terreno. Pero es la necesidad. ¿Tú crees que yo quisiera vivir acá? ¿Ver a mis hijos sufrir el calor? Por más esfuerzo que hagamos, en temporada de lluvias el agua se filtra, todo se moja, se echa a perder. No tengo otra opción.
Enfrente de tu casa está el único punto en el que hay servicio de recolección de basura, una montaña de desperdicio que puedes ver mientras comes. Lo señalas.
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Mariana Vargas dice que las invasiones se organizan de muchas formas. Hay líderes que las planifican y que, en apariencia, sirven en el trasfondo a proyectos políticos. En varias entrevistas salen a colación dos personas llamadas “los maestros”, cuyos intereses se mantienen en duda. Intenté contactar a “la maestra” y nunca respondió.
—¿Quiénes habitan la invasión? —le pregunto a la psicóloga.
—Hay diferentes brechas generacionales, pero es notorio que las propietarias principalmente son mujeres de la misma edad. La razón por la que invaden es el encarecimiento: que la gente no puede pagar. Hace 15 años Blanca y su familia hubieran podido seguir pagando renta; ellos no lo hicieron porque quisieran, sino por necesidad. Conozco a varias familias que, si bien no tienen propiedad, en un pasado, por los precios, hubieran podido rentar y poco a poco salir adelante. ¿Pero qué pasa? La renta es impagable. Pensando en las características de la vivienda que necesitan, pues una casa para Blanca, su esposo, sus cuatro hijos y su madre, que ahora vive con ellos… Necesitan una casa que podría costar de renta 15 o 20 000 pesos.
Cuando entrevisto a Mariana en el comedor, se acercan más jefas de familia. Una de ellas invadió el Renacimiento, una zona que fue desalojada para construir los departamentos en donde vivirán los médicos del hospital Agustín O’Horán. Sin previo aviso, personal del IVEY llegó con bolsas de basura, les exigió guardar sus pertenencias y subirse en camionetas. Una parte de los invasores fueron reubicados en El Roble y la otra en La Conejera.
“Con las reasignaciones”, sigue Mariana con su explicación, y se ayuda manipulando un camioncito y un biberón de plástico, “simplemente te trasladan a otra zona de invasión en donde tienes que empezar de cero. Nosotras ayudamos a quienes fueron reasignadas aquí. Pero fue muy rápido: en menos de dos días te establecen en un sitio nuevo donde puede haber otra persona viviendo y empiezan los conflictos. Esa otra persona tiene que quitar sus cosas, sus pertenencias, para que la persona reasignada se instale. Luego de esto, el IVEY no te da un título de propiedad, pero sí algo equitativo; es un papel que solo ratifica que el IVEY te puso en el terreno en donde estás”.
Varios testimonios apuntan que por la noche La Conejera es un espacio conflictivo, con un consumo problemático de drogas. Josué, del comedor La Virgencita del Árbol, mencionó un par de casos de secuestro y asaltos. Mariana, por su parte, no sabe de esos casos. Dice que ha habido problemas de violencia intrafamiliar, como el caso de una madre que ahorcó a su hijo. Lo atribuye al estrés, el calor, la falta de solidaridad, el débil sentido de comunidad y a los prejuicios y el maltrato de los vecinos de las colonias cercanas.
Quienes juzgan a los invasores son quienes no se han acercado a escuchar las historias; son historias de lucha, sobrevivencia. Son, para muchos, la escoria de la sociedad. Los ven como delincuentes que roban un espacio de terreno, que son drogadictos, o son prostitutas, o son alcohólicos. Y no digo que no exista algo de eso, pero no es la realidad de todas las personas […] Yo creo que si conociéramos las historias nos acercaríamos más a las invasiones y le exigiríamos al gobierno hacer lo que le corresponde por estas familias.
Mariana fundó otro comedor: Conejitos Invasores II, en La Guadalupana. En su interior hay una sección llamada La Hondonada: un hueco con hojarasca podrida, basura, pipas de cristal rotas, en donde viven más de 40 familias. La red eléctrica es una telaraña con cientos de cables que se extiende hasta el primer poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). A su lado se alza un edificio de tres plantas dirigido por monjas del “Buen Morir”. Trabajan con enfermos terminales.

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Eres Alejandra Ventura González, te dicen Ale. Diriges Conejitos Invasores II y, junto a tus hijos pequeños, fuiste de las primeras personas en invadir La Guadalupana. Huiste del maltrato de tu familia. Era una cuestión de vida o muerte. Te independizaste y mantienes a tus hijos limpiando casas, cocinando y tejiendo hamacas, tu mayor pasión, heredada por tu madre. Admiras su memoria, lloras al hablar de ella. Eres pequeña y fornida, de mirada empática, ojos cafés inmensos, y te consideras “dura” y “sensible”.
En 2019, al inicio de la pandemia, usaste un machete para abrir brecha. Tomaste, al principio, un trozo de tierra de 10 metros, animaste a otras personas a invadir. “Esto ya es mío”, dices hoy, mayo de 2025, aún sin un título de propiedad. “Si quieres un pedazo de tierra te tienes que arriesgar. Aquí luchamos todos los días. Aquí he visto de todo. La hago de psicóloga, de líder, de amiga. Aquí no hay intervención de la policía y somos principalmente mujeres. Cuando no llega la justicia, tenemos que meter escarmientos”.
En tu comedor, el segundo a cargo de Mariana Vargas, cocinas albóndigas y pollo en un anafre tiznado de humo de leña. El calor que se irradia por las láminas, las maderas y las piedras es agobiante. Sobre las bolas de carne circulan moscas que espantas con un pedazo de plástico. Las raciones cuestan 20 pesos y, al menos hoy, comerán de aquí más de 10 familias. Tus hijos quieren ser militares. Uno de los pequeños se asoma para escucharte hablar y lo mandas de nuevo adentro.
Tu historia cifra la realidad general de las personas que llegan a la invasión: “No quedaba de otra, lo hice por mis hijos, para tener en donde vivir. Cuando llegamos —las primeras siete familias— yo miraba al cielo y decía: ‘Dios padre, por favor ayúdame’. Alguna vez, sin un pedazo de comida, incluso pensé en acabar con nuestras vidas. Pero ha habido, si quieres verlo así, algunos milagros, algunos apoyos que nos han sacado adelante. No he dejado que nadie me pise, que pasen encima de mí”. Recuerdas algunas protestas con los vecinos. Una vez cerraron el periférico de Mérida para exigir la atención del gobierno. No funcionó.
Afuera de la diminuta casa, la sede de Conejitos Invasores II, se extienden las calles hostiles de terracería, intransitables en un vehículo común. Las casas están compuestas de los mismos materiales: lonas con sonrisas de políticos impresas, palets, piedras, láminas y objetos que fueron desperdiciados. Los recursos —agua y luz— son robados. No hay servicio de recolección de basura. No hay escuelas cercanas. Aquí, dices, el consumo de drogas como el cristal empieza desde los 12 años. Todos saben dónde se vende. Por el miedo, tus hijos no pueden ir al parque.
Yo lo que hago es apoyar a las mujeres, demostrar que podemos. La mujer es la que más sufre aquí, la que más lucha. Muchos niños no saben ni leer ni escribir. Él —apuntas a uno— debería estar por entrar a la secundaria, pero sigue en cuarto de primaria. Aquí pasan cosas que nadie entiende: hace poco murió un vecino aquí al lado, lo vi desvanecerse, gritamos, llamamos, nunca llegó la ambulancia. Somos rechazados por el gobierno, no llegan los apoyos. Las mujeres son golpeadas por sus esposos, hay inseguridad. Y las estafas: hay gente que lucra con la pobreza. Eso le pasó a doña Clemencia, ¿verdad que sí?
Y, tú, doña Clemencia Gómez atiendes. Dejas de mover una cazuela. Cuentas tu historia. Una historia que se origina cuando migraste desde Chiapas. Un hombre te aseguró que les vendería un terreno que en realidad es una invasión.
Lo que no sabías, Clemencia, era que tu hijo enfermaría de cáncer, y que fallecería. Ahora te haces cargo de cinco nietos. “Yo enterré a mi niño”, dices tras recordar el periplo insoportable de los hospitales públicos, la falta de medicinas, los traslados, el féretro. Entretanto, pagaste durante dos años por ese terreno, muchas familias también pagaron. El hombre que recibía el dinero, un tal Manuel, fingió su muerte y desapareció.
Una vez el IVEY anunció que visitaría las invasiones para iniciar un proceso de regulación. Como si fuera una historia bíblica, quienes no se encontraban en casa en ese momento, aunque vivieran en los terrenos desde hace años, fueron marcados con una cruz roja en las puertas de lámina; quienes sí estuvieron, los marcaron de amarillo. Creíste que eso te pasaría, Clemencia. Habías salido de emergencia, llovía. Regresaste corriendo a casa para evitar esa cruz roja porque tenerla significaría que podían sacarte, que los funcionarios te obligarían a ti y a tus nietos a poner sus pertenencias en bolsas de basura y que reubicaran a otras personas en esa, tu casa. Caíste cuando corrías, te fracturaste el brazo, perdiste mucha sangre; muestras una cicatriz larga y gruesa en tu mano izquierda. Lloras porque recuerdas a tu hijo.
Es tu turno, Ale. Dices: “Esto, dentro de lo que cabe, es una zona más desarrollada, pero al fondo, donde ahorita te llevaremos, es imposible vivir. Se llama La Hondonada”.
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En su crónica-ensayo País sin techo. Ciudades, historias y luchas sobre la vivienda, la abogada Carla Escoffié aborda las diferencias entre “tener” una casa y “estar” en una casa. Escribió: “El concepto de casa se centra en el tener, mientras que el de vivienda se relaciona con el de estar”. Y también expone: “No importa si la casa o departamento no es una propiedad a nuestro nombre: si ahí habitamos, ahí es donde ejercemos nuestro derecho a la vivienda”. Ale, Blanca, Rubí y Clemencia viven en la invasión y ejercen un derecho porque, como apunta Escoffié, “el derecho a la vivienda no es el derecho a una casa, sino a disponer de opciones diversas para acceder a un lugar en donde habitar en distintas modalidades de tenencia —es decir, no solo en propiedad, sino también en arrendamiento o en cooperativas— y para evitar la situación de calle”. Y una advertencia más: “[…] cuando la única contrapropuesta es ‘dejar las cosas como están’, cientos de familias se quedan en la calle, los barrios se desintegran, las ciudades se desbaratan, los ecosistemas se deforestan y los territorios se pierden en unas cuantas manos”.
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Recorro La Hondonada con Ale y Clemencia.
“Ahí —dice Ale señalando un terreno yermo— vino un grupo de gente a sacar a unos invasores y quemaron las casas y el terreno”.
Ya casi terminamos de caminar este fragmento de mundo, un mundo pequeño, caótico y marginal que se ciñe alrededor de un hueco infecto, donde hay basura, hojarasca húmeda, mierda de perro, pipas rotas de cristal, fierros oxidados. Arriba del hueco surgen más casas de La Hondonada. Avanzamos hacia el fondo. Llegamos a una casa asentada sobre un suelo de tierra roja (kakab, en maya). Antes pasamos por un rectángulo de cartón donde logré ver dos hamacas y un hueco. Ale me explicó: “Ahí viven dos hermanos y están cavando con lo que pueden para hacer un pozo”.
Seguimos por la tierra roja; se levanta con el aire y se pega a la ropa. Siempre hay perros ladrando. Cuatro gallinas revolotean en una jaula.
—¡Doña Berthaaaa! —grita Ale.
—Pasen, pasen —responden desde el interior.

