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"Donde la tierra manda y tú obedeces". El periodista comunitario Esteban Vázquez en Simpinula, Honduras, su tierra, siempre amenazada por la industria extractivista. Todas las fotografías: Jessenia Molina.
El 3 de marzo de 2016, hace 10 años, Berta Cáceres, la líder ambientalista hondureña, fue asesinada. Esteban Vásquez, periodista comunitario, toma la estafeta a su manera: informando sin cesar sobre el desarrollo de megaproyectos extractivistas. Amenazado muchas veces, perseguido judicialmente y desplazado en tres ocasiones, su vocación y compromiso son símbolos poderosos.
Después de tomar una taza de café, sale de su casa en medio de la bruma del amanecer. Su ropa es siempre la misma: camisa manga larga, gorra y botas de hule. Cargando un machete, azadón y morral. Sus días transcurren tranquilos en medio de los cafetales, entre cultivos de maíz y frijoles.
Trabajar al jornal es como Esteban Vásquez aprendió desde niño a ganar dinero para llevar el pan a su hogar. Así fue cada amanecer en su vida durante 33 años, hasta ese día en el que decidió que quería ser periodista.
Y empezó a combinar el machete con el micrófono, el azadón con la libreta de notas, los cafetales con la grabadora. Hoy sigue siendo un campesino, pero también envía sus reportes a la Radio Progreso. Esteban carga siempre su teléfono celular, anda listo para enviar notas y entrevistas de cada actividad en la que participa.
Montañas verdes, pueblos pobres y el costo de resistir
Esteban Vásquez tiene 42 años, estatura media, contextura delgada. Cabello negro, tez trigueña y una sonrisa contagiosa. Es el séptimo de ocho hermanos y debido a la condición económica de su familia, solo logró estudiar hasta el tercer grado de educación primaria en la Escuela Simón Bolívar, de su comunidad. Es padre de Yefri Josué, de 16 años, el motor de su vida, dice, a quien crio como padre soltero desde los dos años.
Esteban nació en las montañas de la comunidad de Simpinula. Allí creció y empezó a familiarizarse con la lucha en pro de los derechos humanos. Primero supo del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz, Honduras (MILPAH), y en 2015 se integró como socio del Consejo Indígena Lenca de Simpinula.
MILPAH es una organización de las comunidades indígenas lencas que nació en 2010 para defender sus territorios y bienes naturales de las concesiones mineras e hidroeléctricas. En una zona donde operan grandes compañías como Inversiones La Aurora S.A de C.V, con las concesiones hidroeléctricas Aurora I, II y III, así como la Compañía Eléctrica Centroamericana (CECA), con el proyecto hidroeléctrico Puringla-Sazagua, que enfrentan el rechazo de las comunidades porque se han quedado sin agua, con mucha contaminación, sin tierras y un listado de promesas incumplidas.
Participando del MILPAH, Esteban pudo comprender la necesidad de informar sobre las violencias que enfrentan esas comunidades en su lucha.
El 13 de enero de 2017 fue decisivo en su vida. Ese día presenció el desalojo violento del asentamiento campesino 9 de julio, en el municipio de San Pedro de Tutule. La Policía Nacional lanzó gases lacrimógenos y disparó contra los campesinos, hubo cuatro personas heridas. Pero un periodista reportó a un canal de televisión nacional que los campesinos habían disparado contra los agentes policiales. Escuchar esa narrativa fue importante para Esteban:
“Yo, mirando a ese periodista que estaba diciendo lo que no era, me llené como de enojo y dije algún día voy hallar trabajo en algún medio de comunicación para yo poder hablar lo que pasa en estas comunidades.”
En su interior se encendió la chispa: él podía ser un comunicador, él podía informar bien desde las comunidades lencas.
La oportunidad le llegó a Esteban en 2017 cuando la Radio Progreso, una emisora con cobertura en 13 departamentos del país, financiada por la Compañía de Jesús, buscó líderes comunitarios y defensores en el departamento de La Paz. Quería a gente de la zona para que contaran las problemáticas que vivían en esos territorios, incluida la imposición de proyectos hidroeléctricos en las comunidades indígenas lencas. Porque, como explica Iolany Pérez, productora del programa Ronda de Corresponsales, son una radio enfocada en los sectores más desposeídos, en víctimas de injusticias, pobreza y desigualdad. También consideran que los defensores en los territorios están estrechamente vinculados con la libertad de expresión.
En esa búsqueda ubicaron a Esteban a través de MILPAH; hablaron con él y sin dudarlo aceptó la propuesta, que incluía ser corresponsal en su región pero también capacitación en técnicas básicas de comunicación y la oportunidad de formarse como periodista. Pronto empezó a enviar sus primeros reportes. No fue fácil, le temblaba la voz pero fue ganando confianza.
Gracias a la práctica constante, nueve años después de ese inicio, ya envía cápsulas con voz firme y lenguaje fluido sin perder su acento regional. Entrevista a líderes indígenas y autoridades municipales sobre temas referentes a la defensa del medio ambiente y los territorios. Es voluntario: no cobra un sueldo, trabaja por compromiso personal. Dice que la ganancia es otra:
“Lo hacemos porque nos gusta, porque me ha gustado que salgan las cosas al aire (...) Los momentos que más me han motivado es cuando yo voy a las comunidades y me dicen Esteban, nosotros le hemos querido conocer, usted es el corresponsal de Radio Progreso. Esas son las motivaciones que me dan, que me escuchan en varios lugares los reportes que yo hago.”
Simpinula está en una zona rural del municipio de Santa María, en el departamento de La Paz, suroccidente de Honduras. Entre montañas tapizadas en partes con árboles de pino y en otras con cultivos. La abundante vegetación mantiene un clima fresco, agradable, con temperaturas que oscilan entre los 15° y 26°C. El cielo se ve azul, solo cambia en días lluviosos.
Aquí la tierra se ve de dos colores: a veces gris, a veces naranja. Es tan fértil que permite una amplia variedad de cultivos básicos para la alimentación de las familias. Se cultivan café, plátano, yuca y frutales.
No es fácil llegar. Desde la capital del país, Tegucigalpa, hay que recorrer 90 kilómetros hasta la ciudad de La Paz y desde allí otros 40 kilómetros hasta la comunidad de Los Planes, Santa María, conduciendo por carretera pavimentada pero llena de baches. Luego, hacer unos tres kilómetros en calle de tierra en medio de altas montañas, como en la mayoría de las zonas rurales de difícil acceso.
La comunidad no tiene servicio de transporte público. Para llegar hay que tomar un mototaxi, ese vehículo de tres ruedas que es tan común en Centroamérica como alternativa ligera, fresca y a veces también peligrosa para moverse de un lado a otro.
Quienes habitan en la zona son personas lencas, uno de los pueblos originarios de lo que hoy son Honduras y El Salvador desde antes de la conquista española, con más de 10 siglos de historia, con alfarería y textiles exquisitos. En Honduras habitan más de 450 mil personas del pueblo lenca, según los últimos datos oficiales, y representan el 63% del total de habitantes indígenas del país. Viven principalmente en los departamentos de Intibucá, Lempira y La Paz, al suroccidente del país.
Además de tierras fértiles, en la región de Simpinula hay bosques y caudalosos ríos, pero más del 60% de la población vive en la pobreza, hay poco acceso a servicios básicos, empleo, salud y educación. De por sí, el contexto nacional es difícil: la esperanza de vida es de 73 años, según el Banco Mundial. Es decir, los hondureños viven dos años menos que en Nicaragua, siete menos que en Panamá y ocho años menos que en Costa Rica, por citar tres países de la región centroamericana.
En este territorio es donde nació Esteban, aquí ha vivido junto a su familia las carencias económicas y la desigualdad social, pero dice que nunca perdió la motivación ni la confianza en resistir. Son herencia de su pueblo lenca, explica, por eso ha elegido narrar las luchas por la tierra y la oposición a las empresas hidroeléctricas que desplazan y dejan sin agua a las poblaciones.
“Mataron a varios líderes que eran defensores del medio ambiente y el que los mandó a matar lamentablemente está libre y bueno, sentimos que, si no nos han matado, nos pueden matar”, dice preocupado.
Historial de persecuciones
En esta región de Honduras, las riquezas naturales como los ríos, las tierras productivas y la madera son un botín que queda en pocas manos: grandes empresas, grupos económicos y políticos. Quienes se han opuesto a esa dinámica son pueblos lencas, campesinos, defensores, ambientalistas y líderes comunitarios. Como consecuencia, han sufrido persecución, sobre todo después del golpe de Estado de 2009.
Aun así, las comunidades se han organizado (y se organizan) para defender sus derechos. Simpinula, por ejemplo, en 2015 se sumó al Consejo Indígena Lenca que está integrado por unas 90 familias campesinas. Hoy están recuperando al menos 120 hectáreas de tierra que antes habían estado en manos de terratenientes. Defienden así su título comunitario.
En contraparte han sufrido desalojos violentos, heridos, encarcelamientos e incluso asesinatos como el de Bertha Cáceres, ambientalista y líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), a quien mataron en su propia casa, el 3 de marzo de 2016 en La Esperanza, Intibucá. Ella era la líder más visible de la lucha en contra del megaproyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque. También fue asesinado Félix Vásquez, secretario general de la Unión de Trabajadores del Campo (UTC). Igual le quitaron la vida en su propia casa, el 26 de diciembre de 2020 en la aldea El Ocotal, departamento de La Paz. Tenían 44 y 60 años.
Otra forma de perseguir a los luchadores en esta región ha sido criminalizarlos y judicializarlos, es decir, crearles causas judiciales en su contra por delitos graves. Un ejemplo: la privación de la libertad durante 10 meses de Víctor Vásquez, presidente del Consejo Indígena Lenca de Simpinula, y de José Santos Vijil, integrante de la base campesina Nueva Esperanza. En 2021 ambos fueron acusados de robo agravado, daños y desplazamiento forzado, un nuevo delito tipificado en el Código Procesal Penal que generalmente se aplica a pandillas o crimen organizado. Las autoridades hondureñas nunca pudieron comprobar los cargos contra Vásquez y Vijil, por eso tuvieron que liberarlos tiempo después.
Al menos 149 personas defensoras del medioambiente han sido asesinadas en el país entre los años 2012 y 2023, de acuerdo con el informe Voces Silenciadas, publicado por la organización internacional Global Witness en 2024. Datos que ponen a Honduras como el país con más muertes de ambientalistas per cápita en el mundo.
Esteban Vásquez sabe bien lo que represalias significa: las ha sufrido en carne propia.
“Ser corresponsal en estos consejos indígenas no es una cosa fácil porque les tocamos las llagas a las empresas. Entonces ellos nos amenazan. A veces yo me he sentido triste, me he sentido rebajado.”
Ha sido amenazado, criminalizado y desplazado en al menos tres ocasiones por denunciar públicamente los atropellos y violencias que enfrentan comunidades lencas al oponerse a proyectos extractivistas. Ha sido perseguido por publicar, como periodista, lo que ocurre en su región.
Lejos de su tierra: la vida desplazada
La ilusión con la que Esteban inició sus labores como periodista comunitario, se rompió de un golpe. Ocurrió en 2019, cuando llevaba dos años y medio trabajando para Radio Progreso. Fue amenazado y agredido por empleados de los terratenientes de la zona.
Un día del mes de octubre, mientras realizaba una entrevista en la comunidad de Simpinula, le lanzaron una piedra que le rompió el labio superior y parte de su pómulo derecho. Fue auxiliado por sus compañeros y trasladado de emergencia al hospital de La Paz.
El equipo legal de la radio presentó su caso ante el mecanismo nacional de protección y él tuvo que irse después para cuidar su vida. Fue la primera vez que la violencia lo obligó a abandonar su comunidad. Fue un cambio brusco, sentimientos encontrados, su mochila llena de nostalgia, pero había que salir rápido para ponerse a salvo. Estaba siendo desplazado.
“Eso fue un golpe duro para mí, me tocó salir de mi lugar. Mi hijo estaba pequeño y no dormía bien por el miedo, eso fue muy difícil para los dos.”
Durante seis meses, vivió en la ciudad de Tela, departamento de Atlántida, en la zona norte del país. Pudo hacerlo porque sus gastos fueron cubiertos por la radio.
Regresó a Simpinula en marzo del 2020. Volvió a trabajar la tierra en su parcela, se reintegró al Consejo Indígena y otra vez a enviar reportes a Radio Progreso, a trabajar como periodista en la región, aunque, entonces, con medidas de protección que consistían en un enlace policial a quien llamar en caso de emergencia.
