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Tenemos un marco de referencia para comparar esta elección, aunque sea nueva: en la elección de López Obrador participaron 63 millones de personas y en la de Sheinbaum fueron 61; esta elección judicial tendría que superar esa barrera para demostrar que hay un interés genuino de la población en esta materia.
Hay 3 000 cargos en disputa, las campañas no han sido fáciles y el proceso de elección ha despertado poco interés. ¿Qué podemos esperar de la elección judicial de 2025?
Es histórica, costó una dura traición en el Congreso y será la primera votación de aquellos que nacieron en 2007. Sin embargo, la elección judicial no ha logrado despertar el entusiasmo de los mexicanos: según el Instituto Nacional Electoral (INE), seis millones de personas rechazaron ser funcionarios de casilla en esta elección.
La votación será la más confusa que hemos presenciado, con tantas boletas que estarán separadas por colores: ministros de la Corte, morado; magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, verde turquesa, y para las Salas Regionales de ese mismo órgano, coral; magistraturas de Circuito, rosa; jueces de Distrito, amarillo, y en color verde menta estarán las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, un nuevo organismo creado con la Reforma Judicial, encargado de sancionar irregularidades. Hay más de 3 000 candidatos registrados.
De acuerdo con la encuesta Elección del Poder Judicial en México elaborada por Mitofsky, 76.6% de las personas encuestadas están poco o nada informadas sobre el proceso, y solo 38.9% declara tener mucho o algo de interés en conocer sus detalles.
Como en toda elección, la polémica ha comenzado desde antes de los tiempos oficiales: un candidato fue abogado del Z40, otro es acusado de agresión sexual, otro está relacionado con la desaparición de un periodista y varios más buscan una mayor injerencia de la Iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder fue sentenciado a 16 años de prisión por abusar de tres menores de edad.
Desde la perspectiva de Carlos Pérez Vázquez, autor del libro Procurar injusticia (Grijalbo, 2025), hay un problema de origen en el sistema judicial mexicano, el que, señala, se inició con un golpe de Estado. “Las instituciones que han regido México por los últimos 100 años prácticamente son producto del golpe de Estado de Agua Prieta de 1920. Los generales del Ejército mexicano que encabezaron esa rebelión después fueron sucediéndose como presidentes en ese periodo oscuro de la historia que se llama el Maximato”, dice en entrevista con Gatopardo. Fruto del Maximato, dice el autor, surgieron las ideas que dieron forma a nuestro código penal.
Te puede interesar leer el análisis de Daniel Torres Checa: La reforma judicial: un reordenamiento de poderes
Para las tres ministras de la Corte que decidieron participar en este proceso, su diagnóstico del problema en el Poder Judicial está relacionado con la corrupción y la falta de austeridad. Yasmín Esquivel, por ejemplo, sostiene que esta elección permitirá un acceso a la justicia para todos “sin fueros ni privilegios”. En entrevista, la ministra Loretta Ortiz cuenta que de niña su apodo era “Justita” porque resolvía conflictos en su casa y en su entorno familiar y que el Poder Judicial será distinto después de la elección: “Va a ser transparente, ministros, Tribunal de Disciplina, integrantes de la Sala Superior, jueces, magistrados a nivel federal y local van a ser electos y con ello se están comprometiendo con el pueblo de México”.
Lenia Batres dice en entrevista que su propuesta para esta elección es una justicia mucho más social: “Nuestro trabajo es fundamentalmente interpretativo. El problema que tenemos en el Poder Judicial mexicano es que tenemos criterios muy acotados para hacer esa interpretación, sobre todo dirigidos hacia el tema procedimental. Interpretamos en primer lugar los procedimientos porque no hemos sido culturalmente un Poder Judicial de fondo”.
A pesar de haber sido integrante de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados en 2015, Loretta Ortiz asegura que no está respaldada por el obradorismo: “No, no tengo esa sensación. Es una decisión personal que yo tomé de participar por una vocación de servicio”.
Batres, cuya carrera en el servicio público también ha estado vinculada a la izquierda partidista, desde la Cámara de Diputados, y los gobiernos de la Ciudad de México y el federal, considera que la austeridad es crucial para un mejor Poder Judicial.
–¿No está peleado el concepto de austeridad con el correcto ejercicio de los derechos sociales, en vista de que faltan muchas manos en los juzgados? —Le preguntamos.
–No, para nada. El problema de la austeridad es que se concentran los recursos de manera indebida. Hay una cantidad enorme de privilegios que no deberían existir y que justamente se trata de dinero que debería estar encausado en el trabajo práctico de los juzgados, en el pago del personal operativo, incluso de la inversión de tecnología que ayude a simplificar.
Desde el punto de vista de Carlos Pérez Vázquez, la Corte vivirá su mayor transformación desde la reforma del expresidente Ernesto Zedillo que redujo de 26 a 11 sus integrantes y creó el Consejo de la Judicatura Federal para vigilar y administrar los juzgados. No obstante, el autor tiene un “pronóstico reservado” del resultado de la elección del 1 de junio próximo.
Por un lado está la anomalía: “En ningún país del mundo, excepto en Bolivia, se elige a los jueces y los propios bolivianos han sido ya muy vocales, la sociedad, los abogados y los justiciables en Bolivia, respecto a que el sistema no funciona, que fue un error que tienen que corregir”. Por otro lado, “lo que hace que el pronóstico sea más oscuro todavía es que la reforma no viene acompañada de otras que corrijan los vicios ancestrales del sistema de procuración de justicia. Por el contrario, se sigue fortaleciendo la prisión preventiva, entonces se siguen amarrando las manos de los jueces, porque esta misma reforma constitucional dice que los jueces no pueden interpretar nada que evite que se lleve a cabo, que se logre, la prisión preventiva de los acusados. Entonces, elijamos o no a los jueces, sean designados por méritos o por el voto popular, los jueces están siendo amarrados de manos para corregir un sistema históricamente abusivo y represivo”.
¿De dónde voy a sacar 400 000 pesos?
Esa fue la pregunta que se hizo Ximena Jiménez, aspirante a una magistratura en materia administrativa, al conocer el tope de gastos de campaña para su candidatura con recursos que tendría que conseguir de sus bolsillos, ya que en esta elección no habrá financiamiento público ni tiempos de radio y televisión.
En entrevista con Gatopardo dice que ha sido un reto poder pagar su campaña: “No podemos recibir financiamiento, ni público ni privado, incluso ni siquiera podemos recibir financiamiento de nuestros propios familiares, amigos, la cooperativa, la vaquita. Nada de eso. Uno tiene que romper su cochinito de los ahorros que ha hecho durante años. Tienes que pagar a alguien que te diseño logo, tienes que pagarle a alguien que te haga la página web”.
Algo que comparten las candidatas es su visión de una justicia más social y tal vez esa vocación de interpretar la ley en pro de los más desfavorecidos será el nuevo paradigma del derecho mexicano después de esta elección.
“Lo que yo propongo primero es que las sentencias sean apegadas a la realidad social. Los jueces, las juezas, magistrados y magistradas deben de abrir los ojos y ver la realidad ante la cual están juzgando. Es fundamental que personas juzgadoras interpreten la norma con perspectiva de derechos humanos y con la perspectiva del contexto social en el cual se están desenvolviendo”, asegura Ximena Jiménez.
La actual ministra Loretta Ortiz tuvo encuentros con integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y con la Cooperativa Cruz Azul. El SME lo transmitió en vivo con una producción con auditorio lleno, cámaras, switchers, gráficos en pantalla, audio e internet que debería ser completamente normal en una elección, pero las cosas cambian con las reglas tan ajustadas del INE.
–¿Está teniendo alguna complicación con el financiamiento? —Le preguntamos a Ortiz.