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Decenas de niños pasan a una pizarra para adivinar un texto sagrado. Es sábado, 26 de abril de 2025, en San José Tecoh. Estos niños viven en las invasiones aledañas. Hoy, a través de un grupo religioso, tienen un pequeño descanso. Ríen, juegan, beben refresco, comen tamales y pastel.
Isaac Castro Vela y su esposa, la fundadora del proyecto Stay Cruz de Castro, dirigen este espacio desde hace algunos años, a partir de las necesidades que vieron en la zona, y siguiendo los principios de su religión: ayudar al prójimo y al desamparado. La música es religiosa: “Tú, tú, tú eres mi Señor, Jesús”. Y luego otra canción, más rockera, repite incansablemente: “Quiero dar gracias por todo lo que hace el Señor por mí”.
Mientras los niños corren hacia la pizarra y escriben el nombre del versículo o el libro, Isaac dice: “La identidad de los niños de aquí es la calle. Hay consumos problemáticos de drogas, desnutrición, analfabetismo. Las invasiones requieren toda la atención del gobierno, es una zona muy vulnerable para las infancias. Creo que la gente que está no es por una cuestión política, sino por una cuestión de necesidad, yo puedo notar la necesidad”.
Hay un niño al fondo, solo, vive en las invasiones. Patea furioso una pelota contra la pared y tiene una cafetera oxidada llena de tierra. Me jala la playera, dice que adentro de su cafetera hay hormigas, “mis hormigas rojas”, pero no veo ninguna; solo piedras, basura, hojas muertas. Patea de nuevo la pelota contra la pared, le da a otro niño, quien se va corriendo.
—Si fueras un animal, ¿cuál serías?
—El más fuerte —contesta y patea la pelota como si ya lo fuera.
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El sol pega de lleno en la casa de Bertha, 68 años, madre de Graciela, de 38, quien no está porque trabaja para mantener a la familia. “Hasta siendo prostituta haces todo para salir adelante”, dice Ale.
Bertha está con sus tres nietas en una cocina rudimentaria donde hay ollas oxidadas pegadas a una barda en obra gris. El padre de las niñas fue expulsado de la casa porque golpeaba a Graciela. Ale saluda a las niñas, recuerda cuando las lenguas de fuego del incendio de al lado alcanzaron parte de la casa: “Esta es la realidad que ves en las colonias del sur de Mérida. Esto que ves es una invasión. Esto no lo libera el IVEY por sus mamadas, te ponen miles de pretextos. Esto se ha prendido fuego porque lo quemaron. Ahí quemaron el terreno y alcanzó el fuego hasta acá”.
Bertha nos deja pasar a su pieza. Está bardeada completamente de lámina. Es sofocante, aunque pulcrísima. Hay medicinas, muchas medicinas, padece una enfermedad que no termina de explicar. Ella cuenta: “Aquí no hay agua y apagamos el incendio con las pocas cubetitas que teníamos aquí. Antes vivíamos en otro lado. Yo vivo aquí desde hace tiempo. Y vivíamos en otro lado, pero salió un dueño del IVEY y nos correteó”.
Nos correteó significa que les obligó a poner sus cosas en una bolsa de basura e irse inmediatamente para no ser golpeadas.
Las nietas, sentadas en taburetes de madera, escuchan cumbia. Sonríen con pena. La más grande de ellas quiere ser militar para proteger a su mamá y defender a su familia, también porque hay más oportunidades en el Ejército. La gente de aquí nace luchando y quiere seguir luchando por un gobierno que no los mira. La mediana quiere ser doctora. La pequeña apenas habla. Ninguna puede salir de noche, es una zona peligrosa, no tienen vida social. Mientras el fotógrafo registra el interior del terreno, Ale cierra el diálogo: “Y ninguna quiere quedarse en el camino, ninguna quiere parar, porque esta es la perra vida que nos tocó vivir. Tenemos que salir adelante, así como ellas, que todo lo quieren hacer para ayudar a su mamá a salir adelante”.

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Salimos de la casa y avanzo hacia el precipicio, ese límite desde el que se domina por completo La Hondonada, un hueco al lado del centro del buen morir, un hueco que, en realidad, al observarlo desde fuera, cualquiera dudaría que alguien viva en el interior. Veo, de nueva cuenta, un mar de lonas con rostros sonrientes de políticos. Se mueven con el aire. Regreso a las palabras de Ale: “Esta perra vida que nos tocó vivir”.
Imagino escenas posibles, pero aún no registradas: una excavadora y otras máquinas inmensas destruyendo el monte para la venta de terrenos. Imagino empresarios en oficinas cerrando negocios millonarios para gentrificar Yucatán y especular con la tierra. Imagino una visión panorámica: desde arriba veo cómo ese megaproyecto que es la venta de terrenos (como lo define Carla Escoffié) se extiende y abarca todo. Expulsa a la gente de sus casas. Arrincona. Encarece el precio. Imposibilita la vida. Sierras tirando árboles. Animales muertos. Casas quemadas con pertenencias dentro. Todo a 20 minutos de la playa. Personas con vidas aseguradas quitándoles la posibilidad de vivir a los de la periferia. “Esta perra vida que nos tocó vivir”. Todo sucede simultáneamente mientras Bertha y Clemencia atienden a sus nietas, mientras Ale y Blanca arrojan una bola más de carne al aceite, mientras Rubí espera que el IVEY dé respuesta, mientras su hija de 20 años con un hijo recién nacido no tiene agua ni baño ni luz.
Esta perra vida impuesta, impostada, creada desde la insensibilidad de los poderosos. Si a mí me cansó el recorrido, subir y bajar los escarpados, ¿cómo se sentirán Bertha y sus nietas? ¿Cómo viven en este agujero tantas familias y cómo viven en las otras zonas, absolutamente precarias? ¿Qué esperan del futuro? Piensa que eres ellas. Ponte en su lugar un momento. Imagina tu mundo reducido a esto. Piénsalo porque estás aquí, en la invasión.
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En la ciudad de Mérida, cientos de familias viven en las “zonas de invasión”. Sin luz, agua ni servicios básicos, marginadas por la sociedad y las instituciones, y amenazadas por la especulación inmobiliaria. Estas personas se hallan frecuentemente a merced de grupos de choque. Aquí, la organización comunitaria es la única vía para salir adelante.
Eres Rubí Rojas. Es el 30 de abril de 2025 y estás construyendo una casa en el sur de Mérida, Yucatán. Mientras escuchas las risas de quienes celebran el Día del Niño en una jornada auspiciada por donaciones y un comedor llamado La Virgencita del Árbol, tú y tu esposo —que traslada troncos, aluminio, piedras y palets entre calada y calada de su cigarro— “invaden un terreno” para tu nieto recién nacido. Invades porque tu hija y su pareja no pueden seguir pagando renta en la Avenida 86, una de las zonas más pobres de la ciudad.
Vestida con sombrero y botas, iluminada por la luz rosa del atardecer, pones el pie sobre un tocón podrido y me dices: “Invadimos porque nuestra situación no da para más, la situación de mi hija no da para más. Estamos luchando por este pedacito para ella. No es ambición, es un patrimonio. Y primeramente Dios, si usted regresa en 20 días, aquí mi hija ya va a estar y la podrá conocer con su bebé”.
¿Cómo es “habitar” el departamento de la Avenida 86? Explicas que la luz va y viene, el agua escasea, este mes ha habido más de 40 grados de temperatura. Tu hija es una mujer de 20 años que acaba de parir y en menos de un mes vivirá en la choza que construyes. Ella vive al día; su pareja trabaja jornadas de 12 horas y aun así resulta imposible pagar los 2 500 pesos de renta. Durante las últimas semanas has salido a las seis de la mañana acarreando materiales para montar una casa rudimentaria, que al paso de los años podría ser de tu hija.
Esa fue la única opción: desbrozar el monte y construir un tejabán; montar lonas con rostros sonrientes de políticos, así como piedras y algún material cercano, desperdiciado; enterrar palos en la tierra y sostenerlos con piedras para que no caigan con la lluvia. Tú y tu marido: dos personas con más de 50 años trabajando bajo el sol para que tu hija viva en el interior de ese espacio bardeado de cartón y madera, techado con lámina, rematado con corcholatas, sin baño y servicios básicos.
Aunque el bebé acaba de nacer, cualquier día un grupo de choque podría destruir esta insinuación de casa, y expulsarlos, pese a que el terreno le pertenece al Instituto de la Vivienda de Yucatán (IVEY). Si te paras frente a los cimientos del hogar, surge una metáfora: como parte de los materiales hay lonas con las sonrisas de la alcaldesa, Cecilia Patrón, del Partido Acción Nacional; y el gobernador, Joaquín Díaz Mena, de Morena. Tú, Rubí, dices: “A ver si nos ganamos este pedacito. Al menos para vivir”.
La comisaría se llama Dzununcán, y es en parte una zona de invasión o asentamiento irregular, uno de muchos en la ciudad de Mérida: terracería, decenas de palets (el principal material de construcción), piedras inmensas, basura, calor y polvo que se mastica.
Si permaneces los años suficientes en la invasión, viviendo a expensas de lo mínimo durante años, quizá te otorguen el terreno. En las construcciones recientes no puedes bañarte o prender la luz por la noche. Aquí la vida, dura de por sí, se volverá más dura: se caminan tramos largos en la madrugada para acceder al transporte público, la policía no llega, las escuelas están lejos. Impera la inseguridad. “Aquí casi todos los jóvenes sueñan con ser militares”, me dice una de tus vecinas. “La mayoría deja de estudiar luego de la secundaria”.

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Una solicitud de información señala que en las zonas de invasión —seis en Mérida, según el IVEY; más, según los habitantes— no se ha registrado ningún delito o percance. “Cero”, apunta en concreto la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Las familias conocen otra realidad: consumo problemático de drogas como metanfetaminas (cristal), secuestros, violaciones, robos, asaltos y violencia intrafamiliar. No se sabe cuántas personas en total viven en estas parcelas. Las zonas registradas por el IVEY cubren 50 028 metros cuadrados, casi tres veces la superficie total del estadio de beisbol más importante de Yucatán, con una capacidad para 16 000 espectadores.
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Las zonas de invasión de Mérida han sido atacadas. El pasado 5 de marzo, durante el desalojo de la barriada La Guadalupana, decenas de personas vieron sus casas incendiarse, y otras fueron agredidas por un grupo de hombres armados, con machetes y tambos de gasolina. En el interior de las casas precarias había niños.
“Están quemando nuestras casas, nuestras casitas, con los niños, los bebés dentro. Véanlo, hasta con machetazos las están agarrando”, grita una chica de poco más de 20 años en una transmisión por internet en vivo. En los comentarios hay sentencias de una insensibilidad atroz, como “¿Qué esperabas? Ustedes son invasores. Vayan a chambear”. El saldo es una decena de personas lesionadas con piedras, machetes, varios detenidos y sesenta familias sin un sitio en el cual resguardarse. En el video se ve a la gente correr y a un grupo de personas mirando, sin poder hacer nada, cómo destruyen su hogar, con sus pertenencias dentro.
Un mes después del suceso, la casa que construían Rubí y su esposo no está terminada. Es apenas el esqueleto de una choza que podría venirse abajo con una tormenta. No les alcanza para conseguir más materiales. Su hija fue al IVEY e inició un trámite para que le cedieran el terreno, pero no ha habido respuesta.
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Regresamos al 30 de abril. Enfrente del lugar donde construye Rubí hay cuatro piscinas portátiles, un carrito con hot dogs y otro con chamoyadas. Están alrededor del comedor La Virgencita del Árbol, dirigido por Gina Dogre y un grupo de “jefas de familia” que habitan las invasiones de la colonia San Luis Sur, en Dzununcán. La celebración ha reunido a todos los niños de la zona; se bañan a manguerazos, comen dulces, saludan a sus familiares desde el agua.
“Ahora sí que yo invadí para ayudar. Invadí y puse el comedor en esta invasión para apoyar a las familias”, dice Gina. “Unos años atrás, en un terreno de mi familia, llegaron invasores y, luego de conversar con ellos, he comprendido mejor las condiciones que los llevan a esto”.
Gina es una pionera en la atención de las invasiones de Mérida. Distribuye comida, materiales de construcción, ropa, agua e insumos para sobrevivir. Ha generado una red de donaciones por parte de hoteles, asociaciones civiles, fruterías y otra clase de empresas. Es de baja estatura, el cabello pintado de amarillo y ojos cafés, penetrantes. Apenas llega, varias personas se le acercan y le cuentan cosas que han pasado recientemente. Parece la madre de todo el mundo.
El comedor La Virgencita del Árbol es igual a una casa de la invasión. Techo de lámina y madera, paredes hechas con palets y lonas. En el interior hay una estufa y un anafre artesanal con las que cocinan el plato del día. Suena una cumbia distorsionada por la estática. Hoy, antes del evento, la comida fue pollo con fideos. Poco más de 100 personas llegaron a recoger el que podría ser su único alimento del día.
Gina y las jefas de familia reparten 3 200 raciones de comida al mes. Se forman filas largas que le dan la vuelta a las paredes de cartón y madera. El cobro es mínimo: 100 pesos a la semana por cinco platillos. Hay, sin embargo, personas que no pueden costearlo o que dividen un solo platillo entre varios niños. Frente al comedor, en un tramo de terracería con piedras recalentadas por el sol, dos niños hablan en el interior de unos juegos de plástico despintados. Uno de ellos se llama a sí mismo “pájaro” y es el hijo de una de las mujeres cocineras, Jade, cuyo marido fue expulsado de la zona por problemas de adicción al cristal. Ella asegura que era un hombre bueno y que “la droga destruyó su espíritu, su conducta”, hasta llegar a los abusos físicos: la golpeaba y la encerraba. El niño aún pregunta por su padre. Gina siempre estuvo al pendiente de ella y la apoyó para independizarse.
Recuerda Gina:
Cuando llegué hace cinco años no había luz, agua, servicios. Ahora sí que nos los robábamos. De un solo cable llegaba la luz a 30 familias. Esto era puro monte: había bichos, culebras. Y cuando fallaba ese cable, mamitas con bebés, abuelitos, todos se quedaban sin luz. Lo mismo con el agua. La robábamos. Cuando vengo y empiezo a conocer y a caminar la colonia, me enamoré de la colonia, me enamoré de la gente. Cuando pregunté cuál era la mayor problemática, me dijeron que el hambre.
Pero además del hambre hay violencia y consumo de sustancias. Al lado de nosotros, en medio de la fiesta de los niños, pululan un par de hombres con signos de síndrome de abstinencia. Uno de ellos toma continuamente el micrófono con el que se anima la fiesta y dice cualquier cosa inentendible. Otro pide de regalo unas frutas podridas, envueltas en moscas, que dejaron en un huacal de madera. “Son inofensivos”, asegura Gina. “Sabemos quiénes son”.