Al regresar encontró también que lo arroparon las comunidades lencas, porque reconocen la importancia de su trabajo. “Desde el golpe de Estado, hemos visto que han asesinado a diferentes defensores y periodistas independientes. Y sabemos que la labor que hace el compañero Esteban Vázquez no es la excepción, denunciando la corrupción, los actos ilícitos y todo lo que se da aquí”, dice Jaira Castillo, una joven del Consejo Indígena Lenca Las Crucitas en el municipio de Santa María, La Paz. La lideresa opina que tener a un comunicador social en la región también fortalece a las organizaciones porque amplifica sus denuncias, demandas y problemáticas, además incide en espacios de toma de decisiones.
Más tarde, lo amenazaron otra vez. De nueva cuenta fueron los trabajadores de un terrateniente, supuesto dueño de las tierras que estaba recuperando el grupo campesino Nueva Esperanza.
“Me decían que me iban a matar”, recuerda Esteban, quien ya no podía salir solo para hacer las entrevistas, tenía que buscar alguien que lo acompañara.
Dejó de dormir en su propia casa porque el riesgo era latente. Un día llegó un muchacho a la casa de su mamá. Le pidió agua pero al dársela, se la tiró en los pies, rompió su jardín y le dijo que quería ver a su hijo, refiriéndose a Esteban. Al conocer sobre esta nueva amenaza pidió apoyo de la Policía Nacional y se dirigió al municipio de Marcala a interponer la denuncia. Tras identificarse ante la autoridad, el fiscal le informó que tenía una denuncia en su contra por delitos de “usurpación, portación de armas y amenazas”. Así, aunque llegó a denunciar violencia en su contra, se transformó en acusado.
En Honduras es común la criminalización de defensores y ambientalistas, en la opinión del abogado penalista Edy Tábora, director del Bufete Justicia para los Pueblos. Aunque existen protocolos y tiempos para realizar una investigación, a veces el Ministerio Público toma apenas seis horas para iniciar una carpeta de acusación. Crean (y agilizan) las denuncias favoreciendo a empresas privadas o personas vinculadas a corrupción y concesiones de megaproyectos. “Hay un uso ilegítimo del derecho penal discrecional, un control dirigido hacia la persecución de los defensores. La intencionalidad no solo es encarcelar a las personas, sino también de dañar su imagen y colocar una narrativa estigmatizante ante la opinión pública”, explica Tábora.
En ese contexto de amenazas y violencia ocurrió el crimen del defensor Félix Vásquez, el 26 de diciembre de 2020. Esteban llegó al lugar de los hechos para sacar el reporte y enviarlo a la radio, pero enseguida le hicieron saber que su trabajo como periodista molestaba:
“A los tres días llegaron a mi casa para amenazarme, me decían ‘primo levantate primo’, solo estaba con mi mamá y mi hijo. Mi mamá les dijo que yo no estaba.”
En enero de 2021, tan solo nueve meses después de su primer desplazamiento, Esteban tuvo que irse por segunda vez. Pasó siete meses resguardado en la ciudad de El Progreso, a más de 200 kilómetros de su tierra.
Iolany Pérez, también periodista, considera que Esteban documenta a sectores muchas veces aplastados en Honduras. Le parece especialmente valioso que él reporte la lucha en defensa de la tierra, en contra del extractivismo y el racismo: “Creo que esos han sido como los grandes aportes que ha logrado a lo largo de su paso como corresponsal popular de Radio Progreso”.
Además, dice que profesionalmente Esteban ha crecido muchísimo en identificar temáticas, fuentes y en saber que el micrófono de la radio tiene que estar en aquellas situaciones que ningún otro medio va a reportar. Su colega, destaca, sabe escuchar esas voces que no aparecen en los medios corporativos, que no están dentro de la agenda mediática comercial.
Volver a sembrar
Después de desplazarse dos veces, Esteban Vásquez pudo vivir tres años de relativa calma. Los disfrutó en su pequeña casa, construida con tablas de madera y láminas de zinc. Está en la punta de una loma, con un corredor en la parte frontal donde pasa los momentos de calma mirando el paisaje de altos pinos.
Un día supo que existía un grupo intentando tomar el control de la zona para venta de drogas, y denunció esa situación a través de la radio. Volvió a estar en riesgo, de nueva cuenta por el compromiso con su comunidad.
Varios hombres llegaron a su casa, lo agredieron a golpes y también golpearon a su hijo, menor de edad. Por tercera ocasión tocaba salir de emergencia, había que ponerse a salvo y el 14 de abril de 2025 ambos dejaron su casa con rumbo a la ciudad de Choluteca, en la zona sur del país.
El impacto de los desplazamientos no solo ha sido físico y emocional, sino también económico. A unos cinco metros de su vivienda, hay unos 500 arbustos secos en la que antes fue su pequeña finca de café. Esteban la cuidó por al menos tres años y ya empezaba a producir unos cinco quintales del preciado grano, cuando se fueron:
“Estas son parte de las cosas que he perdido cuando he tenido que dejar mi casa, debido a las constantes amenazas y riesgos”, dice con pesar.
Francisca Castillo, campesina y presidenta del Consejo Municipal de Santa María, conoce a Esteban desde hace muchos años. Valora su trabajo, porque, dice: “Es una labor muy fuerte la que él hace, transmite lo que se está viviendo aquí, en las comunidades indígenas. Nos sentimos muy alegres y agradecidos que tenemos un comunicador social”.
Esteban siempre acompaña las acciones de los vecinos de su región. Busca la manera de realizar sus notas cada día. Aunque no cuenta con medio de transporte propio, llega a donde lo inviten y a veces sus conocidos le dan jalón para ir de un municipio a otro. Tampoco se limita por la falta de internet o fallas en líneas telefónicas:
“Entonces lo que hacemos es una entrevista cuando yo no puedo llegar a donde ellos. Bueno, nos vamos por audio en WhatsApp: yo les mando el primer audio, luego él me lo contesta de un minuto; luego le mando el otro audio, me lo vuelve a contestar. Les digo, ‘compañeros que cada respuesta sea de un minuto, porque solo son tres minutos que nos dan’, entonces ellos ya van aprendiendo bastante.”
Con todo y la conciencia de los riesgos que enfrenta y de lo mucho que ha sufrido en este andar, Esteban se siente orgulloso de formar parte de parte de un equipo de hombres y mujeres que alzan la voz para defender derechos y territorios frente al modelo extractivista que los desplaza y despoja.
“Ser un comunicador en las comunidades es bonito porque llega a tener amistad, pero la amistad de pobre, no de rico, porque como comunicador nosotros somos un estorbo para los grandes: para el alcalde, para los diputados, para las empresas hidroeléctricas, para las minerías. Somos un estorbo pero sí nos sentimos felices al ser apoyados por la gente pobre.”
El comunicador sueña con volver a plantar una finca de café junto a su hijo Yefri, aunque sabe bien que se requiere mucho esfuerzo y recursos económicos que actualmente no tiene.
“Yo le digo a mi hijo que arranquemos esos palos que ya se secaron y volvamos a meter café, empezar de cero otra vez, hacer una ramada, el embolsado, luego empezar a sembrar y esperar unos dos años para cosechar.”
Con su grabadora y su teléfono, Esteban Vásquez, sigue caminando por las comunidades para grabar sus reportes. Viste la camiseta de la Radio Progreso, bordado lleva su eslogan: La Voz que está con Vos.
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* Esta investigación fue realizada en el marco de un proyecto financiado por el Fondo Mundial para la Defensa de los Medios de la UNESCO, ejecutado por Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica. Las denominaciones empleadas y la presentación del material en esta publicación no implican ninguna opinión por parte de la UNESCO sobre la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Los autores son responsables de la elección y presentación de los hechos contenidos en la publicación y de las opiniones expresadas en esta, que no son necesariamente las de la UNESCO y no comprometen a la Organización.
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El 3 de marzo de 2016, hace 10 años, Berta Cáceres, la líder ambientalista hondureña, fue asesinada. Esteban Vásquez, periodista comunitario, toma la estafeta a su manera: informando sin cesar sobre el desarrollo de megaproyectos extractivistas. Amenazado muchas veces, perseguido judicialmente y desplazado en tres ocasiones, su vocación y compromiso son símbolos poderosos.
Después de tomar una taza de café, sale de su casa en medio de la bruma del amanecer. Su ropa es siempre la misma: camisa manga larga, gorra y botas de hule. Cargando un machete, azadón y morral. Sus días transcurren tranquilos en medio de los cafetales, entre cultivos de maíz y frijoles.
Trabajar al jornal es como Esteban Vásquez aprendió desde niño a ganar dinero para llevar el pan a su hogar. Así fue cada amanecer en su vida durante 33 años, hasta ese día en el que decidió que quería ser periodista.
Y empezó a combinar el machete con el micrófono, el azadón con la libreta de notas, los cafetales con la grabadora. Hoy sigue siendo un campesino, pero también envía sus reportes a la Radio Progreso. Esteban carga siempre su teléfono celular, anda listo para enviar notas y entrevistas de cada actividad en la que participa.
Montañas verdes, pueblos pobres y el costo de resistir
Esteban Vásquez tiene 42 años, estatura media, contextura delgada. Cabello negro, tez trigueña y una sonrisa contagiosa. Es el séptimo de ocho hermanos y debido a la condición económica de su familia, solo logró estudiar hasta el tercer grado de educación primaria en la Escuela Simón Bolívar, de su comunidad. Es padre de Yefri Josué, de 16 años, el motor de su vida, dice, a quien crio como padre soltero desde los dos años.
Esteban nació en las montañas de la comunidad de Simpinula. Allí creció y empezó a familiarizarse con la lucha en pro de los derechos humanos. Primero supo del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz, Honduras (MILPAH), y en 2015 se integró como socio del Consejo Indígena Lenca de Simpinula.
MILPAH es una organización de las comunidades indígenas lencas que nació en 2010 para defender sus territorios y bienes naturales de las concesiones mineras e hidroeléctricas. En una zona donde operan grandes compañías como Inversiones La Aurora S.A de C.V, con las concesiones hidroeléctricas Aurora I, II y III, así como la Compañía Eléctrica Centroamericana (CECA), con el proyecto hidroeléctrico Puringla-Sazagua, que enfrentan el rechazo de las comunidades porque se han quedado sin agua, con mucha contaminación, sin tierras y un listado de promesas incumplidas.
Participando del MILPAH, Esteban pudo comprender la necesidad de informar sobre las violencias que enfrentan esas comunidades en su lucha.
El 13 de enero de 2017 fue decisivo en su vida. Ese día presenció el desalojo violento del asentamiento campesino 9 de julio, en el municipio de San Pedro de Tutule. La Policía Nacional lanzó gases lacrimógenos y disparó contra los campesinos, hubo cuatro personas heridas. Pero un periodista reportó a un canal de televisión nacional que los campesinos habían disparado contra los agentes policiales. Escuchar esa narrativa fue importante para Esteban:
“Yo, mirando a ese periodista que estaba diciendo lo que no era, me llené como de enojo y dije algún día voy hallar trabajo en algún medio de comunicación para yo poder hablar lo que pasa en estas comunidades.”
En su interior se encendió la chispa: él podía ser un comunicador, él podía informar bien desde las comunidades lencas.
La oportunidad le llegó a Esteban en 2017 cuando la Radio Progreso, una emisora con cobertura en 13 departamentos del país, financiada por la Compañía de Jesús, buscó líderes comunitarios y defensores en el departamento de La Paz. Quería a gente de la zona para que contaran las problemáticas que vivían en esos territorios, incluida la imposición de proyectos hidroeléctricos en las comunidades indígenas lencas. Porque, como explica Iolany Pérez, productora del programa Ronda de Corresponsales, son una radio enfocada en los sectores más desposeídos, en víctimas de injusticias, pobreza y desigualdad. También consideran que los defensores en los territorios están estrechamente vinculados con la libertad de expresión.
En esa búsqueda ubicaron a Esteban a través de MILPAH; hablaron con él y sin dudarlo aceptó la propuesta, que incluía ser corresponsal en su región pero también capacitación en técnicas básicas de comunicación y la oportunidad de formarse como periodista. Pronto empezó a enviar sus primeros reportes. No fue fácil, le temblaba la voz pero fue ganando confianza.
Gracias a la práctica constante, nueve años después de ese inicio, ya envía cápsulas con voz firme y lenguaje fluido sin perder su acento regional. Entrevista a líderes indígenas y autoridades municipales sobre temas referentes a la defensa del medio ambiente y los territorios. Es voluntario: no cobra un sueldo, trabaja por compromiso personal. Dice que la ganancia es otra:
“Lo hacemos porque nos gusta, porque me ha gustado que salgan las cosas al aire (...) Los momentos que más me han motivado es cuando yo voy a las comunidades y me dicen Esteban, nosotros le hemos querido conocer, usted es el corresponsal de Radio Progreso. Esas son las motivaciones que me dan, que me escuchan en varios lugares los reportes que yo hago.”
