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El subcomandante Moisés, en Oventic, Chiapas, el 1 de enero de 2026. Foto: Andrea Cegna.
A 30 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráizar, un esfuerzo colectivo excepcional en pro de la justicia y la paz en México que quedó interrumpido, se lanzó de nuevo desde una esquina de Los Altos de Chiapas una propuesta radical de construcción de formas de vida basadas en la igualdad, la colectividad y el respeto a la tierra, frente a la crisis civilizatoria y ambiental.
El 16 de febrero de 1996 México soñó la paz y la justicia social: en la misma mesa se sentaron el subcomandante Marcos, la comandanta Ramona, Jaime Martínez Veloz —intermediario del Congreso de la Unión— y el obispo de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz. Esa mesa se organizó en el municipio de San Andrés Larráinzar, en Los Altos de Chiapas, y representó uno de los rarísimos momentos de negociación formal entre un movimiento armado indígena y el Estado mexicano, después de décadas de conflictos sociales reprimidos o invisibilizados.
La firma de los Acuerdos de San Andrés fue fruto de meses de asambleas y consultas. Pretendieron romper con una larga tradición hecha de colonialismo y racismo, y también con la cultura del indigenismo asistencialista, una política pensada por no indígenas para indígenas que buscaba integrarlos a través de la asimilación y, por lo tanto, de la cancelación de las diferencias en pos de una nación uniforme.
En ese momento el diálogo, iniciado en 1994 entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal (y a pesar del intento del Estado de capturar a los mandos revolucionarios a la salida de uno de los encuentros de negociación), sí que lució como la vía de reconocimiento de los derechos y las culturas de los pueblos indígenas, así como a la posibilidad de que las comunidades organizaran su territorio de manera autónoma y vivieran según usos y costumbres. Eso significaba pasar de la idea del indígena como población susceptible de asistencia a la idea de los pueblos indígenas como sujetos colectivos, sociales e históricos, titulares de derechos políticos propios y no simples destinatarios de políticas públicas.
Los acuerdos se convirtieron en ley en 2001, con el gobierno de Vicente Fox. Una ley que, según el EZLN, traicionó lo firmado cinco años atrás. Traición ha sido la palabra más utilizada por los neozapatistas, y ha querido decir no solo una simple aplicación parcial o retrasada de los acuerdos, sino también la ruptura de un pacto y el fin del espacio de diálogo.
Veinticinco años después, en 2021, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas confirmó esa lectura, al afirmar que el incumplimiento de los acuerdos de paz “está relacionado con la ofensiva continuada de guerra hacia los pueblos organizados” y que “los signos de guerra y de desgaste continúan” porque las reformas del Estado favorecen “al gran capital que alimenta la máquina de muerte”.
A pocos días del trigésimo aniversario de la firma, el propio Martínez Veloz —entonces presidente de la Comisión de Concordia y Pacificación, Cocopa— escribió que “la verdad es tan clara como dolorosa: el Estado mexicano ha traicionado su palabra”. Subrayó que la Cocopa, prevista y todavía obligatoria por ley, no ha sido reinstalada: “No es un olvido, no es un error, es una decisión política consciente”. Con su desaparición se esfumó “la vía institucional del diálogo, el puente entre el Estado y los pueblos indígenas y la posibilidad de una paz verdadera” (El Coahuilense, 9 de enero de 2026).
Para el hombre que hace 30 años firmó los acuerdos en nombre del gobierno, San Andrés “no fue un gesto simbólico sino un pacto profundo para transformar la relación del Estado con los pueblos indígenas”, hoy reducido a “compromiso de Estado convertido en compromiso roto”. La prueba de la traición, dijo, es visible en las comunidades sin clínicas ni médicos, en los caminos destruidos que aíslan los pueblos, en la mortalidad materna e infantil todavía altísima, en los desplazamientos hacia Guatemala causados por la violencia armada y en la creciente militarización de los territorios. Todo esto “contradice frontalmente los Acuerdos de San Andrés”.
La reforma constitucional aprobada en 2001 mantuvo, entre varios puntos criticables, el planteamiento indigenista clásico: reconocimiento cultural y simbólico, pero sin una transferencia real y completa de poderes, funciones y competencias a las comunidades. Hay matices: hasta hoy, el marco legislativo permite a las poblaciones indígenas del país reivindicar de facto la autonomía y el rechazo del voto y del sistema de partidos: esto sucede sobre todo en Michoacán y en Guerrero. En distintos municipios se ensaya con gobiernos comunitarios elegidos en asamblea, policías indígenas y gestión colectiva del territorio y de los recursos, rompiendo con la idea de que el destino inevitable de los pueblos originarios es disolverse en la ciudadanía mestiza.
Los cimientos de la reivindicación común
El EZLN se levantó en armas el 1 de enero de 1994, justo cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La insurrección ocupó varias poblaciones de Chiapas: una forma drástica de denunciar cómo ese tratado aceleraría el despojo de las tierras comunitarias y la destrucción de las economías campesinas indígenas: un vaticinio que hoy es comprobable en un México devorado por los grandes proyectos, y cada vez más atravesado por el extractivismo y otras formas de especulación sobre el territorio.
El enfrentamiento armado abierto duró solo 12 días, pero el gobierno mexicano rompió varias veces la tregua. En los años siguientes, operaciones militares, grupos paramilitares, desplazamientos forzados y desapariciones golpearon a muchas comunidades rebeldes o solidarias. Un fenómeno que, con distintas intensidades, nunca se ha detenido, tanto que el Subcomandante Moisés, en el día del trigésimo segundo aniversario del nacimiento público de la lucha neozapatista, recordó que para las mujeres y los hombres que se reconocen en el EZLN la prioridad es la paz. Es decir, que ellos construyen la paz, pero que si vuelven a ser atacados, se defenderán.
El EZLN desarrolló de forma autónoma lo que había sido dispuesto en los Acuerdos de San Andrés: su estrategia se vuelve política y organizativa, hecha de educación y salud comunitarias, justicia propia y autogobierno como práctica cotidiana de la autodeterminación. Todavía hoy el EZLN autogobierna una parte importante del territorio de Chiapas. Los diálogos con el gobierno federal siguen interrumpidos y ningún puente ha sido tendido por la llamada Cuarta Transformación para intentar recomponer la ruptura. Al contrario, las políticas federales y estatales no han hecho más que profundizarla.
Si el mundo miró sobre todo a Marcos y al resto de la comandancia zapatista, es la población indígena civil la que cada día sostiene la autonomía y la autodeterminación de su propio futuro, levantando (donde no había) escuelas, clínicas, radios, cooperativas. Estas estructuras funcionan sin financiamiento gubernamental y se basan en trabajo colectivo, rotación de cargos y decisiones asamblearias. El EZLN y sus bases sociales reivindican su pertenencia a un proyecto cívico-militar; reconocen la vía armada como parte de su historia y como un elemento de defensa de su presente, así como su organización, su estructura y sus roles. Al mismo tiempo, desde hace años, de forma pública y también interna, buscan poner en cuestión las lógicas verticales de la organización militar y reducir la centralidad y visibilidad de Marcos, utilizando su peso mediático como un instrumento táctico. Han inventado formas de gobernar de manera horizontal y no vertical. Y cuando el EZLN se dio cuenta de que las Juntas de Buen Gobierno y el sistema autónomo experimentado desde 2003 durante casi 20 años tenían problemas profundos, se decidió poner todo en cuestión y darse un nuevo modelo que llamaron El Común.
