El arranque de las elecciones en Colombia

El arranque de las elecciones en Colombia

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Este año los colombianos elegirán a sus representantes en el Congreso. Los resultados en el Poder Legislativo definirán la capacidad de gobernar del próximo presidente del país.

Texto de
Fotografía de
Realización de
Ilustración de
Traducción de

A poco tiempo de las elecciones en Colombia –las del Congreso serán en menos de un mes y las presidenciales, en tres meses–, el ambiente se agita: basta con levantar la cabeza para ver enormes vallas publicitarias, algunas con mensajes directamente injuriosos contra el oponente en cuestión; cada semana se programa un debate y sale una nueva encuesta; se crean alianzas mientras otros se retiran airosos de las que habían sellado; en redes sociales circulan acusaciones entre contendientes o entre sus seguidores. Hay mucho en juego.

En entrevista con Gatopardo, lo primero que dice la abogada Patricia Muñoz Yi, directora de posgrados en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana, es que las próximas elecciones en Colombia serán una oportunidad para recuperar la credibilidad de los ciudadanos, pues la desaprobación del Congreso actualmente llega al 82%. “Hay una percepción de que el Congreso no responde a las necesidades de los colombianos”, explica Muñoz Yi.

“Eso se evidenció aún más durante la pandemia, con un gobierno protagonizado por el Ejecutivo, porque el Congreso tuvo dificultades para ponerse de acuerdo en cómo legislar –si lo harían de forma virtual o no– y cuando se pusieron de acuerdo, tampoco fueron eficientes. Al entrar en pandemia, el país estaba siendo objeto de reclamos y demandas sociales que debían ser atendidos. Como se dice coloquialmente, el Congreso se agachó, dejó pasar esas problemáticas y discusiones, quizá para no comprometerse ante la opinión pública con decisiones difíciles o para apoyar al Ejecutivo y dejarle un margen de maniobra”.

Casi 39 millones de personas están habilitadas para votar en estas elecciones en Colombia. La primera fecha es el 13 de marzo, cuando se elegirán 296 legisladores para el Congreso, tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes, incluidos los integrantes de circunscripciones indígenas, afrodescendientes, raizales e internacionales. También habrá curules destinadas al partido Comunes –creado tras la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC–, a la fórmula presidente-vicepresidente que ocupe el segundo lugar en las elecciones presidenciales y, por primera vez, habrá lugares para dieciséis representantes de las víctimas del conflicto –nueve millones, según la Unidad para las Víctimas– en igual número que las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), que cobijan a 167 municipios.

Del resultado de esta primera parte de las elecciones en Colombia dependerá cuánto apoyo en el Congreso tendrá el próximo presidente o presidenta. Según la profesora Muñoz Yi, a diferencia de lo que ocurrió en el cuatrienio 2018-2022, cuando el partido de gobierno –Centro Democrático–, su aliado –Cambio Radical– y los tradicionales –el Liberal y el Conservador– ocuparon la mayoría del Congreso, hoy no hay grandes bancadas, sino partidos medianos que necesitan coaliciones para sacar adelante sus iniciativas.

“Esas mayorías de 2018 se ven amenazadas porque, por una u otra razón, hay grandes figuras que hoy no se lanzan: no están Álvaro Uribe, Antanas Mockus [exalcalde de Bogotá], Álvaro Robledo y David Barguil [ambos han sido senadores y Barguil es precandidato a la presidencia por el partido Conservador], y eso lleva a pensar en que el Congreso va a tener un proceso de reconfiguración, con nuevos grupos políticos y otros que se están fortaleciendo”. Muñoz Yi menciona el Pacto Histórico, la coalición de centroizquierda que encabeza las encuestas, liderada por el precandidato Gustavo Petro; la coalición Centro Esperanza, con personalidades que podrían sumar curules; el Partido Nuevo Liberalismo, que recién irrumpe en el panorama electoral; y otros como la Coalición MIRA-Colombia Justa Libres, de derecha cristiana.

Martha Lucía Márquez, directora del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), coincide en que estas elecciones en Colombia definirán la gobernabilidad del futuro presidente. Al teléfono, dice: “[El país] tiene dieciséis partidos y, según como queden los escaños en el Congreso, el candidato con más opción de ganar las elecciones presidenciales, que en este momento es Gustavo Petro, verá cómo funcionar. Dependerá de cuántos escaños gane la izquierda y cuántos el centro. Si ganara la derecha –que no creo–, eso haría que un presidente de centroizquierda [como Petro] tuviera problemas de gobernabilidad porque ¿cómo haría alianzas?”.

El 13 de marzo quienes acudan a las urnas podrán votar, además, en una de las tres consultas internas de Pacto Histórico, Centro Esperanza y Equipo por Colombia –esta última se compone de partidos y movimientos de derecha– para decidir quién será el candidato o candidata presidencial de cada coalición. Muñoz Yi subraya que estos resultados podrían considerarse como una primera vuelta presidencial puesto que evidenciarán la capacidad de movilización de las coaliciones. “Luego viene el posicionamiento de quienes ganen las consultas. Van a ser medidos porque habrá un número de votos”, explica. A su vez, Martha Lucía Márquez coincide en que esta votación marcará el inicio de la campaña por la presidencia, pero también por la vicepresidencia, un cargo que podría reafirmar alianzas.

[read more]***Las dos expertas comparten opinión sobre un aspecto de las elecciones en Colombia, quizá menos notorio, aunque crucial: la elección inédita de representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, conocidas como curules de paz, para los periodos legislativos 2022-2026 y 2026-2030. Decretadas el año pasado, luego de una orden de la Corte Constitucional tras una serie de dilaciones, las circunscripciones fueron establecidas en el Acuerdo de Paz como un mecanismo de participación y representación de las víctimas del conflicto en zonas donde, justamente, ha habido marginación política histórica. Son dieciséis circunscripciones repartidas en diecinueve departamentos del país.Por lo tanto, agrega Márquez, en estas elecciones también está en juego la construcción de paz. “Uno puede pensar que, si salen elegidas, las víctimas harán un control de la implementación del Acuerdo de Paz, apoyarán proyectos que ataquen las raíces estructurales de la guerra, la inequidad, la mala distribución de la tierra”. Sin embargo, Márquez recuerda el tamaño del desafío: hay 167 municipios afectados históricamente por distintos tipos de violencia. “Lo que hacía la guerrilla era no dejar que se celebraran las elecciones y que la gente no saliera a votar; los paramilitares, más bien, llevaban gente a votar. Son distintas formas de proceder y ahora se abre una oportunidad, pero resulta que ha habido un incremento de la violencia”.Dos informes recientes así lo demuestran. El primero es “Mapas y factores de riesgo electoral. Elecciones nacionales 2022”, elaborado por la Misión de Observación Electoral (MOE), y el segundo es el “Cuarto informe de violencia y dinámica electoral y riesgos en las circunscripciones de paz”, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Ambos concuerdan en que, desde el inicio de este periodo la violencia se ha incrementado.Del 13 de marzo de 2021 al 13 de febrero de este año, la Fundación Pares ha contabilizado que hay una víctima de violencia electoral cada dos días; en otros términos, ya hay un total de 163 víctimas y 124 hechos de violencia en este periodo, sin incluir ataques contra líderes y lideresas sociales que también han ocurrido en el contexto de las elecciones en Colombia. La MOE, por su parte, establece que en 131 municipios, de los más de mil que tiene el país, existe un riesgo conjunto de fraude y violencia –49 de ellos están en riesgo extremo– y en 319 hay riesgo de violencia electoral.“La violencia se ha incrementado en comparación a lo que ocurría hace cuatro años. Muchos líderes y lideresas sociales, candidatos a las curules de paz, están expuestos. El aumento de la violencia contra líderes políticos es del 92% y contra líderes sociales, del 134%”, dice Mauricio Vela, coordinador de la MOE e investigador del informe. Puntualiza que en casi la mitad de los 131 municipios que tienen riesgo de fraude y violencia electoral hay circunscripciones de paz. “Estamos hablando de sitios donde está la mayor parte de grupos armados ilegales y donde cometen las mayores acciones violentas”.En lo que va de 2022, la Fundación Pares destaca: un incendio en la casa del alcalde de El Charco (en Nariño); un atentado contra el gobernador del departamento de Caquetá; dos contra diputados del departamento de Chocó; y un explosivo en la sede del partido Comunes en Bogotá. El informe establece que han ocurrido hechos de violencia en 27 de los 32 departamentos del país, también en Bogotá, donde se registran veinte víctimas. En el 70% de los casos, que incluyen desde amenazas hasta homicidios y cuyas principales víctimas son funcionarios de elección popular, se desconoce el perpetrador debido, en parte, al reacomodo del orden criminal tras la salida de las FARC de los territorios. El informe señala además que la violencia es hoy un mecanismo más de la competencia en las elecciones en Colombia, que ésta se recrudece conforme se acerca el día de la votación y que “los hechos victimizantes han sido de forma indiscriminada, contra todos los sectores políticos”.En cuanto a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, el informe advierte: “A la presencia de estructuras armadas ilegales y economías ilegales se suma la cooptación de la política electoral por parte de clanes políticos que han buscado hacerse con las curules de las víctimas en el Congreso a través de las fallas de la Registraduría y la ausencia histórica del Estado”.“La génesis de esto fue una oposición férrea al Acuerdo de Paz por parte del Centro Democrático [el partido que está en el gobierno], los clanes políticos, Cambio Radical, los conservadores, en algunos escenarios el Partido Liberal y los partidos cristianos”, dice a Gatopardo Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación. “Torpedearon la regulación de las circunscripciones de paz que tienen que ser para las víctimas. Su aprobación llegó de forma tardía, cinco meses antes de las elecciones, sin seguridad jurídica, pedagogía electoral o medidas de protección y con fallas estructurales que la Registraduría no ha resuelto”.Como menciona el informe, en las circunscripciones de paz confluyen tres factores de riesgo: presencia de estructuras armadas ilegales, dinámicas de economías ilegales y cooptación democrática por parte de clanes políticos. Al respecto del primero, Esteban Salazar comenta: “En las Citrep, las [estructuras armadas ilegales] que mayormente vemos son disidencias de las FARC, en noventa municipios, seguidas del Clan del Golfo, en 73, y después el ELN. El fracaso de la política de seguridad del actual gobierno lleva a que, en departamentos como Arauca, Norte de Santander, bajo Cauca, sur de Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca una víctima se enfrente a no poder hacer proselitismo ni actividad política. Es una barrera compleja porque, así el actor armado no se pronuncie, el hecho de que esté poniendo artefactos explosivos y de que haya enfrentamientos con la fuerza pública no da ninguna garantía para una campaña”.Sobre las economías ilegales, Salazar afirma que muchas de las organizaciones de víctimas han emprendido procesos de sustitución de cultivos ilícitos para salir de esos escenarios y, sin embargo, al estar en las zonas, deben enfrentarse a dinámicas de control de las rutas y los espacios por parte de grupos narcotraficantes.Finalmente, en lo que tiene que ver con el tercer factor agrega: “En los 167 municipios hay, por lo menos, 35 clanes políticos que tendrían algún interés por cooptar espacios. Como esos clanes tienen problemas para su supervivencia en el Congreso, hacen uso de mecanismos de competencia electoral para permanecer y empiezan a buscar en las circunscripciones de paz donde hacer campaña es más barato y necesitan menos votos que a nivel departamental. De esa forma pueden garantizar una curul desde la representación o supuesta representación de las víctimas”.Para estas elecciones en Colombia, Salazar espera que se elija a víctimas legítimas de cada territorio que visibilicen demandas sociales históricamente relegadas. Sin embargo, concluye que, en lo que respecta a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz: “En este momento, bajo las condiciones estructurales del país, no hay garantías suficientes para que se pueda ejercer el derecho al voto”.[/read]

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Este año los colombianos elegirán a sus representantes en el Congreso. Los resultados en el Poder Legislativo definirán la capacidad de gobernar del próximo presidente del país.

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A poco tiempo de las elecciones en Colombia –las del Congreso serán en menos de un mes y las presidenciales, en tres meses–, el ambiente se agita: basta con levantar la cabeza para ver enormes vallas publicitarias, algunas con mensajes directamente injuriosos contra el oponente en cuestión; cada semana se programa un debate y sale una nueva encuesta; se crean alianzas mientras otros se retiran airosos de las que habían sellado; en redes sociales circulan acusaciones entre contendientes o entre sus seguidores. Hay mucho en juego.

En entrevista con Gatopardo, lo primero que dice la abogada Patricia Muñoz Yi, directora de posgrados en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana, es que las próximas elecciones en Colombia serán una oportunidad para recuperar la credibilidad de los ciudadanos, pues la desaprobación del Congreso actualmente llega al 82%. “Hay una percepción de que el Congreso no responde a las necesidades de los colombianos”, explica Muñoz Yi.

“Eso se evidenció aún más durante la pandemia, con un gobierno protagonizado por el Ejecutivo, porque el Congreso tuvo dificultades para ponerse de acuerdo en cómo legislar –si lo harían de forma virtual o no– y cuando se pusieron de acuerdo, tampoco fueron eficientes. Al entrar en pandemia, el país estaba siendo objeto de reclamos y demandas sociales que debían ser atendidos. Como se dice coloquialmente, el Congreso se agachó, dejó pasar esas problemáticas y discusiones, quizá para no comprometerse ante la opinión pública con decisiones difíciles o para apoyar al Ejecutivo y dejarle un margen de maniobra”.

Casi 39 millones de personas están habilitadas para votar en estas elecciones en Colombia. La primera fecha es el 13 de marzo, cuando se elegirán 296 legisladores para el Congreso, tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes, incluidos los integrantes de circunscripciones indígenas, afrodescendientes, raizales e internacionales. También habrá curules destinadas al partido Comunes –creado tras la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC–, a la fórmula presidente-vicepresidente que ocupe el segundo lugar en las elecciones presidenciales y, por primera vez, habrá lugares para dieciséis representantes de las víctimas del conflicto –nueve millones, según la Unidad para las Víctimas– en igual número que las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), que cobijan a 167 municipios.