–Pues no he estado yo preocupada por ese tema porque no recibo financiamiento, como se establece en la reforma, de ningún tipo ni interno ni externo. Me han invitado a determinados eventos, pero por tema de financiamiento no tengo.
Además del tema del financiamiento, para Lenia Batres la crítica está enfocada en el papel del INE como promotor de la elección. “El INE está muy extraño, parece como muy temeroso, ha sido sumamente errático. Parece que el INE se convirtió de repente en una autoridad que está buscando garantizar que nadie se entere, que no haya campañas, que además nadie conozca los candidatos. Nos puso muchas restricciones. No podemos hacer mítines. No podemos gastar en sillas para eventos. No podemos gastar porque además no tenemos financiamiento. En todo caso, se trata de nuestra quincena, de nuestros recursos”, dice.
Dos polémicas: una religiosa y una castrense
Otro de los candidatos a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es César Gutiérrez Priego, hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo, el zar antidrogas de la administración del expresidente Ernesto Zedillo al que el gobierno acusó de tener nexos con narcotraficantes para luego arrestarlo.
Gutiérrez Priego ha dedicado buena parte de su práctica como abogado a lo que él llama “el litigio de su vida”, en el que ha pedido que las autoridades retiren las acusaciones contra su padre e incluso dijo a finales de 2021 que demandaría a Netflix por el personaje del general Gutiérrez Rebollo que en el guión de la serie Narcos es sobornado por un capo de la droga.
Una parte sustancial del currículum con el que se presenta el candidato es su especialidad en derecho militar, y su página de internet destaca la creación de una fundación de ayuda jurídica para militares.
–¿Consideraría excusarse en la discusión de asuntos relacionados con las fuerzas armadas por representar un posible conflicto de interés? —Le preguntamos
–Sí, si yo participé en alguna ocasión en alguno de esos temas, por supuesto que por ley me tendría que excusar. Nosotros como ministros tenemos que enfocarnos en la ética y en la honorabilidad del puesto que nosotros vamos a desempeñar. Si no es un caso en donde yo haya participado, no tendría yo algún impedimento legal como para poder hacerlo. Una cosa es que yo apoye al gremio militar y otra cosa es que yo no tenga la capacidad jurídica.
Estos asuntos cobran un matiz distinto después del sexenio donde más ha crecido el poder de los militares en el país. Y la Corte, como tribunal constitucional, también ha tenido un papel en esto, como cuando tuvo que discutir si la Guardia Nacional debía estar al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. En abril de 2023, el voto de la mayoría de los ministros fue en contra de esa decisión.
“Me parece que es correcto que cada uno de los candidatos a ministros exprese abiertamente cuál es su ideología —dice Gutiérrez Priego—, hay que ser muy claros en decir si son de derecha o de izquierda, lo más importante en este momento es la transparencia”.
Por otro lado, en esta, como en las anteriores elecciones, integrantes de la Iglesia La Luz del Mundo se anotaron como candidatos. Sochil Martin es una de las mujeres que acusó judicialmente al líder de la Iglesia, Naasón Joaquín, sentenciado a 16 años de prisión en Estados Unidos, tras confesar que abusó de al menos tres menores de edad. Sharim Guzmán es esposo de Sochil Martin y exintegrante de La Luz del Mundo.
Te podría interesar: A palabras necias, una reforma constitucional.
En entrevista con Gatopardo, Sharim Guzmán refiere a al menos cuatro personajes que están enlistados en esta elección: Madián Menchaca, hija de Nicolás Menchaca (al que acusa de haberlo querido sobornar a él y a Sochil para no denunciar a Naasón Joaquín), Job Daniel Wong (de quien asegura que es ministro dentro de esta Iglesia), Cinthia Teniente (integrante de la misma Iglesia y esposa del senador Emmanuel Reyes Carmona, suplente de Marcelo Ebrard y participante activo en el homenaje en Bellas Artes a Naasón Joaquín), y dos mujeres más que han defendido públicamente a Naasón Joaquín, Betzabeth Almazán y Cesiah León.
“Yo fui un político de La Luz del Mundo. Era una persona que Naasón Joaquín utilizó a través de su poder. Ese es el patrón de todos los miembros de La Luz del Mundo que están dentro de la política, te adoctrinan desde niño, pero cuando ya pasas a una etapa de ser adulto estudias, tienes una profesión y ellos captan a todos los profesionistas para que todo nuestro servicio sea en favor de la institución. La Luz del Mundo es una religión que desde sus inicios está involucrada en la política”, asegura.
Tenemos un marco de referencia para comparar esta elección, aunque sea nueva: en la elección de López Obrador participaron 63 millones de personas y en la de Sheinbaum fueron 61, en medio de esto ocurrió la revocación de mandato en la que participaron 16 millones de personas (17% de la lista nominal), así que esta elección judicial tendría que superar esa barrera para demostrar que hay un interés genuino de la población en esta materia.
Las campañas ya empezaron y tenemos una semana por delante para que candidatas y candidatos logren seducir al electorado con algo más que repetir las frases de López Obrador.
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¡Gracias!
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Hay 3 000 cargos en disputa, las campañas no han sido fáciles y el proceso de elección ha despertado poco interés. ¿Qué podemos esperar de la elección judicial de 2025?
Es histórica, costó una dura traición en el Congreso y será la primera votación de aquellos que nacieron en 2007. Sin embargo, la elección judicial no ha logrado despertar el entusiasmo de los mexicanos: según el Instituto Nacional Electoral (INE), seis millones de personas rechazaron ser funcionarios de casilla en esta elección.
La votación será la más confusa que hemos presenciado, con tantas boletas que estarán separadas por colores: ministros de la Corte, morado; magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, verde turquesa, y para las Salas Regionales de ese mismo órgano, coral; magistraturas de Circuito, rosa; jueces de Distrito, amarillo, y en color verde menta estarán las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, un nuevo organismo creado con la Reforma Judicial, encargado de sancionar irregularidades. Hay más de 3 000 candidatos registrados.
De acuerdo con la encuesta Elección del Poder Judicial en México elaborada por Mitofsky, 76.6% de las personas encuestadas están poco o nada informadas sobre el proceso, y solo 38.9% declara tener mucho o algo de interés en conocer sus detalles.
Como en toda elección, la polémica ha comenzado desde antes de los tiempos oficiales: un candidato fue abogado del Z40, otro es acusado de agresión sexual, otro está relacionado con la desaparición de un periodista y varios más buscan una mayor injerencia de la Iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder fue sentenciado a 16 años de prisión por abusar de tres menores de edad.
Desde la perspectiva de Carlos Pérez Vázquez, autor del libro Procurar injusticia (Grijalbo, 2025), hay un problema de origen en el sistema judicial mexicano, el que, señala, se inició con un golpe de Estado. “Las instituciones que han regido México por los últimos 100 años prácticamente son producto del golpe de Estado de Agua Prieta de 1920. Los generales del Ejército mexicano que encabezaron esa rebelión después fueron sucediéndose como presidentes en ese periodo oscuro de la historia que se llama el Maximato”, dice en entrevista con Gatopardo. Fruto del Maximato, dice el autor, surgieron las ideas que dieron forma a nuestro código penal.
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Para las tres ministras de la Corte que decidieron participar en este proceso, su diagnóstico del problema en el Poder Judicial está relacionado con la corrupción y la falta de austeridad. Yasmín Esquivel, por ejemplo, sostiene que esta elección permitirá un acceso a la justicia para todos “sin fueros ni privilegios”. En entrevista, la ministra Loretta Ortiz cuenta que de niña su apodo era “Justita” porque resolvía conflictos en su casa y en su entorno familiar y que el Poder Judicial será distinto después de la elección: “Va a ser transparente, ministros, Tribunal de Disciplina, integrantes de la Sala Superior, jueces, magistrados a nivel federal y local van a ser electos y con ello se están comprometiendo con el pueblo de México”.