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Aquí la justicia se ha ejercido por mano propia siempre. Josué Campos tiene 31 años, un tatuaje de San Judas Tadeo, y una rosa en el pecho en donde antes hubo una Santa Muerte. Esos tatuajes, dice, son los símbolos de su redención. Es la mano derecha de Gina y un todólogo: sabe de carpintería, plomería, albañilería. Él ayudó a desarrollar el comedor. Además, se encarga de indagar cuáles son las nuevas zonas de invasión, para instalar otros comedores o repartir donativos. Puede lidiar igual con la repartición de una tonelada de papayas en medio de la lluvia o con los casos de violencia y abuso que llegan al comedor.
Él conoció a Gina en un centro de rehabilitación, en donde ella llevaba donativos. Josué se había reformado e intentaba recuperar a sus hijos. Ella le ofreció trabajar en el comedor. Previo al internamiento, Josué había perdido la esperanza: tuvo tres intentos de suicidio, trabajó con un grupo que cobraba deudas con violencia (“Golpeábamos personas, destruíamos vehículos”), estaba completamente separado de su familia. Dice que aquí encontró la motivación para seguir viviendo. Montó una carpintería y se acercó a charlar con las familias para conocer sus necesidades.
Recuerda puntualmente un caso. Un hombre era linchado por la gente de la invasión. Josué intervino y lo protegió con su cuerpo. La gente lo sacudía, intentando que lo liberara. El hombre, en un ataque de desesperación, le arrancó a Josué la cadena de plata de San Judas Tadeo, le arañó el rostro y lo golpeó. Las personas dijeron: “Estás defendiendo a un violador”.
Cuando escuchó esto, Josué se zambulló en su subconsciente, en los abusos de la niñez; en pocos segundos, según recuerda, el hombre estaba en el suelo de terracería, un suelo que siempre está hirviendo por las piedras, sangrando, con huesos rotos e inconsciente. Casi muerto, lo subió en una camioneta, lo llevó a un hospital, donde no lo dejaron entrar. El sujeto estaba drogado y tuvo que dejarlo en el psiquiátrico. “Lo peor no fue eso —dice Josué—, sino el daño que me hice a mí mismo: rompió mi paz, hizo que saliera la ira, el descontrol”.
Mira hacia el cielo, la tarde rosada que cae sobre la invasión. Se ajusta la gorra y me muestra su mano izquierda: “Por eso me tatué una flor de loto en el dedo, la flor que también tiene Gina. Es un acuerdo de paz. Por eso me cubrí el tatuaje de la Santa Muerte; convivo con niños, con mujeres, no quiero que domine la muerte, sino la paz”.
Josué cree que los peores tiempos ya pasaron. Antes hubo grupos de violadores que atacaban a las madres solteras, adictos que robaban las escasas pertenencias de las zonas de invasión, amenazas de muerte contra el comedor y sus líderes. Los delitos siguen, pero no son tan recurrentes. Las primeras casas del asentamiento ya cuentan con servicios y, por acuerdos con la comandancia, la policía entra de vez en cuando a las calles de terracería.
“Además de apoyar, estamos aquí para empoderar a las personas, en especial a las mujeres”, dice Gina. A lo largo de la entrevista ha resuelto varias cosas: peticiones de niños, señoras, adultos mayores; lleva y trae comida. Capturarla en una imagen es casi imposible porque no se queda quieta. Precisa que el 90% de los habitantes son gente de otros estados. “Somos oídos y ojos de la colonia —continúa—. Tengo una libreta en donde registro a las mamitas que vienen, a las que faltan, igual con los niños. Si alguien falta, vamos y averiguamos. Y pasa que la golpearon y no puede salir, que está tirada, moreteada y el hombre la amenazó para que no salga. ‘Denuncia’, le decimos, nosotros te acompañamos. Traemos charlas, cursos, para que cada día aprendan más. Este no es mi comedor, es nuestro comedor, en especial un comedor para ellas y sus familias. Aquí somos instrumentos. La vida me mandó a este lugar porque aquí nos necesitan”.
Luego de cinco años en Dzununcán, Josué habla con pleno conocimiento de cada casa y familia: “Ahí está don Gera, que vino con sus hijas de Puebla y ya tiene casa de block […] En esa otra está Emilia; su familia, que son varios, es de Chiapas y se fueron porque los parientes estaban involucrados en cosas malas. A su hermano lo mataron […] Aquí enfrente, en esa casa más desarrollada, a doña Emi le quisieron robar sus bloques […] En la otra, al principio de la calle, había un señor cochino que espiaba a las niñas. Ya lo resolvimos”.
Uno de los hombres con aparente síndrome de abstinencia se acerca a Josué, le palmea la espalda, le dice que unos niños se están peleando en la piscina y que “un chiquito quiere ahogar a otro”. Josué va, los pone en piscinas separadas, regresa con un hot dog para Gina. Le pregunto por qué la gente se ve en la necesidad de invadir:
—Principalmente llegan madres solteras. El esposo desapareció, no respondió, lo encarcelaron, se droga; en fin, no se hizo cargo de los hijos y por lo mismo no tienen alimento ni dónde vivir; no alcanza para la escuela, menos para una renta, y se ven en la necesidad de invadir un pedazo de tierra sin saber si los van a sacar. El tema con el IVEY, como habrás escuchado, es muy complicado. Ellos te dan largas o, si es el caso, se ponen del lado del supuesto dueño del terreno por acuerdos económicos y sacan a la gente. En las casas de la invasión las familias crecen y pasa que en algún momento ya no caben.
—¿Por qué los grupos de choque sacan a las personas?
—Casi siempre son problemas ejidatarios. Los ejidatarios tienen una hoja que dice que son dueños por el cuidado de la tierra, pero hace mucho que no siembran porque entró la modernidad. Pero esa hoja dice que ellos también tienen un derecho de propiedad. Tal vez no necesariamente que ellos trabajaban, sino que se los cedieron. Por ejemplo, el papá se lo cede al hijo y así sucesivamente. Cuando se dan esos casos les hemos comentado a los ejidatarios que se haga legal: hay que pagar las escrituras, que todo esté en orden. Muchos no lo hicieron. ¿Qué hace la gente que llega y no tiene dónde vivir? Invade. Y a los ejidatarios les da trabajo legalizar su terreno porque ya no es un terreno con cultivos ni nada. De hecho, se podría decir que lo está trabajando y cuidando la persona que lo invadió, y ahí la ley ejidataria tiene un choque con el gobierno. ¿Y qué hacen, desgraciadamente, las personas que son dueños según la ley ejidataria? Juntan a los vandalitos, a los muchachitos desorientados y les dicen: “¿Sabes qué? Te doy 1 000 o 500 pesos por sacarlos”. Lo que pasó esa vez en La Guadalupana [donde sacaron a golpes y con machetes a las personas] es que le pagaron a una serie de personas que no son los dueños (son de hecho personas de la misma comunidad) para que ataquen, los demás tengan miedo y se salgan. Una vez que no estén allá porque los sacaron, toman fotos, documentan que no hay nadie en el terreno para poder hacerlo legal. Es un tema medio complicado.
—También lo institucional —tercia Gina—. El acercamiento de las instituciones con la gente no existe. Que vengan, toquen las puertas de las personas y hablen con ellas [eso] no existe. No hay un levantamiento, que casa por casa vean las necesidades, que sepan quién realmente solo invade para acaparar terrenos porque sí tiene dinero. Eso sucede: alguien que invadió porque solo quiere ganar el terreno y ya tiene 20 en todo Mérida. No hay esa calidad humana del gobierno hacia las familias y la gente.
Antes de irnos, Josué extiende el brazo y enseña su tatuaje más importante: San Judas Tadeo, a quien se le reza por las causas difíciles y desesperadas, cuando casi no queda esperanza.
—Gina me habló mucho sobre creer, entregarme a él; él escucha tus súplicas, me dijo, no te pide ningún sacrificio. Yo era consumidor de crac. Me arrodillé y me abrazó. Le dije: ´Estoy harto, yo ya no quiero, esto ya no me llena, esto me está destruyendo, no puedo ver a mis hijos crecer, ya destruyó mi matrimonio, mi casa, no me llevo con mis papás´. Mi ofrenda fue este tatuaje que te muestro.