Del resultado de esta primera parte de las elecciones en Colombia dependerá cuánto apoyo en el Congreso tendrá el próximo presidente o presidenta. Según la profesora Muñoz Yi, a diferencia de lo que ocurrió en el cuatrienio 2018-2022, cuando el partido de gobierno –Centro Democrático–, su aliado –Cambio Radical– y los tradicionales –el Liberal y el Conservador– ocuparon la mayoría del Congreso, hoy no hay grandes bancadas, sino partidos medianos que necesitan coaliciones para sacar adelante sus iniciativas.

“Esas mayorías de 2018 se ven amenazadas porque, por una u otra razón, hay grandes figuras que hoy no se lanzan: no están Álvaro Uribe, Antanas Mockus [exalcalde de Bogotá], Álvaro Robledo y David Barguil [ambos han sido senadores y Barguil es precandidato a la presidencia por el partido Conservador], y eso lleva a pensar en que el Congreso va a tener un proceso de reconfiguración, con nuevos grupos políticos y otros que se están fortaleciendo”. Muñoz Yi menciona el Pacto Histórico, la coalición de centroizquierda que encabeza las encuestas, liderada por el precandidato Gustavo Petro; la coalición Centro Esperanza, con personalidades que podrían sumar curules; el Partido Nuevo Liberalismo, que recién irrumpe en el panorama electoral; y otros como la Coalición MIRA-Colombia Justa Libres, de derecha cristiana.

Martha Lucía Márquez, directora del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), coincide en que estas elecciones en Colombia definirán la gobernabilidad del futuro presidente. Al teléfono, dice: “[El país] tiene dieciséis partidos y, según como queden los escaños en el Congreso, el candidato con más opción de ganar las elecciones presidenciales, que en este momento es Gustavo Petro, verá cómo funcionar. Dependerá de cuántos escaños gane la izquierda y cuántos el centro. Si ganara la derecha –que no creo–, eso haría que un presidente de centroizquierda [como Petro] tuviera problemas de gobernabilidad porque ¿cómo haría alianzas?”.

El 13 de marzo quienes acudan a las urnas podrán votar, además, en una de las tres consultas internas de Pacto Histórico, Centro Esperanza y Equipo por Colombia –esta última se compone de partidos y movimientos de derecha– para decidir quién será el candidato o candidata presidencial de cada coalición. Muñoz Yi subraya que estos resultados podrían considerarse como una primera vuelta presidencial puesto que evidenciarán la capacidad de movilización de las coaliciones. “Luego viene el posicionamiento de quienes ganen las consultas. Van a ser medidos porque habrá un número de votos”, explica. A su vez, Martha Lucía Márquez coincide en que esta votación marcará el inicio de la campaña por la presidencia, pero también por la vicepresidencia, un cargo que podría reafirmar alianzas.

[read more]***Las dos expertas comparten opinión sobre un aspecto de las elecciones en Colombia, quizá menos notorio, aunque crucial: la elección inédita de representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, conocidas como curules de paz, para los periodos legislativos 2022-2026 y 2026-2030. Decretadas el año pasado, luego de una orden de la Corte Constitucional tras una serie de dilaciones, las circunscripciones fueron establecidas en el Acuerdo de Paz como un mecanismo de participación y representación de las víctimas del conflicto en zonas donde, justamente, ha habido marginación política histórica. Son dieciséis circunscripciones repartidas en diecinueve departamentos del país.Por lo tanto, agrega Márquez, en estas elecciones también está en juego la construcción de paz. “Uno puede pensar que, si salen elegidas, las víctimas harán un control de la implementación del Acuerdo de Paz, apoyarán proyectos que ataquen las raíces estructurales de la guerra, la inequidad, la mala distribución de la tierra”. Sin embargo, Márquez recuerda el tamaño del desafío: hay 167 municipios afectados históricamente por distintos tipos de violencia. “Lo que hacía la guerrilla era no dejar que se celebraran las elecciones y que la gente no saliera a votar; los paramilitares, más bien, llevaban gente a votar. Son distintas formas de proceder y ahora se abre una oportunidad, pero resulta que ha habido un incremento de la violencia”.Dos informes recientes así lo demuestran. El primero es “Mapas y factores de riesgo electoral. Elecciones nacionales 2022”, elaborado por la Misión de Observación Electoral (MOE), y el segundo es el “Cuarto informe de violencia y dinámica electoral y riesgos en las circunscripciones de paz”, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Ambos concuerdan en que, desde el inicio de este periodo la violencia se ha incrementado.Del 13 de marzo de 2021 al 13 de febrero de este año, la Fundación Pares ha contabilizado que hay una víctima de violencia electoral cada dos días; en otros términos, ya hay un total de 163 víctimas y 124 hechos de violencia en este periodo, sin incluir ataques contra líderes y lideresas sociales que también han ocurrido en el contexto de las elecciones en Colombia. La MOE, por su parte, establece que en 131 municipios, de los más de mil que tiene el país, existe un riesgo conjunto de fraude y violencia –49 de ellos están en riesgo extremo– y en 319 hay riesgo de violencia electoral.“La violencia se ha incrementado en comparación a lo que ocurría hace cuatro años. Muchos líderes y lideresas sociales, candidatos a las curules de paz, están expuestos. El aumento de la violencia contra líderes políticos es del 92% y contra líderes sociales, del 134%”, dice Mauricio Vela, coordinador de la MOE e investigador del informe. Puntualiza que en casi la mitad de los 131 municipios que tienen riesgo de fraude y violencia electoral hay circunscripciones de paz. “Estamos hablando de sitios donde está la mayor parte de grupos armados ilegales y donde cometen las mayores acciones violentas”.En lo que va de 2022, la Fundación Pares destaca: un incendio en la casa del alcalde de El Charco (en Nariño); un atentado contra el gobernador del departamento de Caquetá; dos contra diputados del departamento de Chocó; y un explosivo en la sede del partido Comunes en Bogotá. El informe establece que han ocurrido hechos de violencia en 27 de los 32 departamentos del país, también en Bogotá, donde se registran veinte víctimas. En el 70% de los casos, que incluyen desde amenazas hasta homicidios y cuyas principales víctimas son funcionarios de elección popular, se desconoce el perpetrador debido, en parte, al reacomodo del orden criminal tras la salida de las FARC de los territorios. El informe señala además que la violencia es hoy un mecanismo más de la competencia en las elecciones en Colombia, que ésta se recrudece conforme se acerca el día de la votación y que “los hechos victimizantes han sido de forma indiscriminada, contra todos los sectores políticos”.En cuanto a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, el informe advierte: “A la presencia de estructuras armadas ilegales y economías ilegales se suma la cooptación de la política electoral por parte de clanes políticos que han buscado hacerse con las curules de las víctimas en el Congreso a través de las fallas de la Registraduría y la ausencia histórica del Estado”.“La génesis de esto fue una oposición férrea al Acuerdo de Paz por parte del Centro Democrático [el partido que está en el gobierno], los clanes políticos, Cambio Radical, los conservadores, en algunos escenarios el Partido Liberal y los partidos cristianos”, dice a Gatopardo Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación. “Torpedearon la regulación de las circunscripciones de paz que tienen que ser para las víctimas. Su aprobación llegó de forma tardía, cinco meses antes de las elecciones, sin seguridad jurídica, pedagogía electoral o medidas de protección y con fallas estructurales que la Registraduría no ha resuelto”.Como menciona el informe, en las circunscripciones de paz confluyen tres factores de riesgo: presencia de estructuras armadas ilegales, dinámicas de economías ilegales y cooptación democrática por parte de clanes políticos. Al respecto del primero, Esteban Salazar comenta: “En las Citrep, las [estructuras armadas ilegales] que mayormente vemos son disidencias de las FARC, en noventa municipios, seguidas del Clan del Golfo, en 73, y después el ELN. El fracaso de la política de seguridad del actual gobierno lleva a que, en departamentos como Arauca, Norte de Santander, bajo Cauca, sur de Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca una víctima se enfrente a no poder hacer proselitismo ni actividad política. Es una barrera compleja porque, así el actor armado no se pronuncie, el hecho de que esté poniendo artefactos explosivos y de que haya enfrentamientos con la fuerza pública no da ninguna garantía para una campaña”.Sobre las economías ilegales, Salazar afirma que muchas de las organizaciones de víctimas han emprendido procesos de sustitución de cultivos ilícitos para salir de esos escenarios y, sin embargo, al estar en las zonas, deben enfrentarse a dinámicas de control de las rutas y los espacios por parte de grupos narcotraficantes.Finalmente, en lo que tiene que ver con el tercer factor agrega: “En los 167 municipios hay, por lo menos, 35 clanes políticos que tendrían algún interés por cooptar espacios. Como esos clanes tienen problemas para su supervivencia en el Congreso, hacen uso de mecanismos de competencia electoral para permanecer y empiezan a buscar en las circunscripciones de paz donde hacer campaña es más barato y necesitan menos votos que a nivel departamental. De esa forma pueden garantizar una curul desde la representación o supuesta representación de las víctimas”.Para estas elecciones en Colombia, Salazar espera que se elija a víctimas legítimas de cada territorio que visibilicen demandas sociales históricamente relegadas. Sin embargo, concluye que, en lo que respecta a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz: “En este momento, bajo las condiciones estructurales del país, no hay garantías suficientes para que se pueda ejercer el derecho al voto”.[/read]

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Archivo Gatopardo

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Este año los colombianos elegirán a sus representantes en el Congreso. Los resultados en el Poder Legislativo definirán la capacidad de gobernar del próximo presidente del país.

A poco tiempo de las elecciones en Colombia –las del Congreso serán en menos de un mes y las presidenciales, en tres meses–, el ambiente se agita: basta con levantar la cabeza para ver enormes vallas publicitarias, algunas con mensajes directamente injuriosos contra el oponente en cuestión; cada semana se programa un debate y sale una nueva encuesta; se crean alianzas mientras otros se retiran airosos de las que habían sellado; en redes sociales circulan acusaciones entre contendientes o entre sus seguidores. Hay mucho en juego.

En entrevista con Gatopardo, lo primero que dice la abogada Patricia Muñoz Yi, directora de posgrados en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana, es que las próximas elecciones en Colombia serán una oportunidad para recuperar la credibilidad de los ciudadanos, pues la desaprobación del Congreso actualmente llega al 82%. “Hay una percepción de que el Congreso no responde a las necesidades de los colombianos”, explica Muñoz Yi.

“Eso se evidenció aún más durante la pandemia, con un gobierno protagonizado por el Ejecutivo, porque el Congreso tuvo dificultades para ponerse de acuerdo en cómo legislar –si lo harían de forma virtual o no– y cuando se pusieron de acuerdo, tampoco fueron eficientes. Al entrar en pandemia, el país estaba siendo objeto de reclamos y demandas sociales que debían ser atendidos. Como se dice coloquialmente, el Congreso se agachó, dejó pasar esas problemáticas y discusiones, quizá para no comprometerse ante la opinión pública con decisiones difíciles o para apoyar al Ejecutivo y dejarle un margen de maniobra”.

Casi 39 millones de personas están habilitadas para votar en estas elecciones en Colombia. La primera fecha es el 13 de marzo, cuando se elegirán 296 legisladores para el Congreso, tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes, incluidos los integrantes de circunscripciones indígenas, afrodescendientes, raizales e internacionales. También habrá curules destinadas al partido Comunes –creado tras la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC–, a la fórmula presidente-vicepresidente que ocupe el segundo lugar en las elecciones presidenciales y, por primera vez, habrá lugares para dieciséis representantes de las víctimas del conflicto –nueve millones, según la Unidad para las Víctimas– en igual número que las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), que cobijan a 167 municipios.

Del resultado de esta primera parte de las elecciones en Colombia dependerá cuánto apoyo en el Congreso tendrá el próximo presidente o presidenta. Según la profesora Muñoz Yi, a diferencia de lo que ocurrió en el cuatrienio 2018-2022, cuando el partido de gobierno –Centro Democrático–, su aliado –Cambio Radical– y los tradicionales –el Liberal y el Conservador– ocuparon la mayoría del Congreso, hoy no hay grandes bancadas, sino partidos medianos que necesitan coaliciones para sacar adelante sus iniciativas.

“Esas mayorías de 2018 se ven amenazadas porque, por una u otra razón, hay grandes figuras que hoy no se lanzan: no están Álvaro Uribe, Antanas Mockus [exalcalde de Bogotá], Álvaro Robledo y David Barguil [ambos han sido senadores y Barguil es precandidato a la presidencia por el partido Conservador], y eso lleva a pensar en que el Congreso va a tener un proceso de reconfiguración, con nuevos grupos políticos y otros que se están fortaleciendo”. Muñoz Yi menciona el Pacto Histórico, la coalición de centroizquierda que encabeza las encuestas, liderada por el precandidato Gustavo Petro; la coalición Centro Esperanza, con personalidades que podrían sumar curules; el Partido Nuevo Liberalismo, que recién irrumpe en el panorama electoral; y otros como la Coalición MIRA-Colombia Justa Libres, de derecha cristiana.

Martha Lucía Márquez, directora del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), coincide en que estas elecciones en Colombia definirán la gobernabilidad del futuro presidente. Al teléfono, dice: “[El país] tiene dieciséis partidos y, según como queden los escaños en el Congreso, el candidato con más opción de ganar las elecciones presidenciales, que en este momento es Gustavo Petro, verá cómo funcionar. Dependerá de cuántos escaños gane la izquierda y cuántos el centro. Si ganara la derecha –que no creo–, eso haría que un presidente de centroizquierda [como Petro] tuviera problemas de gobernabilidad porque ¿cómo haría alianzas?”.