Simpinula está en una zona rural del municipio de Santa María, en el departamento de La Paz, suroccidente de Honduras. Entre montañas tapizadas en partes con árboles de pino y en otras con cultivos. La abundante vegetación mantiene un clima fresco, agradable, con temperaturas que oscilan entre los 15° y 26°C. El cielo se ve azul, solo cambia en días lluviosos.
Aquí la tierra se ve de dos colores: a veces gris, a veces naranja. Es tan fértil que permite una amplia variedad de cultivos básicos para la alimentación de las familias. Se cultivan café, plátano, yuca y frutales.
No es fácil llegar. Desde la capital del país, Tegucigalpa, hay que recorrer 90 kilómetros hasta la ciudad de La Paz y desde allí otros 40 kilómetros hasta la comunidad de Los Planes, Santa María, conduciendo por carretera pavimentada pero llena de baches. Luego, hacer unos tres kilómetros en calle de tierra en medio de altas montañas, como en la mayoría de las zonas rurales de difícil acceso.
La comunidad no tiene servicio de transporte público. Para llegar hay que tomar un mototaxi, ese vehículo de tres ruedas que es tan común en Centroamérica como alternativa ligera, fresca y a veces también peligrosa para moverse de un lado a otro.
Quienes habitan en la zona son personas lencas, uno de los pueblos originarios de lo que hoy son Honduras y El Salvador desde antes de la conquista española, con más de 10 siglos de historia, con alfarería y textiles exquisitos. En Honduras habitan más de 450 mil personas del pueblo lenca, según los últimos datos oficiales, y representan el 63% del total de habitantes indígenas del país. Viven principalmente en los departamentos de Intibucá, Lempira y La Paz, al suroccidente del país.
Además de tierras fértiles, en la región de Simpinula hay bosques y caudalosos ríos, pero más del 60% de la población vive en la pobreza, hay poco acceso a servicios básicos, empleo, salud y educación. De por sí, el contexto nacional es difícil: la esperanza de vida es de 73 años, según el Banco Mundial. Es decir, los hondureños viven dos años menos que en Nicaragua, siete menos que en Panamá y ocho años menos que en Costa Rica, por citar tres países de la región centroamericana.
En este territorio es donde nació Esteban, aquí ha vivido junto a su familia las carencias económicas y la desigualdad social, pero dice que nunca perdió la motivación ni la confianza en resistir. Son herencia de su pueblo lenca, explica, por eso ha elegido narrar las luchas por la tierra y la oposición a las empresas hidroeléctricas que desplazan y dejan sin agua a las poblaciones.
“Mataron a varios líderes que eran defensores del medio ambiente y el que los mandó a matar lamentablemente está libre y bueno, sentimos que, si no nos han matado, nos pueden matar”, dice preocupado.
Historial de persecuciones
En esta región de Honduras, las riquezas naturales como los ríos, las tierras productivas y la madera son un botín que queda en pocas manos: grandes empresas, grupos económicos y políticos. Quienes se han opuesto a esa dinámica son pueblos lencas, campesinos, defensores, ambientalistas y líderes comunitarios. Como consecuencia, han sufrido persecución, sobre todo después del golpe de Estado de 2009.
Aun así, las comunidades se han organizado (y se organizan) para defender sus derechos. Simpinula, por ejemplo, en 2015 se sumó al Consejo Indígena Lenca que está integrado por unas 90 familias campesinas. Hoy están recuperando al menos 120 hectáreas de tierra que antes habían estado en manos de terratenientes. Defienden así su título comunitario.
En contraparte han sufrido desalojos violentos, heridos, encarcelamientos e incluso asesinatos como el de Bertha Cáceres, ambientalista y líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), a quien mataron en su propia casa, el 3 de marzo de 2016 en La Esperanza, Intibucá. Ella era la líder más visible de la lucha en contra del megaproyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque. También fue asesinado Félix Vásquez, secretario general de la Unión de Trabajadores del Campo (UTC). Igual le quitaron la vida en su propia casa, el 26 de diciembre de 2020 en la aldea El Ocotal, departamento de La Paz. Tenían 44 y 60 años.
Otra forma de perseguir a los luchadores en esta región ha sido criminalizarlos y judicializarlos, es decir, crearles causas judiciales en su contra por delitos graves. Un ejemplo: la privación de la libertad durante 10 meses de Víctor Vásquez, presidente del Consejo Indígena Lenca de Simpinula, y de José Santos Vijil, integrante de la base campesina Nueva Esperanza. En 2021 ambos fueron acusados de robo agravado, daños y desplazamiento forzado, un nuevo delito tipificado en el Código Procesal Penal que generalmente se aplica a pandillas o crimen organizado. Las autoridades hondureñas nunca pudieron comprobar los cargos contra Vásquez y Vijil, por eso tuvieron que liberarlos tiempo después.
Al menos 149 personas defensoras del medioambiente han sido asesinadas en el país entre los años 2012 y 2023, de acuerdo con el informe Voces Silenciadas, publicado por la organización internacional Global Witness en 2024. Datos que ponen a Honduras como el país con más muertes de ambientalistas per cápita en el mundo.
Esteban Vásquez sabe bien lo que represalias significa: las ha sufrido en carne propia.
“Ser corresponsal en estos consejos indígenas no es una cosa fácil porque les tocamos las llagas a las empresas. Entonces ellos nos amenazan. A veces yo me he sentido triste, me he sentido rebajado.”
Ha sido amenazado, criminalizado y desplazado en al menos tres ocasiones por denunciar públicamente los atropellos y violencias que enfrentan comunidades lencas al oponerse a proyectos extractivistas. Ha sido perseguido por publicar, como periodista, lo que ocurre en su región.
Lejos de su tierra: la vida desplazada
La ilusión con la que Esteban inició sus labores como periodista comunitario, se rompió de un golpe. Ocurrió en 2019, cuando llevaba dos años y medio trabajando para Radio Progreso. Fue amenazado y agredido por empleados de los terratenientes de la zona.
Un día del mes de octubre, mientras realizaba una entrevista en la comunidad de Simpinula, le lanzaron una piedra que le rompió el labio superior y parte de su pómulo derecho. Fue auxiliado por sus compañeros y trasladado de emergencia al hospital de La Paz.
El equipo legal de la radio presentó su caso ante el mecanismo nacional de protección y él tuvo que irse después para cuidar su vida. Fue la primera vez que la violencia lo obligó a abandonar su comunidad. Fue un cambio brusco, sentimientos encontrados, su mochila llena de nostalgia, pero había que salir rápido para ponerse a salvo. Estaba siendo desplazado.
“Eso fue un golpe duro para mí, me tocó salir de mi lugar. Mi hijo estaba pequeño y no dormía bien por el miedo, eso fue muy difícil para los dos.”
Durante seis meses, vivió en la ciudad de Tela, departamento de Atlántida, en la zona norte del país. Pudo hacerlo porque sus gastos fueron cubiertos por la radio.
Regresó a Simpinula en marzo del 2020. Volvió a trabajar la tierra en su parcela, se reintegró al Consejo Indígena y otra vez a enviar reportes a Radio Progreso, a trabajar como periodista en la región, aunque, entonces, con medidas de protección que consistían en un enlace policial a quien llamar en caso de emergencia.
Al regresar encontró también que lo arroparon las comunidades lencas, porque reconocen la importancia de su trabajo. “Desde el golpe de Estado, hemos visto que han asesinado a diferentes defensores y periodistas independientes. Y sabemos que la labor que hace el compañero Esteban Vázquez no es la excepción, denunciando la corrupción, los actos ilícitos y todo lo que se da aquí”, dice Jaira Castillo, una joven del Consejo Indígena Lenca Las Crucitas en el municipio de Santa María, La Paz. La lideresa opina que tener a un comunicador social en la región también fortalece a las organizaciones porque amplifica sus denuncias, demandas y problemáticas, además incide en espacios de toma de decisiones.
Más tarde, lo amenazaron otra vez. De nueva cuenta fueron los trabajadores de un terrateniente, supuesto dueño de las tierras que estaba recuperando el grupo campesino Nueva Esperanza.
“Me decían que me iban a matar”, recuerda Esteban, quien ya no podía salir solo para hacer las entrevistas, tenía que buscar alguien que lo acompañara.
Dejó de dormir en su propia casa porque el riesgo era latente. Un día llegó un muchacho a la casa de su mamá. Le pidió agua pero al dársela, se la tiró en los pies, rompió su jardín y le dijo que quería ver a su hijo, refiriéndose a Esteban. Al conocer sobre esta nueva amenaza pidió apoyo de la Policía Nacional y se dirigió al municipio de Marcala a interponer la denuncia. Tras identificarse ante la autoridad, el fiscal le informó que tenía una denuncia en su contra por delitos de “usurpación, portación de armas y amenazas”. Así, aunque llegó a denunciar violencia en su contra, se transformó en acusado.
En Honduras es común la criminalización de defensores y ambientalistas, en la opinión del abogado penalista Edy Tábora, director del Bufete Justicia para los Pueblos. Aunque existen protocolos y tiempos para realizar una investigación, a veces el Ministerio Público toma apenas seis horas para iniciar una carpeta de acusación. Crean (y agilizan) las denuncias favoreciendo a empresas privadas o personas vinculadas a corrupción y concesiones de megaproyectos. “Hay un uso ilegítimo del derecho penal discrecional, un control dirigido hacia la persecución de los defensores. La intencionalidad no solo es encarcelar a las personas, sino también de dañar su imagen y colocar una narrativa estigmatizante ante la opinión pública”, explica Tábora.
En ese contexto de amenazas y violencia ocurrió el crimen del defensor Félix Vásquez, el 26 de diciembre de 2020. Esteban llegó al lugar de los hechos para sacar el reporte y enviarlo a la radio, pero enseguida le hicieron saber que su trabajo como periodista molestaba:
“A los tres días llegaron a mi casa para amenazarme, me decían ‘primo levantate primo’, solo estaba con mi mamá y mi hijo. Mi mamá les dijo que yo no estaba.”
En enero de 2021, tan solo nueve meses después de su primer desplazamiento, Esteban tuvo que irse por segunda vez. Pasó siete meses resguardado en la ciudad de El Progreso, a más de 200 kilómetros de su tierra.
Iolany Pérez, también periodista, considera que Esteban documenta a sectores muchas veces aplastados en Honduras. Le parece especialmente valioso que él reporte la lucha en defensa de la tierra, en contra del extractivismo y el racismo: “Creo que esos han sido como los grandes aportes que ha logrado a lo largo de su paso como corresponsal popular de Radio Progreso”.
Además, dice que profesionalmente Esteban ha crecido muchísimo en identificar temáticas, fuentes y en saber que el micrófono de la radio tiene que estar en aquellas situaciones que ningún otro medio va a reportar. Su colega, destaca, sabe escuchar esas voces que no aparecen en los medios corporativos, que no están dentro de la agenda mediática comercial.
Volver a sembrar
Después de desplazarse dos veces, Esteban Vásquez pudo vivir tres años de relativa calma. Los disfrutó en su pequeña casa, construida con tablas de madera y láminas de zinc. Está en la punta de una loma, con un corredor en la parte frontal donde pasa los momentos de calma mirando el paisaje de altos pinos.
Un día supo que existía un grupo intentando tomar el control de la zona para venta de drogas, y denunció esa situación a través de la radio. Volvió a estar en riesgo, de nueva cuenta por el compromiso con su comunidad.
Varios hombres llegaron a su casa, lo agredieron a golpes y también golpearon a su hijo, menor de edad. Por tercera ocasión tocaba salir de emergencia, había que ponerse a salvo y el 14 de abril de 2025 ambos dejaron su casa con rumbo a la ciudad de Choluteca, en la zona sur del país.
El impacto de los desplazamientos no solo ha sido físico y emocional, sino también económico. A unos cinco metros de su vivienda, hay unos 500 arbustos secos en la que antes fue su pequeña finca de café. Esteban la cuidó por al menos tres años y ya empezaba a producir unos cinco quintales del preciado grano, cuando se fueron:
“Estas son parte de las cosas que he perdido cuando he tenido que dejar mi casa, debido a las constantes amenazas y riesgos”, dice con pesar.
Francisca Castillo, campesina y presidenta del Consejo Municipal de Santa María, conoce a Esteban desde hace muchos años. Valora su trabajo, porque, dice: “Es una labor muy fuerte la que él hace, transmite lo que se está viviendo aquí, en las comunidades indígenas. Nos sentimos muy alegres y agradecidos que tenemos un comunicador social”.