El Común, en las palabras del subcomandante insurgente Moisés pronunciadas en Oventic durante el trigésimo segundo aniversario del levantamiento, es algo “mucho más difícil y mucho más grande que el 94”, porque significa “arrancar de raíz el sistema capitalista” y sacar de la cabeza lo que nos han metido (a la ciudadanía entera) a la fuerza. No se trata solo de la tierra: “No queremos ser propietarios. No estoy hablando solo de la tierra, sino de todo. Ya no queremos el ‘mío’ ni el ‘yo’. Lo que decimos con el común tal vez algunos dirán que es una locura. Sí, una locura. Pero para todos, no para unos cuantos”.
No es un simple cambio de nombre ni un nuevo nivel de gobierno autónomo. Es la puesta en cuestión simultánea de las dos columnas del capitalismo: la propiedad y la pirámide del poder. Cuestionar la propiedad significa romper con la idea de que alguien se puede apropiar de la tierra, el trabajo, el tiempo y la vida. Cuestionar la pirámide significa rechazar que el mando se acumule y se separe de las comunidades. No se trata de sustituir una élite por otra, sino de quitar el suelo mismo sobre el que crecen las élites.
Por eso Moisés insistió en que la lucha zapatista quiere la paz, pero no acepta la sumisión: “Continuaremos en nuestra lucha política, ideológica y pacífica. Nosotros no queremos la muerte, queremos la vida. Pero queremos una vida que decidamos nosotros, no la que decidan los de arriba”. Y aclaró inmediatamente el límite: “Seremos siempre pacíficos. Y si no nos lo permiten, nos defenderemos”.
El Común no es un programa que se aplica desde arriba. Más bien, es un proceso que se construye desde abajo, sin manuales ya escritos. Estudio, reflexión, prueba y error, decisiones colectivas. Es un horizonte de largo plazo, pensado para décadas e incluso para más de un siglo, que nace de la práctica cotidiana: asambleas que deciden, cargos rotativos, trabajo colectivo que garantiza alimento y cuidado sin mercado ni mando vertical.
No es tampoco algo únicamente “zapatista”. Las comunidades lo presentan como una invitación dirigida al pueblo de México y al mundo: imaginar y construir formas de vida basadas en la igualdad, la colectividad y el respeto a la tierra frente a una crisis civilizatoria y ambiental cada vez más profunda. No una receta universal sino una propuesta abierta: el camino se hace caminando, a partir de la realidad concreta de cada territorio. Por lo anterior se entiende que El Común no sustituye la autonomía zapatista anterior; la radicaliza: el autogobierno de los territorios a la puesta en común de la vida misma. Así lo dijo Moisés: “El Común es para terminar con la propiedad y también es nuestra forma común de gobernarnos autónomamente».
Esta apuesta no nace de una vocación por la guerra sino de lo contrario: “Continuaremos en nuestra lucha política, ideológica y pacífica. Porque nosotros no queremos la muerte. Nosotros queremos la vida. Pero queremos una vida que decidamos nosotros”.
Es la puesta en práctica de otro mundo posible: una fuerza moral y política reconocida en todo el mundo, mientras en el México de hoy las grandes obras y los intereses económicos se imponen con la violencia y el crimen organizado. En el presente esta tensión entre autonomía e imposición pasa también por la resistencia contra los megaproyectos de infraestructura, la militarización de los territorios y las nuevas formas de control y despojo denunciadas tanto por las organizaciones de derechos humanos como por los pueblos organizados. Mientras la violencia criminal crece en Chiapas y las comunidades zapatistas denuncian las complicidades estructurales entre criminalidad y política, el EZLN construye una clínica en la Selva Lacandona para todos. No como gesto simbólico sino como práctica cotidiana de autogobierno y de cuidado colectivo; una señal de que la autonomía no espera el reconocimiento del Estado sino que se realiza en lo concreto de las comunidades, más allá de pertenencias y grupos políticos.
Hoy, mientras el Estado sigue sin dar pleno cumplimiento a lo firmado en San Andrés, las experiencias autónomas indígenas y zapatistas siguen siendo un referente vivo para movimientos y comunidades mucho más allá de Chiapas, demostrando que la promesa traicionada puede convertirse, desde abajo, en proyecto practicado, vida concreta, experimento en marcha.
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A 30 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráizar, un esfuerzo colectivo excepcional en pro de la justicia y la paz en México que quedó interrumpido, se lanzó de nuevo desde una esquina de Los Altos de Chiapas una propuesta radical de construcción de formas de vida basadas en la igualdad, la colectividad y el respeto a la tierra, frente a la crisis civilizatoria y ambiental.
El 16 de febrero de 1996 México soñó la paz y la justicia social: en la misma mesa se sentaron el subcomandante Marcos, la comandanta Ramona, Jaime Martínez Veloz —intermediario del Congreso de la Unión— y el obispo de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz. Esa mesa se organizó en el municipio de San Andrés Larráinzar, en Los Altos de Chiapas, y representó uno de los rarísimos momentos de negociación formal entre un movimiento armado indígena y el Estado mexicano, después de décadas de conflictos sociales reprimidos o invisibilizados.
La firma de los Acuerdos de San Andrés fue fruto de meses de asambleas y consultas. Pretendieron romper con una larga tradición hecha de colonialismo y racismo, y también con la cultura del indigenismo asistencialista, una política pensada por no indígenas para indígenas que buscaba integrarlos a través de la asimilación y, por lo tanto, de la cancelación de las diferencias en pos de una nación uniforme.
En ese momento el diálogo, iniciado en 1994 entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal (y a pesar del intento del Estado de capturar a los mandos revolucionarios a la salida de uno de los encuentros de negociación), sí que lució como la vía de reconocimiento de los derechos y las culturas de los pueblos indígenas, así como a la posibilidad de que las comunidades organizaran su territorio de manera autónoma y vivieran según usos y costumbres. Eso significaba pasar de la idea del indígena como población susceptible de asistencia a la idea de los pueblos indígenas como sujetos colectivos, sociales e históricos, titulares de derechos políticos propios y no simples destinatarios de políticas públicas.
Los acuerdos se convirtieron en ley en 2001, con el gobierno de Vicente Fox. Una ley que, según el EZLN, traicionó lo firmado cinco años atrás. Traición ha sido la palabra más utilizada por los neozapatistas, y ha querido decir no solo una simple aplicación parcial o retrasada de los acuerdos, sino también la ruptura de un pacto y el fin del espacio de diálogo.
Veinticinco años después, en 2021, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas confirmó esa lectura, al afirmar que el incumplimiento de los acuerdos de paz “está relacionado con la ofensiva continuada de guerra hacia los pueblos organizados” y que “los signos de guerra y de desgaste continúan” porque las reformas del Estado favorecen “al gran capital que alimenta la máquina de muerte”.