El 13 de marzo quienes acudan a las urnas podrán votar, además, en una de las tres consultas internas de Pacto Histórico, Centro Esperanza y Equipo por Colombia –esta última se compone de partidos y movimientos de derecha– para decidir quién será el candidato o candidata presidencial de cada coalición. Muñoz Yi subraya que estos resultados podrían considerarse como una primera vuelta presidencial puesto que evidenciarán la capacidad de movilización de las coaliciones. “Luego viene el posicionamiento de quienes ganen las consultas. Van a ser medidos porque habrá un número de votos”, explica. A su vez, Martha Lucía Márquez coincide en que esta votación marcará el inicio de la campaña por la presidencia, pero también por la vicepresidencia, un cargo que podría reafirmar alianzas.

[read more]***Las dos expertas comparten opinión sobre un aspecto de las elecciones en Colombia, quizá menos notorio, aunque crucial: la elección inédita de representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, conocidas como curules de paz, para los periodos legislativos 2022-2026 y 2026-2030. Decretadas el año pasado, luego de una orden de la Corte Constitucional tras una serie de dilaciones, las circunscripciones fueron establecidas en el Acuerdo de Paz como un mecanismo de participación y representación de las víctimas del conflicto en zonas donde, justamente, ha habido marginación política histórica. Son dieciséis circunscripciones repartidas en diecinueve departamentos del país.Por lo tanto, agrega Márquez, en estas elecciones también está en juego la construcción de paz. “Uno puede pensar que, si salen elegidas, las víctimas harán un control de la implementación del Acuerdo de Paz, apoyarán proyectos que ataquen las raíces estructurales de la guerra, la inequidad, la mala distribución de la tierra”. Sin embargo, Márquez recuerda el tamaño del desafío: hay 167 municipios afectados históricamente por distintos tipos de violencia. “Lo que hacía la guerrilla era no dejar que se celebraran las elecciones y que la gente no saliera a votar; los paramilitares, más bien, llevaban gente a votar. Son distintas formas de proceder y ahora se abre una oportunidad, pero resulta que ha habido un incremento de la violencia”.Dos informes recientes así lo demuestran. El primero es “Mapas y factores de riesgo electoral. Elecciones nacionales 2022”, elaborado por la Misión de Observación Electoral (MOE), y el segundo es el “Cuarto informe de violencia y dinámica electoral y riesgos en las circunscripciones de paz”, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Ambos concuerdan en que, desde el inicio de este periodo la violencia se ha incrementado.Del 13 de marzo de 2021 al 13 de febrero de este año, la Fundación Pares ha contabilizado que hay una víctima de violencia electoral cada dos días; en otros términos, ya hay un total de 163 víctimas y 124 hechos de violencia en este periodo, sin incluir ataques contra líderes y lideresas sociales que también han ocurrido en el contexto de las elecciones en Colombia. La MOE, por su parte, establece que en 131 municipios, de los más de mil que tiene el país, existe un riesgo conjunto de fraude y violencia –49 de ellos están en riesgo extremo– y en 319 hay riesgo de violencia electoral.“La violencia se ha incrementado en comparación a lo que ocurría hace cuatro años. Muchos líderes y lideresas sociales, candidatos a las curules de paz, están expuestos. El aumento de la violencia contra líderes políticos es del 92% y contra líderes sociales, del 134%”, dice Mauricio Vela, coordinador de la MOE e investigador del informe. Puntualiza que en casi la mitad de los 131 municipios que tienen riesgo de fraude y violencia electoral hay circunscripciones de paz. “Estamos hablando de sitios donde está la mayor parte de grupos armados ilegales y donde cometen las mayores acciones violentas”.En lo que va de 2022, la Fundación Pares destaca: un incendio en la casa del alcalde de El Charco (en Nariño); un atentado contra el gobernador del departamento de Caquetá; dos contra diputados del departamento de Chocó; y un explosivo en la sede del partido Comunes en Bogotá. El informe establece que han ocurrido hechos de violencia en 27 de los 32 departamentos del país, también en Bogotá, donde se registran veinte víctimas. En el 70% de los casos, que incluyen desde amenazas hasta homicidios y cuyas principales víctimas son funcionarios de elección popular, se desconoce el perpetrador debido, en parte, al reacomodo del orden criminal tras la salida de las FARC de los territorios. El informe señala además que la violencia es hoy un mecanismo más de la competencia en las elecciones en Colombia, que ésta se recrudece conforme se acerca el día de la votación y que “los hechos victimizantes han sido de forma indiscriminada, contra todos los sectores políticos”.En cuanto a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, el informe advierte: “A la presencia de estructuras armadas ilegales y economías ilegales se suma la cooptación de la política electoral por parte de clanes políticos que han buscado hacerse con las curules de las víctimas en el Congreso a través de las fallas de la Registraduría y la ausencia histórica del Estado”.“La génesis de esto fue una oposición férrea al Acuerdo de Paz por parte del Centro Democrático [el partido que está en el gobierno], los clanes políticos, Cambio Radical, los conservadores, en algunos escenarios el Partido Liberal y los partidos cristianos”, dice a Gatopardo Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación. “Torpedearon la regulación de las circunscripciones de paz que tienen que ser para las víctimas. Su aprobación llegó de forma tardía, cinco meses antes de las elecciones, sin seguridad jurídica, pedagogía electoral o medidas de protección y con fallas estructurales que la Registraduría no ha resuelto”.Como menciona el informe, en las circunscripciones de paz confluyen tres factores de riesgo: presencia de estructuras armadas ilegales, dinámicas de economías ilegales y cooptación democrática por parte de clanes políticos. Al respecto del primero, Esteban Salazar comenta: “En las Citrep, las [estructuras armadas ilegales] que mayormente vemos son disidencias de las FARC, en noventa municipios, seguidas del Clan del Golfo, en 73, y después el ELN. El fracaso de la política de seguridad del actual gobierno lleva a que, en departamentos como Arauca, Norte de Santander, bajo Cauca, sur de Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca una víctima se enfrente a no poder hacer proselitismo ni actividad política. Es una barrera compleja porque, así el actor armado no se pronuncie, el hecho de que esté poniendo artefactos explosivos y de que haya enfrentamientos con la fuerza pública no da ninguna garantía para una campaña”.Sobre las economías ilegales, Salazar afirma que muchas de las organizaciones de víctimas han emprendido procesos de sustitución de cultivos ilícitos para salir de esos escenarios y, sin embargo, al estar en las zonas, deben enfrentarse a dinámicas de control de las rutas y los espacios por parte de grupos narcotraficantes.Finalmente, en lo que tiene que ver con el tercer factor agrega: “En los 167 municipios hay, por lo menos, 35 clanes políticos que tendrían algún interés por cooptar espacios. Como esos clanes tienen problemas para su supervivencia en el Congreso, hacen uso de mecanismos de competencia electoral para permanecer y empiezan a buscar en las circunscripciones de paz donde hacer campaña es más barato y necesitan menos votos que a nivel departamental. De esa forma pueden garantizar una curul desde la representación o supuesta representación de las víctimas”.Para estas elecciones en Colombia, Salazar espera que se elija a víctimas legítimas de cada territorio que visibilicen demandas sociales históricamente relegadas. Sin embargo, concluye que, en lo que respecta a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz: “En este momento, bajo las condiciones estructurales del país, no hay garantías suficientes para que se pueda ejercer el derecho al voto”.[/read]

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El arranque de las elecciones en Colombia

El arranque de las elecciones en Colombia

22
.
02
.
22
AAAA
Tiempo de Lectura: 00 min
Texto de
Fotografía de
Realización de
Ilustración de
Traducción de

Este año los colombianos elegirán a sus representantes en el Congreso. Los resultados en el Poder Legislativo definirán la capacidad de gobernar del próximo presidente del país.

A poco tiempo de las elecciones en Colombia –las del Congreso serán en menos de un mes y las presidenciales, en tres meses–, el ambiente se agita: basta con levantar la cabeza para ver enormes vallas publicitarias, algunas con mensajes directamente injuriosos contra el oponente en cuestión; cada semana se programa un debate y sale una nueva encuesta; se crean alianzas mientras otros se retiran airosos de las que habían sellado; en redes sociales circulan acusaciones entre contendientes o entre sus seguidores. Hay mucho en juego.

En entrevista con Gatopardo, lo primero que dice la abogada Patricia Muñoz Yi, directora de posgrados en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana, es que las próximas elecciones en Colombia serán una oportunidad para recuperar la credibilidad de los ciudadanos, pues la desaprobación del Congreso actualmente llega al 82%. “Hay una percepción de que el Congreso no responde a las necesidades de los colombianos”, explica Muñoz Yi.

“Eso se evidenció aún más durante la pandemia, con un gobierno protagonizado por el Ejecutivo, porque el Congreso tuvo dificultades para ponerse de acuerdo en cómo legislar –si lo harían de forma virtual o no– y cuando se pusieron de acuerdo, tampoco fueron eficientes. Al entrar en pandemia, el país estaba siendo objeto de reclamos y demandas sociales que debían ser atendidos. Como se dice coloquialmente, el Congreso se agachó, dejó pasar esas problemáticas y discusiones, quizá para no comprometerse ante la opinión pública con decisiones difíciles o para apoyar al Ejecutivo y dejarle un margen de maniobra”.

Casi 39 millones de personas están habilitadas para votar en estas elecciones en Colombia. La primera fecha es el 13 de marzo, cuando se elegirán 296 legisladores para el Congreso, tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes, incluidos los integrantes de circunscripciones indígenas, afrodescendientes, raizales e internacionales. También habrá curules destinadas al partido Comunes –creado tras la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC–, a la fórmula presidente-vicepresidente que ocupe el segundo lugar en las elecciones presidenciales y, por primera vez, habrá lugares para dieciséis representantes de las víctimas del conflicto –nueve millones, según la Unidad para las Víctimas– en igual número que las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), que cobijan a 167 municipios.

Del resultado de esta primera parte de las elecciones en Colombia dependerá cuánto apoyo en el Congreso tendrá el próximo presidente o presidenta. Según la profesora Muñoz Yi, a diferencia de lo que ocurrió en el cuatrienio 2018-2022, cuando el partido de gobierno –Centro Democrático–, su aliado –Cambio Radical– y los tradicionales –el Liberal y el Conservador– ocuparon la mayoría del Congreso, hoy no hay grandes bancadas, sino partidos medianos que necesitan coaliciones para sacar adelante sus iniciativas.

“Esas mayorías de 2018 se ven amenazadas porque, por una u otra razón, hay grandes figuras que hoy no se lanzan: no están Álvaro Uribe, Antanas Mockus [exalcalde de Bogotá], Álvaro Robledo y David Barguil [ambos han sido senadores y Barguil es precandidato a la presidencia por el partido Conservador], y eso lleva a pensar en que el Congreso va a tener un proceso de reconfiguración, con nuevos grupos políticos y otros que se están fortaleciendo”. Muñoz Yi menciona el Pacto Histórico, la coalición de centroizquierda que encabeza las encuestas, liderada por el precandidato Gustavo Petro; la coalición Centro Esperanza, con personalidades que podrían sumar curules; el Partido Nuevo Liberalismo, que recién irrumpe en el panorama electoral; y otros como la Coalición MIRA-Colombia Justa Libres, de derecha cristiana.

Martha Lucía Márquez, directora del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), coincide en que estas elecciones en Colombia definirán la gobernabilidad del futuro presidente. Al teléfono, dice: “[El país] tiene dieciséis partidos y, según como queden los escaños en el Congreso, el candidato con más opción de ganar las elecciones presidenciales, que en este momento es Gustavo Petro, verá cómo funcionar. Dependerá de cuántos escaños gane la izquierda y cuántos el centro. Si ganara la derecha –que no creo–, eso haría que un presidente de centroizquierda [como Petro] tuviera problemas de gobernabilidad porque ¿cómo haría alianzas?”.

El 13 de marzo quienes acudan a las urnas podrán votar, además, en una de las tres consultas internas de Pacto Histórico, Centro Esperanza y Equipo por Colombia –esta última se compone de partidos y movimientos de derecha– para decidir quién será el candidato o candidata presidencial de cada coalición. Muñoz Yi subraya que estos resultados podrían considerarse como una primera vuelta presidencial puesto que evidenciarán la capacidad de movilización de las coaliciones. “Luego viene el posicionamiento de quienes ganen las consultas. Van a ser medidos porque habrá un número de votos”, explica. A su vez, Martha Lucía Márquez coincide en que esta votación marcará el inicio de la campaña por la presidencia, pero también por la vicepresidencia, un cargo que podría reafirmar alianzas.