Esteban siempre acompaña las acciones de los vecinos de su región. Busca la manera de realizar sus notas cada día. Aunque no cuenta con medio de transporte propio, llega a donde lo inviten y a veces sus conocidos le dan jalón para ir de un municipio a otro. Tampoco se limita por la falta de internet o fallas en líneas telefónicas:
“Entonces lo que hacemos es una entrevista cuando yo no puedo llegar a donde ellos. Bueno, nos vamos por audio en WhatsApp: yo les mando el primer audio, luego él me lo contesta de un minuto; luego le mando el otro audio, me lo vuelve a contestar. Les digo, ‘compañeros que cada respuesta sea de un minuto, porque solo son tres minutos que nos dan’, entonces ellos ya van aprendiendo bastante.”
Con todo y la conciencia de los riesgos que enfrenta y de lo mucho que ha sufrido en este andar, Esteban se siente orgulloso de formar parte de parte de un equipo de hombres y mujeres que alzan la voz para defender derechos y territorios frente al modelo extractivista que los desplaza y despoja.
“Ser un comunicador en las comunidades es bonito porque llega a tener amistad, pero la amistad de pobre, no de rico, porque como comunicador nosotros somos un estorbo para los grandes: para el alcalde, para los diputados, para las empresas hidroeléctricas, para las minerías. Somos un estorbo pero sí nos sentimos felices al ser apoyados por la gente pobre.”
El comunicador sueña con volver a plantar una finca de café junto a su hijo Yefri, aunque sabe bien que se requiere mucho esfuerzo y recursos económicos que actualmente no tiene.
“Yo le digo a mi hijo que arranquemos esos palos que ya se secaron y volvamos a meter café, empezar de cero otra vez, hacer una ramada, el embolsado, luego empezar a sembrar y esperar unos dos años para cosechar.”
Con su grabadora y su teléfono, Esteban Vásquez, sigue caminando por las comunidades para grabar sus reportes. Viste la camiseta de la Radio Progreso, bordado lleva su eslogan: La Voz que está con Vos.
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* Esta investigación fue realizada en el marco de un proyecto financiado por el Fondo Mundial para la Defensa de los Medios de la UNESCO, ejecutado por Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica. Las denominaciones empleadas y la presentación del material en esta publicación no implican ninguna opinión por parte de la UNESCO sobre la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Los autores son responsables de la elección y presentación de los hechos contenidos en la publicación y de las opiniones expresadas en esta, que no son necesariamente las de la UNESCO y no comprometen a la Organización.
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"Donde la tierra manda y tú obedeces". El periodista comunitario Esteban Vázquez en Simpinula, Honduras, su tierra, siempre amenazada por la industria extractivista. Todas las fotografías: Jessenia Molina.
El 3 de marzo de 2016, hace 10 años, Berta Cáceres, la líder ambientalista hondureña, fue asesinada. Esteban Vásquez, periodista comunitario, toma la estafeta a su manera: informando sin cesar sobre el desarrollo de megaproyectos extractivistas. Amenazado muchas veces, perseguido judicialmente y desplazado en tres ocasiones, su vocación y compromiso son símbolos poderosos.
Después de tomar una taza de café, sale de su casa en medio de la bruma del amanecer. Su ropa es siempre la misma: camisa manga larga, gorra y botas de hule. Cargando un machete, azadón y morral. Sus días transcurren tranquilos en medio de los cafetales, entre cultivos de maíz y frijoles.
Trabajar al jornal es como Esteban Vásquez aprendió desde niño a ganar dinero para llevar el pan a su hogar. Así fue cada amanecer en su vida durante 33 años, hasta ese día en el que decidió que quería ser periodista.
Y empezó a combinar el machete con el micrófono, el azadón con la libreta de notas, los cafetales con la grabadora. Hoy sigue siendo un campesino, pero también envía sus reportes a la Radio Progreso. Esteban carga siempre su teléfono celular, anda listo para enviar notas y entrevistas de cada actividad en la que participa.
Montañas verdes, pueblos pobres y el costo de resistir
Esteban Vásquez tiene 42 años, estatura media, contextura delgada. Cabello negro, tez trigueña y una sonrisa contagiosa. Es el séptimo de ocho hermanos y debido a la condición económica de su familia, solo logró estudiar hasta el tercer grado de educación primaria en la Escuela Simón Bolívar, de su comunidad. Es padre de Yefri Josué, de 16 años, el motor de su vida, dice, a quien crio como padre soltero desde los dos años.
Esteban nació en las montañas de la comunidad de Simpinula. Allí creció y empezó a familiarizarse con la lucha en pro de los derechos humanos. Primero supo del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz, Honduras (MILPAH), y en 2015 se integró como socio del Consejo Indígena Lenca de Simpinula.
MILPAH es una organización de las comunidades indígenas lencas que nació en 2010 para defender sus territorios y bienes naturales de las concesiones mineras e hidroeléctricas. En una zona donde operan grandes compañías como Inversiones La Aurora S.A de C.V, con las concesiones hidroeléctricas Aurora I, II y III, así como la Compañía Eléctrica Centroamericana (CECA), con el proyecto hidroeléctrico Puringla-Sazagua, que enfrentan el rechazo de las comunidades porque se han quedado sin agua, con mucha contaminación, sin tierras y un listado de promesas incumplidas.
Participando del MILPAH, Esteban pudo comprender la necesidad de informar sobre las violencias que enfrentan esas comunidades en su lucha.
El 13 de enero de 2017 fue decisivo en su vida. Ese día presenció el desalojo violento del asentamiento campesino 9 de julio, en el municipio de San Pedro de Tutule. La Policía Nacional lanzó gases lacrimógenos y disparó contra los campesinos, hubo cuatro personas heridas. Pero un periodista reportó a un canal de televisión nacional que los campesinos habían disparado contra los agentes policiales. Escuchar esa narrativa fue importante para Esteban:
“Yo, mirando a ese periodista que estaba diciendo lo que no era, me llené como de enojo y dije algún día voy hallar trabajo en algún medio de comunicación para yo poder hablar lo que pasa en estas comunidades.”
En su interior se encendió la chispa: él podía ser un comunicador, él podía informar bien desde las comunidades lencas.
La oportunidad le llegó a Esteban en 2017 cuando la Radio Progreso, una emisora con cobertura en 13 departamentos del país, financiada por la Compañía de Jesús, buscó líderes comunitarios y defensores en el departamento de La Paz. Quería a gente de la zona para que contaran las problemáticas que vivían en esos territorios, incluida la imposición de proyectos hidroeléctricos en las comunidades indígenas lencas. Porque, como explica Iolany Pérez, productora del programa Ronda de Corresponsales, son una radio enfocada en los sectores más desposeídos, en víctimas de injusticias, pobreza y desigualdad. También consideran que los defensores en los territorios están estrechamente vinculados con la libertad de expresión.
En esa búsqueda ubicaron a Esteban a través de MILPAH; hablaron con él y sin dudarlo aceptó la propuesta, que incluía ser corresponsal en su región pero también capacitación en técnicas básicas de comunicación y la oportunidad de formarse como periodista. Pronto empezó a enviar sus primeros reportes. No fue fácil, le temblaba la voz pero fue ganando confianza.
Gracias a la práctica constante, nueve años después de ese inicio, ya envía cápsulas con voz firme y lenguaje fluido sin perder su acento regional. Entrevista a líderes indígenas y autoridades municipales sobre temas referentes a la defensa del medio ambiente y los territorios. Es voluntario: no cobra un sueldo, trabaja por compromiso personal. Dice que la ganancia es otra:
“Lo hacemos porque nos gusta, porque me ha gustado que salgan las cosas al aire (...) Los momentos que más me han motivado es cuando yo voy a las comunidades y me dicen Esteban, nosotros le hemos querido conocer, usted es el corresponsal de Radio Progreso. Esas son las motivaciones que me dan, que me escuchan en varios lugares los reportes que yo hago.”
Simpinula está en una zona rural del municipio de Santa María, en el departamento de La Paz, suroccidente de Honduras. Entre montañas tapizadas en partes con árboles de pino y en otras con cultivos. La abundante vegetación mantiene un clima fresco, agradable, con temperaturas que oscilan entre los 15° y 26°C. El cielo se ve azul, solo cambia en días lluviosos.
Aquí la tierra se ve de dos colores: a veces gris, a veces naranja. Es tan fértil que permite una amplia variedad de cultivos básicos para la alimentación de las familias. Se cultivan café, plátano, yuca y frutales.
No es fácil llegar. Desde la capital del país, Tegucigalpa, hay que recorrer 90 kilómetros hasta la ciudad de La Paz y desde allí otros 40 kilómetros hasta la comunidad de Los Planes, Santa María, conduciendo por carretera pavimentada pero llena de baches. Luego, hacer unos tres kilómetros en calle de tierra en medio de altas montañas, como en la mayoría de las zonas rurales de difícil acceso.
La comunidad no tiene servicio de transporte público. Para llegar hay que tomar un mototaxi, ese vehículo de tres ruedas que es tan común en Centroamérica como alternativa ligera, fresca y a veces también peligrosa para moverse de un lado a otro.
Quienes habitan en la zona son personas lencas, uno de los pueblos originarios de lo que hoy son Honduras y El Salvador desde antes de la conquista española, con más de 10 siglos de historia, con alfarería y textiles exquisitos. En Honduras habitan más de 450 mil personas del pueblo lenca, según los últimos datos oficiales, y representan el 63% del total de habitantes indígenas del país. Viven principalmente en los departamentos de Intibucá, Lempira y La Paz, al suroccidente del país.
Además de tierras fértiles, en la región de Simpinula hay bosques y caudalosos ríos, pero más del 60% de la población vive en la pobreza, hay poco acceso a servicios básicos, empleo, salud y educación. De por sí, el contexto nacional es difícil: la esperanza de vida es de 73 años, según el Banco Mundial. Es decir, los hondureños viven dos años menos que en Nicaragua, siete menos que en Panamá y ocho años menos que en Costa Rica, por citar tres países de la región centroamericana.
En este territorio es donde nació Esteban, aquí ha vivido junto a su familia las carencias económicas y la desigualdad social, pero dice que nunca perdió la motivación ni la confianza en resistir. Son herencia de su pueblo lenca, explica, por eso ha elegido narrar las luchas por la tierra y la oposición a las empresas hidroeléctricas que desplazan y dejan sin agua a las poblaciones.
“Mataron a varios líderes que eran defensores del medio ambiente y el que los mandó a matar lamentablemente está libre y bueno, sentimos que, si no nos han matado, nos pueden matar”, dice preocupado.
Historial de persecuciones
En esta región de Honduras, las riquezas naturales como los ríos, las tierras productivas y la madera son un botín que queda en pocas manos: grandes empresas, grupos económicos y políticos. Quienes se han opuesto a esa dinámica son pueblos lencas, campesinos, defensores, ambientalistas y líderes comunitarios. Como consecuencia, han sufrido persecución, sobre todo después del golpe de Estado de 2009.
Aun así, las comunidades se han organizado (y se organizan) para defender sus derechos. Simpinula, por ejemplo, en 2015 se sumó al Consejo Indígena Lenca que está integrado por unas 90 familias campesinas. Hoy están recuperando al menos 120 hectáreas de tierra que antes habían estado en manos de terratenientes. Defienden así su título comunitario.
En contraparte han sufrido desalojos violentos, heridos, encarcelamientos e incluso asesinatos como el de Bertha Cáceres, ambientalista y líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), a quien mataron en su propia casa, el 3 de marzo de 2016 en La Esperanza, Intibucá. Ella era la líder más visible de la lucha en contra del megaproyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque. También fue asesinado Félix Vásquez, secretario general de la Unión de Trabajadores del Campo (UTC). Igual le quitaron la vida en su propia casa, el 26 de diciembre de 2020 en la aldea El Ocotal, departamento de La Paz. Tenían 44 y 60 años.
Otra forma de perseguir a los luchadores en esta región ha sido criminalizarlos y judicializarlos, es decir, crearles causas judiciales en su contra por delitos graves. Un ejemplo: la privación de la libertad durante 10 meses de Víctor Vásquez, presidente del Consejo Indígena Lenca de Simpinula, y de José Santos Vijil, integrante de la base campesina Nueva Esperanza. En 2021 ambos fueron acusados de robo agravado, daños y desplazamiento forzado, un nuevo delito tipificado en el Código Procesal Penal que generalmente se aplica a pandillas o crimen organizado. Las autoridades hondureñas nunca pudieron comprobar los cargos contra Vásquez y Vijil, por eso tuvieron que liberarlos tiempo después.