A pocos días del trigésimo aniversario de la firma, el propio Martínez Veloz —entonces presidente de la Comisión de Concordia y Pacificación, Cocopa— escribió que “la verdad es tan clara como dolorosa: el Estado mexicano ha traicionado su palabra”. Subrayó que la Cocopa, prevista y todavía obligatoria por ley, no ha sido reinstalada: “No es un olvido, no es un error, es una decisión política consciente”. Con su desaparición se esfumó “la vía institucional del diálogo, el puente entre el Estado y los pueblos indígenas y la posibilidad de una paz verdadera” (El Coahuilense, 9 de enero de 2026).
Para el hombre que hace 30 años firmó los acuerdos en nombre del gobierno, San Andrés “no fue un gesto simbólico sino un pacto profundo para transformar la relación del Estado con los pueblos indígenas”, hoy reducido a “compromiso de Estado convertido en compromiso roto”. La prueba de la traición, dijo, es visible en las comunidades sin clínicas ni médicos, en los caminos destruidos que aíslan los pueblos, en la mortalidad materna e infantil todavía altísima, en los desplazamientos hacia Guatemala causados por la violencia armada y en la creciente militarización de los territorios. Todo esto “contradice frontalmente los Acuerdos de San Andrés”.
La reforma constitucional aprobada en 2001 mantuvo, entre varios puntos criticables, el planteamiento indigenista clásico: reconocimiento cultural y simbólico, pero sin una transferencia real y completa de poderes, funciones y competencias a las comunidades. Hay matices: hasta hoy, el marco legislativo permite a las poblaciones indígenas del país reivindicar de facto la autonomía y el rechazo del voto y del sistema de partidos: esto sucede sobre todo en Michoacán y en Guerrero. En distintos municipios se ensaya con gobiernos comunitarios elegidos en asamblea, policías indígenas y gestión colectiva del territorio y de los recursos, rompiendo con la idea de que el destino inevitable de los pueblos originarios es disolverse en la ciudadanía mestiza.
Los cimientos de la reivindicación común
El EZLN se levantó en armas el 1 de enero de 1994, justo cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La insurrección ocupó varias poblaciones de Chiapas: una forma drástica de denunciar cómo ese tratado aceleraría el despojo de las tierras comunitarias y la destrucción de las economías campesinas indígenas: un vaticinio que hoy es comprobable en un México devorado por los grandes proyectos, y cada vez más atravesado por el extractivismo y otras formas de especulación sobre el territorio.
El enfrentamiento armado abierto duró solo 12 días, pero el gobierno mexicano rompió varias veces la tregua. En los años siguientes, operaciones militares, grupos paramilitares, desplazamientos forzados y desapariciones golpearon a muchas comunidades rebeldes o solidarias. Un fenómeno que, con distintas intensidades, nunca se ha detenido, tanto que el Subcomandante Moisés, en el día del trigésimo segundo aniversario del nacimiento público de la lucha neozapatista, recordó que para las mujeres y los hombres que se reconocen en el EZLN la prioridad es la paz. Es decir, que ellos construyen la paz, pero que si vuelven a ser atacados, se defenderán.
El EZLN desarrolló de forma autónoma lo que había sido dispuesto en los Acuerdos de San Andrés: su estrategia se vuelve política y organizativa, hecha de educación y salud comunitarias, justicia propia y autogobierno como práctica cotidiana de la autodeterminación. Todavía hoy el EZLN autogobierna una parte importante del territorio de Chiapas. Los diálogos con el gobierno federal siguen interrumpidos y ningún puente ha sido tendido por la llamada Cuarta Transformación para intentar recomponer la ruptura. Al contrario, las políticas federales y estatales no han hecho más que profundizarla.
Si el mundo miró sobre todo a Marcos y al resto de la comandancia zapatista, es la población indígena civil la que cada día sostiene la autonomía y la autodeterminación de su propio futuro, levantando (donde no había) escuelas, clínicas, radios, cooperativas. Estas estructuras funcionan sin financiamiento gubernamental y se basan en trabajo colectivo, rotación de cargos y decisiones asamblearias. El EZLN y sus bases sociales reivindican su pertenencia a un proyecto cívico-militar; reconocen la vía armada como parte de su historia y como un elemento de defensa de su presente, así como su organización, su estructura y sus roles. Al mismo tiempo, desde hace años, de forma pública y también interna, buscan poner en cuestión las lógicas verticales de la organización militar y reducir la centralidad y visibilidad de Marcos, utilizando su peso mediático como un instrumento táctico. Han inventado formas de gobernar de manera horizontal y no vertical. Y cuando el EZLN se dio cuenta de que las Juntas de Buen Gobierno y el sistema autónomo experimentado desde 2003 durante casi 20 años tenían problemas profundos, se decidió poner todo en cuestión y darse un nuevo modelo que llamaron El Común.
El Común, en las palabras del subcomandante insurgente Moisés pronunciadas en Oventic durante el trigésimo segundo aniversario del levantamiento, es algo “mucho más difícil y mucho más grande que el 94”, porque significa “arrancar de raíz el sistema capitalista” y sacar de la cabeza lo que nos han metido (a la ciudadanía entera) a la fuerza. No se trata solo de la tierra: “No queremos ser propietarios. No estoy hablando solo de la tierra, sino de todo. Ya no queremos el ‘mío’ ni el ‘yo’. Lo que decimos con el común tal vez algunos dirán que es una locura. Sí, una locura. Pero para todos, no para unos cuantos”.
No es un simple cambio de nombre ni un nuevo nivel de gobierno autónomo. Es la puesta en cuestión simultánea de las dos columnas del capitalismo: la propiedad y la pirámide del poder. Cuestionar la propiedad significa romper con la idea de que alguien se puede apropiar de la tierra, el trabajo, el tiempo y la vida. Cuestionar la pirámide significa rechazar que el mando se acumule y se separe de las comunidades. No se trata de sustituir una élite por otra, sino de quitar el suelo mismo sobre el que crecen las élites.
Por eso Moisés insistió en que la lucha zapatista quiere la paz, pero no acepta la sumisión: “Continuaremos en nuestra lucha política, ideológica y pacífica. Nosotros no queremos la muerte, queremos la vida. Pero queremos una vida que decidamos nosotros, no la que decidan los de arriba”. Y aclaró inmediatamente el límite: “Seremos siempre pacíficos. Y si no nos lo permiten, nos defenderemos”.
El Común no es un programa que se aplica desde arriba. Más bien, es un proceso que se construye desde abajo, sin manuales ya escritos. Estudio, reflexión, prueba y error, decisiones colectivas. Es un horizonte de largo plazo, pensado para décadas e incluso para más de un siglo, que nace de la práctica cotidiana: asambleas que deciden, cargos rotativos, trabajo colectivo que garantiza alimento y cuidado sin mercado ni mando vertical.
No es tampoco algo únicamente “zapatista”. Las comunidades lo presentan como una invitación dirigida al pueblo de México y al mundo: imaginar y construir formas de vida basadas en la igualdad, la colectividad y el respeto a la tierra frente a una crisis civilizatoria y ambiental cada vez más profunda. No una receta universal sino una propuesta abierta: el camino se hace caminando, a partir de la realidad concreta de cada territorio. Por lo anterior se entiende que El Común no sustituye la autonomía zapatista anterior; la radicaliza: el autogobierno de los territorios a la puesta en común de la vida misma. Así lo dijo Moisés: “El Común es para terminar con la propiedad y también es nuestra forma común de gobernarnos autónomamente».