Lenia Batres dice en entrevista que su propuesta para esta elección es una justicia mucho más social: “Nuestro trabajo es fundamentalmente interpretativo. El problema que tenemos en el Poder Judicial mexicano es que tenemos criterios muy acotados para hacer esa interpretación, sobre todo dirigidos hacia el tema procedimental. Interpretamos en primer lugar los procedimientos porque no hemos sido culturalmente un Poder Judicial de fondo”.
A pesar de haber sido integrante de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados en 2015, Loretta Ortiz asegura que no está respaldada por el obradorismo: “No, no tengo esa sensación. Es una decisión personal que yo tomé de participar por una vocación de servicio”.
Batres, cuya carrera en el servicio público también ha estado vinculada a la izquierda partidista, desde la Cámara de Diputados, y los gobiernos de la Ciudad de México y el federal, considera que la austeridad es crucial para un mejor Poder Judicial.
–¿No está peleado el concepto de austeridad con el correcto ejercicio de los derechos sociales, en vista de que faltan muchas manos en los juzgados? —Le preguntamos.
–No, para nada. El problema de la austeridad es que se concentran los recursos de manera indebida. Hay una cantidad enorme de privilegios que no deberían existir y que justamente se trata de dinero que debería estar encausado en el trabajo práctico de los juzgados, en el pago del personal operativo, incluso de la inversión de tecnología que ayude a simplificar.
Desde el punto de vista de Carlos Pérez Vázquez, la Corte vivirá su mayor transformación desde la reforma del expresidente Ernesto Zedillo que redujo de 26 a 11 sus integrantes y creó el Consejo de la Judicatura Federal para vigilar y administrar los juzgados. No obstante, el autor tiene un “pronóstico reservado” del resultado de la elección del 1 de junio próximo.
Por un lado está la anomalía: “En ningún país del mundo, excepto en Bolivia, se elige a los jueces y los propios bolivianos han sido ya muy vocales, la sociedad, los abogados y los justiciables en Bolivia, respecto a que el sistema no funciona, que fue un error que tienen que corregir”. Por otro lado, “lo que hace que el pronóstico sea más oscuro todavía es que la reforma no viene acompañada de otras que corrijan los vicios ancestrales del sistema de procuración de justicia. Por el contrario, se sigue fortaleciendo la prisión preventiva, entonces se siguen amarrando las manos de los jueces, porque esta misma reforma constitucional dice que los jueces no pueden interpretar nada que evite que se lleve a cabo, que se logre, la prisión preventiva de los acusados. Entonces, elijamos o no a los jueces, sean designados por méritos o por el voto popular, los jueces están siendo amarrados de manos para corregir un sistema históricamente abusivo y represivo”.
¿De dónde voy a sacar 400 000 pesos?
Esa fue la pregunta que se hizo Ximena Jiménez, aspirante a una magistratura en materia administrativa, al conocer el tope de gastos de campaña para su candidatura con recursos que tendría que conseguir de sus bolsillos, ya que en esta elección no habrá financiamiento público ni tiempos de radio y televisión.
En entrevista con Gatopardo dice que ha sido un reto poder pagar su campaña: “No podemos recibir financiamiento, ni público ni privado, incluso ni siquiera podemos recibir financiamiento de nuestros propios familiares, amigos, la cooperativa, la vaquita. Nada de eso. Uno tiene que romper su cochinito de los ahorros que ha hecho durante años. Tienes que pagar a alguien que te diseño logo, tienes que pagarle a alguien que te haga la página web”.
Algo que comparten las candidatas es su visión de una justicia más social y tal vez esa vocación de interpretar la ley en pro de los más desfavorecidos será el nuevo paradigma del derecho mexicano después de esta elección.
“Lo que yo propongo primero es que las sentencias sean apegadas a la realidad social. Los jueces, las juezas, magistrados y magistradas deben de abrir los ojos y ver la realidad ante la cual están juzgando. Es fundamental que personas juzgadoras interpreten la norma con perspectiva de derechos humanos y con la perspectiva del contexto social en el cual se están desenvolviendo”, asegura Ximena Jiménez.
La actual ministra Loretta Ortiz tuvo encuentros con integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y con la Cooperativa Cruz Azul. El SME lo transmitió en vivo con una producción con auditorio lleno, cámaras, switchers, gráficos en pantalla, audio e internet que debería ser completamente normal en una elección, pero las cosas cambian con las reglas tan ajustadas del INE.
–¿Está teniendo alguna complicación con el financiamiento? —Le preguntamos a Ortiz.
–Pues no he estado yo preocupada por ese tema porque no recibo financiamiento, como se establece en la reforma, de ningún tipo ni interno ni externo. Me han invitado a determinados eventos, pero por tema de financiamiento no tengo.
Además del tema del financiamiento, para Lenia Batres la crítica está enfocada en el papel del INE como promotor de la elección. “El INE está muy extraño, parece como muy temeroso, ha sido sumamente errático. Parece que el INE se convirtió de repente en una autoridad que está buscando garantizar que nadie se entere, que no haya campañas, que además nadie conozca los candidatos. Nos puso muchas restricciones. No podemos hacer mítines. No podemos gastar en sillas para eventos. No podemos gastar porque además no tenemos financiamiento. En todo caso, se trata de nuestra quincena, de nuestros recursos”, dice.
Dos polémicas: una religiosa y una castrense
Otro de los candidatos a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es César Gutiérrez Priego, hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo, el zar antidrogas de la administración del expresidente Ernesto Zedillo al que el gobierno acusó de tener nexos con narcotraficantes para luego arrestarlo.
Gutiérrez Priego ha dedicado buena parte de su práctica como abogado a lo que él llama “el litigio de su vida”, en el que ha pedido que las autoridades retiren las acusaciones contra su padre e incluso dijo a finales de 2021 que demandaría a Netflix por el personaje del general Gutiérrez Rebollo que en el guión de la serie Narcos es sobornado por un capo de la droga.
Una parte sustancial del currículum con el que se presenta el candidato es su especialidad en derecho militar, y su página de internet destaca la creación de una fundación de ayuda jurídica para militares.
–¿Consideraría excusarse en la discusión de asuntos relacionados con las fuerzas armadas por representar un posible conflicto de interés? —Le preguntamos
–Sí, si yo participé en alguna ocasión en alguno de esos temas, por supuesto que por ley me tendría que excusar. Nosotros como ministros tenemos que enfocarnos en la ética y en la honorabilidad del puesto que nosotros vamos a desempeñar. Si no es un caso en donde yo haya participado, no tendría yo algún impedimento legal como para poder hacerlo. Una cosa es que yo apoye al gremio militar y otra cosa es que yo no tenga la capacidad jurídica.
Estos asuntos cobran un matiz distinto después del sexenio donde más ha crecido el poder de los militares en el país. Y la Corte, como tribunal constitucional, también ha tenido un papel en esto, como cuando tuvo que discutir si la Guardia Nacional debía estar al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. En abril de 2023, el voto de la mayoría de los ministros fue en contra de esa decisión.
“Me parece que es correcto que cada uno de los candidatos a ministros exprese abiertamente cuál es su ideología —dice Gutiérrez Priego—, hay que ser muy claros en decir si son de derecha o de izquierda, lo más importante en este momento es la transparencia”.
Por otro lado, en esta, como en las anteriores elecciones, integrantes de la Iglesia La Luz del Mundo se anotaron como candidatos. Sochil Martin es una de las mujeres que acusó judicialmente al líder de la Iglesia, Naasón Joaquín, sentenciado a 16 años de prisión en Estados Unidos, tras confesar que abusó de al menos tres menores de edad. Sharim Guzmán es esposo de Sochil Martin y exintegrante de La Luz del Mundo.
Te podría interesar: A palabras necias, una reforma constitucional.