Al menos 149 personas defensoras del medioambiente han sido asesinadas en el país entre los años 2012 y 2023, de acuerdo con el informe Voces Silenciadas, publicado por la organización internacional Global Witness en 2024. Datos que ponen a Honduras como el país con más muertes de ambientalistas per cápita en el mundo.
Esteban Vásquez sabe bien lo que represalias significa: las ha sufrido en carne propia.
“Ser corresponsal en estos consejos indígenas no es una cosa fácil porque les tocamos las llagas a las empresas. Entonces ellos nos amenazan. A veces yo me he sentido triste, me he sentido rebajado.”
Ha sido amenazado, criminalizado y desplazado en al menos tres ocasiones por denunciar públicamente los atropellos y violencias que enfrentan comunidades lencas al oponerse a proyectos extractivistas. Ha sido perseguido por publicar, como periodista, lo que ocurre en su región.
Lejos de su tierra: la vida desplazada
La ilusión con la que Esteban inició sus labores como periodista comunitario, se rompió de un golpe. Ocurrió en 2019, cuando llevaba dos años y medio trabajando para Radio Progreso. Fue amenazado y agredido por empleados de los terratenientes de la zona.
Un día del mes de octubre, mientras realizaba una entrevista en la comunidad de Simpinula, le lanzaron una piedra que le rompió el labio superior y parte de su pómulo derecho. Fue auxiliado por sus compañeros y trasladado de emergencia al hospital de La Paz.
El equipo legal de la radio presentó su caso ante el mecanismo nacional de protección y él tuvo que irse después para cuidar su vida. Fue la primera vez que la violencia lo obligó a abandonar su comunidad. Fue un cambio brusco, sentimientos encontrados, su mochila llena de nostalgia, pero había que salir rápido para ponerse a salvo. Estaba siendo desplazado.
“Eso fue un golpe duro para mí, me tocó salir de mi lugar. Mi hijo estaba pequeño y no dormía bien por el miedo, eso fue muy difícil para los dos.”
Durante seis meses, vivió en la ciudad de Tela, departamento de Atlántida, en la zona norte del país. Pudo hacerlo porque sus gastos fueron cubiertos por la radio.
Regresó a Simpinula en marzo del 2020. Volvió a trabajar la tierra en su parcela, se reintegró al Consejo Indígena y otra vez a enviar reportes a Radio Progreso, a trabajar como periodista en la región, aunque, entonces, con medidas de protección que consistían en un enlace policial a quien llamar en caso de emergencia.
Al regresar encontró también que lo arroparon las comunidades lencas, porque reconocen la importancia de su trabajo. “Desde el golpe de Estado, hemos visto que han asesinado a diferentes defensores y periodistas independientes. Y sabemos que la labor que hace el compañero Esteban Vázquez no es la excepción, denunciando la corrupción, los actos ilícitos y todo lo que se da aquí”, dice Jaira Castillo, una joven del Consejo Indígena Lenca Las Crucitas en el municipio de Santa María, La Paz. La lideresa opina que tener a un comunicador social en la región también fortalece a las organizaciones porque amplifica sus denuncias, demandas y problemáticas, además incide en espacios de toma de decisiones.
Más tarde, lo amenazaron otra vez. De nueva cuenta fueron los trabajadores de un terrateniente, supuesto dueño de las tierras que estaba recuperando el grupo campesino Nueva Esperanza.
“Me decían que me iban a matar”, recuerda Esteban, quien ya no podía salir solo para hacer las entrevistas, tenía que buscar alguien que lo acompañara.
Dejó de dormir en su propia casa porque el riesgo era latente. Un día llegó un muchacho a la casa de su mamá. Le pidió agua pero al dársela, se la tiró en los pies, rompió su jardín y le dijo que quería ver a su hijo, refiriéndose a Esteban. Al conocer sobre esta nueva amenaza pidió apoyo de la Policía Nacional y se dirigió al municipio de Marcala a interponer la denuncia. Tras identificarse ante la autoridad, el fiscal le informó que tenía una denuncia en su contra por delitos de “usurpación, portación de armas y amenazas”. Así, aunque llegó a denunciar violencia en su contra, se transformó en acusado.
En Honduras es común la criminalización de defensores y ambientalistas, en la opinión del abogado penalista Edy Tábora, director del Bufete Justicia para los Pueblos. Aunque existen protocolos y tiempos para realizar una investigación, a veces el Ministerio Público toma apenas seis horas para iniciar una carpeta de acusación. Crean (y agilizan) las denuncias favoreciendo a empresas privadas o personas vinculadas a corrupción y concesiones de megaproyectos. “Hay un uso ilegítimo del derecho penal discrecional, un control dirigido hacia la persecución de los defensores. La intencionalidad no solo es encarcelar a las personas, sino también de dañar su imagen y colocar una narrativa estigmatizante ante la opinión pública”, explica Tábora.
En ese contexto de amenazas y violencia ocurrió el crimen del defensor Félix Vásquez, el 26 de diciembre de 2020. Esteban llegó al lugar de los hechos para sacar el reporte y enviarlo a la radio, pero enseguida le hicieron saber que su trabajo como periodista molestaba:
“A los tres días llegaron a mi casa para amenazarme, me decían ‘primo levantate primo’, solo estaba con mi mamá y mi hijo. Mi mamá les dijo que yo no estaba.”
En enero de 2021, tan solo nueve meses después de su primer desplazamiento, Esteban tuvo que irse por segunda vez. Pasó siete meses resguardado en la ciudad de El Progreso, a más de 200 kilómetros de su tierra.
Iolany Pérez, también periodista, considera que Esteban documenta a sectores muchas veces aplastados en Honduras. Le parece especialmente valioso que él reporte la lucha en defensa de la tierra, en contra del extractivismo y el racismo: “Creo que esos han sido como los grandes aportes que ha logrado a lo largo de su paso como corresponsal popular de Radio Progreso”.
Además, dice que profesionalmente Esteban ha crecido muchísimo en identificar temáticas, fuentes y en saber que el micrófono de la radio tiene que estar en aquellas situaciones que ningún otro medio va a reportar. Su colega, destaca, sabe escuchar esas voces que no aparecen en los medios corporativos, que no están dentro de la agenda mediática comercial.
Volver a sembrar
Después de desplazarse dos veces, Esteban Vásquez pudo vivir tres años de relativa calma. Los disfrutó en su pequeña casa, construida con tablas de madera y láminas de zinc. Está en la punta de una loma, con un corredor en la parte frontal donde pasa los momentos de calma mirando el paisaje de altos pinos.
Un día supo que existía un grupo intentando tomar el control de la zona para venta de drogas, y denunció esa situación a través de la radio. Volvió a estar en riesgo, de nueva cuenta por el compromiso con su comunidad.
Varios hombres llegaron a su casa, lo agredieron a golpes y también golpearon a su hijo, menor de edad. Por tercera ocasión tocaba salir de emergencia, había que ponerse a salvo y el 14 de abril de 2025 ambos dejaron su casa con rumbo a la ciudad de Choluteca, en la zona sur del país.
El impacto de los desplazamientos no solo ha sido físico y emocional, sino también económico. A unos cinco metros de su vivienda, hay unos 500 arbustos secos en la que antes fue su pequeña finca de café. Esteban la cuidó por al menos tres años y ya empezaba a producir unos cinco quintales del preciado grano, cuando se fueron:
“Estas son parte de las cosas que he perdido cuando he tenido que dejar mi casa, debido a las constantes amenazas y riesgos”, dice con pesar.
Francisca Castillo, campesina y presidenta del Consejo Municipal de Santa María, conoce a Esteban desde hace muchos años. Valora su trabajo, porque, dice: “Es una labor muy fuerte la que él hace, transmite lo que se está viviendo aquí, en las comunidades indígenas. Nos sentimos muy alegres y agradecidos que tenemos un comunicador social”.
Esteban siempre acompaña las acciones de los vecinos de su región. Busca la manera de realizar sus notas cada día. Aunque no cuenta con medio de transporte propio, llega a donde lo inviten y a veces sus conocidos le dan jalón para ir de un municipio a otro. Tampoco se limita por la falta de internet o fallas en líneas telefónicas:
“Entonces lo que hacemos es una entrevista cuando yo no puedo llegar a donde ellos. Bueno, nos vamos por audio en WhatsApp: yo les mando el primer audio, luego él me lo contesta de un minuto; luego le mando el otro audio, me lo vuelve a contestar. Les digo, ‘compañeros que cada respuesta sea de un minuto, porque solo son tres minutos que nos dan’, entonces ellos ya van aprendiendo bastante.”
Con todo y la conciencia de los riesgos que enfrenta y de lo mucho que ha sufrido en este andar, Esteban se siente orgulloso de formar parte de parte de un equipo de hombres y mujeres que alzan la voz para defender derechos y territorios frente al modelo extractivista que los desplaza y despoja.
“Ser un comunicador en las comunidades es bonito porque llega a tener amistad, pero la amistad de pobre, no de rico, porque como comunicador nosotros somos un estorbo para los grandes: para el alcalde, para los diputados, para las empresas hidroeléctricas, para las minerías. Somos un estorbo pero sí nos sentimos felices al ser apoyados por la gente pobre.”
El comunicador sueña con volver a plantar una finca de café junto a su hijo Yefri, aunque sabe bien que se requiere mucho esfuerzo y recursos económicos que actualmente no tiene.
“Yo le digo a mi hijo que arranquemos esos palos que ya se secaron y volvamos a meter café, empezar de cero otra vez, hacer una ramada, el embolsado, luego empezar a sembrar y esperar unos dos años para cosechar.”
Con su grabadora y su teléfono, Esteban Vásquez, sigue caminando por las comunidades para grabar sus reportes. Viste la camiseta de la Radio Progreso, bordado lleva su eslogan: La Voz que está con Vos.
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* Esta investigación fue realizada en el marco de un proyecto financiado por el Fondo Mundial para la Defensa de los Medios de la UNESCO, ejecutado por Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica. Las denominaciones empleadas y la presentación del material en esta publicación no implican ninguna opinión por parte de la UNESCO sobre la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Los autores son responsables de la elección y presentación de los hechos contenidos en la publicación y de las opiniones expresadas en esta, que no son necesariamente las de la UNESCO y no comprometen a la Organización.
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El 3 de marzo de 2016, hace 10 años, Berta Cáceres, la líder ambientalista hondureña, fue asesinada. Esteban Vásquez, periodista comunitario, toma la estafeta a su manera: informando sin cesar sobre el desarrollo de megaproyectos extractivistas. Amenazado muchas veces, perseguido judicialmente y desplazado en tres ocasiones, su vocación y compromiso son símbolos poderosos.
Después de tomar una taza de café, sale de su casa en medio de la bruma del amanecer. Su ropa es siempre la misma: camisa manga larga, gorra y botas de hule. Cargando un machete, azadón y morral. Sus días transcurren tranquilos en medio de los cafetales, entre cultivos de maíz y frijoles.
Trabajar al jornal es como Esteban Vásquez aprendió desde niño a ganar dinero para llevar el pan a su hogar. Así fue cada amanecer en su vida durante 33 años, hasta ese día en el que decidió que quería ser periodista.
Y empezó a combinar el machete con el micrófono, el azadón con la libreta de notas, los cafetales con la grabadora. Hoy sigue siendo un campesino, pero también envía sus reportes a la Radio Progreso. Esteban carga siempre su teléfono celular, anda listo para enviar notas y entrevistas de cada actividad en la que participa.
Montañas verdes, pueblos pobres y el costo de resistir
Esteban Vásquez tiene 42 años, estatura media, contextura delgada. Cabello negro, tez trigueña y una sonrisa contagiosa. Es el séptimo de ocho hermanos y debido a la condición económica de su familia, solo logró estudiar hasta el tercer grado de educación primaria en la Escuela Simón Bolívar, de su comunidad. Es padre de Yefri Josué, de 16 años, el motor de su vida, dice, a quien crio como padre soltero desde los dos años.
Esteban nació en las montañas de la comunidad de Simpinula. Allí creció y empezó a familiarizarse con la lucha en pro de los derechos humanos. Primero supo del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz, Honduras (MILPAH), y en 2015 se integró como socio del Consejo Indígena Lenca de Simpinula.
MILPAH es una organización de las comunidades indígenas lencas que nació en 2010 para defender sus territorios y bienes naturales de las concesiones mineras e hidroeléctricas. En una zona donde operan grandes compañías como Inversiones La Aurora S.A de C.V, con las concesiones hidroeléctricas Aurora I, II y III, así como la Compañía Eléctrica Centroamericana (CECA), con el proyecto hidroeléctrico Puringla-Sazagua, que enfrentan el rechazo de las comunidades porque se han quedado sin agua, con mucha contaminación, sin tierras y un listado de promesas incumplidas.