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Los encargados de comunicación del IVEY se negaron sistemáticamente a que los entrevistara. Sobre esa línea, quienes habitan las zonas de invasión y quienes hacen activismo dicen que se trata de una institución opaca, negligente, que lucran con la pobreza de las personas. Cobros por terrenos, reasignaciones irregulares y deshumanizantes. Ante una retahíla de solicitudes de información, en las que quería averiguar sobre cuestiones de delitos, avances en la regularización, cantidad de personas adultas y menores de edad que habitan las zonas de invasión, entre otros puntos, la única respuesta que el IVEY me dio fue:
[...] el pasado 17 de enero del año 2024, este Instituto realizó el Programa de Asignación de predios en la colonia Dzununcán, en específico el predio 384 de lo que hoy es el asentamiento conocido como “La Conejera”; siendo beneficiadas 109 familias.
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Estás en La Conejera. Te llamas Blanca Elizabeth May y habitas una casa asignada por el IVEY desde hace un par de años. Aunque aquí te colocaron, todavía no es tu propiedad. Le dicen La Conejera porque décadas atrás este cuadrante de terracería, con casas de cartón y aluminio y un suelo plagado de cristales y azulejos rotos, fue una granja de conejos. ¿Hay violencia? “Como en todos lados: si te metes con alguien se van a meter contigo”, respondes.
Recuerdas una tarde lluviosa de 2024; tuviste que desplazarte con tu esposo y tus cuatro hijos por una reasignación. Pusieron casas de campaña. Algunas personas portaban sus objetos personales en bolsas de basura. Lo que caía en el lodo era pisado y abandonado. Tal era la prisa y el temor de perder los terrenos.
Para comprobar que habitas una invasión, el IVEY te visita de madrugada y corrobora que duermes en ella; luego revisan si en el predio hay heces fecales. Te invaden para demostrar que invades. Sin embargo, aceptas sus métodos porque no hay de otra, porque aspiras a tener un lugar donde vivir, cueste lo que cueste. Hace poco rescataste a tu madre de una pareja violenta y ahora vive contigo en la invasión, mientras se rehabilita del alcoholismo.
En tu casa aún hay materiales de construcción: fierros, piedras, láminas y palets. Conservas ese herrumbroso cúmulo de objetos inútiles por si en algún momento te reasignan y debes construir otra casa desde cero. Has visto y escuchado de todo: gente a la que reasignan a una casa en donde ya hay invasores (el IVEY no los contempló en el proceso) y se desatan conflictos violentos por determinar quién es el dueño verdadero (aunque en La Conejera nadie es dueño de nada); gente que invade varios terrenos simultáneamente para acumular propiedades; gente a la que los vecinos le queman la casa para ocupar el espacio a la fuerza; grupos de choque que expulsan a decenas de familias; invasores que estafan a gente de otros estados y les venden el terreno por 30 000 pesos, aunque no les pertenece.
Antes, a ti y a tu esposo les alcanzaba. Él era cobratario. Pagaban una renta. La vida se encareció y les impidió vivir en un sitio propio. Mantienen como pueden a la familia. Orgullosa, muestras los números de la lotificación: el primer peldaño de la regularización; es decir, estás más cerca de tener este sitio, una esquina donde el polvo se pega a la ropa, a la comida que preparan, donde el calor es como un mazo golpeando el rostro.
Trabajas en un comedor que suma tres años de vida. Se llama, convenientemente, Conejitos Invasores I. Lo fundó la psicóloga Mariana Vargas, quien desde hace años colabora con la gente de la zona. Ella está a tu lado. Explica que este es un comedor dirigido por jefas de familia.
“Somos conejas”, agregas riendo, en alusión a la cantidad de niños que corren por el sitio. El comedor es un núcleo de solidaridad en medio de la negligencia institucional y los vecinos abocados a la violencia. Todos quieren sobrevivir. Todos quieren un espacio permanente en donde “estar”. Pasa lo de siempre: más de 60 familias conectadas a una sola toma de agua y una sola toma de luz. El agua falla, la luz es inconstante.
Blanca, tú fuiste fundadora de La Conejera. Recuerdas:
Llegamos, limpiamos, era monte. Pusimos palos y techos de lámina. A cada quien le tocó su pedazo de terreno. Pero es la necesidad. ¿Tú crees que yo quisiera vivir acá? ¿Ver a mis hijos sufrir el calor? Por más esfuerzo que hagamos, en temporada de lluvias el agua se filtra, todo se moja, se echa a perder. No tengo otra opción.
Enfrente de tu casa está el único punto en el que hay servicio de recolección de basura, una montaña de desperdicio que puedes ver mientras comes. Lo señalas.
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Mariana Vargas dice que las invasiones se organizan de muchas formas. Hay líderes que las planifican y que, en apariencia, sirven en el trasfondo a proyectos políticos. En varias entrevistas salen a colación dos personas llamadas “los maestros”, cuyos intereses se mantienen en duda. Intenté contactar a “la maestra” y nunca respondió.
—¿Quiénes habitan la invasión? —le pregunto a la psicóloga.
—Hay diferentes brechas generacionales, pero es notorio que las propietarias principalmente son mujeres de la misma edad. La razón por la que invaden es el encarecimiento: que la gente no puede pagar. Hace 15 años Blanca y su familia hubieran podido seguir pagando renta; ellos no lo hicieron porque quisieran, sino por necesidad. Conozco a varias familias que, si bien no tienen propiedad, en un pasado, por los precios, hubieran podido rentar y poco a poco salir adelante. ¿Pero qué pasa? La renta es impagable. Pensando en las características de la vivienda que necesitan, pues una casa para Blanca, su esposo, sus cuatro hijos y su madre, que ahora vive con ellos… Necesitan una casa que podría costar de renta 15 o 20 000 pesos.
Cuando entrevisto a Mariana en el comedor, se acercan más jefas de familia. Una de ellas invadió el Renacimiento, una zona que fue desalojada para construir los departamentos en donde vivirán los médicos del hospital Agustín O’Horán. Sin previo aviso, personal del IVEY llegó con bolsas de basura, les exigió guardar sus pertenencias y subirse en camionetas. Una parte de los invasores fueron reubicados en El Roble y la otra en La Conejera.
“Con las reasignaciones”, sigue Mariana con su explicación, y se ayuda manipulando un camioncito y un biberón de plástico, “simplemente te trasladan a otra zona de invasión en donde tienes que empezar de cero. Nosotras ayudamos a quienes fueron reasignadas aquí. Pero fue muy rápido: en menos de dos días te establecen en un sitio nuevo donde puede haber otra persona viviendo y empiezan los conflictos. Esa otra persona tiene que quitar sus cosas, sus pertenencias, para que la persona reasignada se instale. Luego de esto, el IVEY no te da un título de propiedad, pero sí algo equitativo; es un papel que solo ratifica que el IVEY te puso en el terreno en donde estás”.
Varios testimonios apuntan que por la noche La Conejera es un espacio conflictivo, con un consumo problemático de drogas. Josué, del comedor La Virgencita del Árbol, mencionó un par de casos de secuestro y asaltos. Mariana, por su parte, no sabe de esos casos. Dice que ha habido problemas de violencia intrafamiliar, como el caso de una madre que ahorcó a su hijo. Lo atribuye al estrés, el calor, la falta de solidaridad, el débil sentido de comunidad y a los prejuicios y el maltrato de los vecinos de las colonias cercanas.
Quienes juzgan a los invasores son quienes no se han acercado a escuchar las historias; son historias de lucha, sobrevivencia. Son, para muchos, la escoria de la sociedad. Los ven como delincuentes que roban un espacio de terreno, que son drogadictos, o son prostitutas, o son alcohólicos. Y no digo que no exista algo de eso, pero no es la realidad de todas las personas […] Yo creo que si conociéramos las historias nos acercaríamos más a las invasiones y le exigiríamos al gobierno hacer lo que le corresponde por estas familias.
Mariana fundó otro comedor: Conejitos Invasores II, en La Guadalupana. En su interior hay una sección llamada La Hondonada: un hueco con hojarasca podrida, basura, pipas de cristal rotas, en donde viven más de 40 familias. La red eléctrica es una telaraña con cientos de cables que se extiende hasta el primer poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). A su lado se alza un edificio de tres plantas dirigido por monjas del “Buen Morir”. Trabajan con enfermos terminales.

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Eres Alejandra Ventura González, te dicen Ale. Diriges Conejitos Invasores II y, junto a tus hijos pequeños, fuiste de las primeras personas en invadir La Guadalupana. Huiste del maltrato de tu familia. Era una cuestión de vida o muerte. Te independizaste y mantienes a tus hijos limpiando casas, cocinando y tejiendo hamacas, tu mayor pasión, heredada por tu madre. Admiras su memoria, lloras al hablar de ella. Eres pequeña y fornida, de mirada empática, ojos cafés inmensos, y te consideras “dura” y “sensible”.
En 2019, al inicio de la pandemia, usaste un machete para abrir brecha. Tomaste, al principio, un trozo de tierra de 10 metros, animaste a otras personas a invadir. “Esto ya es mío”, dices hoy, mayo de 2025, aún sin un título de propiedad. “Si quieres un pedazo de tierra te tienes que arriesgar. Aquí luchamos todos los días. Aquí he visto de todo. La hago de psicóloga, de líder, de amiga. Aquí no hay intervención de la policía y somos principalmente mujeres. Cuando no llega la justicia, tenemos que meter escarmientos”.
En tu comedor, el segundo a cargo de Mariana Vargas, cocinas albóndigas y pollo en un anafre tiznado de humo de leña. El calor que se irradia por las láminas, las maderas y las piedras es agobiante. Sobre las bolas de carne circulan moscas que espantas con un pedazo de plástico. Las raciones cuestan 20 pesos y, al menos hoy, comerán de aquí más de 10 familias. Tus hijos quieren ser militares. Uno de los pequeños se asoma para escucharte hablar y lo mandas de nuevo adentro.
Tu historia cifra la realidad general de las personas que llegan a la invasión: “No quedaba de otra, lo hice por mis hijos, para tener en donde vivir. Cuando llegamos —las primeras siete familias— yo miraba al cielo y decía: ‘Dios padre, por favor ayúdame’. Alguna vez, sin un pedazo de comida, incluso pensé en acabar con nuestras vidas. Pero ha habido, si quieres verlo así, algunos milagros, algunos apoyos que nos han sacado adelante. No he dejado que nadie me pise, que pasen encima de mí”. Recuerdas algunas protestas con los vecinos. Una vez cerraron el periférico de Mérida para exigir la atención del gobierno. No funcionó.
Afuera de la diminuta casa, la sede de Conejitos Invasores II, se extienden las calles hostiles de terracería, intransitables en un vehículo común. Las casas están compuestas de los mismos materiales: lonas con sonrisas de políticos impresas, palets, piedras, láminas y objetos que fueron desperdiciados. Los recursos —agua y luz— son robados. No hay servicio de recolección de basura. No hay escuelas cercanas. Aquí, dices, el consumo de drogas como el cristal empieza desde los 12 años. Todos saben dónde se vende. Por el miedo, tus hijos no pueden ir al parque.
Yo lo que hago es apoyar a las mujeres, demostrar que podemos. La mujer es la que más sufre aquí, la que más lucha. Muchos niños no saben ni leer ni escribir. Él —apuntas a uno— debería estar por entrar a la secundaria, pero sigue en cuarto de primaria. Aquí pasan cosas que nadie entiende: hace poco murió un vecino aquí al lado, lo vi desvanecerse, gritamos, llamamos, nunca llegó la ambulancia. Somos rechazados por el gobierno, no llegan los apoyos. Las mujeres son golpeadas por sus esposos, hay inseguridad. Y las estafas: hay gente que lucra con la pobreza. Eso le pasó a doña Clemencia, ¿verdad que sí?
Y, tú, doña Clemencia Gómez atiendes. Dejas de mover una cazuela. Cuentas tu historia. Una historia que se origina cuando migraste desde Chiapas. Un hombre te aseguró que les vendería un terreno que en realidad es una invasión.
Lo que no sabías, Clemencia, era que tu hijo enfermaría de cáncer, y que fallecería. Ahora te haces cargo de cinco nietos. “Yo enterré a mi niño”, dices tras recordar el periplo insoportable de los hospitales públicos, la falta de medicinas, los traslados, el féretro. Entretanto, pagaste durante dos años por ese terreno, muchas familias también pagaron. El hombre que recibía el dinero, un tal Manuel, fingió su muerte y desapareció.
Una vez el IVEY anunció que visitaría las invasiones para iniciar un proceso de regulación. Como si fuera una historia bíblica, quienes no se encontraban en casa en ese momento, aunque vivieran en los terrenos desde hace años, fueron marcados con una cruz roja en las puertas de lámina; quienes sí estuvieron, los marcaron de amarillo. Creíste que eso te pasaría, Clemencia. Habías salido de emergencia, llovía. Regresaste corriendo a casa para evitar esa cruz roja porque tenerla significaría que podían sacarte, que los funcionarios te obligarían a ti y a tus nietos a poner sus pertenencias en bolsas de basura y que reubicaran a otras personas en esa, tu casa. Caíste cuando corrías, te fracturaste el brazo, perdiste mucha sangre; muestras una cicatriz larga y gruesa en tu mano izquierda. Lloras porque recuerdas a tu hijo.
Es tu turno, Ale. Dices: “Esto, dentro de lo que cabe, es una zona más desarrollada, pero al fondo, donde ahorita te llevaremos, es imposible vivir. Se llama La Hondonada”.
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En su crónica-ensayo País sin techo. Ciudades, historias y luchas sobre la vivienda, la abogada Carla Escoffié aborda las diferencias entre “tener” una casa y “estar” en una casa. Escribió: “El concepto de casa se centra en el tener, mientras que el de vivienda se relaciona con el de estar”. Y también expone: “No importa si la casa o departamento no es una propiedad a nuestro nombre: si ahí habitamos, ahí es donde ejercemos nuestro derecho a la vivienda”. Ale, Blanca, Rubí y Clemencia viven en la invasión y ejercen un derecho porque, como apunta Escoffié, “el derecho a la vivienda no es el derecho a una casa, sino a disponer de opciones diversas para acceder a un lugar en donde habitar en distintas modalidades de tenencia —es decir, no solo en propiedad, sino también en arrendamiento o en cooperativas— y para evitar la situación de calle”. Y una advertencia más: “[…] cuando la única contrapropuesta es ‘dejar las cosas como están’, cientos de familias se quedan en la calle, los barrios se desintegran, las ciudades se desbaratan, los ecosistemas se deforestan y los territorios se pierden en unas cuantas manos”.
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Recorro La Hondonada con Ale y Clemencia.
“Ahí —dice Ale señalando un terreno yermo— vino un grupo de gente a sacar a unos invasores y quemaron las casas y el terreno”.
Ya casi terminamos de caminar este fragmento de mundo, un mundo pequeño, caótico y marginal que se ciñe alrededor de un hueco infecto, donde hay basura, hojarasca húmeda, mierda de perro, pipas rotas de cristal, fierros oxidados. Arriba del hueco surgen más casas de La Hondonada. Avanzamos hacia el fondo. Llegamos a una casa asentada sobre un suelo de tierra roja (kakab, en maya). Antes pasamos por un rectángulo de cartón donde logré ver dos hamacas y un hueco. Ale me explicó: “Ahí viven dos hermanos y están cavando con lo que pueden para hacer un pozo”.
Seguimos por la tierra roja; se levanta con el aire y se pega a la ropa. Siempre hay perros ladrando. Cuatro gallinas revolotean en una jaula.
—¡Doña Berthaaaa! —grita Ale.
—Pasen, pasen —responden desde el interior.