En entrevista con Gatopardo, Sharim Guzmán refiere a al menos cuatro personajes que están enlistados en esta elección: Madián Menchaca, hija de Nicolás Menchaca (al que acusa de haberlo querido sobornar a él y a Sochil para no denunciar a Naasón Joaquín), Job Daniel Wong (de quien asegura que es ministro dentro de esta Iglesia), Cinthia Teniente (integrante de la misma Iglesia y esposa del senador Emmanuel Reyes Carmona, suplente de Marcelo Ebrard y participante activo en el homenaje en Bellas Artes a Naasón Joaquín), y dos mujeres más que han defendido públicamente a Naasón Joaquín, Betzabeth Almazán y Cesiah León.
“Yo fui un político de La Luz del Mundo. Era una persona que Naasón Joaquín utilizó a través de su poder. Ese es el patrón de todos los miembros de La Luz del Mundo que están dentro de la política, te adoctrinan desde niño, pero cuando ya pasas a una etapa de ser adulto estudias, tienes una profesión y ellos captan a todos los profesionistas para que todo nuestro servicio sea en favor de la institución. La Luz del Mundo es una religión que desde sus inicios está involucrada en la política”, asegura.
Tenemos un marco de referencia para comparar esta elección, aunque sea nueva: en la elección de López Obrador participaron 63 millones de personas y en la de Sheinbaum fueron 61, en medio de esto ocurrió la revocación de mandato en la que participaron 16 millones de personas (17% de la lista nominal), así que esta elección judicial tendría que superar esa barrera para demostrar que hay un interés genuino de la población en esta materia.
Las campañas ya empezaron y tenemos una semana por delante para que candidatas y candidatos logren seducir al electorado con algo más que repetir las frases de López Obrador.
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Tenemos un marco de referencia para comparar esta elección, aunque sea nueva: en la elección de López Obrador participaron 63 millones de personas y en la de Sheinbaum fueron 61; esta elección judicial tendría que superar esa barrera para demostrar que hay un interés genuino de la población en esta materia.
Hay 3 000 cargos en disputa, las campañas no han sido fáciles y el proceso de elección ha despertado poco interés. ¿Qué podemos esperar de la elección judicial de 2025?
Es histórica, costó una dura traición en el Congreso y será la primera votación de aquellos que nacieron en 2007. Sin embargo, la elección judicial no ha logrado despertar el entusiasmo de los mexicanos: según el Instituto Nacional Electoral (INE), seis millones de personas rechazaron ser funcionarios de casilla en esta elección.
La votación será la más confusa que hemos presenciado, con tantas boletas que estarán separadas por colores: ministros de la Corte, morado; magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, verde turquesa, y para las Salas Regionales de ese mismo órgano, coral; magistraturas de Circuito, rosa; jueces de Distrito, amarillo, y en color verde menta estarán las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, un nuevo organismo creado con la Reforma Judicial, encargado de sancionar irregularidades. Hay más de 3 000 candidatos registrados.
De acuerdo con la encuesta Elección del Poder Judicial en México elaborada por Mitofsky, 76.6% de las personas encuestadas están poco o nada informadas sobre el proceso, y solo 38.9% declara tener mucho o algo de interés en conocer sus detalles.
Como en toda elección, la polémica ha comenzado desde antes de los tiempos oficiales: un candidato fue abogado del Z40, otro es acusado de agresión sexual, otro está relacionado con la desaparición de un periodista y varios más buscan una mayor injerencia de la Iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder fue sentenciado a 16 años de prisión por abusar de tres menores de edad.
Desde la perspectiva de Carlos Pérez Vázquez, autor del libro Procurar injusticia (Grijalbo, 2025), hay un problema de origen en el sistema judicial mexicano, el que, señala, se inició con un golpe de Estado. “Las instituciones que han regido México por los últimos 100 años prácticamente son producto del golpe de Estado de Agua Prieta de 1920. Los generales del Ejército mexicano que encabezaron esa rebelión después fueron sucediéndose como presidentes en ese periodo oscuro de la historia que se llama el Maximato”, dice en entrevista con Gatopardo. Fruto del Maximato, dice el autor, surgieron las ideas que dieron forma a nuestro código penal.
Te puede interesar leer el análisis de Daniel Torres Checa: La reforma judicial: un reordenamiento de poderes
Para las tres ministras de la Corte que decidieron participar en este proceso, su diagnóstico del problema en el Poder Judicial está relacionado con la corrupción y la falta de austeridad. Yasmín Esquivel, por ejemplo, sostiene que esta elección permitirá un acceso a la justicia para todos “sin fueros ni privilegios”. En entrevista, la ministra Loretta Ortiz cuenta que de niña su apodo era “Justita” porque resolvía conflictos en su casa y en su entorno familiar y que el Poder Judicial será distinto después de la elección: “Va a ser transparente, ministros, Tribunal de Disciplina, integrantes de la Sala Superior, jueces, magistrados a nivel federal y local van a ser electos y con ello se están comprometiendo con el pueblo de México”.
Lenia Batres dice en entrevista que su propuesta para esta elección es una justicia mucho más social: “Nuestro trabajo es fundamentalmente interpretativo. El problema que tenemos en el Poder Judicial mexicano es que tenemos criterios muy acotados para hacer esa interpretación, sobre todo dirigidos hacia el tema procedimental. Interpretamos en primer lugar los procedimientos porque no hemos sido culturalmente un Poder Judicial de fondo”.
A pesar de haber sido integrante de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados en 2015, Loretta Ortiz asegura que no está respaldada por el obradorismo: “No, no tengo esa sensación. Es una decisión personal que yo tomé de participar por una vocación de servicio”.
Batres, cuya carrera en el servicio público también ha estado vinculada a la izquierda partidista, desde la Cámara de Diputados, y los gobiernos de la Ciudad de México y el federal, considera que la austeridad es crucial para un mejor Poder Judicial.
–¿No está peleado el concepto de austeridad con el correcto ejercicio de los derechos sociales, en vista de que faltan muchas manos en los juzgados? —Le preguntamos.
–No, para nada. El problema de la austeridad es que se concentran los recursos de manera indebida. Hay una cantidad enorme de privilegios que no deberían existir y que justamente se trata de dinero que debería estar encausado en el trabajo práctico de los juzgados, en el pago del personal operativo, incluso de la inversión de tecnología que ayude a simplificar.
Desde el punto de vista de Carlos Pérez Vázquez, la Corte vivirá su mayor transformación desde la reforma del expresidente Ernesto Zedillo que redujo de 26 a 11 sus integrantes y creó el Consejo de la Judicatura Federal para vigilar y administrar los juzgados. No obstante, el autor tiene un “pronóstico reservado” del resultado de la elección del 1 de junio próximo.
Por un lado está la anomalía: “En ningún país del mundo, excepto en Bolivia, se elige a los jueces y los propios bolivianos han sido ya muy vocales, la sociedad, los abogados y los justiciables en Bolivia, respecto a que el sistema no funciona, que fue un error que tienen que corregir”. Por otro lado, “lo que hace que el pronóstico sea más oscuro todavía es que la reforma no viene acompañada de otras que corrijan los vicios ancestrales del sistema de procuración de justicia. Por el contrario, se sigue fortaleciendo la prisión preventiva, entonces se siguen amarrando las manos de los jueces, porque esta misma reforma constitucional dice que los jueces no pueden interpretar nada que evite que se lleve a cabo, que se logre, la prisión preventiva de los acusados. Entonces, elijamos o no a los jueces, sean designados por méritos o por el voto popular, los jueces están siendo amarrados de manos para corregir un sistema históricamente abusivo y represivo”.
¿De dónde voy a sacar 400 000 pesos?
Esa fue la pregunta que se hizo Ximena Jiménez, aspirante a una magistratura en materia administrativa, al conocer el tope de gastos de campaña para su candidatura con recursos que tendría que conseguir de sus bolsillos, ya que en esta elección no habrá financiamiento público ni tiempos de radio y televisión.