Esta apuesta no nace de una vocación por la guerra sino de lo contrario: “Continuaremos en nuestra lucha política, ideológica y pacífica. Porque nosotros no queremos la muerte. Nosotros queremos la vida. Pero queremos una vida que decidamos nosotros”.
Es la puesta en práctica de otro mundo posible: una fuerza moral y política reconocida en todo el mundo, mientras en el México de hoy las grandes obras y los intereses económicos se imponen con la violencia y el crimen organizado. En el presente esta tensión entre autonomía e imposición pasa también por la resistencia contra los megaproyectos de infraestructura, la militarización de los territorios y las nuevas formas de control y despojo denunciadas tanto por las organizaciones de derechos humanos como por los pueblos organizados. Mientras la violencia criminal crece en Chiapas y las comunidades zapatistas denuncian las complicidades estructurales entre criminalidad y política, el EZLN construye una clínica en la Selva Lacandona para todos. No como gesto simbólico sino como práctica cotidiana de autogobierno y de cuidado colectivo; una señal de que la autonomía no espera el reconocimiento del Estado sino que se realiza en lo concreto de las comunidades, más allá de pertenencias y grupos políticos.
Hoy, mientras el Estado sigue sin dar pleno cumplimiento a lo firmado en San Andrés, las experiencias autónomas indígenas y zapatistas siguen siendo un referente vivo para movimientos y comunidades mucho más allá de Chiapas, demostrando que la promesa traicionada puede convertirse, desde abajo, en proyecto practicado, vida concreta, experimento en marcha.
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El subcomandante Moisés, en Oventic, Chiapas, el 1 de enero de 2026. Foto: Andrea Cegna.
A 30 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráizar, un esfuerzo colectivo excepcional en pro de la justicia y la paz en México que quedó interrumpido, se lanzó de nuevo desde una esquina de Los Altos de Chiapas una propuesta radical de construcción de formas de vida basadas en la igualdad, la colectividad y el respeto a la tierra, frente a la crisis civilizatoria y ambiental.
El 16 de febrero de 1996 México soñó la paz y la justicia social: en la misma mesa se sentaron el subcomandante Marcos, la comandanta Ramona, Jaime Martínez Veloz —intermediario del Congreso de la Unión— y el obispo de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz. Esa mesa se organizó en el municipio de San Andrés Larráinzar, en Los Altos de Chiapas, y representó uno de los rarísimos momentos de negociación formal entre un movimiento armado indígena y el Estado mexicano, después de décadas de conflictos sociales reprimidos o invisibilizados.
La firma de los Acuerdos de San Andrés fue fruto de meses de asambleas y consultas. Pretendieron romper con una larga tradición hecha de colonialismo y racismo, y también con la cultura del indigenismo asistencialista, una política pensada por no indígenas para indígenas que buscaba integrarlos a través de la asimilación y, por lo tanto, de la cancelación de las diferencias en pos de una nación uniforme.
En ese momento el diálogo, iniciado en 1994 entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal (y a pesar del intento del Estado de capturar a los mandos revolucionarios a la salida de uno de los encuentros de negociación), sí que lució como la vía de reconocimiento de los derechos y las culturas de los pueblos indígenas, así como a la posibilidad de que las comunidades organizaran su territorio de manera autónoma y vivieran según usos y costumbres. Eso significaba pasar de la idea del indígena como población susceptible de asistencia a la idea de los pueblos indígenas como sujetos colectivos, sociales e históricos, titulares de derechos políticos propios y no simples destinatarios de políticas públicas.
Los acuerdos se convirtieron en ley en 2001, con el gobierno de Vicente Fox. Una ley que, según el EZLN, traicionó lo firmado cinco años atrás. Traición ha sido la palabra más utilizada por los neozapatistas, y ha querido decir no solo una simple aplicación parcial o retrasada de los acuerdos, sino también la ruptura de un pacto y el fin del espacio de diálogo.
Veinticinco años después, en 2021, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas confirmó esa lectura, al afirmar que el incumplimiento de los acuerdos de paz “está relacionado con la ofensiva continuada de guerra hacia los pueblos organizados” y que “los signos de guerra y de desgaste continúan” porque las reformas del Estado favorecen “al gran capital que alimenta la máquina de muerte”.
A pocos días del trigésimo aniversario de la firma, el propio Martínez Veloz —entonces presidente de la Comisión de Concordia y Pacificación, Cocopa— escribió que “la verdad es tan clara como dolorosa: el Estado mexicano ha traicionado su palabra”. Subrayó que la Cocopa, prevista y todavía obligatoria por ley, no ha sido reinstalada: “No es un olvido, no es un error, es una decisión política consciente”. Con su desaparición se esfumó “la vía institucional del diálogo, el puente entre el Estado y los pueblos indígenas y la posibilidad de una paz verdadera” (El Coahuilense, 9 de enero de 2026).
Para el hombre que hace 30 años firmó los acuerdos en nombre del gobierno, San Andrés “no fue un gesto simbólico sino un pacto profundo para transformar la relación del Estado con los pueblos indígenas”, hoy reducido a “compromiso de Estado convertido en compromiso roto”. La prueba de la traición, dijo, es visible en las comunidades sin clínicas ni médicos, en los caminos destruidos que aíslan los pueblos, en la mortalidad materna e infantil todavía altísima, en los desplazamientos hacia Guatemala causados por la violencia armada y en la creciente militarización de los territorios. Todo esto “contradice frontalmente los Acuerdos de San Andrés”.
La reforma constitucional aprobada en 2001 mantuvo, entre varios puntos criticables, el planteamiento indigenista clásico: reconocimiento cultural y simbólico, pero sin una transferencia real y completa de poderes, funciones y competencias a las comunidades. Hay matices: hasta hoy, el marco legislativo permite a las poblaciones indígenas del país reivindicar de facto la autonomía y el rechazo del voto y del sistema de partidos: esto sucede sobre todo en Michoacán y en Guerrero. En distintos municipios se ensaya con gobiernos comunitarios elegidos en asamblea, policías indígenas y gestión colectiva del territorio y de los recursos, rompiendo con la idea de que el destino inevitable de los pueblos originarios es disolverse en la ciudadanía mestiza.
Los cimientos de la reivindicación común
El EZLN se levantó en armas el 1 de enero de 1994, justo cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La insurrección ocupó varias poblaciones de Chiapas: una forma drástica de denunciar cómo ese tratado aceleraría el despojo de las tierras comunitarias y la destrucción de las economías campesinas indígenas: un vaticinio que hoy es comprobable en un México devorado por los grandes proyectos, y cada vez más atravesado por el extractivismo y otras formas de especulación sobre el territorio.
El enfrentamiento armado abierto duró solo 12 días, pero el gobierno mexicano rompió varias veces la tregua. En los años siguientes, operaciones militares, grupos paramilitares, desplazamientos forzados y desapariciones golpearon a muchas comunidades rebeldes o solidarias. Un fenómeno que, con distintas intensidades, nunca se ha detenido, tanto que el Subcomandante Moisés, en el día del trigésimo segundo aniversario del nacimiento público de la lucha neozapatista, recordó que para las mujeres y los hombres que se reconocen en el EZLN la prioridad es la paz. Es decir, que ellos construyen la paz, pero que si vuelven a ser atacados, se defenderán.