Participando del MILPAH, Esteban pudo comprender la necesidad de informar sobre las violencias que enfrentan esas comunidades en su lucha.
El 13 de enero de 2017 fue decisivo en su vida. Ese día presenció el desalojo violento del asentamiento campesino 9 de julio, en el municipio de San Pedro de Tutule. La Policía Nacional lanzó gases lacrimógenos y disparó contra los campesinos, hubo cuatro personas heridas. Pero un periodista reportó a un canal de televisión nacional que los campesinos habían disparado contra los agentes policiales. Escuchar esa narrativa fue importante para Esteban:
“Yo, mirando a ese periodista que estaba diciendo lo que no era, me llené como de enojo y dije algún día voy hallar trabajo en algún medio de comunicación para yo poder hablar lo que pasa en estas comunidades.”
En su interior se encendió la chispa: él podía ser un comunicador, él podía informar bien desde las comunidades lencas.
La oportunidad le llegó a Esteban en 2017 cuando la Radio Progreso, una emisora con cobertura en 13 departamentos del país, financiada por la Compañía de Jesús, buscó líderes comunitarios y defensores en el departamento de La Paz. Quería a gente de la zona para que contaran las problemáticas que vivían en esos territorios, incluida la imposición de proyectos hidroeléctricos en las comunidades indígenas lencas. Porque, como explica Iolany Pérez, productora del programa Ronda de Corresponsales, son una radio enfocada en los sectores más desposeídos, en víctimas de injusticias, pobreza y desigualdad. También consideran que los defensores en los territorios están estrechamente vinculados con la libertad de expresión.
En esa búsqueda ubicaron a Esteban a través de MILPAH; hablaron con él y sin dudarlo aceptó la propuesta, que incluía ser corresponsal en su región pero también capacitación en técnicas básicas de comunicación y la oportunidad de formarse como periodista. Pronto empezó a enviar sus primeros reportes. No fue fácil, le temblaba la voz pero fue ganando confianza.
Gracias a la práctica constante, nueve años después de ese inicio, ya envía cápsulas con voz firme y lenguaje fluido sin perder su acento regional. Entrevista a líderes indígenas y autoridades municipales sobre temas referentes a la defensa del medio ambiente y los territorios. Es voluntario: no cobra un sueldo, trabaja por compromiso personal. Dice que la ganancia es otra:
“Lo hacemos porque nos gusta, porque me ha gustado que salgan las cosas al aire (...) Los momentos que más me han motivado es cuando yo voy a las comunidades y me dicen Esteban, nosotros le hemos querido conocer, usted es el corresponsal de Radio Progreso. Esas son las motivaciones que me dan, que me escuchan en varios lugares los reportes que yo hago.”
Simpinula está en una zona rural del municipio de Santa María, en el departamento de La Paz, suroccidente de Honduras. Entre montañas tapizadas en partes con árboles de pino y en otras con cultivos. La abundante vegetación mantiene un clima fresco, agradable, con temperaturas que oscilan entre los 15° y 26°C. El cielo se ve azul, solo cambia en días lluviosos.
Aquí la tierra se ve de dos colores: a veces gris, a veces naranja. Es tan fértil que permite una amplia variedad de cultivos básicos para la alimentación de las familias. Se cultivan café, plátano, yuca y frutales.
No es fácil llegar. Desde la capital del país, Tegucigalpa, hay que recorrer 90 kilómetros hasta la ciudad de La Paz y desde allí otros 40 kilómetros hasta la comunidad de Los Planes, Santa María, conduciendo por carretera pavimentada pero llena de baches. Luego, hacer unos tres kilómetros en calle de tierra en medio de altas montañas, como en la mayoría de las zonas rurales de difícil acceso.
La comunidad no tiene servicio de transporte público. Para llegar hay que tomar un mototaxi, ese vehículo de tres ruedas que es tan común en Centroamérica como alternativa ligera, fresca y a veces también peligrosa para moverse de un lado a otro.
Quienes habitan en la zona son personas lencas, uno de los pueblos originarios de lo que hoy son Honduras y El Salvador desde antes de la conquista española, con más de 10 siglos de historia, con alfarería y textiles exquisitos. En Honduras habitan más de 450 mil personas del pueblo lenca, según los últimos datos oficiales, y representan el 63% del total de habitantes indígenas del país. Viven principalmente en los departamentos de Intibucá, Lempira y La Paz, al suroccidente del país.
Además de tierras fértiles, en la región de Simpinula hay bosques y caudalosos ríos, pero más del 60% de la población vive en la pobreza, hay poco acceso a servicios básicos, empleo, salud y educación. De por sí, el contexto nacional es difícil: la esperanza de vida es de 73 años, según el Banco Mundial. Es decir, los hondureños viven dos años menos que en Nicaragua, siete menos que en Panamá y ocho años menos que en Costa Rica, por citar tres países de la región centroamericana.
En este territorio es donde nació Esteban, aquí ha vivido junto a su familia las carencias económicas y la desigualdad social, pero dice que nunca perdió la motivación ni la confianza en resistir. Son herencia de su pueblo lenca, explica, por eso ha elegido narrar las luchas por la tierra y la oposición a las empresas hidroeléctricas que desplazan y dejan sin agua a las poblaciones.
“Mataron a varios líderes que eran defensores del medio ambiente y el que los mandó a matar lamentablemente está libre y bueno, sentimos que, si no nos han matado, nos pueden matar”, dice preocupado.
Historial de persecuciones
En esta región de Honduras, las riquezas naturales como los ríos, las tierras productivas y la madera son un botín que queda en pocas manos: grandes empresas, grupos económicos y políticos. Quienes se han opuesto a esa dinámica son pueblos lencas, campesinos, defensores, ambientalistas y líderes comunitarios. Como consecuencia, han sufrido persecución, sobre todo después del golpe de Estado de 2009.
Aun así, las comunidades se han organizado (y se organizan) para defender sus derechos. Simpinula, por ejemplo, en 2015 se sumó al Consejo Indígena Lenca que está integrado por unas 90 familias campesinas. Hoy están recuperando al menos 120 hectáreas de tierra que antes habían estado en manos de terratenientes. Defienden así su título comunitario.
En contraparte han sufrido desalojos violentos, heridos, encarcelamientos e incluso asesinatos como el de Bertha Cáceres, ambientalista y líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), a quien mataron en su propia casa, el 3 de marzo de 2016 en La Esperanza, Intibucá. Ella era la líder más visible de la lucha en contra del megaproyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque. También fue asesinado Félix Vásquez, secretario general de la Unión de Trabajadores del Campo (UTC). Igual le quitaron la vida en su propia casa, el 26 de diciembre de 2020 en la aldea El Ocotal, departamento de La Paz. Tenían 44 y 60 años.
Otra forma de perseguir a los luchadores en esta región ha sido criminalizarlos y judicializarlos, es decir, crearles causas judiciales en su contra por delitos graves. Un ejemplo: la privación de la libertad durante 10 meses de Víctor Vásquez, presidente del Consejo Indígena Lenca de Simpinula, y de José Santos Vijil, integrante de la base campesina Nueva Esperanza. En 2021 ambos fueron acusados de robo agravado, daños y desplazamiento forzado, un nuevo delito tipificado en el Código Procesal Penal que generalmente se aplica a pandillas o crimen organizado. Las autoridades hondureñas nunca pudieron comprobar los cargos contra Vásquez y Vijil, por eso tuvieron que liberarlos tiempo después.
Al menos 149 personas defensoras del medioambiente han sido asesinadas en el país entre los años 2012 y 2023, de acuerdo con el informe Voces Silenciadas, publicado por la organización internacional Global Witness en 2024. Datos que ponen a Honduras como el país con más muertes de ambientalistas per cápita en el mundo.
Esteban Vásquez sabe bien lo que represalias significa: las ha sufrido en carne propia.
“Ser corresponsal en estos consejos indígenas no es una cosa fácil porque les tocamos las llagas a las empresas. Entonces ellos nos amenazan. A veces yo me he sentido triste, me he sentido rebajado.”
Ha sido amenazado, criminalizado y desplazado en al menos tres ocasiones por denunciar públicamente los atropellos y violencias que enfrentan comunidades lencas al oponerse a proyectos extractivistas. Ha sido perseguido por publicar, como periodista, lo que ocurre en su región.
Lejos de su tierra: la vida desplazada
La ilusión con la que Esteban inició sus labores como periodista comunitario, se rompió de un golpe. Ocurrió en 2019, cuando llevaba dos años y medio trabajando para Radio Progreso. Fue amenazado y agredido por empleados de los terratenientes de la zona.
Un día del mes de octubre, mientras realizaba una entrevista en la comunidad de Simpinula, le lanzaron una piedra que le rompió el labio superior y parte de su pómulo derecho. Fue auxiliado por sus compañeros y trasladado de emergencia al hospital de La Paz.
El equipo legal de la radio presentó su caso ante el mecanismo nacional de protección y él tuvo que irse después para cuidar su vida. Fue la primera vez que la violencia lo obligó a abandonar su comunidad. Fue un cambio brusco, sentimientos encontrados, su mochila llena de nostalgia, pero había que salir rápido para ponerse a salvo. Estaba siendo desplazado.
“Eso fue un golpe duro para mí, me tocó salir de mi lugar. Mi hijo estaba pequeño y no dormía bien por el miedo, eso fue muy difícil para los dos.”
Durante seis meses, vivió en la ciudad de Tela, departamento de Atlántida, en la zona norte del país. Pudo hacerlo porque sus gastos fueron cubiertos por la radio.
Regresó a Simpinula en marzo del 2020. Volvió a trabajar la tierra en su parcela, se reintegró al Consejo Indígena y otra vez a enviar reportes a Radio Progreso, a trabajar como periodista en la región, aunque, entonces, con medidas de protección que consistían en un enlace policial a quien llamar en caso de emergencia.
Al regresar encontró también que lo arroparon las comunidades lencas, porque reconocen la importancia de su trabajo. “Desde el golpe de Estado, hemos visto que han asesinado a diferentes defensores y periodistas independientes. Y sabemos que la labor que hace el compañero Esteban Vázquez no es la excepción, denunciando la corrupción, los actos ilícitos y todo lo que se da aquí”, dice Jaira Castillo, una joven del Consejo Indígena Lenca Las Crucitas en el municipio de Santa María, La Paz. La lideresa opina que tener a un comunicador social en la región también fortalece a las organizaciones porque amplifica sus denuncias, demandas y problemáticas, además incide en espacios de toma de decisiones.
Más tarde, lo amenazaron otra vez. De nueva cuenta fueron los trabajadores de un terrateniente, supuesto dueño de las tierras que estaba recuperando el grupo campesino Nueva Esperanza.
“Me decían que me iban a matar”, recuerda Esteban, quien ya no podía salir solo para hacer las entrevistas, tenía que buscar alguien que lo acompañara.
Dejó de dormir en su propia casa porque el riesgo era latente. Un día llegó un muchacho a la casa de su mamá. Le pidió agua pero al dársela, se la tiró en los pies, rompió su jardín y le dijo que quería ver a su hijo, refiriéndose a Esteban. Al conocer sobre esta nueva amenaza pidió apoyo de la Policía Nacional y se dirigió al municipio de Marcala a interponer la denuncia. Tras identificarse ante la autoridad, el fiscal le informó que tenía una denuncia en su contra por delitos de “usurpación, portación de armas y amenazas”. Así, aunque llegó a denunciar violencia en su contra, se transformó en acusado.
En Honduras es común la criminalización de defensores y ambientalistas, en la opinión del abogado penalista Edy Tábora, director del Bufete Justicia para los Pueblos. Aunque existen protocolos y tiempos para realizar una investigación, a veces el Ministerio Público toma apenas seis horas para iniciar una carpeta de acusación. Crean (y agilizan) las denuncias favoreciendo a empresas privadas o personas vinculadas a corrupción y concesiones de megaproyectos. “Hay un uso ilegítimo del derecho penal discrecional, un control dirigido hacia la persecución de los defensores. La intencionalidad no solo es encarcelar a las personas, sino también de dañar su imagen y colocar una narrativa estigmatizante ante la opinión pública”, explica Tábora.
En ese contexto de amenazas y violencia ocurrió el crimen del defensor Félix Vásquez, el 26 de diciembre de 2020. Esteban llegó al lugar de los hechos para sacar el reporte y enviarlo a la radio, pero enseguida le hicieron saber que su trabajo como periodista molestaba:
“A los tres días llegaron a mi casa para amenazarme, me decían ‘primo levantate primo’, solo estaba con mi mamá y mi hijo. Mi mamá les dijo que yo no estaba.”