[read more]***Las dos expertas comparten opinión sobre un aspecto de las elecciones en Colombia, quizá menos notorio, aunque crucial: la elección inédita de representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, conocidas como curules de paz, para los periodos legislativos 2022-2026 y 2026-2030. Decretadas el año pasado, luego de una orden de la Corte Constitucional tras una serie de dilaciones, las circunscripciones fueron establecidas en el Acuerdo de Paz como un mecanismo de participación y representación de las víctimas del conflicto en zonas donde, justamente, ha habido marginación política histórica. Son dieciséis circunscripciones repartidas en diecinueve departamentos del país.Por lo tanto, agrega Márquez, en estas elecciones también está en juego la construcción de paz. “Uno puede pensar que, si salen elegidas, las víctimas harán un control de la implementación del Acuerdo de Paz, apoyarán proyectos que ataquen las raíces estructurales de la guerra, la inequidad, la mala distribución de la tierra”. Sin embargo, Márquez recuerda el tamaño del desafío: hay 167 municipios afectados históricamente por distintos tipos de violencia. “Lo que hacía la guerrilla era no dejar que se celebraran las elecciones y que la gente no saliera a votar; los paramilitares, más bien, llevaban gente a votar. Son distintas formas de proceder y ahora se abre una oportunidad, pero resulta que ha habido un incremento de la violencia”.Dos informes recientes así lo demuestran. El primero es “Mapas y factores de riesgo electoral. Elecciones nacionales 2022”, elaborado por la Misión de Observación Electoral (MOE), y el segundo es el “Cuarto informe de violencia y dinámica electoral y riesgos en las circunscripciones de paz”, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Ambos concuerdan en que, desde el inicio de este periodo la violencia se ha incrementado.Del 13 de marzo de 2021 al 13 de febrero de este año, la Fundación Pares ha contabilizado que hay una víctima de violencia electoral cada dos días; en otros términos, ya hay un total de 163 víctimas y 124 hechos de violencia en este periodo, sin incluir ataques contra líderes y lideresas sociales que también han ocurrido en el contexto de las elecciones en Colombia. La MOE, por su parte, establece que en 131 municipios, de los más de mil que tiene el país, existe un riesgo conjunto de fraude y violencia –49 de ellos están en riesgo extremo– y en 319 hay riesgo de violencia electoral.“La violencia se ha incrementado en comparación a lo que ocurría hace cuatro años. Muchos líderes y lideresas sociales, candidatos a las curules de paz, están expuestos. El aumento de la violencia contra líderes políticos es del 92% y contra líderes sociales, del 134%”, dice Mauricio Vela, coordinador de la MOE e investigador del informe. Puntualiza que en casi la mitad de los 131 municipios que tienen riesgo de fraude y violencia electoral hay circunscripciones de paz. “Estamos hablando de sitios donde está la mayor parte de grupos armados ilegales y donde cometen las mayores acciones violentas”.En lo que va de 2022, la Fundación Pares destaca: un incendio en la casa del alcalde de El Charco (en Nariño); un atentado contra el gobernador del departamento de Caquetá; dos contra diputados del departamento de Chocó; y un explosivo en la sede del partido Comunes en Bogotá. El informe establece que han ocurrido hechos de violencia en 27 de los 32 departamentos del país, también en Bogotá, donde se registran veinte víctimas. En el 70% de los casos, que incluyen desde amenazas hasta homicidios y cuyas principales víctimas son funcionarios de elección popular, se desconoce el perpetrador debido, en parte, al reacomodo del orden criminal tras la salida de las FARC de los territorios. El informe señala además que la violencia es hoy un mecanismo más de la competencia en las elecciones en Colombia, que ésta se recrudece conforme se acerca el día de la votación y que “los hechos victimizantes han sido de forma indiscriminada, contra todos los sectores políticos”.En cuanto a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, el informe advierte: “A la presencia de estructuras armadas ilegales y economías ilegales se suma la cooptación de la política electoral por parte de clanes políticos que han buscado hacerse con las curules de las víctimas en el Congreso a través de las fallas de la Registraduría y la ausencia histórica del Estado”.“La génesis de esto fue una oposición férrea al Acuerdo de Paz por parte del Centro Democrático [el partido que está en el gobierno], los clanes políticos, Cambio Radical, los conservadores, en algunos escenarios el Partido Liberal y los partidos cristianos”, dice a Gatopardo Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación. “Torpedearon la regulación de las circunscripciones de paz que tienen que ser para las víctimas. Su aprobación llegó de forma tardía, cinco meses antes de las elecciones, sin seguridad jurídica, pedagogía electoral o medidas de protección y con fallas estructurales que la Registraduría no ha resuelto”.Como menciona el informe, en las circunscripciones de paz confluyen tres factores de riesgo: presencia de estructuras armadas ilegales, dinámicas de economías ilegales y cooptación democrática por parte de clanes políticos. Al respecto del primero, Esteban Salazar comenta: “En las Citrep, las [estructuras armadas ilegales] que mayormente vemos son disidencias de las FARC, en noventa municipios, seguidas del Clan del Golfo, en 73, y después el ELN. El fracaso de la política de seguridad del actual gobierno lleva a que, en departamentos como Arauca, Norte de Santander, bajo Cauca, sur de Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca una víctima se enfrente a no poder hacer proselitismo ni actividad política. Es una barrera compleja porque, así el actor armado no se pronuncie, el hecho de que esté poniendo artefactos explosivos y de que haya enfrentamientos con la fuerza pública no da ninguna garantía para una campaña”.Sobre las economías ilegales, Salazar afirma que muchas de las organizaciones de víctimas han emprendido procesos de sustitución de cultivos ilícitos para salir de esos escenarios y, sin embargo, al estar en las zonas, deben enfrentarse a dinámicas de control de las rutas y los espacios por parte de grupos narcotraficantes.Finalmente, en lo que tiene que ver con el tercer factor agrega: “En los 167 municipios hay, por lo menos, 35 clanes políticos que tendrían algún interés por cooptar espacios. Como esos clanes tienen problemas para su supervivencia en el Congreso, hacen uso de mecanismos de competencia electoral para permanecer y empiezan a buscar en las circunscripciones de paz donde hacer campaña es más barato y necesitan menos votos que a nivel departamental. De esa forma pueden garantizar una curul desde la representación o supuesta representación de las víctimas”.Para estas elecciones en Colombia, Salazar espera que se elija a víctimas legítimas de cada territorio que visibilicen demandas sociales históricamente relegadas. Sin embargo, concluye que, en lo que respecta a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz: “En este momento, bajo las condiciones estructurales del país, no hay garantías suficientes para que se pueda ejercer el derecho al voto”.[/read]

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Este año los colombianos elegirán a sus representantes en el Congreso. Los resultados en el Poder Legislativo definirán la capacidad de gobernar del próximo presidente del país.

A poco tiempo de las elecciones en Colombia –las del Congreso serán en menos de un mes y las presidenciales, en tres meses–, el ambiente se agita: basta con levantar la cabeza para ver enormes vallas publicitarias, algunas con mensajes directamente injuriosos contra el oponente en cuestión; cada semana se programa un debate y sale una nueva encuesta; se crean alianzas mientras otros se retiran airosos de las que habían sellado; en redes sociales circulan acusaciones entre contendientes o entre sus seguidores. Hay mucho en juego.

En entrevista con Gatopardo, lo primero que dice la abogada Patricia Muñoz Yi, directora de posgrados en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana, es que las próximas elecciones en Colombia serán una oportunidad para recuperar la credibilidad de los ciudadanos, pues la desaprobación del Congreso actualmente llega al 82%. “Hay una percepción de que el Congreso no responde a las necesidades de los colombianos”, explica Muñoz Yi.

“Eso se evidenció aún más durante la pandemia, con un gobierno protagonizado por el Ejecutivo, porque el Congreso tuvo dificultades para ponerse de acuerdo en cómo legislar –si lo harían de forma virtual o no– y cuando se pusieron de acuerdo, tampoco fueron eficientes. Al entrar en pandemia, el país estaba siendo objeto de reclamos y demandas sociales que debían ser atendidos. Como se dice coloquialmente, el Congreso se agachó, dejó pasar esas problemáticas y discusiones, quizá para no comprometerse ante la opinión pública con decisiones difíciles o para apoyar al Ejecutivo y dejarle un margen de maniobra”.

Casi 39 millones de personas están habilitadas para votar en estas elecciones en Colombia. La primera fecha es el 13 de marzo, cuando se elegirán 296 legisladores para el Congreso, tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes, incluidos los integrantes de circunscripciones indígenas, afrodescendientes, raizales e internacionales. También habrá curules destinadas al partido Comunes –creado tras la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC–, a la fórmula presidente-vicepresidente que ocupe el segundo lugar en las elecciones presidenciales y, por primera vez, habrá lugares para dieciséis representantes de las víctimas del conflicto –nueve millones, según la Unidad para las Víctimas– en igual número que las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), que cobijan a 167 municipios.

Del resultado de esta primera parte de las elecciones en Colombia dependerá cuánto apoyo en el Congreso tendrá el próximo presidente o presidenta. Según la profesora Muñoz Yi, a diferencia de lo que ocurrió en el cuatrienio 2018-2022, cuando el partido de gobierno –Centro Democrático–, su aliado –Cambio Radical– y los tradicionales –el Liberal y el Conservador– ocuparon la mayoría del Congreso, hoy no hay grandes bancadas, sino partidos medianos que necesitan coaliciones para sacar adelante sus iniciativas.

“Esas mayorías de 2018 se ven amenazadas porque, por una u otra razón, hay grandes figuras que hoy no se lanzan: no están Álvaro Uribe, Antanas Mockus [exalcalde de Bogotá], Álvaro Robledo y David Barguil [ambos han sido senadores y Barguil es precandidato a la presidencia por el partido Conservador], y eso lleva a pensar en que el Congreso va a tener un proceso de reconfiguración, con nuevos grupos políticos y otros que se están fortaleciendo”. Muñoz Yi menciona el Pacto Histórico, la coalición de centroizquierda que encabeza las encuestas, liderada por el precandidato Gustavo Petro; la coalición Centro Esperanza, con personalidades que podrían sumar curules; el Partido Nuevo Liberalismo, que recién irrumpe en el panorama electoral; y otros como la Coalición MIRA-Colombia Justa Libres, de derecha cristiana.

Martha Lucía Márquez, directora del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), coincide en que estas elecciones en Colombia definirán la gobernabilidad del futuro presidente. Al teléfono, dice: “[El país] tiene dieciséis partidos y, según como queden los escaños en el Congreso, el candidato con más opción de ganar las elecciones presidenciales, que en este momento es Gustavo Petro, verá cómo funcionar. Dependerá de cuántos escaños gane la izquierda y cuántos el centro. Si ganara la derecha –que no creo–, eso haría que un presidente de centroizquierda [como Petro] tuviera problemas de gobernabilidad porque ¿cómo haría alianzas?”.

El 13 de marzo quienes acudan a las urnas podrán votar, además, en una de las tres consultas internas de Pacto Histórico, Centro Esperanza y Equipo por Colombia –esta última se compone de partidos y movimientos de derecha– para decidir quién será el candidato o candidata presidencial de cada coalición. Muñoz Yi subraya que estos resultados podrían considerarse como una primera vuelta presidencial puesto que evidenciarán la capacidad de movilización de las coaliciones. “Luego viene el posicionamiento de quienes ganen las consultas. Van a ser medidos porque habrá un número de votos”, explica. A su vez, Martha Lucía Márquez coincide en que esta votación marcará el inicio de la campaña por la presidencia, pero también por la vicepresidencia, un cargo que podría reafirmar alianzas.

[read more]***Las dos expertas comparten opinión sobre un aspecto de las elecciones en Colombia, quizá menos notorio, aunque crucial: la elección inédita de representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, conocidas como curules de paz, para los periodos legislativos 2022-2026 y 2026-2030. Decretadas el año pasado, luego de una orden de la Corte Constitucional tras una serie de dilaciones, las circunscripciones fueron establecidas en el Acuerdo de Paz como un mecanismo de participación y representación de las víctimas del conflicto en zonas donde, justamente, ha habido marginación política histórica. Son dieciséis circunscripciones repartidas en diecinueve departamentos del país.Por lo tanto, agrega Márquez, en estas elecciones también está en juego la construcción de paz. “Uno puede pensar que, si salen elegidas, las víctimas harán un control de la implementación del Acuerdo de Paz, apoyarán proyectos que ataquen las raíces estructurales de la guerra, la inequidad, la mala distribución de la tierra”. Sin embargo, Márquez recuerda el tamaño del desafío: hay 167 municipios afectados históricamente por distintos tipos de violencia. “Lo que hacía la guerrilla era no dejar que se celebraran las elecciones y que la gente no saliera a votar; los paramilitares, más bien, llevaban gente a votar. Son distintas formas de proceder y ahora se abre una oportunidad, pero resulta que ha habido un incremento de la violencia”.Dos informes recientes así lo demuestran. El primero es “Mapas y factores de riesgo electoral. Elecciones nacionales 2022”, elaborado por la Misión de Observación Electoral (MOE), y el segundo es el “Cuarto informe de violencia y dinámica electoral y riesgos en las circunscripciones de paz”, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Ambos concuerdan en que, desde el inicio de este periodo la violencia se ha incrementado.Del 13 de marzo de 2021 al 13 de febrero de este año, la Fundación Pares ha contabilizado que hay una víctima de violencia electoral cada dos días; en otros términos, ya hay un total de 163 víctimas y 124 hechos de violencia en este periodo, sin incluir ataques contra líderes y lideresas sociales que también han ocurrido en el contexto de las elecciones en Colombia. La MOE, por su parte, establece que en 131 municipios, de los más de mil que tiene el país, existe un riesgo conjunto de fraude y violencia –49 de ellos están en riesgo extremo– y en 319 hay riesgo de violencia electoral.“La violencia se ha incrementado en comparación a lo que ocurría hace cuatro años. Muchos líderes y lideresas sociales, candidatos a las curules de paz, están expuestos. El aumento de la violencia contra líderes políticos es del 92% y contra líderes sociales, del 134%”, dice Mauricio Vela, coordinador de la MOE e investigador del informe. Puntualiza que en casi la mitad de los 131 municipios que tienen riesgo de fraude y violencia electoral hay circunscripciones de paz. “Estamos hablando de sitios donde está la mayor parte de grupos armados ilegales y donde cometen las mayores acciones violentas”.En lo que va de 2022, la Fundación Pares destaca: un incendio en la casa del alcalde de El Charco (en Nariño); un atentado contra el gobernador del departamento de Caquetá; dos contra diputados del departamento de Chocó; y un explosivo en la sede del partido Comunes en Bogotá. El informe establece que han ocurrido hechos de violencia en 27 de los 32 departamentos del país, también en Bogotá, donde se registran veinte víctimas. En el 70% de los casos, que incluyen desde amenazas hasta homicidios y cuyas principales víctimas son funcionarios de elección popular, se desconoce el perpetrador debido, en parte, al reacomodo del orden criminal tras la salida de las FARC de los territorios. El informe señala además que la violencia es hoy un mecanismo más de la competencia en las elecciones en Colombia, que ésta se recrudece conforme se acerca el día de la votación y que “los hechos victimizantes han sido de forma indiscriminada, contra todos los sectores políticos”.En cuanto a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, el informe advierte: “A la presencia de estructuras armadas ilegales y economías ilegales se suma la cooptación de la política electoral por parte de clanes políticos que han buscado hacerse con las curules de las víctimas en el Congreso a través de las fallas de la Registraduría y la ausencia histórica del Estado”.“La génesis de esto fue una oposición férrea al Acuerdo de Paz por parte del Centro Democrático [el partido que está en el gobierno], los clanes políticos, Cambio Radical, los conservadores, en algunos escenarios el Partido Liberal y los partidos cristianos”, dice a Gatopardo Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación. “Torpedearon la regulación de las circunscripciones de paz que tienen que ser para las víctimas. Su aprobación llegó de forma tardía, cinco meses antes de las elecciones, sin seguridad jurídica, pedagogía electoral o medidas de protección y con fallas estructurales que la Registraduría no ha resuelto”.Como menciona el informe, en las circunscripciones de paz confluyen tres factores de riesgo: presencia de estructuras armadas ilegales, dinámicas de economías ilegales y cooptación democrática por parte de clanes políticos. Al respecto del primero, Esteban Salazar comenta: “En las Citrep, las [estructuras armadas ilegales] que mayormente vemos son disidencias de las FARC, en noventa municipios, seguidas del Clan del Golfo, en 73, y después el ELN. El fracaso de la política de seguridad del actual gobierno lleva a que, en departamentos como Arauca, Norte de Santander, bajo Cauca, sur de Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca una víctima se enfrente a no poder hacer proselitismo ni actividad política. Es una barrera compleja porque, así el actor armado no se pronuncie, el hecho de que esté poniendo artefactos explosivos y de que haya enfrentamientos con la fuerza pública no da ninguna garantía para una campaña”.Sobre las economías ilegales, Salazar afirma que muchas de las organizaciones de víctimas han emprendido procesos de sustitución de cultivos ilícitos para salir de esos escenarios y, sin embargo, al estar en las zonas, deben enfrentarse a dinámicas de control de las rutas y los espacios por parte de grupos narcotraficantes.Finalmente, en lo que tiene que ver con el tercer factor agrega: “En los 167 municipios hay, por lo menos, 35 clanes políticos que tendrían algún interés por cooptar espacios. Como esos clanes tienen problemas para su supervivencia en el Congreso, hacen uso de mecanismos de competencia electoral para permanecer y empiezan a buscar en las circunscripciones de paz donde hacer campaña es más barato y necesitan menos votos que a nivel departamental. De esa forma pueden garantizar una curul desde la representación o supuesta representación de las víctimas”.Para estas elecciones en Colombia, Salazar espera que se elija a víctimas legítimas de cada territorio que visibilicen demandas sociales históricamente relegadas. Sin embargo, concluye que, en lo que respecta a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz: “En este momento, bajo las condiciones estructurales del país, no hay garantías suficientes para que se pueda ejercer el derecho al voto”.[/read]