En entrevista con Gatopardo dice que ha sido un reto poder pagar su campaña: “No podemos recibir financiamiento, ni público ni privado, incluso ni siquiera podemos recibir financiamiento de nuestros propios familiares, amigos, la cooperativa, la vaquita. Nada de eso. Uno tiene que romper su cochinito de los ahorros que ha hecho durante años. Tienes que pagar a alguien que te diseño logo, tienes que pagarle a alguien que te haga la página web”.
Algo que comparten las candidatas es su visión de una justicia más social y tal vez esa vocación de interpretar la ley en pro de los más desfavorecidos será el nuevo paradigma del derecho mexicano después de esta elección.
“Lo que yo propongo primero es que las sentencias sean apegadas a la realidad social. Los jueces, las juezas, magistrados y magistradas deben de abrir los ojos y ver la realidad ante la cual están juzgando. Es fundamental que personas juzgadoras interpreten la norma con perspectiva de derechos humanos y con la perspectiva del contexto social en el cual se están desenvolviendo”, asegura Ximena Jiménez.
La actual ministra Loretta Ortiz tuvo encuentros con integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y con la Cooperativa Cruz Azul. El SME lo transmitió en vivo con una producción con auditorio lleno, cámaras, switchers, gráficos en pantalla, audio e internet que debería ser completamente normal en una elección, pero las cosas cambian con las reglas tan ajustadas del INE.
–¿Está teniendo alguna complicación con el financiamiento? —Le preguntamos a Ortiz.
–Pues no he estado yo preocupada por ese tema porque no recibo financiamiento, como se establece en la reforma, de ningún tipo ni interno ni externo. Me han invitado a determinados eventos, pero por tema de financiamiento no tengo.
Además del tema del financiamiento, para Lenia Batres la crítica está enfocada en el papel del INE como promotor de la elección. “El INE está muy extraño, parece como muy temeroso, ha sido sumamente errático. Parece que el INE se convirtió de repente en una autoridad que está buscando garantizar que nadie se entere, que no haya campañas, que además nadie conozca los candidatos. Nos puso muchas restricciones. No podemos hacer mítines. No podemos gastar en sillas para eventos. No podemos gastar porque además no tenemos financiamiento. En todo caso, se trata de nuestra quincena, de nuestros recursos”, dice.
Dos polémicas: una religiosa y una castrense
Otro de los candidatos a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es César Gutiérrez Priego, hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo, el zar antidrogas de la administración del expresidente Ernesto Zedillo al que el gobierno acusó de tener nexos con narcotraficantes para luego arrestarlo.
Gutiérrez Priego ha dedicado buena parte de su práctica como abogado a lo que él llama “el litigio de su vida”, en el que ha pedido que las autoridades retiren las acusaciones contra su padre e incluso dijo a finales de 2021 que demandaría a Netflix por el personaje del general Gutiérrez Rebollo que en el guión de la serie Narcos es sobornado por un capo de la droga.
Una parte sustancial del currículum con el que se presenta el candidato es su especialidad en derecho militar, y su página de internet destaca la creación de una fundación de ayuda jurídica para militares.
–¿Consideraría excusarse en la discusión de asuntos relacionados con las fuerzas armadas por representar un posible conflicto de interés? —Le preguntamos
–Sí, si yo participé en alguna ocasión en alguno de esos temas, por supuesto que por ley me tendría que excusar. Nosotros como ministros tenemos que enfocarnos en la ética y en la honorabilidad del puesto que nosotros vamos a desempeñar. Si no es un caso en donde yo haya participado, no tendría yo algún impedimento legal como para poder hacerlo. Una cosa es que yo apoye al gremio militar y otra cosa es que yo no tenga la capacidad jurídica.
Estos asuntos cobran un matiz distinto después del sexenio donde más ha crecido el poder de los militares en el país. Y la Corte, como tribunal constitucional, también ha tenido un papel en esto, como cuando tuvo que discutir si la Guardia Nacional debía estar al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. En abril de 2023, el voto de la mayoría de los ministros fue en contra de esa decisión.
“Me parece que es correcto que cada uno de los candidatos a ministros exprese abiertamente cuál es su ideología —dice Gutiérrez Priego—, hay que ser muy claros en decir si son de derecha o de izquierda, lo más importante en este momento es la transparencia”.
Por otro lado, en esta, como en las anteriores elecciones, integrantes de la Iglesia La Luz del Mundo se anotaron como candidatos. Sochil Martin es una de las mujeres que acusó judicialmente al líder de la Iglesia, Naasón Joaquín, sentenciado a 16 años de prisión en Estados Unidos, tras confesar que abusó de al menos tres menores de edad. Sharim Guzmán es esposo de Sochil Martin y exintegrante de La Luz del Mundo.
Te podría interesar: A palabras necias, una reforma constitucional.
En entrevista con Gatopardo, Sharim Guzmán refiere a al menos cuatro personajes que están enlistados en esta elección: Madián Menchaca, hija de Nicolás Menchaca (al que acusa de haberlo querido sobornar a él y a Sochil para no denunciar a Naasón Joaquín), Job Daniel Wong (de quien asegura que es ministro dentro de esta Iglesia), Cinthia Teniente (integrante de la misma Iglesia y esposa del senador Emmanuel Reyes Carmona, suplente de Marcelo Ebrard y participante activo en el homenaje en Bellas Artes a Naasón Joaquín), y dos mujeres más que han defendido públicamente a Naasón Joaquín, Betzabeth Almazán y Cesiah León.
“Yo fui un político de La Luz del Mundo. Era una persona que Naasón Joaquín utilizó a través de su poder. Ese es el patrón de todos los miembros de La Luz del Mundo que están dentro de la política, te adoctrinan desde niño, pero cuando ya pasas a una etapa de ser adulto estudias, tienes una profesión y ellos captan a todos los profesionistas para que todo nuestro servicio sea en favor de la institución. La Luz del Mundo es una religión que desde sus inicios está involucrada en la política”, asegura.
Tenemos un marco de referencia para comparar esta elección, aunque sea nueva: en la elección de López Obrador participaron 63 millones de personas y en la de Sheinbaum fueron 61, en medio de esto ocurrió la revocación de mandato en la que participaron 16 millones de personas (17% de la lista nominal), así que esta elección judicial tendría que superar esa barrera para demostrar que hay un interés genuino de la población en esta materia.
Las campañas ya empezaron y tenemos una semana por delante para que candidatas y candidatos logren seducir al electorado con algo más que repetir las frases de López Obrador.
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¡Gracias!
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Hay 3 000 cargos en disputa, las campañas no han sido fáciles y el proceso de elección ha despertado poco interés. ¿Qué podemos esperar de la elección judicial de 2025?
Es histórica, costó una dura traición en el Congreso y será la primera votación de aquellos que nacieron en 2007. Sin embargo, la elección judicial no ha logrado despertar el entusiasmo de los mexicanos: según el Instituto Nacional Electoral (INE), seis millones de personas rechazaron ser funcionarios de casilla en esta elección.
La votación será la más confusa que hemos presenciado, con tantas boletas que estarán separadas por colores: ministros de la Corte, morado; magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, verde turquesa, y para las Salas Regionales de ese mismo órgano, coral; magistraturas de Circuito, rosa; jueces de Distrito, amarillo, y en color verde menta estarán las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, un nuevo organismo creado con la Reforma Judicial, encargado de sancionar irregularidades. Hay más de 3 000 candidatos registrados.
De acuerdo con la encuesta Elección del Poder Judicial en México elaborada por Mitofsky, 76.6% de las personas encuestadas están poco o nada informadas sobre el proceso, y solo 38.9% declara tener mucho o algo de interés en conocer sus detalles.