El EZLN desarrolló de forma autónoma lo que había sido dispuesto en los Acuerdos de San Andrés: su estrategia se vuelve política y organizativa, hecha de educación y salud comunitarias, justicia propia y autogobierno como práctica cotidiana de la autodeterminación. Todavía hoy el EZLN autogobierna una parte importante del territorio de Chiapas. Los diálogos con el gobierno federal siguen interrumpidos y ningún puente ha sido tendido por la llamada Cuarta Transformación para intentar recomponer la ruptura. Al contrario, las políticas federales y estatales no han hecho más que profundizarla.
Si el mundo miró sobre todo a Marcos y al resto de la comandancia zapatista, es la población indígena civil la que cada día sostiene la autonomía y la autodeterminación de su propio futuro, levantando (donde no había) escuelas, clínicas, radios, cooperativas. Estas estructuras funcionan sin financiamiento gubernamental y se basan en trabajo colectivo, rotación de cargos y decisiones asamblearias. El EZLN y sus bases sociales reivindican su pertenencia a un proyecto cívico-militar; reconocen la vía armada como parte de su historia y como un elemento de defensa de su presente, así como su organización, su estructura y sus roles. Al mismo tiempo, desde hace años, de forma pública y también interna, buscan poner en cuestión las lógicas verticales de la organización militar y reducir la centralidad y visibilidad de Marcos, utilizando su peso mediático como un instrumento táctico. Han inventado formas de gobernar de manera horizontal y no vertical. Y cuando el EZLN se dio cuenta de que las Juntas de Buen Gobierno y el sistema autónomo experimentado desde 2003 durante casi 20 años tenían problemas profundos, se decidió poner todo en cuestión y darse un nuevo modelo que llamaron El Común.
El Común, en las palabras del subcomandante insurgente Moisés pronunciadas en Oventic durante el trigésimo segundo aniversario del levantamiento, es algo “mucho más difícil y mucho más grande que el 94”, porque significa “arrancar de raíz el sistema capitalista” y sacar de la cabeza lo que nos han metido (a la ciudadanía entera) a la fuerza. No se trata solo de la tierra: “No queremos ser propietarios. No estoy hablando solo de la tierra, sino de todo. Ya no queremos el ‘mío’ ni el ‘yo’. Lo que decimos con el común tal vez algunos dirán que es una locura. Sí, una locura. Pero para todos, no para unos cuantos”.
No es un simple cambio de nombre ni un nuevo nivel de gobierno autónomo. Es la puesta en cuestión simultánea de las dos columnas del capitalismo: la propiedad y la pirámide del poder. Cuestionar la propiedad significa romper con la idea de que alguien se puede apropiar de la tierra, el trabajo, el tiempo y la vida. Cuestionar la pirámide significa rechazar que el mando se acumule y se separe de las comunidades. No se trata de sustituir una élite por otra, sino de quitar el suelo mismo sobre el que crecen las élites.
Por eso Moisés insistió en que la lucha zapatista quiere la paz, pero no acepta la sumisión: “Continuaremos en nuestra lucha política, ideológica y pacífica. Nosotros no queremos la muerte, queremos la vida. Pero queremos una vida que decidamos nosotros, no la que decidan los de arriba”. Y aclaró inmediatamente el límite: “Seremos siempre pacíficos. Y si no nos lo permiten, nos defenderemos”.
El Común no es un programa que se aplica desde arriba. Más bien, es un proceso que se construye desde abajo, sin manuales ya escritos. Estudio, reflexión, prueba y error, decisiones colectivas. Es un horizonte de largo plazo, pensado para décadas e incluso para más de un siglo, que nace de la práctica cotidiana: asambleas que deciden, cargos rotativos, trabajo colectivo que garantiza alimento y cuidado sin mercado ni mando vertical.
No es tampoco algo únicamente “zapatista”. Las comunidades lo presentan como una invitación dirigida al pueblo de México y al mundo: imaginar y construir formas de vida basadas en la igualdad, la colectividad y el respeto a la tierra frente a una crisis civilizatoria y ambiental cada vez más profunda. No una receta universal sino una propuesta abierta: el camino se hace caminando, a partir de la realidad concreta de cada territorio. Por lo anterior se entiende que El Común no sustituye la autonomía zapatista anterior; la radicaliza: el autogobierno de los territorios a la puesta en común de la vida misma. Así lo dijo Moisés: “El Común es para terminar con la propiedad y también es nuestra forma común de gobernarnos autónomamente».
Esta apuesta no nace de una vocación por la guerra sino de lo contrario: “Continuaremos en nuestra lucha política, ideológica y pacífica. Porque nosotros no queremos la muerte. Nosotros queremos la vida. Pero queremos una vida que decidamos nosotros”.
Es la puesta en práctica de otro mundo posible: una fuerza moral y política reconocida en todo el mundo, mientras en el México de hoy las grandes obras y los intereses económicos se imponen con la violencia y el crimen organizado. En el presente esta tensión entre autonomía e imposición pasa también por la resistencia contra los megaproyectos de infraestructura, la militarización de los territorios y las nuevas formas de control y despojo denunciadas tanto por las organizaciones de derechos humanos como por los pueblos organizados. Mientras la violencia criminal crece en Chiapas y las comunidades zapatistas denuncian las complicidades estructurales entre criminalidad y política, el EZLN construye una clínica en la Selva Lacandona para todos. No como gesto simbólico sino como práctica cotidiana de autogobierno y de cuidado colectivo; una señal de que la autonomía no espera el reconocimiento del Estado sino que se realiza en lo concreto de las comunidades, más allá de pertenencias y grupos políticos.
Hoy, mientras el Estado sigue sin dar pleno cumplimiento a lo firmado en San Andrés, las experiencias autónomas indígenas y zapatistas siguen siendo un referente vivo para movimientos y comunidades mucho más allá de Chiapas, demostrando que la promesa traicionada puede convertirse, desde abajo, en proyecto practicado, vida concreta, experimento en marcha.
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A 30 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráizar, un esfuerzo colectivo excepcional en pro de la justicia y la paz en México que quedó interrumpido, se lanzó de nuevo desde una esquina de Los Altos de Chiapas una propuesta radical de construcción de formas de vida basadas en la igualdad, la colectividad y el respeto a la tierra, frente a la crisis civilizatoria y ambiental.
El 16 de febrero de 1996 México soñó la paz y la justicia social: en la misma mesa se sentaron el subcomandante Marcos, la comandanta Ramona, Jaime Martínez Veloz —intermediario del Congreso de la Unión— y el obispo de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz. Esa mesa se organizó en el municipio de San Andrés Larráinzar, en Los Altos de Chiapas, y representó uno de los rarísimos momentos de negociación formal entre un movimiento armado indígena y el Estado mexicano, después de décadas de conflictos sociales reprimidos o invisibilizados.
La firma de los Acuerdos de San Andrés fue fruto de meses de asambleas y consultas. Pretendieron romper con una larga tradición hecha de colonialismo y racismo, y también con la cultura del indigenismo asistencialista, una política pensada por no indígenas para indígenas que buscaba integrarlos a través de la asimilación y, por lo tanto, de la cancelación de las diferencias en pos de una nación uniforme.