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Este año los colombianos elegirán a sus representantes en el Congreso. Los resultados en el Poder Legislativo definirán la capacidad de gobernar del próximo presidente del país.

A poco tiempo de las elecciones en Colombia –las del Congreso serán en menos de un mes y las presidenciales, en tres meses–, el ambiente se agita: basta con levantar la cabeza para ver enormes vallas publicitarias, algunas con mensajes directamente injuriosos contra el oponente en cuestión; cada semana se programa un debate y sale una nueva encuesta; se crean alianzas mientras otros se retiran airosos de las que habían sellado; en redes sociales circulan acusaciones entre contendientes o entre sus seguidores. Hay mucho en juego.

En entrevista con Gatopardo, lo primero que dice la abogada Patricia Muñoz Yi, directora de posgrados en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana, es que las próximas elecciones en Colombia serán una oportunidad para recuperar la credibilidad de los ciudadanos, pues la desaprobación del Congreso actualmente llega al 82%. “Hay una percepción de que el Congreso no responde a las necesidades de los colombianos”, explica Muñoz Yi.

“Eso se evidenció aún más durante la pandemia, con un gobierno protagonizado por el Ejecutivo, porque el Congreso tuvo dificultades para ponerse de acuerdo en cómo legislar –si lo harían de forma virtual o no– y cuando se pusieron de acuerdo, tampoco fueron eficientes. Al entrar en pandemia, el país estaba siendo objeto de reclamos y demandas sociales que debían ser atendidos. Como se dice coloquialmente, el Congreso se agachó, dejó pasar esas problemáticas y discusiones, quizá para no comprometerse ante la opinión pública con decisiones difíciles o para apoyar al Ejecutivo y dejarle un margen de maniobra”.

Casi 39 millones de personas están habilitadas para votar en estas elecciones en Colombia. La primera fecha es el 13 de marzo, cuando se elegirán 296 legisladores para el Congreso, tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes, incluidos los integrantes de circunscripciones indígenas, afrodescendientes, raizales e internacionales. También habrá curules destinadas al partido Comunes –creado tras la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC–, a la fórmula presidente-vicepresidente que ocupe el segundo lugar en las elecciones presidenciales y, por primera vez, habrá lugares para dieciséis representantes de las víctimas del conflicto –nueve millones, según la Unidad para las Víctimas– en igual número que las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), que cobijan a 167 municipios.

Del resultado de esta primera parte de las elecciones en Colombia dependerá cuánto apoyo en el Congreso tendrá el próximo presidente o presidenta. Según la profesora Muñoz Yi, a diferencia de lo que ocurrió en el cuatrienio 2018-2022, cuando el partido de gobierno –Centro Democrático–, su aliado –Cambio Radical– y los tradicionales –el Liberal y el Conservador– ocuparon la mayoría del Congreso, hoy no hay grandes bancadas, sino partidos medianos que necesitan coaliciones para sacar adelante sus iniciativas.

“Esas mayorías de 2018 se ven amenazadas porque, por una u otra razón, hay grandes figuras que hoy no se lanzan: no están Álvaro Uribe, Antanas Mockus [exalcalde de Bogotá], Álvaro Robledo y David Barguil [ambos han sido senadores y Barguil es precandidato a la presidencia por el partido Conservador], y eso lleva a pensar en que el Congreso va a tener un proceso de reconfiguración, con nuevos grupos políticos y otros que se están fortaleciendo”. Muñoz Yi menciona el Pacto Histórico, la coalición de centroizquierda que encabeza las encuestas, liderada por el precandidato Gustavo Petro; la coalición Centro Esperanza, con personalidades que podrían sumar curules; el Partido Nuevo Liberalismo, que recién irrumpe en el panorama electoral; y otros como la Coalición MIRA-Colombia Justa Libres, de derecha cristiana.

Martha Lucía Márquez, directora del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), coincide en que estas elecciones en Colombia definirán la gobernabilidad del futuro presidente. Al teléfono, dice: “[El país] tiene dieciséis partidos y, según como queden los escaños en el Congreso, el candidato con más opción de ganar las elecciones presidenciales, que en este momento es Gustavo Petro, verá cómo funcionar. Dependerá de cuántos escaños gane la izquierda y cuántos el centro. Si ganara la derecha –que no creo–, eso haría que un presidente de centroizquierda [como Petro] tuviera problemas de gobernabilidad porque ¿cómo haría alianzas?”.

El 13 de marzo quienes acudan a las urnas podrán votar, además, en una de las tres consultas internas de Pacto Histórico, Centro Esperanza y Equipo por Colombia –esta última se compone de partidos y movimientos de derecha– para decidir quién será el candidato o candidata presidencial de cada coalición. Muñoz Yi subraya que estos resultados podrían considerarse como una primera vuelta presidencial puesto que evidenciarán la capacidad de movilización de las coaliciones. “Luego viene el posicionamiento de quienes ganen las consultas. Van a ser medidos porque habrá un número de votos”, explica. A su vez, Martha Lucía Márquez coincide en que esta votación marcará el inicio de la campaña por la presidencia, pero también por la vicepresidencia, un cargo que podría reafirmar alianzas.

[read more]***Las dos expertas comparten opinión sobre un aspecto de las elecciones en Colombia, quizá menos notorio, aunque crucial: la elección inédita de representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, conocidas como curules de paz, para los periodos legislativos 2022-2026 y 2026-2030. Decretadas el año pasado, luego de una orden de la Corte Constitucional tras una serie de dilaciones, las circunscripciones fueron establecidas en el Acuerdo de Paz como un mecanismo de participación y representación de las víctimas del conflicto en zonas donde, justamente, ha habido marginación política histórica. Son dieciséis circunscripciones repartidas en diecinueve departamentos del país.Por lo tanto, agrega Márquez, en estas elecciones también está en juego la construcción de paz. “Uno puede pensar que, si salen elegidas, las víctimas harán un control de la implementación del Acuerdo de Paz, apoyarán proyectos que ataquen las raíces estructurales de la guerra, la inequidad, la mala distribución de la tierra”. Sin embargo, Márquez recuerda el tamaño del desafío: hay 167 municipios afectados históricamente por distintos tipos de violencia. “Lo que hacía la guerrilla era no dejar que se celebraran las elecciones y que la gente no saliera a votar; los paramilitares, más bien, llevaban gente a votar. Son distintas formas de proceder y ahora se abre una oportunidad, pero resulta que ha habido un incremento de la violencia”.Dos informes recientes así lo demuestran. El primero es “Mapas y factores de riesgo electoral. Elecciones nacionales 2022”, elaborado por la Misión de Observación Electoral (MOE), y el segundo es el “Cuarto informe de violencia y dinámica electoral y riesgos en las circunscripciones de paz”, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Ambos concuerdan en que, desde el inicio de este periodo la violencia se ha incrementado.Del 13 de marzo de 2021 al 13 de febrero de este año, la Fundación Pares ha contabilizado que hay una víctima de violencia electoral cada dos días; en otros términos, ya hay un total de 163 víctimas y 124 hechos de violencia en este periodo, sin incluir ataques contra líderes y lideresas sociales que también han ocurrido en el contexto de las elecciones en Colombia. La MOE, por su parte, establece que en 131 municipios, de los más de mil que tiene el país, existe un riesgo conjunto de fraude y violencia –49 de ellos están en riesgo extremo– y en 319 hay riesgo de violencia electoral.“La violencia se ha incrementado en comparación a lo que ocurría hace cuatro años. Muchos líderes y lideresas sociales, candidatos a las curules de paz, están expuestos. El aumento de la violencia contra líderes políticos es del 92% y contra líderes sociales, del 134%”, dice Mauricio Vela, coordinador de la MOE e investigador del informe. Puntualiza que en casi la mitad de los 131 municipios que tienen riesgo de fraude y violencia electoral hay circunscripciones de paz. “Estamos hablando de sitios donde está la mayor parte de grupos armados ilegales y donde cometen las mayores acciones violentas”.En lo que va de 2022, la Fundación Pares destaca: un incendio en la casa del alcalde de El Charco (en Nariño); un atentado contra el gobernador del departamento de Caquetá; dos contra diputados del departamento de Chocó; y un explosivo en la sede del partido Comunes en Bogotá. El informe establece que han ocurrido hechos de violencia en 27 de los 32 departamentos del país, también en Bogotá, donde se registran veinte víctimas. En el 70% de los casos, que incluyen desde amenazas hasta homicidios y cuyas principales víctimas son funcionarios de elección popular, se desconoce el perpetrador debido, en parte, al reacomodo del orden criminal tras la salida de las FARC de los territorios. El informe señala además que la violencia es hoy un mecanismo más de la competencia en las elecciones en Colombia, que ésta se recrudece conforme se acerca el día de la votación y que “los hechos victimizantes han sido de forma indiscriminada, contra todos los sectores políticos”.En cuanto a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, el informe advierte: “A la presencia de estructuras armadas ilegales y economías ilegales se suma la cooptación de la política electoral por parte de clanes políticos que han buscado hacerse con las curules de las víctimas en el Congreso a través de las fallas de la Registraduría y la ausencia histórica del Estado”.“La génesis de esto fue una oposición férrea al Acuerdo de Paz por parte del Centro Democrático [el partido que está en el gobierno], los clanes políticos, Cambio Radical, los conservadores, en algunos escenarios el Partido Liberal y los partidos cristianos”, dice a Gatopardo Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación. “Torpedearon la regulación de las circunscripciones de paz que tienen que ser para las víctimas. Su aprobación llegó de forma tardía, cinco meses antes de las elecciones, sin seguridad jurídica, pedagogía electoral o medidas de protección y con fallas estructurales que la Registraduría no ha resuelto”.Como menciona el informe, en las circunscripciones de paz confluyen tres factores de riesgo: presencia de estructuras armadas ilegales, dinámicas de economías ilegales y cooptación democrática por parte de clanes políticos. Al respecto del primero, Esteban Salazar comenta: “En las Citrep, las [estructuras armadas ilegales] que mayormente vemos son disidencias de las FARC, en noventa municipios, seguidas del Clan del Golfo, en 73, y después el ELN. El fracaso de la política de seguridad del actual gobierno lleva a que, en departamentos como Arauca, Norte de Santander, bajo Cauca, sur de Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca una víctima se enfrente a no poder hacer proselitismo ni actividad política. Es una barrera compleja porque, así el actor armado no se pronuncie, el hecho de que esté poniendo artefactos explosivos y de que haya enfrentamientos con la fuerza pública no da ninguna garantía para una campaña”.Sobre las economías ilegales, Salazar afirma que muchas de las organizaciones de víctimas han emprendido procesos de sustitución de cultivos ilícitos para salir de esos escenarios y, sin embargo, al estar en las zonas, deben enfrentarse a dinámicas de control de las rutas y los espacios por parte de grupos narcotraficantes.Finalmente, en lo que tiene que ver con el tercer factor agrega: “En los 167 municipios hay, por lo menos, 35 clanes políticos que tendrían algún interés por cooptar espacios. Como esos clanes tienen problemas para su supervivencia en el Congreso, hacen uso de mecanismos de competencia electoral para permanecer y empiezan a buscar en las circunscripciones de paz donde hacer campaña es más barato y necesitan menos votos que a nivel departamental. De esa forma pueden garantizar una curul desde la representación o supuesta representación de las víctimas”.Para estas elecciones en Colombia, Salazar espera que se elija a víctimas legítimas de cada territorio que visibilicen demandas sociales históricamente relegadas. Sin embargo, concluye que, en lo que respecta a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz: “En este momento, bajo las condiciones estructurales del país, no hay garantías suficientes para que se pueda ejercer el derecho al voto”.[/read]

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El arranque de las elecciones en Colombia

El arranque de las elecciones en Colombia

Texto de
Fotografía de
Realización de
Ilustración de
Traducción de

Este año los colombianos elegirán a sus representantes en el Congreso. Los resultados en el Poder Legislativo definirán la capacidad de gobernar del próximo presidente del país.