Como en toda elección, la polémica ha comenzado desde antes de los tiempos oficiales: un candidato fue abogado del Z40, otro es acusado de agresión sexual, otro está relacionado con la desaparición de un periodista y varios más buscan una mayor injerencia de la Iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder fue sentenciado a 16 años de prisión por abusar de tres menores de edad.
Desde la perspectiva de Carlos Pérez Vázquez, autor del libro Procurar injusticia (Grijalbo, 2025), hay un problema de origen en el sistema judicial mexicano, el que, señala, se inició con un golpe de Estado. “Las instituciones que han regido México por los últimos 100 años prácticamente son producto del golpe de Estado de Agua Prieta de 1920. Los generales del Ejército mexicano que encabezaron esa rebelión después fueron sucediéndose como presidentes en ese periodo oscuro de la historia que se llama el Maximato”, dice en entrevista con Gatopardo. Fruto del Maximato, dice el autor, surgieron las ideas que dieron forma a nuestro código penal.
Te puede interesar leer el análisis de Daniel Torres Checa: La reforma judicial: un reordenamiento de poderes
Para las tres ministras de la Corte que decidieron participar en este proceso, su diagnóstico del problema en el Poder Judicial está relacionado con la corrupción y la falta de austeridad. Yasmín Esquivel, por ejemplo, sostiene que esta elección permitirá un acceso a la justicia para todos “sin fueros ni privilegios”. En entrevista, la ministra Loretta Ortiz cuenta que de niña su apodo era “Justita” porque resolvía conflictos en su casa y en su entorno familiar y que el Poder Judicial será distinto después de la elección: “Va a ser transparente, ministros, Tribunal de Disciplina, integrantes de la Sala Superior, jueces, magistrados a nivel federal y local van a ser electos y con ello se están comprometiendo con el pueblo de México”.
Lenia Batres dice en entrevista que su propuesta para esta elección es una justicia mucho más social: “Nuestro trabajo es fundamentalmente interpretativo. El problema que tenemos en el Poder Judicial mexicano es que tenemos criterios muy acotados para hacer esa interpretación, sobre todo dirigidos hacia el tema procedimental. Interpretamos en primer lugar los procedimientos porque no hemos sido culturalmente un Poder Judicial de fondo”.
A pesar de haber sido integrante de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados en 2015, Loretta Ortiz asegura que no está respaldada por el obradorismo: “No, no tengo esa sensación. Es una decisión personal que yo tomé de participar por una vocación de servicio”.
Batres, cuya carrera en el servicio público también ha estado vinculada a la izquierda partidista, desde la Cámara de Diputados, y los gobiernos de la Ciudad de México y el federal, considera que la austeridad es crucial para un mejor Poder Judicial.
–¿No está peleado el concepto de austeridad con el correcto ejercicio de los derechos sociales, en vista de que faltan muchas manos en los juzgados? —Le preguntamos.
–No, para nada. El problema de la austeridad es que se concentran los recursos de manera indebida. Hay una cantidad enorme de privilegios que no deberían existir y que justamente se trata de dinero que debería estar encausado en el trabajo práctico de los juzgados, en el pago del personal operativo, incluso de la inversión de tecnología que ayude a simplificar.
Desde el punto de vista de Carlos Pérez Vázquez, la Corte vivirá su mayor transformación desde la reforma del expresidente Ernesto Zedillo que redujo de 26 a 11 sus integrantes y creó el Consejo de la Judicatura Federal para vigilar y administrar los juzgados. No obstante, el autor tiene un “pronóstico reservado” del resultado de la elección del 1 de junio próximo.
Por un lado está la anomalía: “En ningún país del mundo, excepto en Bolivia, se elige a los jueces y los propios bolivianos han sido ya muy vocales, la sociedad, los abogados y los justiciables en Bolivia, respecto a que el sistema no funciona, que fue un error que tienen que corregir”. Por otro lado, “lo que hace que el pronóstico sea más oscuro todavía es que la reforma no viene acompañada de otras que corrijan los vicios ancestrales del sistema de procuración de justicia. Por el contrario, se sigue fortaleciendo la prisión preventiva, entonces se siguen amarrando las manos de los jueces, porque esta misma reforma constitucional dice que los jueces no pueden interpretar nada que evite que se lleve a cabo, que se logre, la prisión preventiva de los acusados. Entonces, elijamos o no a los jueces, sean designados por méritos o por el voto popular, los jueces están siendo amarrados de manos para corregir un sistema históricamente abusivo y represivo”.
¿De dónde voy a sacar 400 000 pesos?
Esa fue la pregunta que se hizo Ximena Jiménez, aspirante a una magistratura en materia administrativa, al conocer el tope de gastos de campaña para su candidatura con recursos que tendría que conseguir de sus bolsillos, ya que en esta elección no habrá financiamiento público ni tiempos de radio y televisión.
En entrevista con Gatopardo dice que ha sido un reto poder pagar su campaña: “No podemos recibir financiamiento, ni público ni privado, incluso ni siquiera podemos recibir financiamiento de nuestros propios familiares, amigos, la cooperativa, la vaquita. Nada de eso. Uno tiene que romper su cochinito de los ahorros que ha hecho durante años. Tienes que pagar a alguien que te diseño logo, tienes que pagarle a alguien que te haga la página web”.
Algo que comparten las candidatas es su visión de una justicia más social y tal vez esa vocación de interpretar la ley en pro de los más desfavorecidos será el nuevo paradigma del derecho mexicano después de esta elección.
“Lo que yo propongo primero es que las sentencias sean apegadas a la realidad social. Los jueces, las juezas, magistrados y magistradas deben de abrir los ojos y ver la realidad ante la cual están juzgando. Es fundamental que personas juzgadoras interpreten la norma con perspectiva de derechos humanos y con la perspectiva del contexto social en el cual se están desenvolviendo”, asegura Ximena Jiménez.
La actual ministra Loretta Ortiz tuvo encuentros con integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y con la Cooperativa Cruz Azul. El SME lo transmitió en vivo con una producción con auditorio lleno, cámaras, switchers, gráficos en pantalla, audio e internet que debería ser completamente normal en una elección, pero las cosas cambian con las reglas tan ajustadas del INE.
–¿Está teniendo alguna complicación con el financiamiento? —Le preguntamos a Ortiz.
–Pues no he estado yo preocupada por ese tema porque no recibo financiamiento, como se establece en la reforma, de ningún tipo ni interno ni externo. Me han invitado a determinados eventos, pero por tema de financiamiento no tengo.
Además del tema del financiamiento, para Lenia Batres la crítica está enfocada en el papel del INE como promotor de la elección. “El INE está muy extraño, parece como muy temeroso, ha sido sumamente errático. Parece que el INE se convirtió de repente en una autoridad que está buscando garantizar que nadie se entere, que no haya campañas, que además nadie conozca los candidatos. Nos puso muchas restricciones. No podemos hacer mítines. No podemos gastar en sillas para eventos. No podemos gastar porque además no tenemos financiamiento. En todo caso, se trata de nuestra quincena, de nuestros recursos”, dice.
Dos polémicas: una religiosa y una castrense
Otro de los candidatos a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es César Gutiérrez Priego, hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo, el zar antidrogas de la administración del expresidente Ernesto Zedillo al que el gobierno acusó de tener nexos con narcotraficantes para luego arrestarlo.
Gutiérrez Priego ha dedicado buena parte de su práctica como abogado a lo que él llama “el litigio de su vida”, en el que ha pedido que las autoridades retiren las acusaciones contra su padre e incluso dijo a finales de 2021 que demandaría a Netflix por el personaje del general Gutiérrez Rebollo que en el guión de la serie Narcos es sobornado por un capo de la droga.
Una parte sustancial del currículum con el que se presenta el candidato es su especialidad en derecho militar, y su página de internet destaca la creación de una fundación de ayuda jurídica para militares.