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Decenas de niños pasan a una pizarra para adivinar un texto sagrado. Es sábado, 26 de abril de 2025, en San José Tecoh. Estos niños viven en las invasiones aledañas. Hoy, a través de un grupo religioso, tienen un pequeño descanso. Ríen, juegan, beben refresco, comen tamales y pastel.
Isaac Castro Vela y su esposa, la fundadora del proyecto Stay Cruz de Castro, dirigen este espacio desde hace algunos años, a partir de las necesidades que vieron en la zona, y siguiendo los principios de su religión: ayudar al prójimo y al desamparado. La música es religiosa: “Tú, tú, tú eres mi Señor, Jesús”. Y luego otra canción, más rockera, repite incansablemente: “Quiero dar gracias por todo lo que hace el Señor por mí”.
Mientras los niños corren hacia la pizarra y escriben el nombre del versículo o el libro, Isaac dice: “La identidad de los niños de aquí es la calle. Hay consumos problemáticos de drogas, desnutrición, analfabetismo. Las invasiones requieren toda la atención del gobierno, es una zona muy vulnerable para las infancias. Creo que la gente que está no es por una cuestión política, sino por una cuestión de necesidad, yo puedo notar la necesidad”.
Hay un niño al fondo, solo, vive en las invasiones. Patea furioso una pelota contra la pared y tiene una cafetera oxidada llena de tierra. Me jala la playera, dice que adentro de su cafetera hay hormigas, “mis hormigas rojas”, pero no veo ninguna; solo piedras, basura, hojas muertas. Patea de nuevo la pelota contra la pared, le da a otro niño, quien se va corriendo.
—Si fueras un animal, ¿cuál serías?
—El más fuerte —contesta y patea la pelota como si ya lo fuera.
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El sol pega de lleno en la casa de Bertha, 68 años, madre de Graciela, de 38, quien no está porque trabaja para mantener a la familia. “Hasta siendo prostituta haces todo para salir adelante”, dice Ale.
Bertha está con sus tres nietas en una cocina rudimentaria donde hay ollas oxidadas pegadas a una barda en obra gris. El padre de las niñas fue expulsado de la casa porque golpeaba a Graciela. Ale saluda a las niñas, recuerda cuando las lenguas de fuego del incendio de al lado alcanzaron parte de la casa: “Esta es la realidad que ves en las colonias del sur de Mérida. Esto que ves es una invasión. Esto no lo libera el IVEY por sus mamadas, te ponen miles de pretextos. Esto se ha prendido fuego porque lo quemaron. Ahí quemaron el terreno y alcanzó el fuego hasta acá”.
Bertha nos deja pasar a su pieza. Está bardeada completamente de lámina. Es sofocante, aunque pulcrísima. Hay medicinas, muchas medicinas, padece una enfermedad que no termina de explicar. Ella cuenta: “Aquí no hay agua y apagamos el incendio con las pocas cubetitas que teníamos aquí. Antes vivíamos en otro lado. Yo vivo aquí desde hace tiempo. Y vivíamos en otro lado, pero salió un dueño del IVEY y nos correteó”.
Nos correteó significa que les obligó a poner sus cosas en una bolsa de basura e irse inmediatamente para no ser golpeadas.
Las nietas, sentadas en taburetes de madera, escuchan cumbia. Sonríen con pena. La más grande de ellas quiere ser militar para proteger a su mamá y defender a su familia, también porque hay más oportunidades en el Ejército. La gente de aquí nace luchando y quiere seguir luchando por un gobierno que no los mira. La mediana quiere ser doctora. La pequeña apenas habla. Ninguna puede salir de noche, es una zona peligrosa, no tienen vida social. Mientras el fotógrafo registra el interior del terreno, Ale cierra el diálogo: “Y ninguna quiere quedarse en el camino, ninguna quiere parar, porque esta es la perra vida que nos tocó vivir. Tenemos que salir adelante, así como ellas, que todo lo quieren hacer para ayudar a su mamá a salir adelante”.

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Salimos de la casa y avanzo hacia el precipicio, ese límite desde el que se domina por completo La Hondonada, un hueco al lado del centro del buen morir, un hueco que, en realidad, al observarlo desde fuera, cualquiera dudaría que alguien viva en el interior. Veo, de nueva cuenta, un mar de lonas con rostros sonrientes de políticos. Se mueven con el aire. Regreso a las palabras de Ale: “Esta perra vida que nos tocó vivir”.
Imagino escenas posibles, pero aún no registradas: una excavadora y otras máquinas inmensas destruyendo el monte para la venta de terrenos. Imagino empresarios en oficinas cerrando negocios millonarios para gentrificar Yucatán y especular con la tierra. Imagino una visión panorámica: desde arriba veo cómo ese megaproyecto que es la venta de terrenos (como lo define Carla Escoffié) se extiende y abarca todo. Expulsa a la gente de sus casas. Arrincona. Encarece el precio. Imposibilita la vida. Sierras tirando árboles. Animales muertos. Casas quemadas con pertenencias dentro. Todo a 20 minutos de la playa. Personas con vidas aseguradas quitándoles la posibilidad de vivir a los de la periferia. “Esta perra vida que nos tocó vivir”. Todo sucede simultáneamente mientras Bertha y Clemencia atienden a sus nietas, mientras Ale y Blanca arrojan una bola más de carne al aceite, mientras Rubí espera que el IVEY dé respuesta, mientras su hija de 20 años con un hijo recién nacido no tiene agua ni baño ni luz.
Esta perra vida impuesta, impostada, creada desde la insensibilidad de los poderosos. Si a mí me cansó el recorrido, subir y bajar los escarpados, ¿cómo se sentirán Bertha y sus nietas? ¿Cómo viven en este agujero tantas familias y cómo viven en las otras zonas, absolutamente precarias? ¿Qué esperan del futuro? Piensa que eres ellas. Ponte en su lugar un momento. Imagina tu mundo reducido a esto. Piénsalo porque estás aquí, en la invasión.
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Doña Gaby hace una pausa durante la jornada de atención a los beneficiarios del comedor La Virgencita del
Árbol, ubicado en la zona de invasión de la comisaría Dzununcán, al sur de Mérida.
En la ciudad de Mérida, cientos de familias viven en las “zonas de invasión”. Sin luz, agua ni servicios básicos, marginadas por la sociedad y las instituciones, y amenazadas por la especulación inmobiliaria. Estas personas se hallan frecuentemente a merced de grupos de choque. Aquí, la organización comunitaria es la única vía para salir adelante.
Eres Rubí Rojas. Es el 30 de abril de 2025 y estás construyendo una casa en el sur de Mérida, Yucatán. Mientras escuchas las risas de quienes celebran el Día del Niño en una jornada auspiciada por donaciones y un comedor llamado La Virgencita del Árbol, tú y tu esposo —que traslada troncos, aluminio, piedras y palets entre calada y calada de su cigarro— “invaden un terreno” para tu nieto recién nacido. Invades porque tu hija y su pareja no pueden seguir pagando renta en la Avenida 86, una de las zonas más pobres de la ciudad.
Vestida con sombrero y botas, iluminada por la luz rosa del atardecer, pones el pie sobre un tocón podrido y me dices: “Invadimos porque nuestra situación no da para más, la situación de mi hija no da para más. Estamos luchando por este pedacito para ella. No es ambición, es un patrimonio. Y primeramente Dios, si usted regresa en 20 días, aquí mi hija ya va a estar y la podrá conocer con su bebé”.
¿Cómo es “habitar” el departamento de la Avenida 86? Explicas que la luz va y viene, el agua escasea, este mes ha habido más de 40 grados de temperatura. Tu hija es una mujer de 20 años que acaba de parir y en menos de un mes vivirá en la choza que construyes. Ella vive al día; su pareja trabaja jornadas de 12 horas y aun así resulta imposible pagar los 2 500 pesos de renta. Durante las últimas semanas has salido a las seis de la mañana acarreando materiales para montar una casa rudimentaria, que al paso de los años podría ser de tu hija.
Esa fue la única opción: desbrozar el monte y construir un tejabán; montar lonas con rostros sonrientes de políticos, así como piedras y algún material cercano, desperdiciado; enterrar palos en la tierra y sostenerlos con piedras para que no caigan con la lluvia. Tú y tu marido: dos personas con más de 50 años trabajando bajo el sol para que tu hija viva en el interior de ese espacio bardeado de cartón y madera, techado con lámina, rematado con corcholatas, sin baño y servicios básicos.
Aunque el bebé acaba de nacer, cualquier día un grupo de choque podría destruir esta insinuación de casa, y expulsarlos, pese a que el terreno le pertenece al Instituto de la Vivienda de Yucatán (IVEY). Si te paras frente a los cimientos del hogar, surge una metáfora: como parte de los materiales hay lonas con las sonrisas de la alcaldesa, Cecilia Patrón, del Partido Acción Nacional; y el gobernador, Joaquín Díaz Mena, de Morena. Tú, Rubí, dices: “A ver si nos ganamos este pedacito. Al menos para vivir”.
La comisaría se llama Dzununcán, y es en parte una zona de invasión o asentamiento irregular, uno de muchos en la ciudad de Mérida: terracería, decenas de palets (el principal material de construcción), piedras inmensas, basura, calor y polvo que se mastica.
Si permaneces los años suficientes en la invasión, viviendo a expensas de lo mínimo durante años, quizá te otorguen el terreno. En las construcciones recientes no puedes bañarte o prender la luz por la noche. Aquí la vida, dura de por sí, se volverá más dura: se caminan tramos largos en la madrugada para acceder al transporte público, la policía no llega, las escuelas están lejos. Impera la inseguridad. “Aquí casi todos los jóvenes sueñan con ser militares”, me dice una de tus vecinas. “La mayoría deja de estudiar luego de la secundaria”.