A poco tiempo de las elecciones en Colombia –las del Congreso serán en menos de un mes y las presidenciales, en tres meses–, el ambiente se agita: basta con levantar la cabeza para ver enormes vallas publicitarias, algunas con mensajes directamente injuriosos contra el oponente en cuestión; cada semana se programa un debate y sale una nueva encuesta; se crean alianzas mientras otros se retiran airosos de las que habían sellado; en redes sociales circulan acusaciones entre contendientes o entre sus seguidores. Hay mucho en juego.

En entrevista con Gatopardo, lo primero que dice la abogada Patricia Muñoz Yi, directora de posgrados en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana, es que las próximas elecciones en Colombia serán una oportunidad para recuperar la credibilidad de los ciudadanos, pues la desaprobación del Congreso actualmente llega al 82%. “Hay una percepción de que el Congreso no responde a las necesidades de los colombianos”, explica Muñoz Yi.

“Eso se evidenció aún más durante la pandemia, con un gobierno protagonizado por el Ejecutivo, porque el Congreso tuvo dificultades para ponerse de acuerdo en cómo legislar –si lo harían de forma virtual o no– y cuando se pusieron de acuerdo, tampoco fueron eficientes. Al entrar en pandemia, el país estaba siendo objeto de reclamos y demandas sociales que debían ser atendidos. Como se dice coloquialmente, el Congreso se agachó, dejó pasar esas problemáticas y discusiones, quizá para no comprometerse ante la opinión pública con decisiones difíciles o para apoyar al Ejecutivo y dejarle un margen de maniobra”.

Casi 39 millones de personas están habilitadas para votar en estas elecciones en Colombia. La primera fecha es el 13 de marzo, cuando se elegirán 296 legisladores para el Congreso, tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes, incluidos los integrantes de circunscripciones indígenas, afrodescendientes, raizales e internacionales. También habrá curules destinadas al partido Comunes –creado tras la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC–, a la fórmula presidente-vicepresidente que ocupe el segundo lugar en las elecciones presidenciales y, por primera vez, habrá lugares para dieciséis representantes de las víctimas del conflicto –nueve millones, según la Unidad para las Víctimas– en igual número que las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), que cobijan a 167 municipios.

Del resultado de esta primera parte de las elecciones en Colombia dependerá cuánto apoyo en el Congreso tendrá el próximo presidente o presidenta. Según la profesora Muñoz Yi, a diferencia de lo que ocurrió en el cuatrienio 2018-2022, cuando el partido de gobierno –Centro Democrático–, su aliado –Cambio Radical– y los tradicionales –el Liberal y el Conservador– ocuparon la mayoría del Congreso, hoy no hay grandes bancadas, sino partidos medianos que necesitan coaliciones para sacar adelante sus iniciativas.

“Esas mayorías de 2018 se ven amenazadas porque, por una u otra razón, hay grandes figuras que hoy no se lanzan: no están Álvaro Uribe, Antanas Mockus [exalcalde de Bogotá], Álvaro Robledo y David Barguil [ambos han sido senadores y Barguil es precandidato a la presidencia por el partido Conservador], y eso lleva a pensar en que el Congreso va a tener un proceso de reconfiguración, con nuevos grupos políticos y otros que se están fortaleciendo”. Muñoz Yi menciona el Pacto Histórico, la coalición de centroizquierda que encabeza las encuestas, liderada por el precandidato Gustavo Petro; la coalición Centro Esperanza, con personalidades que podrían sumar curules; el Partido Nuevo Liberalismo, que recién irrumpe en el panorama electoral; y otros como la Coalición MIRA-Colombia Justa Libres, de derecha cristiana.

Martha Lucía Márquez, directora del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), coincide en que estas elecciones en Colombia definirán la gobernabilidad del futuro presidente. Al teléfono, dice: “[El país] tiene dieciséis partidos y, según como queden los escaños en el Congreso, el candidato con más opción de ganar las elecciones presidenciales, que en este momento es Gustavo Petro, verá cómo funcionar. Dependerá de cuántos escaños gane la izquierda y cuántos el centro. Si ganara la derecha –que no creo–, eso haría que un presidente de centroizquierda [como Petro] tuviera problemas de gobernabilidad porque ¿cómo haría alianzas?”.

El 13 de marzo quienes acudan a las urnas podrán votar, además, en una de las tres consultas internas de Pacto Histórico, Centro Esperanza y Equipo por Colombia –esta última se compone de partidos y movimientos de derecha– para decidir quién será el candidato o candidata presidencial de cada coalición. Muñoz Yi subraya que estos resultados podrían considerarse como una primera vuelta presidencial puesto que evidenciarán la capacidad de movilización de las coaliciones. “Luego viene el posicionamiento de quienes ganen las consultas. Van a ser medidos porque habrá un número de votos”, explica. A su vez, Martha Lucía Márquez coincide en que esta votación marcará el inicio de la campaña por la presidencia, pero también por la vicepresidencia, un cargo que podría reafirmar alianzas.

[read more]***Las dos expertas comparten opinión sobre un aspecto de las elecciones en Colombia, quizá menos notorio, aunque crucial: la elección inédita de representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, conocidas como curules de paz, para los periodos legislativos 2022-2026 y 2026-2030. Decretadas el año pasado, luego de una orden de la Corte Constitucional tras una serie de dilaciones, las circunscripciones fueron establecidas en el Acuerdo de Paz como un mecanismo de participación y representación de las víctimas del conflicto en zonas donde, justamente, ha habido marginación política histórica. Son dieciséis circunscripciones repartidas en diecinueve departamentos del país.Por lo tanto, agrega Márquez, en estas elecciones también está en juego la construcción de paz. “Uno puede pensar que, si salen elegidas, las víctimas harán un control de la implementación del Acuerdo de Paz, apoyarán proyectos que ataquen las raíces estructurales de la guerra, la inequidad, la mala distribución de la tierra”. Sin embargo, Márquez recuerda el tamaño del desafío: hay 167 municipios afectados históricamente por distintos tipos de violencia. “Lo que hacía la guerrilla era no dejar que se celebraran las elecciones y que la gente no saliera a votar; los paramilitares, más bien, llevaban gente a votar. Son distintas formas de proceder y ahora se abre una oportunidad, pero resulta que ha habido un incremento de la violencia”.Dos informes recientes así lo demuestran. El primero es “Mapas y factores de riesgo electoral. Elecciones nacionales 2022”, elaborado por la Misión de Observación Electoral (MOE), y el segundo es el “Cuarto informe de violencia y dinámica electoral y riesgos en las circunscripciones de paz”, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Ambos concuerdan en que, desde el inicio de este periodo la violencia se ha incrementado.Del 13 de marzo de 2021 al 13 de febrero de este año, la Fundación Pares ha contabilizado que hay una víctima de violencia electoral cada dos días; en otros términos, ya hay un total de 163 víctimas y 124 hechos de violencia en este periodo, sin incluir ataques contra líderes y lideresas sociales que también han ocurrido en el contexto de las elecciones en Colombia. La MOE, por su parte, establece que en 131 municipios, de los más de mil que tiene el país, existe un riesgo conjunto de fraude y violencia –49 de ellos están en riesgo extremo– y en 319 hay riesgo de violencia electoral.“La violencia se ha incrementado en comparación a lo que ocurría hace cuatro años. Muchos líderes y lideresas sociales, candidatos a las curules de paz, están expuestos. El aumento de la violencia contra líderes políticos es del 92% y contra líderes sociales, del 134%”, dice Mauricio Vela, coordinador de la MOE e investigador del informe. Puntualiza que en casi la mitad de los 131 municipios que tienen riesgo de fraude y violencia electoral hay circunscripciones de paz. “Estamos hablando de sitios donde está la mayor parte de grupos armados ilegales y donde cometen las mayores acciones violentas”.En lo que va de 2022, la Fundación Pares destaca: un incendio en la casa del alcalde de El Charco (en Nariño); un atentado contra el gobernador del departamento de Caquetá; dos contra diputados del departamento de Chocó; y un explosivo en la sede del partido Comunes en Bogotá. El informe establece que han ocurrido hechos de violencia en 27 de los 32 departamentos del país, también en Bogotá, donde se registran veinte víctimas. En el 70% de los casos, que incluyen desde amenazas hasta homicidios y cuyas principales víctimas son funcionarios de elección popular, se desconoce el perpetrador debido, en parte, al reacomodo del orden criminal tras la salida de las FARC de los territorios. El informe señala además que la violencia es hoy un mecanismo más de la competencia en las elecciones en Colombia, que ésta se recrudece conforme se acerca el día de la votación y que “los hechos victimizantes han sido de forma indiscriminada, contra todos los sectores políticos”.En cuanto a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, el informe advierte: “A la presencia de estructuras armadas ilegales y economías ilegales se suma la cooptación de la política electoral por parte de clanes políticos que han buscado hacerse con las curules de las víctimas en el Congreso a través de las fallas de la Registraduría y la ausencia histórica del Estado”.“La génesis de esto fue una oposición férrea al Acuerdo de Paz por parte del Centro Democrático [el partido que está en el gobierno], los clanes políticos, Cambio Radical, los conservadores, en algunos escenarios el Partido Liberal y los partidos cristianos”, dice a Gatopardo Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación. “Torpedearon la regulación de las circunscripciones de paz que tienen que ser para las víctimas. Su aprobación llegó de forma tardía, cinco meses antes de las elecciones, sin seguridad jurídica, pedagogía electoral o medidas de protección y con fallas estructurales que la Registraduría no ha resuelto”.Como menciona el informe, en las circunscripciones de paz confluyen tres factores de riesgo: presencia de estructuras armadas ilegales, dinámicas de economías ilegales y cooptación democrática por parte de clanes políticos. Al respecto del primero, Esteban Salazar comenta: “En las Citrep, las [estructuras armadas ilegales] que mayormente vemos son disidencias de las FARC, en noventa municipios, seguidas del Clan del Golfo, en 73, y después el ELN. El fracaso de la política de seguridad del actual gobierno lleva a que, en departamentos como Arauca, Norte de Santander, bajo Cauca, sur de Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca una víctima se enfrente a no poder hacer proselitismo ni actividad política. Es una barrera compleja porque, así el actor armado no se pronuncie, el hecho de que esté poniendo artefactos explosivos y de que haya enfrentamientos con la fuerza pública no da ninguna garantía para una campaña”.Sobre las economías ilegales, Salazar afirma que muchas de las organizaciones de víctimas han emprendido procesos de sustitución de cultivos ilícitos para salir de esos escenarios y, sin embargo, al estar en las zonas, deben enfrentarse a dinámicas de control de las rutas y los espacios por parte de grupos narcotraficantes.Finalmente, en lo que tiene que ver con el tercer factor agrega: “En los 167 municipios hay, por lo menos, 35 clanes políticos que tendrían algún interés por cooptar espacios. Como esos clanes tienen problemas para su supervivencia en el Congreso, hacen uso de mecanismos de competencia electoral para permanecer y empiezan a buscar en las circunscripciones de paz donde hacer campaña es más barato y necesitan menos votos que a nivel departamental. De esa forma pueden garantizar una curul desde la representación o supuesta representación de las víctimas”.Para estas elecciones en Colombia, Salazar espera que se elija a víctimas legítimas de cada territorio que visibilicen demandas sociales históricamente relegadas. Sin embargo, concluye que, en lo que respecta a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz: “En este momento, bajo las condiciones estructurales del país, no hay garantías suficientes para que se pueda ejercer el derecho al voto”.[/read]

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Este año los colombianos elegirán a sus representantes en el Congreso. Los resultados en el Poder Legislativo definirán la capacidad de gobernar del próximo presidente del país.

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A poco tiempo de las elecciones en Colombia –las del Congreso serán en menos de un mes y las presidenciales, en tres meses–, el ambiente se agita: basta con levantar la cabeza para ver enormes vallas publicitarias, algunas con mensajes directamente injuriosos contra el oponente en cuestión; cada semana se programa un debate y sale una nueva encuesta; se crean alianzas mientras otros se retiran airosos de las que habían sellado; en redes sociales circulan acusaciones entre contendientes o entre sus seguidores. Hay mucho en juego.

En entrevista con Gatopardo, lo primero que dice la abogada Patricia Muñoz Yi, directora de posgrados en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana, es que las próximas elecciones en Colombia serán una oportunidad para recuperar la credibilidad de los ciudadanos, pues la desaprobación del Congreso actualmente llega al 82%. “Hay una percepción de que el Congreso no responde a las necesidades de los colombianos”, explica Muñoz Yi.