–¿Consideraría excusarse en la discusión de asuntos relacionados con las fuerzas armadas por representar un posible conflicto de interés? —Le preguntamos
–Sí, si yo participé en alguna ocasión en alguno de esos temas, por supuesto que por ley me tendría que excusar. Nosotros como ministros tenemos que enfocarnos en la ética y en la honorabilidad del puesto que nosotros vamos a desempeñar. Si no es un caso en donde yo haya participado, no tendría yo algún impedimento legal como para poder hacerlo. Una cosa es que yo apoye al gremio militar y otra cosa es que yo no tenga la capacidad jurídica.
Estos asuntos cobran un matiz distinto después del sexenio donde más ha crecido el poder de los militares en el país. Y la Corte, como tribunal constitucional, también ha tenido un papel en esto, como cuando tuvo que discutir si la Guardia Nacional debía estar al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. En abril de 2023, el voto de la mayoría de los ministros fue en contra de esa decisión.
“Me parece que es correcto que cada uno de los candidatos a ministros exprese abiertamente cuál es su ideología —dice Gutiérrez Priego—, hay que ser muy claros en decir si son de derecha o de izquierda, lo más importante en este momento es la transparencia”.
Por otro lado, en esta, como en las anteriores elecciones, integrantes de la Iglesia La Luz del Mundo se anotaron como candidatos. Sochil Martin es una de las mujeres que acusó judicialmente al líder de la Iglesia, Naasón Joaquín, sentenciado a 16 años de prisión en Estados Unidos, tras confesar que abusó de al menos tres menores de edad. Sharim Guzmán es esposo de Sochil Martin y exintegrante de La Luz del Mundo.
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En entrevista con Gatopardo, Sharim Guzmán refiere a al menos cuatro personajes que están enlistados en esta elección: Madián Menchaca, hija de Nicolás Menchaca (al que acusa de haberlo querido sobornar a él y a Sochil para no denunciar a Naasón Joaquín), Job Daniel Wong (de quien asegura que es ministro dentro de esta Iglesia), Cinthia Teniente (integrante de la misma Iglesia y esposa del senador Emmanuel Reyes Carmona, suplente de Marcelo Ebrard y participante activo en el homenaje en Bellas Artes a Naasón Joaquín), y dos mujeres más que han defendido públicamente a Naasón Joaquín, Betzabeth Almazán y Cesiah León.
“Yo fui un político de La Luz del Mundo. Era una persona que Naasón Joaquín utilizó a través de su poder. Ese es el patrón de todos los miembros de La Luz del Mundo que están dentro de la política, te adoctrinan desde niño, pero cuando ya pasas a una etapa de ser adulto estudias, tienes una profesión y ellos captan a todos los profesionistas para que todo nuestro servicio sea en favor de la institución. La Luz del Mundo es una religión que desde sus inicios está involucrada en la política”, asegura.
Tenemos un marco de referencia para comparar esta elección, aunque sea nueva: en la elección de López Obrador participaron 63 millones de personas y en la de Sheinbaum fueron 61, en medio de esto ocurrió la revocación de mandato en la que participaron 16 millones de personas (17% de la lista nominal), así que esta elección judicial tendría que superar esa barrera para demostrar que hay un interés genuino de la población en esta materia.
Las campañas ya empezaron y tenemos una semana por delante para que candidatas y candidatos logren seducir al electorado con algo más que repetir las frases de López Obrador.
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Tenemos un marco de referencia para comparar esta elección, aunque sea nueva: en la elección de López Obrador participaron 63 millones de personas y en la de Sheinbaum fueron 61; esta elección judicial tendría que superar esa barrera para demostrar que hay un interés genuino de la población en esta materia.
Es histórica, costó una dura traición en el Congreso y será la primera votación de aquellos que nacieron en 2007. Sin embargo, la elección judicial no ha logrado despertar el entusiasmo de los mexicanos: según el Instituto Nacional Electoral (INE), seis millones de personas rechazaron ser funcionarios de casilla en esta elección.
La votación será la más confusa que hemos presenciado, con tantas boletas que estarán separadas por colores: ministros de la Corte, morado; magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, verde turquesa, y para las Salas Regionales de ese mismo órgano, coral; magistraturas de Circuito, rosa; jueces de Distrito, amarillo, y en color verde menta estarán las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, un nuevo organismo creado con la Reforma Judicial, encargado de sancionar irregularidades. Hay más de 3 000 candidatos registrados.
De acuerdo con la encuesta Elección del Poder Judicial en México elaborada por Mitofsky, 76.6% de las personas encuestadas están poco o nada informadas sobre el proceso, y solo 38.9% declara tener mucho o algo de interés en conocer sus detalles.
Como en toda elección, la polémica ha comenzado desde antes de los tiempos oficiales: un candidato fue abogado del Z40, otro es acusado de agresión sexual, otro está relacionado con la desaparición de un periodista y varios más buscan una mayor injerencia de la Iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder fue sentenciado a 16 años de prisión por abusar de tres menores de edad.
Desde la perspectiva de Carlos Pérez Vázquez, autor del libro Procurar injusticia (Grijalbo, 2025), hay un problema de origen en el sistema judicial mexicano, el que, señala, se inició con un golpe de Estado. “Las instituciones que han regido México por los últimos 100 años prácticamente son producto del golpe de Estado de Agua Prieta de 1920. Los generales del Ejército mexicano que encabezaron esa rebelión después fueron sucediéndose como presidentes en ese periodo oscuro de la historia que se llama el Maximato”, dice en entrevista con Gatopardo. Fruto del Maximato, dice el autor, surgieron las ideas que dieron forma a nuestro código penal.
Te puede interesar leer el análisis de Daniel Torres Checa: La reforma judicial: un reordenamiento de poderes
Para las tres ministras de la Corte que decidieron participar en este proceso, su diagnóstico del problema en el Poder Judicial está relacionado con la corrupción y la falta de austeridad. Yasmín Esquivel, por ejemplo, sostiene que esta elección permitirá un acceso a la justicia para todos “sin fueros ni privilegios”. En entrevista, la ministra Loretta Ortiz cuenta que de niña su apodo era “Justita” porque resolvía conflictos en su casa y en su entorno familiar y que el Poder Judicial será distinto después de la elección: “Va a ser transparente, ministros, Tribunal de Disciplina, integrantes de la Sala Superior, jueces, magistrados a nivel federal y local van a ser electos y con ello se están comprometiendo con el pueblo de México”.
Lenia Batres dice en entrevista que su propuesta para esta elección es una justicia mucho más social: “Nuestro trabajo es fundamentalmente interpretativo. El problema que tenemos en el Poder Judicial mexicano es que tenemos criterios muy acotados para hacer esa interpretación, sobre todo dirigidos hacia el tema procedimental. Interpretamos en primer lugar los procedimientos porque no hemos sido culturalmente un Poder Judicial de fondo”.
A pesar de haber sido integrante de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados en 2015, Loretta Ortiz asegura que no está respaldada por el obradorismo: “No, no tengo esa sensación. Es una decisión personal que yo tomé de participar por una vocación de servicio”.
Batres, cuya carrera en el servicio público también ha estado vinculada a la izquierda partidista, desde la Cámara de Diputados, y los gobiernos de la Ciudad de México y el federal, considera que la austeridad es crucial para un mejor Poder Judicial.
–¿No está peleado el concepto de austeridad con el correcto ejercicio de los derechos sociales, en vista de que faltan muchas manos en los juzgados? —Le preguntamos.
–No, para nada. El problema de la austeridad es que se concentran los recursos de manera indebida. Hay una cantidad enorme de privilegios que no deberían existir y que justamente se trata de dinero que debería estar encausado en el trabajo práctico de los juzgados, en el pago del personal operativo, incluso de la inversión de tecnología que ayude a simplificar.