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Una solicitud de información señala que en las zonas de invasión —seis en Mérida, según el IVEY; más, según los habitantes— no se ha registrado ningún delito o percance. “Cero”, apunta en concreto la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Las familias conocen otra realidad: consumo problemático de drogas como metanfetaminas (cristal), secuestros, violaciones, robos, asaltos y violencia intrafamiliar. No se sabe cuántas personas en total viven en estas parcelas. Las zonas registradas por el IVEY cubren 50 028 metros cuadrados, casi tres veces la superficie total del estadio de beisbol más importante de Yucatán, con una capacidad para 16 000 espectadores.
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Las zonas de invasión de Mérida han sido atacadas. El pasado 5 de marzo, durante el desalojo de la barriada La Guadalupana, decenas de personas vieron sus casas incendiarse, y otras fueron agredidas por un grupo de hombres armados, con machetes y tambos de gasolina. En el interior de las casas precarias había niños.
“Están quemando nuestras casas, nuestras casitas, con los niños, los bebés dentro. Véanlo, hasta con machetazos las están agarrando”, grita una chica de poco más de 20 años en una transmisión por internet en vivo. En los comentarios hay sentencias de una insensibilidad atroz, como “¿Qué esperabas? Ustedes son invasores. Vayan a chambear”. El saldo es una decena de personas lesionadas con piedras, machetes, varios detenidos y sesenta familias sin un sitio en el cual resguardarse. En el video se ve a la gente correr y a un grupo de personas mirando, sin poder hacer nada, cómo destruyen su hogar, con sus pertenencias dentro.
Un mes después del suceso, la casa que construían Rubí y su esposo no está terminada. Es apenas el esqueleto de una choza que podría venirse abajo con una tormenta. No les alcanza para conseguir más materiales. Su hija fue al IVEY e inició un trámite para que le cedieran el terreno, pero no ha habido respuesta.
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Regresamos al 30 de abril. Enfrente del lugar donde construye Rubí hay cuatro piscinas portátiles, un carrito con hot dogs y otro con chamoyadas. Están alrededor del comedor La Virgencita del Árbol, dirigido por Gina Dogre y un grupo de “jefas de familia” que habitan las invasiones de la colonia San Luis Sur, en Dzununcán. La celebración ha reunido a todos los niños de la zona; se bañan a manguerazos, comen dulces, saludan a sus familiares desde el agua.
“Ahora sí que yo invadí para ayudar. Invadí y puse el comedor en esta invasión para apoyar a las familias”, dice Gina. “Unos años atrás, en un terreno de mi familia, llegaron invasores y, luego de conversar con ellos, he comprendido mejor las condiciones que los llevan a esto”.
Gina es una pionera en la atención de las invasiones de Mérida. Distribuye comida, materiales de construcción, ropa, agua e insumos para sobrevivir. Ha generado una red de donaciones por parte de hoteles, asociaciones civiles, fruterías y otra clase de empresas. Es de baja estatura, el cabello pintado de amarillo y ojos cafés, penetrantes. Apenas llega, varias personas se le acercan y le cuentan cosas que han pasado recientemente. Parece la madre de todo el mundo.
El comedor La Virgencita del Árbol es igual a una casa de la invasión. Techo de lámina y madera, paredes hechas con palets y lonas. En el interior hay una estufa y un anafre artesanal con las que cocinan el plato del día. Suena una cumbia distorsionada por la estática. Hoy, antes del evento, la comida fue pollo con fideos. Poco más de 100 personas llegaron a recoger el que podría ser su único alimento del día.
Gina y las jefas de familia reparten 3 200 raciones de comida al mes. Se forman filas largas que le dan la vuelta a las paredes de cartón y madera. El cobro es mínimo: 100 pesos a la semana por cinco platillos. Hay, sin embargo, personas que no pueden costearlo o que dividen un solo platillo entre varios niños. Frente al comedor, en un tramo de terracería con piedras recalentadas por el sol, dos niños hablan en el interior de unos juegos de plástico despintados. Uno de ellos se llama a sí mismo “pájaro” y es el hijo de una de las mujeres cocineras, Jade, cuyo marido fue expulsado de la zona por problemas de adicción al cristal. Ella asegura que era un hombre bueno y que “la droga destruyó su espíritu, su conducta”, hasta llegar a los abusos físicos: la golpeaba y la encerraba. El niño aún pregunta por su padre. Gina siempre estuvo al pendiente de ella y la apoyó para independizarse.
Recuerda Gina:
Cuando llegué hace cinco años no había luz, agua, servicios. Ahora sí que nos los robábamos. De un solo cable llegaba la luz a 30 familias. Esto era puro monte: había bichos, culebras. Y cuando fallaba ese cable, mamitas con bebés, abuelitos, todos se quedaban sin luz. Lo mismo con el agua. La robábamos. Cuando vengo y empiezo a conocer y a caminar la colonia, me enamoré de la colonia, me enamoré de la gente. Cuando pregunté cuál era la mayor problemática, me dijeron que el hambre.
Pero además del hambre hay violencia y consumo de sustancias. Al lado de nosotros, en medio de la fiesta de los niños, pululan un par de hombres con signos de síndrome de abstinencia. Uno de ellos toma continuamente el micrófono con el que se anima la fiesta y dice cualquier cosa inentendible. Otro pide de regalo unas frutas podridas, envueltas en moscas, que dejaron en un huacal de madera. “Son inofensivos”, asegura Gina. “Sabemos quiénes son”.

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Aquí la justicia se ha ejercido por mano propia siempre. Josué Campos tiene 31 años, un tatuaje de San Judas Tadeo, y una rosa en el pecho en donde antes hubo una Santa Muerte. Esos tatuajes, dice, son los símbolos de su redención. Es la mano derecha de Gina y un todólogo: sabe de carpintería, plomería, albañilería. Él ayudó a desarrollar el comedor. Además, se encarga de indagar cuáles son las nuevas zonas de invasión, para instalar otros comedores o repartir donativos. Puede lidiar igual con la repartición de una tonelada de papayas en medio de la lluvia o con los casos de violencia y abuso que llegan al comedor.
Él conoció a Gina en un centro de rehabilitación, en donde ella llevaba donativos. Josué se había reformado e intentaba recuperar a sus hijos. Ella le ofreció trabajar en el comedor. Previo al internamiento, Josué había perdido la esperanza: tuvo tres intentos de suicidio, trabajó con un grupo que cobraba deudas con violencia (“Golpeábamos personas, destruíamos vehículos”), estaba completamente separado de su familia. Dice que aquí encontró la motivación para seguir viviendo. Montó una carpintería y se acercó a charlar con las familias para conocer sus necesidades.
Recuerda puntualmente un caso. Un hombre era linchado por la gente de la invasión. Josué intervino y lo protegió con su cuerpo. La gente lo sacudía, intentando que lo liberara. El hombre, en un ataque de desesperación, le arrancó a Josué la cadena de plata de San Judas Tadeo, le arañó el rostro y lo golpeó. Las personas dijeron: “Estás defendiendo a un violador”.
Cuando escuchó esto, Josué se zambulló en su subconsciente, en los abusos de la niñez; en pocos segundos, según recuerda, el hombre estaba en el suelo de terracería, un suelo que siempre está hirviendo por las piedras, sangrando, con huesos rotos e inconsciente. Casi muerto, lo subió en una camioneta, lo llevó a un hospital, donde no lo dejaron entrar. El sujeto estaba drogado y tuvo que dejarlo en el psiquiátrico. “Lo peor no fue eso —dice Josué—, sino el daño que me hice a mí mismo: rompió mi paz, hizo que saliera la ira, el descontrol”.
Mira hacia el cielo, la tarde rosada que cae sobre la invasión. Se ajusta la gorra y me muestra su mano izquierda: “Por eso me tatué una flor de loto en el dedo, la flor que también tiene Gina. Es un acuerdo de paz. Por eso me cubrí el tatuaje de la Santa Muerte; convivo con niños, con mujeres, no quiero que domine la muerte, sino la paz”.
Josué cree que los peores tiempos ya pasaron. Antes hubo grupos de violadores que atacaban a las madres solteras, adictos que robaban las escasas pertenencias de las zonas de invasión, amenazas de muerte contra el comedor y sus líderes. Los delitos siguen, pero no son tan recurrentes. Las primeras casas del asentamiento ya cuentan con servicios y, por acuerdos con la comandancia, la policía entra de vez en cuando a las calles de terracería.
“Además de apoyar, estamos aquí para empoderar a las personas, en especial a las mujeres”, dice Gina. A lo largo de la entrevista ha resuelto varias cosas: peticiones de niños, señoras, adultos mayores; lleva y trae comida. Capturarla en una imagen es casi imposible porque no se queda quieta. Precisa que el 90% de los habitantes son gente de otros estados. “Somos oídos y ojos de la colonia —continúa—. Tengo una libreta en donde registro a las mamitas que vienen, a las que faltan, igual con los niños. Si alguien falta, vamos y averiguamos. Y pasa que la golpearon y no puede salir, que está tirada, moreteada y el hombre la amenazó para que no salga. ‘Denuncia’, le decimos, nosotros te acompañamos. Traemos charlas, cursos, para que cada día aprendan más. Este no es mi comedor, es nuestro comedor, en especial un comedor para ellas y sus familias. Aquí somos instrumentos. La vida me mandó a este lugar porque aquí nos necesitan”.
Luego de cinco años en Dzununcán, Josué habla con pleno conocimiento de cada casa y familia: “Ahí está don Gera, que vino con sus hijas de Puebla y ya tiene casa de block […] En esa otra está Emilia; su familia, que son varios, es de Chiapas y se fueron porque los parientes estaban involucrados en cosas malas. A su hermano lo mataron […] Aquí enfrente, en esa casa más desarrollada, a doña Emi le quisieron robar sus bloques […] En la otra, al principio de la calle, había un señor cochino que espiaba a las niñas. Ya lo resolvimos”.
Uno de los hombres con aparente síndrome de abstinencia se acerca a Josué, le palmea la espalda, le dice que unos niños se están peleando en la piscina y que “un chiquito quiere ahogar a otro”. Josué va, los pone en piscinas separadas, regresa con un hot dog para Gina. Le pregunto por qué la gente se ve en la necesidad de invadir:
—Principalmente llegan madres solteras. El esposo desapareció, no respondió, lo encarcelaron, se droga; en fin, no se hizo cargo de los hijos y por lo mismo no tienen alimento ni dónde vivir; no alcanza para la escuela, menos para una renta, y se ven en la necesidad de invadir un pedazo de tierra sin saber si los van a sacar. El tema con el IVEY, como habrás escuchado, es muy complicado. Ellos te dan largas o, si es el caso, se ponen del lado del supuesto dueño del terreno por acuerdos económicos y sacan a la gente. En las casas de la invasión las familias crecen y pasa que en algún momento ya no caben.
—¿Por qué los grupos de choque sacan a las personas?
—Casi siempre son problemas ejidatarios. Los ejidatarios tienen una hoja que dice que son dueños por el cuidado de la tierra, pero hace mucho que no siembran porque entró la modernidad. Pero esa hoja dice que ellos también tienen un derecho de propiedad. Tal vez no necesariamente que ellos trabajaban, sino que se los cedieron. Por ejemplo, el papá se lo cede al hijo y así sucesivamente. Cuando se dan esos casos les hemos comentado a los ejidatarios que se haga legal: hay que pagar las escrituras, que todo esté en orden. Muchos no lo hicieron. ¿Qué hace la gente que llega y no tiene dónde vivir? Invade. Y a los ejidatarios les da trabajo legalizar su terreno porque ya no es un terreno con cultivos ni nada. De hecho, se podría decir que lo está trabajando y cuidando la persona que lo invadió, y ahí la ley ejidataria tiene un choque con el gobierno. ¿Y qué hacen, desgraciadamente, las personas que son dueños según la ley ejidataria? Juntan a los vandalitos, a los muchachitos desorientados y les dicen: “¿Sabes qué? Te doy 1 000 o 500 pesos por sacarlos”. Lo que pasó esa vez en La Guadalupana [donde sacaron a golpes y con machetes a las personas] es que le pagaron a una serie de personas que no son los dueños (son de hecho personas de la misma comunidad) para que ataquen, los demás tengan miedo y se salgan. Una vez que no estén allá porque los sacaron, toman fotos, documentan que no hay nadie en el terreno para poder hacerlo legal. Es un tema medio complicado.
—También lo institucional —tercia Gina—. El acercamiento de las instituciones con la gente no existe. Que vengan, toquen las puertas de las personas y hablen con ellas [eso] no existe. No hay un levantamiento, que casa por casa vean las necesidades, que sepan quién realmente solo invade para acaparar terrenos porque sí tiene dinero. Eso sucede: alguien que invadió porque solo quiere ganar el terreno y ya tiene 20 en todo Mérida. No hay esa calidad humana del gobierno hacia las familias y la gente.
Antes de irnos, Josué extiende el brazo y enseña su tatuaje más importante: San Judas Tadeo, a quien se le reza por las causas difíciles y desesperadas, cuando casi no queda esperanza.
—Gina me habló mucho sobre creer, entregarme a él; él escucha tus súplicas, me dijo, no te pide ningún sacrificio. Yo era consumidor de crac. Me arrodillé y me abrazó. Le dije: ´Estoy harto, yo ya no quiero, esto ya no me llena, esto me está destruyendo, no puedo ver a mis hijos crecer, ya destruyó mi matrimonio, mi casa, no me llevo con mis papás´. Mi ofrenda fue este tatuaje que te muestro.