En enero de 2021, tan solo nueve meses después de su primer desplazamiento, Esteban tuvo que irse por segunda vez. Pasó siete meses resguardado en la ciudad de El Progreso, a más de 200 kilómetros de su tierra.
Iolany Pérez, también periodista, considera que Esteban documenta a sectores muchas veces aplastados en Honduras. Le parece especialmente valioso que él reporte la lucha en defensa de la tierra, en contra del extractivismo y el racismo: “Creo que esos han sido como los grandes aportes que ha logrado a lo largo de su paso como corresponsal popular de Radio Progreso”.
Además, dice que profesionalmente Esteban ha crecido muchísimo en identificar temáticas, fuentes y en saber que el micrófono de la radio tiene que estar en aquellas situaciones que ningún otro medio va a reportar. Su colega, destaca, sabe escuchar esas voces que no aparecen en los medios corporativos, que no están dentro de la agenda mediática comercial.
Volver a sembrar
Después de desplazarse dos veces, Esteban Vásquez pudo vivir tres años de relativa calma. Los disfrutó en su pequeña casa, construida con tablas de madera y láminas de zinc. Está en la punta de una loma, con un corredor en la parte frontal donde pasa los momentos de calma mirando el paisaje de altos pinos.
Un día supo que existía un grupo intentando tomar el control de la zona para venta de drogas, y denunció esa situación a través de la radio. Volvió a estar en riesgo, de nueva cuenta por el compromiso con su comunidad.
Varios hombres llegaron a su casa, lo agredieron a golpes y también golpearon a su hijo, menor de edad. Por tercera ocasión tocaba salir de emergencia, había que ponerse a salvo y el 14 de abril de 2025 ambos dejaron su casa con rumbo a la ciudad de Choluteca, en la zona sur del país.
El impacto de los desplazamientos no solo ha sido físico y emocional, sino también económico. A unos cinco metros de su vivienda, hay unos 500 arbustos secos en la que antes fue su pequeña finca de café. Esteban la cuidó por al menos tres años y ya empezaba a producir unos cinco quintales del preciado grano, cuando se fueron:
“Estas son parte de las cosas que he perdido cuando he tenido que dejar mi casa, debido a las constantes amenazas y riesgos”, dice con pesar.
Francisca Castillo, campesina y presidenta del Consejo Municipal de Santa María, conoce a Esteban desde hace muchos años. Valora su trabajo, porque, dice: “Es una labor muy fuerte la que él hace, transmite lo que se está viviendo aquí, en las comunidades indígenas. Nos sentimos muy alegres y agradecidos que tenemos un comunicador social”.
Esteban siempre acompaña las acciones de los vecinos de su región. Busca la manera de realizar sus notas cada día. Aunque no cuenta con medio de transporte propio, llega a donde lo inviten y a veces sus conocidos le dan jalón para ir de un municipio a otro. Tampoco se limita por la falta de internet o fallas en líneas telefónicas:
“Entonces lo que hacemos es una entrevista cuando yo no puedo llegar a donde ellos. Bueno, nos vamos por audio en WhatsApp: yo les mando el primer audio, luego él me lo contesta de un minuto; luego le mando el otro audio, me lo vuelve a contestar. Les digo, ‘compañeros que cada respuesta sea de un minuto, porque solo son tres minutos que nos dan’, entonces ellos ya van aprendiendo bastante.”
Con todo y la conciencia de los riesgos que enfrenta y de lo mucho que ha sufrido en este andar, Esteban se siente orgulloso de formar parte de parte de un equipo de hombres y mujeres que alzan la voz para defender derechos y territorios frente al modelo extractivista que los desplaza y despoja.
“Ser un comunicador en las comunidades es bonito porque llega a tener amistad, pero la amistad de pobre, no de rico, porque como comunicador nosotros somos un estorbo para los grandes: para el alcalde, para los diputados, para las empresas hidroeléctricas, para las minerías. Somos un estorbo pero sí nos sentimos felices al ser apoyados por la gente pobre.”
El comunicador sueña con volver a plantar una finca de café junto a su hijo Yefri, aunque sabe bien que se requiere mucho esfuerzo y recursos económicos que actualmente no tiene.
“Yo le digo a mi hijo que arranquemos esos palos que ya se secaron y volvamos a meter café, empezar de cero otra vez, hacer una ramada, el embolsado, luego empezar a sembrar y esperar unos dos años para cosechar.”
Con su grabadora y su teléfono, Esteban Vásquez, sigue caminando por las comunidades para grabar sus reportes. Viste la camiseta de la Radio Progreso, bordado lleva su eslogan: La Voz que está con Vos.
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* Esta investigación fue realizada en el marco de un proyecto financiado por el Fondo Mundial para la Defensa de los Medios de la UNESCO, ejecutado por Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica. Las denominaciones empleadas y la presentación del material en esta publicación no implican ninguna opinión por parte de la UNESCO sobre la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Los autores son responsables de la elección y presentación de los hechos contenidos en la publicación y de las opiniones expresadas en esta, que no son necesariamente las de la UNESCO y no comprometen a la Organización.
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"Donde la tierra manda y tú obedeces". El periodista comunitario Esteban Vázquez en Simpinula, Honduras, su tierra, siempre amenazada por la industria extractivista. Todas las fotografías: Jessenia Molina.
El 3 de marzo de 2016, hace 10 años, Berta Cáceres, la líder ambientalista hondureña, fue asesinada. Esteban Vásquez, periodista comunitario, toma la estafeta a su manera: informando sin cesar sobre el desarrollo de megaproyectos extractivistas. Amenazado muchas veces, perseguido judicialmente y desplazado en tres ocasiones, su vocación y compromiso son símbolos poderosos.
Después de tomar una taza de café, sale de su casa en medio de la bruma del amanecer. Su ropa es siempre la misma: camisa manga larga, gorra y botas de hule. Cargando un machete, azadón y morral. Sus días transcurren tranquilos en medio de los cafetales, entre cultivos de maíz y frijoles.
Trabajar al jornal es como Esteban Vásquez aprendió desde niño a ganar dinero para llevar el pan a su hogar. Así fue cada amanecer en su vida durante 33 años, hasta ese día en el que decidió que quería ser periodista.
Y empezó a combinar el machete con el micrófono, el azadón con la libreta de notas, los cafetales con la grabadora. Hoy sigue siendo un campesino, pero también envía sus reportes a la Radio Progreso. Esteban carga siempre su teléfono celular, anda listo para enviar notas y entrevistas de cada actividad en la que participa.
Montañas verdes, pueblos pobres y el costo de resistir
Esteban Vásquez tiene 42 años, estatura media, contextura delgada. Cabello negro, tez trigueña y una sonrisa contagiosa. Es el séptimo de ocho hermanos y debido a la condición económica de su familia, solo logró estudiar hasta el tercer grado de educación primaria en la Escuela Simón Bolívar, de su comunidad. Es padre de Yefri Josué, de 16 años, el motor de su vida, dice, a quien crio como padre soltero desde los dos años.
Esteban nació en las montañas de la comunidad de Simpinula. Allí creció y empezó a familiarizarse con la lucha en pro de los derechos humanos. Primero supo del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz, Honduras (MILPAH), y en 2015 se integró como socio del Consejo Indígena Lenca de Simpinula.
MILPAH es una organización de las comunidades indígenas lencas que nació en 2010 para defender sus territorios y bienes naturales de las concesiones mineras e hidroeléctricas. En una zona donde operan grandes compañías como Inversiones La Aurora S.A de C.V, con las concesiones hidroeléctricas Aurora I, II y III, así como la Compañía Eléctrica Centroamericana (CECA), con el proyecto hidroeléctrico Puringla-Sazagua, que enfrentan el rechazo de las comunidades porque se han quedado sin agua, con mucha contaminación, sin tierras y un listado de promesas incumplidas.
Participando del MILPAH, Esteban pudo comprender la necesidad de informar sobre las violencias que enfrentan esas comunidades en su lucha.
El 13 de enero de 2017 fue decisivo en su vida. Ese día presenció el desalojo violento del asentamiento campesino 9 de julio, en el municipio de San Pedro de Tutule. La Policía Nacional lanzó gases lacrimógenos y disparó contra los campesinos, hubo cuatro personas heridas. Pero un periodista reportó a un canal de televisión nacional que los campesinos habían disparado contra los agentes policiales. Escuchar esa narrativa fue importante para Esteban:
“Yo, mirando a ese periodista que estaba diciendo lo que no era, me llené como de enojo y dije algún día voy hallar trabajo en algún medio de comunicación para yo poder hablar lo que pasa en estas comunidades.”
En su interior se encendió la chispa: él podía ser un comunicador, él podía informar bien desde las comunidades lencas.
La oportunidad le llegó a Esteban en 2017 cuando la Radio Progreso, una emisora con cobertura en 13 departamentos del país, financiada por la Compañía de Jesús, buscó líderes comunitarios y defensores en el departamento de La Paz. Quería a gente de la zona para que contaran las problemáticas que vivían en esos territorios, incluida la imposición de proyectos hidroeléctricos en las comunidades indígenas lencas. Porque, como explica Iolany Pérez, productora del programa Ronda de Corresponsales, son una radio enfocada en los sectores más desposeídos, en víctimas de injusticias, pobreza y desigualdad. También consideran que los defensores en los territorios están estrechamente vinculados con la libertad de expresión.
En esa búsqueda ubicaron a Esteban a través de MILPAH; hablaron con él y sin dudarlo aceptó la propuesta, que incluía ser corresponsal en su región pero también capacitación en técnicas básicas de comunicación y la oportunidad de formarse como periodista. Pronto empezó a enviar sus primeros reportes. No fue fácil, le temblaba la voz pero fue ganando confianza.
Gracias a la práctica constante, nueve años después de ese inicio, ya envía cápsulas con voz firme y lenguaje fluido sin perder su acento regional. Entrevista a líderes indígenas y autoridades municipales sobre temas referentes a la defensa del medio ambiente y los territorios. Es voluntario: no cobra un sueldo, trabaja por compromiso personal. Dice que la ganancia es otra:
“Lo hacemos porque nos gusta, porque me ha gustado que salgan las cosas al aire (...) Los momentos que más me han motivado es cuando yo voy a las comunidades y me dicen Esteban, nosotros le hemos querido conocer, usted es el corresponsal de Radio Progreso. Esas son las motivaciones que me dan, que me escuchan en varios lugares los reportes que yo hago.”
Simpinula está en una zona rural del municipio de Santa María, en el departamento de La Paz, suroccidente de Honduras. Entre montañas tapizadas en partes con árboles de pino y en otras con cultivos. La abundante vegetación mantiene un clima fresco, agradable, con temperaturas que oscilan entre los 15° y 26°C. El cielo se ve azul, solo cambia en días lluviosos.
Aquí la tierra se ve de dos colores: a veces gris, a veces naranja. Es tan fértil que permite una amplia variedad de cultivos básicos para la alimentación de las familias. Se cultivan café, plátano, yuca y frutales.
No es fácil llegar. Desde la capital del país, Tegucigalpa, hay que recorrer 90 kilómetros hasta la ciudad de La Paz y desde allí otros 40 kilómetros hasta la comunidad de Los Planes, Santa María, conduciendo por carretera pavimentada pero llena de baches. Luego, hacer unos tres kilómetros en calle de tierra en medio de altas montañas, como en la mayoría de las zonas rurales de difícil acceso.
La comunidad no tiene servicio de transporte público. Para llegar hay que tomar un mototaxi, ese vehículo de tres ruedas que es tan común en Centroamérica como alternativa ligera, fresca y a veces también peligrosa para moverse de un lado a otro.
Quienes habitan en la zona son personas lencas, uno de los pueblos originarios de lo que hoy son Honduras y El Salvador desde antes de la conquista española, con más de 10 siglos de historia, con alfarería y textiles exquisitos. En Honduras habitan más de 450 mil personas del pueblo lenca, según los últimos datos oficiales, y representan el 63% del total de habitantes indígenas del país. Viven principalmente en los departamentos de Intibucá, Lempira y La Paz, al suroccidente del país.
Además de tierras fértiles, en la región de Simpinula hay bosques y caudalosos ríos, pero más del 60% de la población vive en la pobreza, hay poco acceso a servicios básicos, empleo, salud y educación. De por sí, el contexto nacional es difícil: la esperanza de vida es de 73 años, según el Banco Mundial. Es decir, los hondureños viven dos años menos que en Nicaragua, siete menos que en Panamá y ocho años menos que en Costa Rica, por citar tres países de la región centroamericana.