“Eso se evidenció aún más durante la pandemia, con un gobierno protagonizado por el Ejecutivo, porque el Congreso tuvo dificultades para ponerse de acuerdo en cómo legislar –si lo harían de forma virtual o no– y cuando se pusieron de acuerdo, tampoco fueron eficientes. Al entrar en pandemia, el país estaba siendo objeto de reclamos y demandas sociales que debían ser atendidos. Como se dice coloquialmente, el Congreso se agachó, dejó pasar esas problemáticas y discusiones, quizá para no comprometerse ante la opinión pública con decisiones difíciles o para apoyar al Ejecutivo y dejarle un margen de maniobra”.

Casi 39 millones de personas están habilitadas para votar en estas elecciones en Colombia. La primera fecha es el 13 de marzo, cuando se elegirán 296 legisladores para el Congreso, tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes, incluidos los integrantes de circunscripciones indígenas, afrodescendientes, raizales e internacionales. También habrá curules destinadas al partido Comunes –creado tras la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC–, a la fórmula presidente-vicepresidente que ocupe el segundo lugar en las elecciones presidenciales y, por primera vez, habrá lugares para dieciséis representantes de las víctimas del conflicto –nueve millones, según la Unidad para las Víctimas– en igual número que las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), que cobijan a 167 municipios.

Del resultado de esta primera parte de las elecciones en Colombia dependerá cuánto apoyo en el Congreso tendrá el próximo presidente o presidenta. Según la profesora Muñoz Yi, a diferencia de lo que ocurrió en el cuatrienio 2018-2022, cuando el partido de gobierno –Centro Democrático–, su aliado –Cambio Radical– y los tradicionales –el Liberal y el Conservador– ocuparon la mayoría del Congreso, hoy no hay grandes bancadas, sino partidos medianos que necesitan coaliciones para sacar adelante sus iniciativas.

“Esas mayorías de 2018 se ven amenazadas porque, por una u otra razón, hay grandes figuras que hoy no se lanzan: no están Álvaro Uribe, Antanas Mockus [exalcalde de Bogotá], Álvaro Robledo y David Barguil [ambos han sido senadores y Barguil es precandidato a la presidencia por el partido Conservador], y eso lleva a pensar en que el Congreso va a tener un proceso de reconfiguración, con nuevos grupos políticos y otros que se están fortaleciendo”. Muñoz Yi menciona el Pacto Histórico, la coalición de centroizquierda que encabeza las encuestas, liderada por el precandidato Gustavo Petro; la coalición Centro Esperanza, con personalidades que podrían sumar curules; el Partido Nuevo Liberalismo, que recién irrumpe en el panorama electoral; y otros como la Coalición MIRA-Colombia Justa Libres, de derecha cristiana.

Martha Lucía Márquez, directora del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), coincide en que estas elecciones en Colombia definirán la gobernabilidad del futuro presidente. Al teléfono, dice: “[El país] tiene dieciséis partidos y, según como queden los escaños en el Congreso, el candidato con más opción de ganar las elecciones presidenciales, que en este momento es Gustavo Petro, verá cómo funcionar. Dependerá de cuántos escaños gane la izquierda y cuántos el centro. Si ganara la derecha –que no creo–, eso haría que un presidente de centroizquierda [como Petro] tuviera problemas de gobernabilidad porque ¿cómo haría alianzas?”.

El 13 de marzo quienes acudan a las urnas podrán votar, además, en una de las tres consultas internas de Pacto Histórico, Centro Esperanza y Equipo por Colombia –esta última se compone de partidos y movimientos de derecha– para decidir quién será el candidato o candidata presidencial de cada coalición. Muñoz Yi subraya que estos resultados podrían considerarse como una primera vuelta presidencial puesto que evidenciarán la capacidad de movilización de las coaliciones. “Luego viene el posicionamiento de quienes ganen las consultas. Van a ser medidos porque habrá un número de votos”, explica. A su vez, Martha Lucía Márquez coincide en que esta votación marcará el inicio de la campaña por la presidencia, pero también por la vicepresidencia, un cargo que podría reafirmar alianzas.

[read more]***Las dos expertas comparten opinión sobre un aspecto de las elecciones en Colombia, quizá menos notorio, aunque crucial: la elección inédita de representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, conocidas como curules de paz, para los periodos legislativos 2022-2026 y 2026-2030. Decretadas el año pasado, luego de una orden de la Corte Constitucional tras una serie de dilaciones, las circunscripciones fueron establecidas en el Acuerdo de Paz como un mecanismo de participación y representación de las víctimas del conflicto en zonas donde, justamente, ha habido marginación política histórica. Son dieciséis circunscripciones repartidas en diecinueve departamentos del país.Por lo tanto, agrega Márquez, en estas elecciones también está en juego la construcción de paz. “Uno puede pensar que, si salen elegidas, las víctimas harán un control de la implementación del Acuerdo de Paz, apoyarán proyectos que ataquen las raíces estructurales de la guerra, la inequidad, la mala distribución de la tierra”. Sin embargo, Márquez recuerda el tamaño del desafío: hay 167 municipios afectados históricamente por distintos tipos de violencia. “Lo que hacía la guerrilla era no dejar que se celebraran las elecciones y que la gente no saliera a votar; los paramilitares, más bien, llevaban gente a votar. Son distintas formas de proceder y ahora se abre una oportunidad, pero resulta que ha habido un incremento de la violencia”.Dos informes recientes así lo demuestran. El primero es “Mapas y factores de riesgo electoral. Elecciones nacionales 2022”, elaborado por la Misión de Observación Electoral (MOE), y el segundo es el “Cuarto informe de violencia y dinámica electoral y riesgos en las circunscripciones de paz”, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Ambos concuerdan en que, desde el inicio de este periodo la violencia se ha incrementado.Del 13 de marzo de 2021 al 13 de febrero de este año, la Fundación Pares ha contabilizado que hay una víctima de violencia electoral cada dos días; en otros términos, ya hay un total de 163 víctimas y 124 hechos de violencia en este periodo, sin incluir ataques contra líderes y lideresas sociales que también han ocurrido en el contexto de las elecciones en Colombia. La MOE, por su parte, establece que en 131 municipios, de los más de mil que tiene el país, existe un riesgo conjunto de fraude y violencia –49 de ellos están en riesgo extremo– y en 319 hay riesgo de violencia electoral.“La violencia se ha incrementado en comparación a lo que ocurría hace cuatro años. Muchos líderes y lideresas sociales, candidatos a las curules de paz, están expuestos. El aumento de la violencia contra líderes políticos es del 92% y contra líderes sociales, del 134%”, dice Mauricio Vela, coordinador de la MOE e investigador del informe. Puntualiza que en casi la mitad de los 131 municipios que tienen riesgo de fraude y violencia electoral hay circunscripciones de paz. “Estamos hablando de sitios donde está la mayor parte de grupos armados ilegales y donde cometen las mayores acciones violentas”.En lo que va de 2022, la Fundación Pares destaca: un incendio en la casa del alcalde de El Charco (en Nariño); un atentado contra el gobernador del departamento de Caquetá; dos contra diputados del departamento de Chocó; y un explosivo en la sede del partido Comunes en Bogotá. El informe establece que han ocurrido hechos de violencia en 27 de los 32 departamentos del país, también en Bogotá, donde se registran veinte víctimas. En el 70% de los casos, que incluyen desde amenazas hasta homicidios y cuyas principales víctimas son funcionarios de elección popular, se desconoce el perpetrador debido, en parte, al reacomodo del orden criminal tras la salida de las FARC de los territorios. El informe señala además que la violencia es hoy un mecanismo más de la competencia en las elecciones en Colombia, que ésta se recrudece conforme se acerca el día de la votación y que “los hechos victimizantes han sido de forma indiscriminada, contra todos los sectores políticos”.En cuanto a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, el informe advierte: “A la presencia de estructuras armadas ilegales y economías ilegales se suma la cooptación de la política electoral por parte de clanes políticos que han buscado hacerse con las curules de las víctimas en el Congreso a través de las fallas de la Registraduría y la ausencia histórica del Estado”.“La génesis de esto fue una oposición férrea al Acuerdo de Paz por parte del Centro Democrático [el partido que está en el gobierno], los clanes políticos, Cambio Radical, los conservadores, en algunos escenarios el Partido Liberal y los partidos cristianos”, dice a Gatopardo Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación. “Torpedearon la regulación de las circunscripciones de paz que tienen que ser para las víctimas. Su aprobación llegó de forma tardía, cinco meses antes de las elecciones, sin seguridad jurídica, pedagogía electoral o medidas de protección y con fallas estructurales que la Registraduría no ha resuelto”.Como menciona el informe, en las circunscripciones de paz confluyen tres factores de riesgo: presencia de estructuras armadas ilegales, dinámicas de economías ilegales y cooptación democrática por parte de clanes políticos. Al respecto del primero, Esteban Salazar comenta: “En las Citrep, las [estructuras armadas ilegales] que mayormente vemos son disidencias de las FARC, en noventa municipios, seguidas del Clan del Golfo, en 73, y después el ELN. El fracaso de la política de seguridad del actual gobierno lleva a que, en departamentos como Arauca, Norte de Santander, bajo Cauca, sur de Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca una víctima se enfrente a no poder hacer proselitismo ni actividad política. Es una barrera compleja porque, así el actor armado no se pronuncie, el hecho de que esté poniendo artefactos explosivos y de que haya enfrentamientos con la fuerza pública no da ninguna garantía para una campaña”.Sobre las economías ilegales, Salazar afirma que muchas de las organizaciones de víctimas han emprendido procesos de sustitución de cultivos ilícitos para salir de esos escenarios y, sin embargo, al estar en las zonas, deben enfrentarse a dinámicas de control de las rutas y los espacios por parte de grupos narcotraficantes.Finalmente, en lo que tiene que ver con el tercer factor agrega: “En los 167 municipios hay, por lo menos, 35 clanes políticos que tendrían algún interés por cooptar espacios. Como esos clanes tienen problemas para su supervivencia en el Congreso, hacen uso de mecanismos de competencia electoral para permanecer y empiezan a buscar en las circunscripciones de paz donde hacer campaña es más barato y necesitan menos votos que a nivel departamental. De esa forma pueden garantizar una curul desde la representación o supuesta representación de las víctimas”.Para estas elecciones en Colombia, Salazar espera que se elija a víctimas legítimas de cada territorio que visibilicen demandas sociales históricamente relegadas. Sin embargo, concluye que, en lo que respecta a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz: “En este momento, bajo las condiciones estructurales del país, no hay garantías suficientes para que se pueda ejercer el derecho al voto”.[/read]

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Este año los colombianos elegirán a sus representantes en el Congreso. Los resultados en el Poder Legislativo definirán la capacidad de gobernar del próximo presidente del país.

A poco tiempo de las elecciones en Colombia –las del Congreso serán en menos de un mes y las presidenciales, en tres meses–, el ambiente se agita: basta con levantar la cabeza para ver enormes vallas publicitarias, algunas con mensajes directamente injuriosos contra el oponente en cuestión; cada semana se programa un debate y sale una nueva encuesta; se crean alianzas mientras otros se retiran airosos de las que habían sellado; en redes sociales circulan acusaciones entre contendientes o entre sus seguidores. Hay mucho en juego.

En entrevista con Gatopardo, lo primero que dice la abogada Patricia Muñoz Yi, directora de posgrados en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana, es que las próximas elecciones en Colombia serán una oportunidad para recuperar la credibilidad de los ciudadanos, pues la desaprobación del Congreso actualmente llega al 82%. “Hay una percepción de que el Congreso no responde a las necesidades de los colombianos”, explica Muñoz Yi.

“Eso se evidenció aún más durante la pandemia, con un gobierno protagonizado por el Ejecutivo, porque el Congreso tuvo dificultades para ponerse de acuerdo en cómo legislar –si lo harían de forma virtual o no– y cuando se pusieron de acuerdo, tampoco fueron eficientes. Al entrar en pandemia, el país estaba siendo objeto de reclamos y demandas sociales que debían ser atendidos. Como se dice coloquialmente, el Congreso se agachó, dejó pasar esas problemáticas y discusiones, quizá para no comprometerse ante la opinión pública con decisiones difíciles o para apoyar al Ejecutivo y dejarle un margen de maniobra”.

Casi 39 millones de personas están habilitadas para votar en estas elecciones en Colombia. La primera fecha es el 13 de marzo, cuando se elegirán 296 legisladores para el Congreso, tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes, incluidos los integrantes de circunscripciones indígenas, afrodescendientes, raizales e internacionales. También habrá curules destinadas al partido Comunes –creado tras la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC–, a la fórmula presidente-vicepresidente que ocupe el segundo lugar en las elecciones presidenciales y, por primera vez, habrá lugares para dieciséis representantes de las víctimas del conflicto –nueve millones, según la Unidad para las Víctimas– en igual número que las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), que cobijan a 167 municipios.

Del resultado de esta primera parte de las elecciones en Colombia dependerá cuánto apoyo en el Congreso tendrá el próximo presidente o presidenta. Según la profesora Muñoz Yi, a diferencia de lo que ocurrió en el cuatrienio 2018-2022, cuando el partido de gobierno –Centro Democrático–, su aliado –Cambio Radical– y los tradicionales –el Liberal y el Conservador– ocuparon la mayoría del Congreso, hoy no hay grandes bancadas, sino partidos medianos que necesitan coaliciones para sacar adelante sus iniciativas.

“Esas mayorías de 2018 se ven amenazadas porque, por una u otra razón, hay grandes figuras que hoy no se lanzan: no están Álvaro Uribe, Antanas Mockus [exalcalde de Bogotá], Álvaro Robledo y David Barguil [ambos han sido senadores y Barguil es precandidato a la presidencia por el partido Conservador], y eso lleva a pensar en que el Congreso va a tener un proceso de reconfiguración, con nuevos grupos políticos y otros que se están fortaleciendo”. Muñoz Yi menciona el Pacto Histórico, la coalición de centroizquierda que encabeza las encuestas, liderada por el precandidato Gustavo Petro; la coalición Centro Esperanza, con personalidades que podrían sumar curules; el Partido Nuevo Liberalismo, que recién irrumpe en el panorama electoral; y otros como la Coalición MIRA-Colombia Justa Libres, de derecha cristiana.