Desde el punto de vista de Carlos Pérez Vázquez, la Corte vivirá su mayor transformación desde la reforma del expresidente Ernesto Zedillo que redujo de 26 a 11 sus integrantes y creó el Consejo de la Judicatura Federal para vigilar y administrar los juzgados. No obstante, el autor tiene un “pronóstico reservado” del resultado de la elección del 1 de junio próximo.
Por un lado está la anomalía: “En ningún país del mundo, excepto en Bolivia, se elige a los jueces y los propios bolivianos han sido ya muy vocales, la sociedad, los abogados y los justiciables en Bolivia, respecto a que el sistema no funciona, que fue un error que tienen que corregir”. Por otro lado, “lo que hace que el pronóstico sea más oscuro todavía es que la reforma no viene acompañada de otras que corrijan los vicios ancestrales del sistema de procuración de justicia. Por el contrario, se sigue fortaleciendo la prisión preventiva, entonces se siguen amarrando las manos de los jueces, porque esta misma reforma constitucional dice que los jueces no pueden interpretar nada que evite que se lleve a cabo, que se logre, la prisión preventiva de los acusados. Entonces, elijamos o no a los jueces, sean designados por méritos o por el voto popular, los jueces están siendo amarrados de manos para corregir un sistema históricamente abusivo y represivo”.
¿De dónde voy a sacar 400 000 pesos?
Esa fue la pregunta que se hizo Ximena Jiménez, aspirante a una magistratura en materia administrativa, al conocer el tope de gastos de campaña para su candidatura con recursos que tendría que conseguir de sus bolsillos, ya que en esta elección no habrá financiamiento público ni tiempos de radio y televisión.
En entrevista con Gatopardo dice que ha sido un reto poder pagar su campaña: “No podemos recibir financiamiento, ni público ni privado, incluso ni siquiera podemos recibir financiamiento de nuestros propios familiares, amigos, la cooperativa, la vaquita. Nada de eso. Uno tiene que romper su cochinito de los ahorros que ha hecho durante años. Tienes que pagar a alguien que te diseño logo, tienes que pagarle a alguien que te haga la página web”.
Algo que comparten las candidatas es su visión de una justicia más social y tal vez esa vocación de interpretar la ley en pro de los más desfavorecidos será el nuevo paradigma del derecho mexicano después de esta elección.
“Lo que yo propongo primero es que las sentencias sean apegadas a la realidad social. Los jueces, las juezas, magistrados y magistradas deben de abrir los ojos y ver la realidad ante la cual están juzgando. Es fundamental que personas juzgadoras interpreten la norma con perspectiva de derechos humanos y con la perspectiva del contexto social en el cual se están desenvolviendo”, asegura Ximena Jiménez.
La actual ministra Loretta Ortiz tuvo encuentros con integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y con la Cooperativa Cruz Azul. El SME lo transmitió en vivo con una producción con auditorio lleno, cámaras, switchers, gráficos en pantalla, audio e internet que debería ser completamente normal en una elección, pero las cosas cambian con las reglas tan ajustadas del INE.
–¿Está teniendo alguna complicación con el financiamiento? —Le preguntamos a Ortiz.
–Pues no he estado yo preocupada por ese tema porque no recibo financiamiento, como se establece en la reforma, de ningún tipo ni interno ni externo. Me han invitado a determinados eventos, pero por tema de financiamiento no tengo.
Además del tema del financiamiento, para Lenia Batres la crítica está enfocada en el papel del INE como promotor de la elección. “El INE está muy extraño, parece como muy temeroso, ha sido sumamente errático. Parece que el INE se convirtió de repente en una autoridad que está buscando garantizar que nadie se entere, que no haya campañas, que además nadie conozca los candidatos. Nos puso muchas restricciones. No podemos hacer mítines. No podemos gastar en sillas para eventos. No podemos gastar porque además no tenemos financiamiento. En todo caso, se trata de nuestra quincena, de nuestros recursos”, dice.
Dos polémicas: una religiosa y una castrense
Otro de los candidatos a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es César Gutiérrez Priego, hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo, el zar antidrogas de la administración del expresidente Ernesto Zedillo al que el gobierno acusó de tener nexos con narcotraficantes para luego arrestarlo.
Gutiérrez Priego ha dedicado buena parte de su práctica como abogado a lo que él llama “el litigio de su vida”, en el que ha pedido que las autoridades retiren las acusaciones contra su padre e incluso dijo a finales de 2021 que demandaría a Netflix por el personaje del general Gutiérrez Rebollo que en el guión de la serie Narcos es sobornado por un capo de la droga.
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–¿Consideraría excusarse en la discusión de asuntos relacionados con las fuerzas armadas por representar un posible conflicto de interés? —Le preguntamos
–Sí, si yo participé en alguna ocasión en alguno de esos temas, por supuesto que por ley me tendría que excusar. Nosotros como ministros tenemos que enfocarnos en la ética y en la honorabilidad del puesto que nosotros vamos a desempeñar. Si no es un caso en donde yo haya participado, no tendría yo algún impedimento legal como para poder hacerlo. Una cosa es que yo apoye al gremio militar y otra cosa es que yo no tenga la capacidad jurídica.
Estos asuntos cobran un matiz distinto después del sexenio donde más ha crecido el poder de los militares en el país. Y la Corte, como tribunal constitucional, también ha tenido un papel en esto, como cuando tuvo que discutir si la Guardia Nacional debía estar al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. En abril de 2023, el voto de la mayoría de los ministros fue en contra de esa decisión.
“Me parece que es correcto que cada uno de los candidatos a ministros exprese abiertamente cuál es su ideología —dice Gutiérrez Priego—, hay que ser muy claros en decir si son de derecha o de izquierda, lo más importante en este momento es la transparencia”.
Por otro lado, en esta, como en las anteriores elecciones, integrantes de la Iglesia La Luz del Mundo se anotaron como candidatos. Sochil Martin es una de las mujeres que acusó judicialmente al líder de la Iglesia, Naasón Joaquín, sentenciado a 16 años de prisión en Estados Unidos, tras confesar que abusó de al menos tres menores de edad. Sharim Guzmán es esposo de Sochil Martin y exintegrante de La Luz del Mundo.
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En entrevista con Gatopardo, Sharim Guzmán refiere a al menos cuatro personajes que están enlistados en esta elección: Madián Menchaca, hija de Nicolás Menchaca (al que acusa de haberlo querido sobornar a él y a Sochil para no denunciar a Naasón Joaquín), Job Daniel Wong (de quien asegura que es ministro dentro de esta Iglesia), Cinthia Teniente (integrante de la misma Iglesia y esposa del senador Emmanuel Reyes Carmona, suplente de Marcelo Ebrard y participante activo en el homenaje en Bellas Artes a Naasón Joaquín), y dos mujeres más que han defendido públicamente a Naasón Joaquín, Betzabeth Almazán y Cesiah León.
“Yo fui un político de La Luz del Mundo. Era una persona que Naasón Joaquín utilizó a través de su poder. Ese es el patrón de todos los miembros de La Luz del Mundo que están dentro de la política, te adoctrinan desde niño, pero cuando ya pasas a una etapa de ser adulto estudias, tienes una profesión y ellos captan a todos los profesionistas para que todo nuestro servicio sea en favor de la institución. La Luz del Mundo es una religión que desde sus inicios está involucrada en la política”, asegura.
Tenemos un marco de referencia para comparar esta elección, aunque sea nueva: en la elección de López Obrador participaron 63 millones de personas y en la de Sheinbaum fueron 61, en medio de esto ocurrió la revocación de mandato en la que participaron 16 millones de personas (17% de la lista nominal), así que esta elección judicial tendría que superar esa barrera para demostrar que hay un interés genuino de la población en esta materia.
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