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Los encargados de comunicación del IVEY se negaron sistemáticamente a que los entrevistara. Sobre esa línea, quienes habitan las zonas de invasión y quienes hacen activismo dicen que se trata de una institución opaca, negligente, que lucran con la pobreza de las personas. Cobros por terrenos, reasignaciones irregulares y deshumanizantes. Ante una retahíla de solicitudes de información, en las que quería averiguar sobre cuestiones de delitos, avances en la regularización, cantidad de personas adultas y menores de edad que habitan las zonas de invasión, entre otros puntos, la única respuesta que el IVEY me dio fue:
[...] el pasado 17 de enero del año 2024, este Instituto realizó el Programa de Asignación de predios en la colonia Dzununcán, en específico el predio 384 de lo que hoy es el asentamiento conocido como “La Conejera”; siendo beneficiadas 109 familias.
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Estás en La Conejera. Te llamas Blanca Elizabeth May y habitas una casa asignada por el IVEY desde hace un par de años. Aunque aquí te colocaron, todavía no es tu propiedad. Le dicen La Conejera porque décadas atrás este cuadrante de terracería, con casas de cartón y aluminio y un suelo plagado de cristales y azulejos rotos, fue una granja de conejos. ¿Hay violencia? “Como en todos lados: si te metes con alguien se van a meter contigo”, respondes.
Recuerdas una tarde lluviosa de 2024; tuviste que desplazarte con tu esposo y tus cuatro hijos por una reasignación. Pusieron casas de campaña. Algunas personas portaban sus objetos personales en bolsas de basura. Lo que caía en el lodo era pisado y abandonado. Tal era la prisa y el temor de perder los terrenos.
Para comprobar que habitas una invasión, el IVEY te visita de madrugada y corrobora que duermes en ella; luego revisan si en el predio hay heces fecales. Te invaden para demostrar que invades. Sin embargo, aceptas sus métodos porque no hay de otra, porque aspiras a tener un lugar donde vivir, cueste lo que cueste. Hace poco rescataste a tu madre de una pareja violenta y ahora vive contigo en la invasión, mientras se rehabilita del alcoholismo.
En tu casa aún hay materiales de construcción: fierros, piedras, láminas y palets. Conservas ese herrumbroso cúmulo de objetos inútiles por si en algún momento te reasignan y debes construir otra casa desde cero. Has visto y escuchado de todo: gente a la que reasignan a una casa en donde ya hay invasores (el IVEY no los contempló en el proceso) y se desatan conflictos violentos por determinar quién es el dueño verdadero (aunque en La Conejera nadie es dueño de nada); gente que invade varios terrenos simultáneamente para acumular propiedades; gente a la que los vecinos le queman la casa para ocupar el espacio a la fuerza; grupos de choque que expulsan a decenas de familias; invasores que estafan a gente de otros estados y les venden el terreno por 30 000 pesos, aunque no les pertenece.
Antes, a ti y a tu esposo les alcanzaba. Él era cobratario. Pagaban una renta. La vida se encareció y les impidió vivir en un sitio propio. Mantienen como pueden a la familia. Orgullosa, muestras los números de la lotificación: el primer peldaño de la regularización; es decir, estás más cerca de tener este sitio, una esquina donde el polvo se pega a la ropa, a la comida que preparan, donde el calor es como un mazo golpeando el rostro.
Trabajas en un comedor que suma tres años de vida. Se llama, convenientemente, Conejitos Invasores I. Lo fundó la psicóloga Mariana Vargas, quien desde hace años colabora con la gente de la zona. Ella está a tu lado. Explica que este es un comedor dirigido por jefas de familia.
“Somos conejas”, agregas riendo, en alusión a la cantidad de niños que corren por el sitio. El comedor es un núcleo de solidaridad en medio de la negligencia institucional y los vecinos abocados a la violencia. Todos quieren sobrevivir. Todos quieren un espacio permanente en donde “estar”. Pasa lo de siempre: más de 60 familias conectadas a una sola toma de agua y una sola toma de luz. El agua falla, la luz es inconstante.
Blanca, tú fuiste fundadora de La Conejera. Recuerdas:
Llegamos, limpiamos, era monte. Pusimos palos y techos de lámina. A cada quien le tocó su pedazo de terreno. Pero es la necesidad. ¿Tú crees que yo quisiera vivir acá? ¿Ver a mis hijos sufrir el calor? Por más esfuerzo que hagamos, en temporada de lluvias el agua se filtra, todo se moja, se echa a perder. No tengo otra opción.
Enfrente de tu casa está el único punto en el que hay servicio de recolección de basura, una montaña de desperdicio que puedes ver mientras comes. Lo señalas.
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Mariana Vargas dice que las invasiones se organizan de muchas formas. Hay líderes que las planifican y que, en apariencia, sirven en el trasfondo a proyectos políticos. En varias entrevistas salen a colación dos personas llamadas “los maestros”, cuyos intereses se mantienen en duda. Intenté contactar a “la maestra” y nunca respondió.
—¿Quiénes habitan la invasión? —le pregunto a la psicóloga.
—Hay diferentes brechas generacionales, pero es notorio que las propietarias principalmente son mujeres de la misma edad. La razón por la que invaden es el encarecimiento: que la gente no puede pagar. Hace 15 años Blanca y su familia hubieran podido seguir pagando renta; ellos no lo hicieron porque quisieran, sino por necesidad. Conozco a varias familias que, si bien no tienen propiedad, en un pasado, por los precios, hubieran podido rentar y poco a poco salir adelante. ¿Pero qué pasa? La renta es impagable. Pensando en las características de la vivienda que necesitan, pues una casa para Blanca, su esposo, sus cuatro hijos y su madre, que ahora vive con ellos… Necesitan una casa que podría costar de renta 15 o 20 000 pesos.
Cuando entrevisto a Mariana en el comedor, se acercan más jefas de familia. Una de ellas invadió el Renacimiento, una zona que fue desalojada para construir los departamentos en donde vivirán los médicos del hospital Agustín O’Horán. Sin previo aviso, personal del IVEY llegó con bolsas de basura, les exigió guardar sus pertenencias y subirse en camionetas. Una parte de los invasores fueron reubicados en El Roble y la otra en La Conejera.
“Con las reasignaciones”, sigue Mariana con su explicación, y se ayuda manipulando un camioncito y un biberón de plástico, “simplemente te trasladan a otra zona de invasión en donde tienes que empezar de cero. Nosotras ayudamos a quienes fueron reasignadas aquí. Pero fue muy rápido: en menos de dos días te establecen en un sitio nuevo donde puede haber otra persona viviendo y empiezan los conflictos. Esa otra persona tiene que quitar sus cosas, sus pertenencias, para que la persona reasignada se instale. Luego de esto, el IVEY no te da un título de propiedad, pero sí algo equitativo; es un papel que solo ratifica que el IVEY te puso en el terreno en donde estás”.
Varios testimonios apuntan que por la noche La Conejera es un espacio conflictivo, con un consumo problemático de drogas. Josué, del comedor La Virgencita del Árbol, mencionó un par de casos de secuestro y asaltos. Mariana, por su parte, no sabe de esos casos. Dice que ha habido problemas de violencia intrafamiliar, como el caso de una madre que ahorcó a su hijo. Lo atribuye al estrés, el calor, la falta de solidaridad, el débil sentido de comunidad y a los prejuicios y el maltrato de los vecinos de las colonias cercanas.
Quienes juzgan a los invasores son quienes no se han acercado a escuchar las historias; son historias de lucha, sobrevivencia. Son, para muchos, la escoria de la sociedad. Los ven como delincuentes que roban un espacio de terreno, que son drogadictos, o son prostitutas, o son alcohólicos. Y no digo que no exista algo de eso, pero no es la realidad de todas las personas […] Yo creo que si conociéramos las historias nos acercaríamos más a las invasiones y le exigiríamos al gobierno hacer lo que le corresponde por estas familias.
Mariana fundó otro comedor: Conejitos Invasores II, en La Guadalupana. En su interior hay una sección llamada La Hondonada: un hueco con hojarasca podrida, basura, pipas de cristal rotas, en donde viven más de 40 familias. La red eléctrica es una telaraña con cientos de cables que se extiende hasta el primer poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). A su lado se alza un edificio de tres plantas dirigido por monjas del “Buen Morir”. Trabajan con enfermos terminales.