En este territorio es donde nació Esteban, aquí ha vivido junto a su familia las carencias económicas y la desigualdad social, pero dice que nunca perdió la motivación ni la confianza en resistir. Son herencia de su pueblo lenca, explica, por eso ha elegido narrar las luchas por la tierra y la oposición a las empresas hidroeléctricas que desplazan y dejan sin agua a las poblaciones.
“Mataron a varios líderes que eran defensores del medio ambiente y el que los mandó a matar lamentablemente está libre y bueno, sentimos que, si no nos han matado, nos pueden matar”, dice preocupado.
Historial de persecuciones
En esta región de Honduras, las riquezas naturales como los ríos, las tierras productivas y la madera son un botín que queda en pocas manos: grandes empresas, grupos económicos y políticos. Quienes se han opuesto a esa dinámica son pueblos lencas, campesinos, defensores, ambientalistas y líderes comunitarios. Como consecuencia, han sufrido persecución, sobre todo después del golpe de Estado de 2009.
Aun así, las comunidades se han organizado (y se organizan) para defender sus derechos. Simpinula, por ejemplo, en 2015 se sumó al Consejo Indígena Lenca que está integrado por unas 90 familias campesinas. Hoy están recuperando al menos 120 hectáreas de tierra que antes habían estado en manos de terratenientes. Defienden así su título comunitario.
En contraparte han sufrido desalojos violentos, heridos, encarcelamientos e incluso asesinatos como el de Bertha Cáceres, ambientalista y líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), a quien mataron en su propia casa, el 3 de marzo de 2016 en La Esperanza, Intibucá. Ella era la líder más visible de la lucha en contra del megaproyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque. También fue asesinado Félix Vásquez, secretario general de la Unión de Trabajadores del Campo (UTC). Igual le quitaron la vida en su propia casa, el 26 de diciembre de 2020 en la aldea El Ocotal, departamento de La Paz. Tenían 44 y 60 años.
Otra forma de perseguir a los luchadores en esta región ha sido criminalizarlos y judicializarlos, es decir, crearles causas judiciales en su contra por delitos graves. Un ejemplo: la privación de la libertad durante 10 meses de Víctor Vásquez, presidente del Consejo Indígena Lenca de Simpinula, y de José Santos Vijil, integrante de la base campesina Nueva Esperanza. En 2021 ambos fueron acusados de robo agravado, daños y desplazamiento forzado, un nuevo delito tipificado en el Código Procesal Penal que generalmente se aplica a pandillas o crimen organizado. Las autoridades hondureñas nunca pudieron comprobar los cargos contra Vásquez y Vijil, por eso tuvieron que liberarlos tiempo después.
Al menos 149 personas defensoras del medioambiente han sido asesinadas en el país entre los años 2012 y 2023, de acuerdo con el informe Voces Silenciadas, publicado por la organización internacional Global Witness en 2024. Datos que ponen a Honduras como el país con más muertes de ambientalistas per cápita en el mundo.
Esteban Vásquez sabe bien lo que represalias significa: las ha sufrido en carne propia.
“Ser corresponsal en estos consejos indígenas no es una cosa fácil porque les tocamos las llagas a las empresas. Entonces ellos nos amenazan. A veces yo me he sentido triste, me he sentido rebajado.”
Ha sido amenazado, criminalizado y desplazado en al menos tres ocasiones por denunciar públicamente los atropellos y violencias que enfrentan comunidades lencas al oponerse a proyectos extractivistas. Ha sido perseguido por publicar, como periodista, lo que ocurre en su región.
Lejos de su tierra: la vida desplazada
La ilusión con la que Esteban inició sus labores como periodista comunitario, se rompió de un golpe. Ocurrió en 2019, cuando llevaba dos años y medio trabajando para Radio Progreso. Fue amenazado y agredido por empleados de los terratenientes de la zona.
Un día del mes de octubre, mientras realizaba una entrevista en la comunidad de Simpinula, le lanzaron una piedra que le rompió el labio superior y parte de su pómulo derecho. Fue auxiliado por sus compañeros y trasladado de emergencia al hospital de La Paz.
El equipo legal de la radio presentó su caso ante el mecanismo nacional de protección y él tuvo que irse después para cuidar su vida. Fue la primera vez que la violencia lo obligó a abandonar su comunidad. Fue un cambio brusco, sentimientos encontrados, su mochila llena de nostalgia, pero había que salir rápido para ponerse a salvo. Estaba siendo desplazado.
“Eso fue un golpe duro para mí, me tocó salir de mi lugar. Mi hijo estaba pequeño y no dormía bien por el miedo, eso fue muy difícil para los dos.”
Durante seis meses, vivió en la ciudad de Tela, departamento de Atlántida, en la zona norte del país. Pudo hacerlo porque sus gastos fueron cubiertos por la radio.
Regresó a Simpinula en marzo del 2020. Volvió a trabajar la tierra en su parcela, se reintegró al Consejo Indígena y otra vez a enviar reportes a Radio Progreso, a trabajar como periodista en la región, aunque, entonces, con medidas de protección que consistían en un enlace policial a quien llamar en caso de emergencia.
Al regresar encontró también que lo arroparon las comunidades lencas, porque reconocen la importancia de su trabajo. “Desde el golpe de Estado, hemos visto que han asesinado a diferentes defensores y periodistas independientes. Y sabemos que la labor que hace el compañero Esteban Vázquez no es la excepción, denunciando la corrupción, los actos ilícitos y todo lo que se da aquí”, dice Jaira Castillo, una joven del Consejo Indígena Lenca Las Crucitas en el municipio de Santa María, La Paz. La lideresa opina que tener a un comunicador social en la región también fortalece a las organizaciones porque amplifica sus denuncias, demandas y problemáticas, además incide en espacios de toma de decisiones.
Más tarde, lo amenazaron otra vez. De nueva cuenta fueron los trabajadores de un terrateniente, supuesto dueño de las tierras que estaba recuperando el grupo campesino Nueva Esperanza.
“Me decían que me iban a matar”, recuerda Esteban, quien ya no podía salir solo para hacer las entrevistas, tenía que buscar alguien que lo acompañara.
Dejó de dormir en su propia casa porque el riesgo era latente. Un día llegó un muchacho a la casa de su mamá. Le pidió agua pero al dársela, se la tiró en los pies, rompió su jardín y le dijo que quería ver a su hijo, refiriéndose a Esteban. Al conocer sobre esta nueva amenaza pidió apoyo de la Policía Nacional y se dirigió al municipio de Marcala a interponer la denuncia. Tras identificarse ante la autoridad, el fiscal le informó que tenía una denuncia en su contra por delitos de “usurpación, portación de armas y amenazas”. Así, aunque llegó a denunciar violencia en su contra, se transformó en acusado.
En Honduras es común la criminalización de defensores y ambientalistas, en la opinión del abogado penalista Edy Tábora, director del Bufete Justicia para los Pueblos. Aunque existen protocolos y tiempos para realizar una investigación, a veces el Ministerio Público toma apenas seis horas para iniciar una carpeta de acusación. Crean (y agilizan) las denuncias favoreciendo a empresas privadas o personas vinculadas a corrupción y concesiones de megaproyectos. “Hay un uso ilegítimo del derecho penal discrecional, un control dirigido hacia la persecución de los defensores. La intencionalidad no solo es encarcelar a las personas, sino también de dañar su imagen y colocar una narrativa estigmatizante ante la opinión pública”, explica Tábora.
En ese contexto de amenazas y violencia ocurrió el crimen del defensor Félix Vásquez, el 26 de diciembre de 2020. Esteban llegó al lugar de los hechos para sacar el reporte y enviarlo a la radio, pero enseguida le hicieron saber que su trabajo como periodista molestaba:
“A los tres días llegaron a mi casa para amenazarme, me decían ‘primo levantate primo’, solo estaba con mi mamá y mi hijo. Mi mamá les dijo que yo no estaba.”
En enero de 2021, tan solo nueve meses después de su primer desplazamiento, Esteban tuvo que irse por segunda vez. Pasó siete meses resguardado en la ciudad de El Progreso, a más de 200 kilómetros de su tierra.
Iolany Pérez, también periodista, considera que Esteban documenta a sectores muchas veces aplastados en Honduras. Le parece especialmente valioso que él reporte la lucha en defensa de la tierra, en contra del extractivismo y el racismo: “Creo que esos han sido como los grandes aportes que ha logrado a lo largo de su paso como corresponsal popular de Radio Progreso”.
Además, dice que profesionalmente Esteban ha crecido muchísimo en identificar temáticas, fuentes y en saber que el micrófono de la radio tiene que estar en aquellas situaciones que ningún otro medio va a reportar. Su colega, destaca, sabe escuchar esas voces que no aparecen en los medios corporativos, que no están dentro de la agenda mediática comercial.
Volver a sembrar
Después de desplazarse dos veces, Esteban Vásquez pudo vivir tres años de relativa calma. Los disfrutó en su pequeña casa, construida con tablas de madera y láminas de zinc. Está en la punta de una loma, con un corredor en la parte frontal donde pasa los momentos de calma mirando el paisaje de altos pinos.
Un día supo que existía un grupo intentando tomar el control de la zona para venta de drogas, y denunció esa situación a través de la radio. Volvió a estar en riesgo, de nueva cuenta por el compromiso con su comunidad.
Varios hombres llegaron a su casa, lo agredieron a golpes y también golpearon a su hijo, menor de edad. Por tercera ocasión tocaba salir de emergencia, había que ponerse a salvo y el 14 de abril de 2025 ambos dejaron su casa con rumbo a la ciudad de Choluteca, en la zona sur del país.
El impacto de los desplazamientos no solo ha sido físico y emocional, sino también económico. A unos cinco metros de su vivienda, hay unos 500 arbustos secos en la que antes fue su pequeña finca de café. Esteban la cuidó por al menos tres años y ya empezaba a producir unos cinco quintales del preciado grano, cuando se fueron:
“Estas son parte de las cosas que he perdido cuando he tenido que dejar mi casa, debido a las constantes amenazas y riesgos”, dice con pesar.
Francisca Castillo, campesina y presidenta del Consejo Municipal de Santa María, conoce a Esteban desde hace muchos años. Valora su trabajo, porque, dice: “Es una labor muy fuerte la que él hace, transmite lo que se está viviendo aquí, en las comunidades indígenas. Nos sentimos muy alegres y agradecidos que tenemos un comunicador social”.
Esteban siempre acompaña las acciones de los vecinos de su región. Busca la manera de realizar sus notas cada día. Aunque no cuenta con medio de transporte propio, llega a donde lo inviten y a veces sus conocidos le dan jalón para ir de un municipio a otro. Tampoco se limita por la falta de internet o fallas en líneas telefónicas:
“Entonces lo que hacemos es una entrevista cuando yo no puedo llegar a donde ellos. Bueno, nos vamos por audio en WhatsApp: yo les mando el primer audio, luego él me lo contesta de un minuto; luego le mando el otro audio, me lo vuelve a contestar. Les digo, ‘compañeros que cada respuesta sea de un minuto, porque solo son tres minutos que nos dan’, entonces ellos ya van aprendiendo bastante.”
Con todo y la conciencia de los riesgos que enfrenta y de lo mucho que ha sufrido en este andar, Esteban se siente orgulloso de formar parte de parte de un equipo de hombres y mujeres que alzan la voz para defender derechos y territorios frente al modelo extractivista que los desplaza y despoja.
“Ser un comunicador en las comunidades es bonito porque llega a tener amistad, pero la amistad de pobre, no de rico, porque como comunicador nosotros somos un estorbo para los grandes: para el alcalde, para los diputados, para las empresas hidroeléctricas, para las minerías. Somos un estorbo pero sí nos sentimos felices al ser apoyados por la gente pobre.”
El comunicador sueña con volver a plantar una finca de café junto a su hijo Yefri, aunque sabe bien que se requiere mucho esfuerzo y recursos económicos que actualmente no tiene.
“Yo le digo a mi hijo que arranquemos esos palos que ya se secaron y volvamos a meter café, empezar de cero otra vez, hacer una ramada, el embolsado, luego empezar a sembrar y esperar unos dos años para cosechar.”
Con su grabadora y su teléfono, Esteban Vásquez, sigue caminando por las comunidades para grabar sus reportes. Viste la camiseta de la Radio Progreso, bordado lleva su eslogan: La Voz que está con Vos.
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* Esta investigación fue realizada en el marco de un proyecto financiado por el Fondo Mundial para la Defensa de los Medios de la UNESCO, ejecutado por Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica. Las denominaciones empleadas y la presentación del material en esta publicación no implican ninguna opinión por parte de la UNESCO sobre la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Los autores son responsables de la elección y presentación de los hechos contenidos en la publicación y de las opiniones expresadas en esta, que no son necesariamente las de la UNESCO y no comprometen a la Organización.
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