En ese momento el diálogo, iniciado en 1994 entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal (y a pesar del intento del Estado de capturar a los mandos revolucionarios a la salida de uno de los encuentros de negociación), sí que lució como la vía de reconocimiento de los derechos y las culturas de los pueblos indígenas, así como a la posibilidad de que las comunidades organizaran su territorio de manera autónoma y vivieran según usos y costumbres. Eso significaba pasar de la idea del indígena como población susceptible de asistencia a la idea de los pueblos indígenas como sujetos colectivos, sociales e históricos, titulares de derechos políticos propios y no simples destinatarios de políticas públicas.
Los acuerdos se convirtieron en ley en 2001, con el gobierno de Vicente Fox. Una ley que, según el EZLN, traicionó lo firmado cinco años atrás. Traición ha sido la palabra más utilizada por los neozapatistas, y ha querido decir no solo una simple aplicación parcial o retrasada de los acuerdos, sino también la ruptura de un pacto y el fin del espacio de diálogo.
Veinticinco años después, en 2021, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas confirmó esa lectura, al afirmar que el incumplimiento de los acuerdos de paz “está relacionado con la ofensiva continuada de guerra hacia los pueblos organizados” y que “los signos de guerra y de desgaste continúan” porque las reformas del Estado favorecen “al gran capital que alimenta la máquina de muerte”.
A pocos días del trigésimo aniversario de la firma, el propio Martínez Veloz —entonces presidente de la Comisión de Concordia y Pacificación, Cocopa— escribió que “la verdad es tan clara como dolorosa: el Estado mexicano ha traicionado su palabra”. Subrayó que la Cocopa, prevista y todavía obligatoria por ley, no ha sido reinstalada: “No es un olvido, no es un error, es una decisión política consciente”. Con su desaparición se esfumó “la vía institucional del diálogo, el puente entre el Estado y los pueblos indígenas y la posibilidad de una paz verdadera” (El Coahuilense, 9 de enero de 2026).
Para el hombre que hace 30 años firmó los acuerdos en nombre del gobierno, San Andrés “no fue un gesto simbólico sino un pacto profundo para transformar la relación del Estado con los pueblos indígenas”, hoy reducido a “compromiso de Estado convertido en compromiso roto”. La prueba de la traición, dijo, es visible en las comunidades sin clínicas ni médicos, en los caminos destruidos que aíslan los pueblos, en la mortalidad materna e infantil todavía altísima, en los desplazamientos hacia Guatemala causados por la violencia armada y en la creciente militarización de los territorios. Todo esto “contradice frontalmente los Acuerdos de San Andrés”.
La reforma constitucional aprobada en 2001 mantuvo, entre varios puntos criticables, el planteamiento indigenista clásico: reconocimiento cultural y simbólico, pero sin una transferencia real y completa de poderes, funciones y competencias a las comunidades. Hay matices: hasta hoy, el marco legislativo permite a las poblaciones indígenas del país reivindicar de facto la autonomía y el rechazo del voto y del sistema de partidos: esto sucede sobre todo en Michoacán y en Guerrero. En distintos municipios se ensaya con gobiernos comunitarios elegidos en asamblea, policías indígenas y gestión colectiva del territorio y de los recursos, rompiendo con la idea de que el destino inevitable de los pueblos originarios es disolverse en la ciudadanía mestiza.
Los cimientos de la reivindicación común
El EZLN se levantó en armas el 1 de enero de 1994, justo cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La insurrección ocupó varias poblaciones de Chiapas: una forma drástica de denunciar cómo ese tratado aceleraría el despojo de las tierras comunitarias y la destrucción de las economías campesinas indígenas: un vaticinio que hoy es comprobable en un México devorado por los grandes proyectos, y cada vez más atravesado por el extractivismo y otras formas de especulación sobre el territorio.
El enfrentamiento armado abierto duró solo 12 días, pero el gobierno mexicano rompió varias veces la tregua. En los años siguientes, operaciones militares, grupos paramilitares, desplazamientos forzados y desapariciones golpearon a muchas comunidades rebeldes o solidarias. Un fenómeno que, con distintas intensidades, nunca se ha detenido, tanto que el Subcomandante Moisés, en el día del trigésimo segundo aniversario del nacimiento público de la lucha neozapatista, recordó que para las mujeres y los hombres que se reconocen en el EZLN la prioridad es la paz. Es decir, que ellos construyen la paz, pero que si vuelven a ser atacados, se defenderán.
El EZLN desarrolló de forma autónoma lo que había sido dispuesto en los Acuerdos de San Andrés: su estrategia se vuelve política y organizativa, hecha de educación y salud comunitarias, justicia propia y autogobierno como práctica cotidiana de la autodeterminación. Todavía hoy el EZLN autogobierna una parte importante del territorio de Chiapas. Los diálogos con el gobierno federal siguen interrumpidos y ningún puente ha sido tendido por la llamada Cuarta Transformación para intentar recomponer la ruptura. Al contrario, las políticas federales y estatales no han hecho más que profundizarla.
Si el mundo miró sobre todo a Marcos y al resto de la comandancia zapatista, es la población indígena civil la que cada día sostiene la autonomía y la autodeterminación de su propio futuro, levantando (donde no había) escuelas, clínicas, radios, cooperativas. Estas estructuras funcionan sin financiamiento gubernamental y se basan en trabajo colectivo, rotación de cargos y decisiones asamblearias. El EZLN y sus bases sociales reivindican su pertenencia a un proyecto cívico-militar; reconocen la vía armada como parte de su historia y como un elemento de defensa de su presente, así como su organización, su estructura y sus roles. Al mismo tiempo, desde hace años, de forma pública y también interna, buscan poner en cuestión las lógicas verticales de la organización militar y reducir la centralidad y visibilidad de Marcos, utilizando su peso mediático como un instrumento táctico. Han inventado formas de gobernar de manera horizontal y no vertical. Y cuando el EZLN se dio cuenta de que las Juntas de Buen Gobierno y el sistema autónomo experimentado desde 2003 durante casi 20 años tenían problemas profundos, se decidió poner todo en cuestión y darse un nuevo modelo que llamaron El Común.
El Común, en las palabras del subcomandante insurgente Moisés pronunciadas en Oventic durante el trigésimo segundo aniversario del levantamiento, es algo “mucho más difícil y mucho más grande que el 94”, porque significa “arrancar de raíz el sistema capitalista” y sacar de la cabeza lo que nos han metido (a la ciudadanía entera) a la fuerza. No se trata solo de la tierra: “No queremos ser propietarios. No estoy hablando solo de la tierra, sino de todo. Ya no queremos el ‘mío’ ni el ‘yo’. Lo que decimos con el común tal vez algunos dirán que es una locura. Sí, una locura. Pero para todos, no para unos cuantos”.
No es un simple cambio de nombre ni un nuevo nivel de gobierno autónomo. Es la puesta en cuestión simultánea de las dos columnas del capitalismo: la propiedad y la pirámide del poder. Cuestionar la propiedad significa romper con la idea de que alguien se puede apropiar de la tierra, el trabajo, el tiempo y la vida. Cuestionar la pirámide significa rechazar que el mando se acumule y se separe de las comunidades. No se trata de sustituir una élite por otra, sino de quitar el suelo mismo sobre el que crecen las élites.
Por eso Moisés insistió en que la lucha zapatista quiere la paz, pero no acepta la sumisión: “Continuaremos en nuestra lucha política, ideológica y pacífica. Nosotros no queremos la muerte, queremos la vida. Pero queremos una vida que decidamos nosotros, no la que decidan los de arriba”. Y aclaró inmediatamente el límite: “Seremos siempre pacíficos. Y si no nos lo permiten, nos defenderemos”.