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Eres Alejandra Ventura González, te dicen Ale. Diriges Conejitos Invasores II y, junto a tus hijos pequeños, fuiste de las primeras personas en invadir La Guadalupana. Huiste del maltrato de tu familia. Era una cuestión de vida o muerte. Te independizaste y mantienes a tus hijos limpiando casas, cocinando y tejiendo hamacas, tu mayor pasión, heredada por tu madre. Admiras su memoria, lloras al hablar de ella. Eres pequeña y fornida, de mirada empática, ojos cafés inmensos, y te consideras “dura” y “sensible”.
En 2019, al inicio de la pandemia, usaste un machete para abrir brecha. Tomaste, al principio, un trozo de tierra de 10 metros, animaste a otras personas a invadir. “Esto ya es mío”, dices hoy, mayo de 2025, aún sin un título de propiedad. “Si quieres un pedazo de tierra te tienes que arriesgar. Aquí luchamos todos los días. Aquí he visto de todo. La hago de psicóloga, de líder, de amiga. Aquí no hay intervención de la policía y somos principalmente mujeres. Cuando no llega la justicia, tenemos que meter escarmientos”.
En tu comedor, el segundo a cargo de Mariana Vargas, cocinas albóndigas y pollo en un anafre tiznado de humo de leña. El calor que se irradia por las láminas, las maderas y las piedras es agobiante. Sobre las bolas de carne circulan moscas que espantas con un pedazo de plástico. Las raciones cuestan 20 pesos y, al menos hoy, comerán de aquí más de 10 familias. Tus hijos quieren ser militares. Uno de los pequeños se asoma para escucharte hablar y lo mandas de nuevo adentro.
Tu historia cifra la realidad general de las personas que llegan a la invasión: “No quedaba de otra, lo hice por mis hijos, para tener en donde vivir. Cuando llegamos —las primeras siete familias— yo miraba al cielo y decía: ‘Dios padre, por favor ayúdame’. Alguna vez, sin un pedazo de comida, incluso pensé en acabar con nuestras vidas. Pero ha habido, si quieres verlo así, algunos milagros, algunos apoyos que nos han sacado adelante. No he dejado que nadie me pise, que pasen encima de mí”. Recuerdas algunas protestas con los vecinos. Una vez cerraron el periférico de Mérida para exigir la atención del gobierno. No funcionó.
Afuera de la diminuta casa, la sede de Conejitos Invasores II, se extienden las calles hostiles de terracería, intransitables en un vehículo común. Las casas están compuestas de los mismos materiales: lonas con sonrisas de políticos impresas, palets, piedras, láminas y objetos que fueron desperdiciados. Los recursos —agua y luz— son robados. No hay servicio de recolección de basura. No hay escuelas cercanas. Aquí, dices, el consumo de drogas como el cristal empieza desde los 12 años. Todos saben dónde se vende. Por el miedo, tus hijos no pueden ir al parque.
Yo lo que hago es apoyar a las mujeres, demostrar que podemos. La mujer es la que más sufre aquí, la que más lucha. Muchos niños no saben ni leer ni escribir. Él —apuntas a uno— debería estar por entrar a la secundaria, pero sigue en cuarto de primaria. Aquí pasan cosas que nadie entiende: hace poco murió un vecino aquí al lado, lo vi desvanecerse, gritamos, llamamos, nunca llegó la ambulancia. Somos rechazados por el gobierno, no llegan los apoyos. Las mujeres son golpeadas por sus esposos, hay inseguridad. Y las estafas: hay gente que lucra con la pobreza. Eso le pasó a doña Clemencia, ¿verdad que sí?
Y, tú, doña Clemencia Gómez atiendes. Dejas de mover una cazuela. Cuentas tu historia. Una historia que se origina cuando migraste desde Chiapas. Un hombre te aseguró que les vendería un terreno que en realidad es una invasión.
Lo que no sabías, Clemencia, era que tu hijo enfermaría de cáncer, y que fallecería. Ahora te haces cargo de cinco nietos. “Yo enterré a mi niño”, dices tras recordar el periplo insoportable de los hospitales públicos, la falta de medicinas, los traslados, el féretro. Entretanto, pagaste durante dos años por ese terreno, muchas familias también pagaron. El hombre que recibía el dinero, un tal Manuel, fingió su muerte y desapareció.
Una vez el IVEY anunció que visitaría las invasiones para iniciar un proceso de regulación. Como si fuera una historia bíblica, quienes no se encontraban en casa en ese momento, aunque vivieran en los terrenos desde hace años, fueron marcados con una cruz roja en las puertas de lámina; quienes sí estuvieron, los marcaron de amarillo. Creíste que eso te pasaría, Clemencia. Habías salido de emergencia, llovía. Regresaste corriendo a casa para evitar esa cruz roja porque tenerla significaría que podían sacarte, que los funcionarios te obligarían a ti y a tus nietos a poner sus pertenencias en bolsas de basura y que reubicaran a otras personas en esa, tu casa. Caíste cuando corrías, te fracturaste el brazo, perdiste mucha sangre; muestras una cicatriz larga y gruesa en tu mano izquierda. Lloras porque recuerdas a tu hijo.
Es tu turno, Ale. Dices: “Esto, dentro de lo que cabe, es una zona más desarrollada, pero al fondo, donde ahorita te llevaremos, es imposible vivir. Se llama La Hondonada”.
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En su crónica-ensayo País sin techo. Ciudades, historias y luchas sobre la vivienda, la abogada Carla Escoffié aborda las diferencias entre “tener” una casa y “estar” en una casa. Escribió: “El concepto de casa se centra en el tener, mientras que el de vivienda se relaciona con el de estar”. Y también expone: “No importa si la casa o departamento no es una propiedad a nuestro nombre: si ahí habitamos, ahí es donde ejercemos nuestro derecho a la vivienda”. Ale, Blanca, Rubí y Clemencia viven en la invasión y ejercen un derecho porque, como apunta Escoffié, “el derecho a la vivienda no es el derecho a una casa, sino a disponer de opciones diversas para acceder a un lugar en donde habitar en distintas modalidades de tenencia —es decir, no solo en propiedad, sino también en arrendamiento o en cooperativas— y para evitar la situación de calle”. Y una advertencia más: “[…] cuando la única contrapropuesta es ‘dejar las cosas como están’, cientos de familias se quedan en la calle, los barrios se desintegran, las ciudades se desbaratan, los ecosistemas se deforestan y los territorios se pierden en unas cuantas manos”.
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Recorro La Hondonada con Ale y Clemencia.
“Ahí —dice Ale señalando un terreno yermo— vino un grupo de gente a sacar a unos invasores y quemaron las casas y el terreno”.
Ya casi terminamos de caminar este fragmento de mundo, un mundo pequeño, caótico y marginal que se ciñe alrededor de un hueco infecto, donde hay basura, hojarasca húmeda, mierda de perro, pipas rotas de cristal, fierros oxidados. Arriba del hueco surgen más casas de La Hondonada. Avanzamos hacia el fondo. Llegamos a una casa asentada sobre un suelo de tierra roja (kakab, en maya). Antes pasamos por un rectángulo de cartón donde logré ver dos hamacas y un hueco. Ale me explicó: “Ahí viven dos hermanos y están cavando con lo que pueden para hacer un pozo”.
Seguimos por la tierra roja; se levanta con el aire y se pega a la ropa. Siempre hay perros ladrando. Cuatro gallinas revolotean en una jaula.
—¡Doña Berthaaaa! —grita Ale.
—Pasen, pasen —responden desde el interior.

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Decenas de niños pasan a una pizarra para adivinar un texto sagrado. Es sábado, 26 de abril de 2025, en San José Tecoh. Estos niños viven en las invasiones aledañas. Hoy, a través de un grupo religioso, tienen un pequeño descanso. Ríen, juegan, beben refresco, comen tamales y pastel.
Isaac Castro Vela y su esposa, la fundadora del proyecto Stay Cruz de Castro, dirigen este espacio desde hace algunos años, a partir de las necesidades que vieron en la zona, y siguiendo los principios de su religión: ayudar al prójimo y al desamparado. La música es religiosa: “Tú, tú, tú eres mi Señor, Jesús”. Y luego otra canción, más rockera, repite incansablemente: “Quiero dar gracias por todo lo que hace el Señor por mí”.
Mientras los niños corren hacia la pizarra y escriben el nombre del versículo o el libro, Isaac dice: “La identidad de los niños de aquí es la calle. Hay consumos problemáticos de drogas, desnutrición, analfabetismo. Las invasiones requieren toda la atención del gobierno, es una zona muy vulnerable para las infancias. Creo que la gente que está no es por una cuestión política, sino por una cuestión de necesidad, yo puedo notar la necesidad”.
Hay un niño al fondo, solo, vive en las invasiones. Patea furioso una pelota contra la pared y tiene una cafetera oxidada llena de tierra. Me jala la playera, dice que adentro de su cafetera hay hormigas, “mis hormigas rojas”, pero no veo ninguna; solo piedras, basura, hojas muertas. Patea de nuevo la pelota contra la pared, le da a otro niño, quien se va corriendo.
—Si fueras un animal, ¿cuál serías?
—El más fuerte —contesta y patea la pelota como si ya lo fuera.
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El sol pega de lleno en la casa de Bertha, 68 años, madre de Graciela, de 38, quien no está porque trabaja para mantener a la familia. “Hasta siendo prostituta haces todo para salir adelante”, dice Ale.
Bertha está con sus tres nietas en una cocina rudimentaria donde hay ollas oxidadas pegadas a una barda en obra gris. El padre de las niñas fue expulsado de la casa porque golpeaba a Graciela. Ale saluda a las niñas, recuerda cuando las lenguas de fuego del incendio de al lado alcanzaron parte de la casa: “Esta es la realidad que ves en las colonias del sur de Mérida. Esto que ves es una invasión. Esto no lo libera el IVEY por sus mamadas, te ponen miles de pretextos. Esto se ha prendido fuego porque lo quemaron. Ahí quemaron el terreno y alcanzó el fuego hasta acá”.
Bertha nos deja pasar a su pieza. Está bardeada completamente de lámina. Es sofocante, aunque pulcrísima. Hay medicinas, muchas medicinas, padece una enfermedad que no termina de explicar. Ella cuenta: “Aquí no hay agua y apagamos el incendio con las pocas cubetitas que teníamos aquí. Antes vivíamos en otro lado. Yo vivo aquí desde hace tiempo. Y vivíamos en otro lado, pero salió un dueño del IVEY y nos correteó”.
Nos correteó significa que les obligó a poner sus cosas en una bolsa de basura e irse inmediatamente para no ser golpeadas.
Las nietas, sentadas en taburetes de madera, escuchan cumbia. Sonríen con pena. La más grande de ellas quiere ser militar para proteger a su mamá y defender a su familia, también porque hay más oportunidades en el Ejército. La gente de aquí nace luchando y quiere seguir luchando por un gobierno que no los mira. La mediana quiere ser doctora. La pequeña apenas habla. Ninguna puede salir de noche, es una zona peligrosa, no tienen vida social. Mientras el fotógrafo registra el interior del terreno, Ale cierra el diálogo: “Y ninguna quiere quedarse en el camino, ninguna quiere parar, porque esta es la perra vida que nos tocó vivir. Tenemos que salir adelante, así como ellas, que todo lo quieren hacer para ayudar a su mamá a salir adelante”.

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Salimos de la casa y avanzo hacia el precipicio, ese límite desde el que se domina por completo La Hondonada, un hueco al lado del centro del buen morir, un hueco que, en realidad, al observarlo desde fuera, cualquiera dudaría que alguien viva en el interior. Veo, de nueva cuenta, un mar de lonas con rostros sonrientes de políticos. Se mueven con el aire. Regreso a las palabras de Ale: “Esta perra vida que nos tocó vivir”.
Imagino escenas posibles, pero aún no registradas: una excavadora y otras máquinas inmensas destruyendo el monte para la venta de terrenos. Imagino empresarios en oficinas cerrando negocios millonarios para gentrificar Yucatán y especular con la tierra. Imagino una visión panorámica: desde arriba veo cómo ese megaproyecto que es la venta de terrenos (como lo define Carla Escoffié) se extiende y abarca todo. Expulsa a la gente de sus casas. Arrincona. Encarece el precio. Imposibilita la vida. Sierras tirando árboles. Animales muertos. Casas quemadas con pertenencias dentro. Todo a 20 minutos de la playa. Personas con vidas aseguradas quitándoles la posibilidad de vivir a los de la periferia. “Esta perra vida que nos tocó vivir”. Todo sucede simultáneamente mientras Bertha y Clemencia atienden a sus nietas, mientras Ale y Blanca arrojan una bola más de carne al aceite, mientras Rubí espera que el IVEY dé respuesta, mientras su hija de 20 años con un hijo recién nacido no tiene agua ni baño ni luz.
Esta perra vida impuesta, impostada, creada desde la insensibilidad de los poderosos. Si a mí me cansó el recorrido, subir y bajar los escarpados, ¿cómo se sentirán Bertha y sus nietas? ¿Cómo viven en este agujero tantas familias y cómo viven en las otras zonas, absolutamente precarias? ¿Qué esperan del futuro? Piensa que eres ellas. Ponte en su lugar un momento. Imagina tu mundo reducido a esto. Piénsalo porque estás aquí, en la invasión.
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