El Común no es un programa que se aplica desde arriba. Más bien, es un proceso que se construye desde abajo, sin manuales ya escritos. Estudio, reflexión, prueba y error, decisiones colectivas. Es un horizonte de largo plazo, pensado para décadas e incluso para más de un siglo, que nace de la práctica cotidiana: asambleas que deciden, cargos rotativos, trabajo colectivo que garantiza alimento y cuidado sin mercado ni mando vertical.
No es tampoco algo únicamente “zapatista”. Las comunidades lo presentan como una invitación dirigida al pueblo de México y al mundo: imaginar y construir formas de vida basadas en la igualdad, la colectividad y el respeto a la tierra frente a una crisis civilizatoria y ambiental cada vez más profunda. No una receta universal sino una propuesta abierta: el camino se hace caminando, a partir de la realidad concreta de cada territorio. Por lo anterior se entiende que El Común no sustituye la autonomía zapatista anterior; la radicaliza: el autogobierno de los territorios a la puesta en común de la vida misma. Así lo dijo Moisés: “El Común es para terminar con la propiedad y también es nuestra forma común de gobernarnos autónomamente».
Esta apuesta no nace de una vocación por la guerra sino de lo contrario: “Continuaremos en nuestra lucha política, ideológica y pacífica. Porque nosotros no queremos la muerte. Nosotros queremos la vida. Pero queremos una vida que decidamos nosotros”.
Es la puesta en práctica de otro mundo posible: una fuerza moral y política reconocida en todo el mundo, mientras en el México de hoy las grandes obras y los intereses económicos se imponen con la violencia y el crimen organizado. En el presente esta tensión entre autonomía e imposición pasa también por la resistencia contra los megaproyectos de infraestructura, la militarización de los territorios y las nuevas formas de control y despojo denunciadas tanto por las organizaciones de derechos humanos como por los pueblos organizados. Mientras la violencia criminal crece en Chiapas y las comunidades zapatistas denuncian las complicidades estructurales entre criminalidad y política, el EZLN construye una clínica en la Selva Lacandona para todos. No como gesto simbólico sino como práctica cotidiana de autogobierno y de cuidado colectivo; una señal de que la autonomía no espera el reconocimiento del Estado sino que se realiza en lo concreto de las comunidades, más allá de pertenencias y grupos políticos.
Hoy, mientras el Estado sigue sin dar pleno cumplimiento a lo firmado en San Andrés, las experiencias autónomas indígenas y zapatistas siguen siendo un referente vivo para movimientos y comunidades mucho más allá de Chiapas, demostrando que la promesa traicionada puede convertirse, desde abajo, en proyecto practicado, vida concreta, experimento en marcha.
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¡Gracias!
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El subcomandante Moisés, en Oventic, Chiapas, el 1 de enero de 2026. Foto: Andrea Cegna.
A 30 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráizar, un esfuerzo colectivo excepcional en pro de la justicia y la paz en México que quedó interrumpido, se lanzó de nuevo desde una esquina de Los Altos de Chiapas una propuesta radical de construcción de formas de vida basadas en la igualdad, la colectividad y el respeto a la tierra, frente a la crisis civilizatoria y ambiental.
El 16 de febrero de 1996 México soñó la paz y la justicia social: en la misma mesa se sentaron el subcomandante Marcos, la comandanta Ramona, Jaime Martínez Veloz —intermediario del Congreso de la Unión— y el obispo de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz. Esa mesa se organizó en el municipio de San Andrés Larráinzar, en Los Altos de Chiapas, y representó uno de los rarísimos momentos de negociación formal entre un movimiento armado indígena y el Estado mexicano, después de décadas de conflictos sociales reprimidos o invisibilizados.
La firma de los Acuerdos de San Andrés fue fruto de meses de asambleas y consultas. Pretendieron romper con una larga tradición hecha de colonialismo y racismo, y también con la cultura del indigenismo asistencialista, una política pensada por no indígenas para indígenas que buscaba integrarlos a través de la asimilación y, por lo tanto, de la cancelación de las diferencias en pos de una nación uniforme.
En ese momento el diálogo, iniciado en 1994 entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal (y a pesar del intento del Estado de capturar a los mandos revolucionarios a la salida de uno de los encuentros de negociación), sí que lució como la vía de reconocimiento de los derechos y las culturas de los pueblos indígenas, así como a la posibilidad de que las comunidades organizaran su territorio de manera autónoma y vivieran según usos y costumbres. Eso significaba pasar de la idea del indígena como población susceptible de asistencia a la idea de los pueblos indígenas como sujetos colectivos, sociales e históricos, titulares de derechos políticos propios y no simples destinatarios de políticas públicas.
Los acuerdos se convirtieron en ley en 2001, con el gobierno de Vicente Fox. Una ley que, según el EZLN, traicionó lo firmado cinco años atrás. Traición ha sido la palabra más utilizada por los neozapatistas, y ha querido decir no solo una simple aplicación parcial o retrasada de los acuerdos, sino también la ruptura de un pacto y el fin del espacio de diálogo.
Veinticinco años después, en 2021, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas confirmó esa lectura, al afirmar que el incumplimiento de los acuerdos de paz “está relacionado con la ofensiva continuada de guerra hacia los pueblos organizados” y que “los signos de guerra y de desgaste continúan” porque las reformas del Estado favorecen “al gran capital que alimenta la máquina de muerte”.
A pocos días del trigésimo aniversario de la firma, el propio Martínez Veloz —entonces presidente de la Comisión de Concordia y Pacificación, Cocopa— escribió que “la verdad es tan clara como dolorosa: el Estado mexicano ha traicionado su palabra”. Subrayó que la Cocopa, prevista y todavía obligatoria por ley, no ha sido reinstalada: “No es un olvido, no es un error, es una decisión política consciente”. Con su desaparición se esfumó “la vía institucional del diálogo, el puente entre el Estado y los pueblos indígenas y la posibilidad de una paz verdadera” (El Coahuilense, 9 de enero de 2026).
Para el hombre que hace 30 años firmó los acuerdos en nombre del gobierno, San Andrés “no fue un gesto simbólico sino un pacto profundo para transformar la relación del Estado con los pueblos indígenas”, hoy reducido a “compromiso de Estado convertido en compromiso roto”. La prueba de la traición, dijo, es visible en las comunidades sin clínicas ni médicos, en los caminos destruidos que aíslan los pueblos, en la mortalidad materna e infantil todavía altísima, en los desplazamientos hacia Guatemala causados por la violencia armada y en la creciente militarización de los territorios. Todo esto “contradice frontalmente los Acuerdos de San Andrés”.
La reforma constitucional aprobada en 2001 mantuvo, entre varios puntos criticables, el planteamiento indigenista clásico: reconocimiento cultural y simbólico, pero sin una transferencia real y completa de poderes, funciones y competencias a las comunidades. Hay matices: hasta hoy, el marco legislativo permite a las poblaciones indígenas del país reivindicar de facto la autonomía y el rechazo del voto y del sistema de partidos: esto sucede sobre todo en Michoacán y en Guerrero. En distintos municipios se ensaya con gobiernos comunitarios elegidos en asamblea, policías indígenas y gestión colectiva del territorio y de los recursos, rompiendo con la idea de que el destino inevitable de los pueblos originarios es disolverse en la ciudadanía mestiza.
Los cimientos de la reivindicación común
El EZLN se levantó en armas el 1 de enero de 1994, justo cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La insurrección ocupó varias poblaciones de Chiapas: una forma drástica de denunciar cómo ese tratado aceleraría el despojo de las tierras comunitarias y la destrucción de las economías campesinas indígenas: un vaticinio que hoy es comprobable en un México devorado por los grandes proyectos, y cada vez más atravesado por el extractivismo y otras formas de especulación sobre el territorio.
El enfrentamiento armado abierto duró solo 12 días, pero el gobierno mexicano rompió varias veces la tregua. En los años siguientes, operaciones militares, grupos paramilitares, desplazamientos forzados y desapariciones golpearon a muchas comunidades rebeldes o solidarias. Un fenómeno que, con distintas intensidades, nunca se ha detenido, tanto que el Subcomandante Moisés, en el día del trigésimo segundo aniversario del nacimiento público de la lucha neozapatista, recordó que para las mujeres y los hombres que se reconocen en el EZLN la prioridad es la paz. Es decir, que ellos construyen la paz, pero que si vuelven a ser atacados, se defenderán.
El EZLN desarrolló de forma autónoma lo que había sido dispuesto en los Acuerdos de San Andrés: su estrategia se vuelve política y organizativa, hecha de educación y salud comunitarias, justicia propia y autogobierno como práctica cotidiana de la autodeterminación. Todavía hoy el EZLN autogobierna una parte importante del territorio de Chiapas. Los diálogos con el gobierno federal siguen interrumpidos y ningún puente ha sido tendido por la llamada Cuarta Transformación para intentar recomponer la ruptura. Al contrario, las políticas federales y estatales no han hecho más que profundizarla.
Si el mundo miró sobre todo a Marcos y al resto de la comandancia zapatista, es la población indígena civil la que cada día sostiene la autonomía y la autodeterminación de su propio futuro, levantando (donde no había) escuelas, clínicas, radios, cooperativas. Estas estructuras funcionan sin financiamiento gubernamental y se basan en trabajo colectivo, rotación de cargos y decisiones asamblearias. El EZLN y sus bases sociales reivindican su pertenencia a un proyecto cívico-militar; reconocen la vía armada como parte de su historia y como un elemento de defensa de su presente, así como su organización, su estructura y sus roles. Al mismo tiempo, desde hace años, de forma pública y también interna, buscan poner en cuestión las lógicas verticales de la organización militar y reducir la centralidad y visibilidad de Marcos, utilizando su peso mediático como un instrumento táctico. Han inventado formas de gobernar de manera horizontal y no vertical. Y cuando el EZLN se dio cuenta de que las Juntas de Buen Gobierno y el sistema autónomo experimentado desde 2003 durante casi 20 años tenían problemas profundos, se decidió poner todo en cuestión y darse un nuevo modelo que llamaron El Común.
El Común, en las palabras del subcomandante insurgente Moisés pronunciadas en Oventic durante el trigésimo segundo aniversario del levantamiento, es algo “mucho más difícil y mucho más grande que el 94”, porque significa “arrancar de raíz el sistema capitalista” y sacar de la cabeza lo que nos han metido (a la ciudadanía entera) a la fuerza. No se trata solo de la tierra: “No queremos ser propietarios. No estoy hablando solo de la tierra, sino de todo. Ya no queremos el ‘mío’ ni el ‘yo’. Lo que decimos con el común tal vez algunos dirán que es una locura. Sí, una locura. Pero para todos, no para unos cuantos”.
No es un simple cambio de nombre ni un nuevo nivel de gobierno autónomo. Es la puesta en cuestión simultánea de las dos columnas del capitalismo: la propiedad y la pirámide del poder. Cuestionar la propiedad significa romper con la idea de que alguien se puede apropiar de la tierra, el trabajo, el tiempo y la vida. Cuestionar la pirámide significa rechazar que el mando se acumule y se separe de las comunidades. No se trata de sustituir una élite por otra, sino de quitar el suelo mismo sobre el que crecen las élites.
Por eso Moisés insistió en que la lucha zapatista quiere la paz, pero no acepta la sumisión: “Continuaremos en nuestra lucha política, ideológica y pacífica. Nosotros no queremos la muerte, queremos la vida. Pero queremos una vida que decidamos nosotros, no la que decidan los de arriba”. Y aclaró inmediatamente el límite: “Seremos siempre pacíficos. Y si no nos lo permiten, nos defenderemos”.
El Común no es un programa que se aplica desde arriba. Más bien, es un proceso que se construye desde abajo, sin manuales ya escritos. Estudio, reflexión, prueba y error, decisiones colectivas. Es un horizonte de largo plazo, pensado para décadas e incluso para más de un siglo, que nace de la práctica cotidiana: asambleas que deciden, cargos rotativos, trabajo colectivo que garantiza alimento y cuidado sin mercado ni mando vertical.
No es tampoco algo únicamente “zapatista”. Las comunidades lo presentan como una invitación dirigida al pueblo de México y al mundo: imaginar y construir formas de vida basadas en la igualdad, la colectividad y el respeto a la tierra frente a una crisis civilizatoria y ambiental cada vez más profunda. No una receta universal sino una propuesta abierta: el camino se hace caminando, a partir de la realidad concreta de cada territorio. Por lo anterior se entiende que El Común no sustituye la autonomía zapatista anterior; la radicaliza: el autogobierno de los territorios a la puesta en común de la vida misma. Así lo dijo Moisés: “El Común es para terminar con la propiedad y también es nuestra forma común de gobernarnos autónomamente».
Esta apuesta no nace de una vocación por la guerra sino de lo contrario: “Continuaremos en nuestra lucha política, ideológica y pacífica. Porque nosotros no queremos la muerte. Nosotros queremos la vida. Pero queremos una vida que decidamos nosotros”.
Es la puesta en práctica de otro mundo posible: una fuerza moral y política reconocida en todo el mundo, mientras en el México de hoy las grandes obras y los intereses económicos se imponen con la violencia y el crimen organizado. En el presente esta tensión entre autonomía e imposición pasa también por la resistencia contra los megaproyectos de infraestructura, la militarización de los territorios y las nuevas formas de control y despojo denunciadas tanto por las organizaciones de derechos humanos como por los pueblos organizados. Mientras la violencia criminal crece en Chiapas y las comunidades zapatistas denuncian las complicidades estructurales entre criminalidad y política, el EZLN construye una clínica en la Selva Lacandona para todos. No como gesto simbólico sino como práctica cotidiana de autogobierno y de cuidado colectivo; una señal de que la autonomía no espera el reconocimiento del Estado sino que se realiza en lo concreto de las comunidades, más allá de pertenencias y grupos políticos.
Hoy, mientras el Estado sigue sin dar pleno cumplimiento a lo firmado en San Andrés, las experiencias autónomas indígenas y zapatistas siguen siendo un referente vivo para movimientos y comunidades mucho más allá de Chiapas, demostrando que la promesa traicionada puede convertirse, desde abajo, en proyecto practicado, vida concreta, experimento en marcha.
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