Martha Lucía Márquez, directora del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), coincide en que estas elecciones en Colombia definirán la gobernabilidad del futuro presidente. Al teléfono, dice: “[El país] tiene dieciséis partidos y, según como queden los escaños en el Congreso, el candidato con más opción de ganar las elecciones presidenciales, que en este momento es Gustavo Petro, verá cómo funcionar. Dependerá de cuántos escaños gane la izquierda y cuántos el centro. Si ganara la derecha –que no creo–, eso haría que un presidente de centroizquierda [como Petro] tuviera problemas de gobernabilidad porque ¿cómo haría alianzas?”.

El 13 de marzo quienes acudan a las urnas podrán votar, además, en una de las tres consultas internas de Pacto Histórico, Centro Esperanza y Equipo por Colombia –esta última se compone de partidos y movimientos de derecha– para decidir quién será el candidato o candidata presidencial de cada coalición. Muñoz Yi subraya que estos resultados podrían considerarse como una primera vuelta presidencial puesto que evidenciarán la capacidad de movilización de las coaliciones. “Luego viene el posicionamiento de quienes ganen las consultas. Van a ser medidos porque habrá un número de votos”, explica. A su vez, Martha Lucía Márquez coincide en que esta votación marcará el inicio de la campaña por la presidencia, pero también por la vicepresidencia, un cargo que podría reafirmar alianzas.

[read more]***Las dos expertas comparten opinión sobre un aspecto de las elecciones en Colombia, quizá menos notorio, aunque crucial: la elección inédita de representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, conocidas como curules de paz, para los periodos legislativos 2022-2026 y 2026-2030. Decretadas el año pasado, luego de una orden de la Corte Constitucional tras una serie de dilaciones, las circunscripciones fueron establecidas en el Acuerdo de Paz como un mecanismo de participación y representación de las víctimas del conflicto en zonas donde, justamente, ha habido marginación política histórica. Son dieciséis circunscripciones repartidas en diecinueve departamentos del país.Por lo tanto, agrega Márquez, en estas elecciones también está en juego la construcción de paz. “Uno puede pensar que, si salen elegidas, las víctimas harán un control de la implementación del Acuerdo de Paz, apoyarán proyectos que ataquen las raíces estructurales de la guerra, la inequidad, la mala distribución de la tierra”. Sin embargo, Márquez recuerda el tamaño del desafío: hay 167 municipios afectados históricamente por distintos tipos de violencia. “Lo que hacía la guerrilla era no dejar que se celebraran las elecciones y que la gente no saliera a votar; los paramilitares, más bien, llevaban gente a votar. Son distintas formas de proceder y ahora se abre una oportunidad, pero resulta que ha habido un incremento de la violencia”.Dos informes recientes así lo demuestran. El primero es “Mapas y factores de riesgo electoral. Elecciones nacionales 2022”, elaborado por la Misión de Observación Electoral (MOE), y el segundo es el “Cuarto informe de violencia y dinámica electoral y riesgos en las circunscripciones de paz”, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Ambos concuerdan en que, desde el inicio de este periodo la violencia se ha incrementado.Del 13 de marzo de 2021 al 13 de febrero de este año, la Fundación Pares ha contabilizado que hay una víctima de violencia electoral cada dos días; en otros términos, ya hay un total de 163 víctimas y 124 hechos de violencia en este periodo, sin incluir ataques contra líderes y lideresas sociales que también han ocurrido en el contexto de las elecciones en Colombia. La MOE, por su parte, establece que en 131 municipios, de los más de mil que tiene el país, existe un riesgo conjunto de fraude y violencia –49 de ellos están en riesgo extremo– y en 319 hay riesgo de violencia electoral.“La violencia se ha incrementado en comparación a lo que ocurría hace cuatro años. Muchos líderes y lideresas sociales, candidatos a las curules de paz, están expuestos. El aumento de la violencia contra líderes políticos es del 92% y contra líderes sociales, del 134%”, dice Mauricio Vela, coordinador de la MOE e investigador del informe. Puntualiza que en casi la mitad de los 131 municipios que tienen riesgo de fraude y violencia electoral hay circunscripciones de paz. “Estamos hablando de sitios donde está la mayor parte de grupos armados ilegales y donde cometen las mayores acciones violentas”.En lo que va de 2022, la Fundación Pares destaca: un incendio en la casa del alcalde de El Charco (en Nariño); un atentado contra el gobernador del departamento de Caquetá; dos contra diputados del departamento de Chocó; y un explosivo en la sede del partido Comunes en Bogotá. El informe establece que han ocurrido hechos de violencia en 27 de los 32 departamentos del país, también en Bogotá, donde se registran veinte víctimas. En el 70% de los casos, que incluyen desde amenazas hasta homicidios y cuyas principales víctimas son funcionarios de elección popular, se desconoce el perpetrador debido, en parte, al reacomodo del orden criminal tras la salida de las FARC de los territorios. El informe señala además que la violencia es hoy un mecanismo más de la competencia en las elecciones en Colombia, que ésta se recrudece conforme se acerca el día de la votación y que “los hechos victimizantes han sido de forma indiscriminada, contra todos los sectores políticos”.En cuanto a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, el informe advierte: “A la presencia de estructuras armadas ilegales y economías ilegales se suma la cooptación de la política electoral por parte de clanes políticos que han buscado hacerse con las curules de las víctimas en el Congreso a través de las fallas de la Registraduría y la ausencia histórica del Estado”.“La génesis de esto fue una oposición férrea al Acuerdo de Paz por parte del Centro Democrático [el partido que está en el gobierno], los clanes políticos, Cambio Radical, los conservadores, en algunos escenarios el Partido Liberal y los partidos cristianos”, dice a Gatopardo Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación. “Torpedearon la regulación de las circunscripciones de paz que tienen que ser para las víctimas. Su aprobación llegó de forma tardía, cinco meses antes de las elecciones, sin seguridad jurídica, pedagogía electoral o medidas de protección y con fallas estructurales que la Registraduría no ha resuelto”.Como menciona el informe, en las circunscripciones de paz confluyen tres factores de riesgo: presencia de estructuras armadas ilegales, dinámicas de economías ilegales y cooptación democrática por parte de clanes políticos. Al respecto del primero, Esteban Salazar comenta: “En las Citrep, las [estructuras armadas ilegales] que mayormente vemos son disidencias de las FARC, en noventa municipios, seguidas del Clan del Golfo, en 73, y después el ELN. El fracaso de la política de seguridad del actual gobierno lleva a que, en departamentos como Arauca, Norte de Santander, bajo Cauca, sur de Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca una víctima se enfrente a no poder hacer proselitismo ni actividad política. Es una barrera compleja porque, así el actor armado no se pronuncie, el hecho de que esté poniendo artefactos explosivos y de que haya enfrentamientos con la fuerza pública no da ninguna garantía para una campaña”.Sobre las economías ilegales, Salazar afirma que muchas de las organizaciones de víctimas han emprendido procesos de sustitución de cultivos ilícitos para salir de esos escenarios y, sin embargo, al estar en las zonas, deben enfrentarse a dinámicas de control de las rutas y los espacios por parte de grupos narcotraficantes.Finalmente, en lo que tiene que ver con el tercer factor agrega: “En los 167 municipios hay, por lo menos, 35 clanes políticos que tendrían algún interés por cooptar espacios. Como esos clanes tienen problemas para su supervivencia en el Congreso, hacen uso de mecanismos de competencia electoral para permanecer y empiezan a buscar en las circunscripciones de paz donde hacer campaña es más barato y necesitan menos votos que a nivel departamental. De esa forma pueden garantizar una curul desde la representación o supuesta representación de las víctimas”.Para estas elecciones en Colombia, Salazar espera que se elija a víctimas legítimas de cada territorio que visibilicen demandas sociales históricamente relegadas. Sin embargo, concluye que, en lo que respecta a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz: “En este momento, bajo las condiciones estructurales del país, no hay garantías suficientes para que se pueda ejercer el derecho al voto”.[/read]

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El arranque de las elecciones en Colombia

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22
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Este año los colombianos elegirán a sus representantes en el Congreso. Los resultados en el Poder Legislativo definirán la capacidad de gobernar del próximo presidente del país.

A poco tiempo de las elecciones en Colombia –las del Congreso serán en menos de un mes y las presidenciales, en tres meses–, el ambiente se agita: basta con levantar la cabeza para ver enormes vallas publicitarias, algunas con mensajes directamente injuriosos contra el oponente en cuestión; cada semana se programa un debate y sale una nueva encuesta; se crean alianzas mientras otros se retiran airosos de las que habían sellado; en redes sociales circulan acusaciones entre contendientes o entre sus seguidores. Hay mucho en juego.

En entrevista con Gatopardo, lo primero que dice la abogada Patricia Muñoz Yi, directora de posgrados en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana, es que las próximas elecciones en Colombia serán una oportunidad para recuperar la credibilidad de los ciudadanos, pues la desaprobación del Congreso actualmente llega al 82%. “Hay una percepción de que el Congreso no responde a las necesidades de los colombianos”, explica Muñoz Yi.

“Eso se evidenció aún más durante la pandemia, con un gobierno protagonizado por el Ejecutivo, porque el Congreso tuvo dificultades para ponerse de acuerdo en cómo legislar –si lo harían de forma virtual o no– y cuando se pusieron de acuerdo, tampoco fueron eficientes. Al entrar en pandemia, el país estaba siendo objeto de reclamos y demandas sociales que debían ser atendidos. Como se dice coloquialmente, el Congreso se agachó, dejó pasar esas problemáticas y discusiones, quizá para no comprometerse ante la opinión pública con decisiones difíciles o para apoyar al Ejecutivo y dejarle un margen de maniobra”.

Casi 39 millones de personas están habilitadas para votar en estas elecciones en Colombia. La primera fecha es el 13 de marzo, cuando se elegirán 296 legisladores para el Congreso, tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes, incluidos los integrantes de circunscripciones indígenas, afrodescendientes, raizales e internacionales. También habrá curules destinadas al partido Comunes –creado tras la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC–, a la fórmula presidente-vicepresidente que ocupe el segundo lugar en las elecciones presidenciales y, por primera vez, habrá lugares para dieciséis representantes de las víctimas del conflicto –nueve millones, según la Unidad para las Víctimas– en igual número que las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), que cobijan a 167 municipios.

Del resultado de esta primera parte de las elecciones en Colombia dependerá cuánto apoyo en el Congreso tendrá el próximo presidente o presidenta. Según la profesora Muñoz Yi, a diferencia de lo que ocurrió en el cuatrienio 2018-2022, cuando el partido de gobierno –Centro Democrático–, su aliado –Cambio Radical– y los tradicionales –el Liberal y el Conservador– ocuparon la mayoría del Congreso, hoy no hay grandes bancadas, sino partidos medianos que necesitan coaliciones para sacar adelante sus iniciativas.

“Esas mayorías de 2018 se ven amenazadas porque, por una u otra razón, hay grandes figuras que hoy no se lanzan: no están Álvaro Uribe, Antanas Mockus [exalcalde de Bogotá], Álvaro Robledo y David Barguil [ambos han sido senadores y Barguil es precandidato a la presidencia por el partido Conservador], y eso lleva a pensar en que el Congreso va a tener un proceso de reconfiguración, con nuevos grupos políticos y otros que se están fortaleciendo”. Muñoz Yi menciona el Pacto Histórico, la coalición de centroizquierda que encabeza las encuestas, liderada por el precandidato Gustavo Petro; la coalición Centro Esperanza, con personalidades que podrían sumar curules; el Partido Nuevo Liberalismo, que recién irrumpe en el panorama electoral; y otros como la Coalición MIRA-Colombia Justa Libres, de derecha cristiana.

Martha Lucía Márquez, directora del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), coincide en que estas elecciones en Colombia definirán la gobernabilidad del futuro presidente. Al teléfono, dice: “[El país] tiene dieciséis partidos y, según como queden los escaños en el Congreso, el candidato con más opción de ganar las elecciones presidenciales, que en este momento es Gustavo Petro, verá cómo funcionar. Dependerá de cuántos escaños gane la izquierda y cuántos el centro. Si ganara la derecha –que no creo–, eso haría que un presidente de centroizquierda [como Petro] tuviera problemas de gobernabilidad porque ¿cómo haría alianzas?”.

El 13 de marzo quienes acudan a las urnas podrán votar, además, en una de las tres consultas internas de Pacto Histórico, Centro Esperanza y Equipo por Colombia –esta última se compone de partidos y movimientos de derecha– para decidir quién será el candidato o candidata presidencial de cada coalición. Muñoz Yi subraya que estos resultados podrían considerarse como una primera vuelta presidencial puesto que evidenciarán la capacidad de movilización de las coaliciones. “Luego viene el posicionamiento de quienes ganen las consultas. Van a ser medidos porque habrá un número de votos”, explica. A su vez, Martha Lucía Márquez coincide en que esta votación marcará el inicio de la campaña por la presidencia, pero también por la vicepresidencia, un cargo que podría reafirmar alianzas.

[read more]***Las dos expertas comparten opinión sobre un aspecto de las elecciones en Colombia, quizá menos notorio, aunque crucial: la elección inédita de representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, conocidas como curules de paz, para los periodos legislativos 2022-2026 y 2026-2030. Decretadas el año pasado, luego de una orden de la Corte Constitucional tras una serie de dilaciones, las circunscripciones fueron establecidas en el Acuerdo de Paz como un mecanismo de participación y representación de las víctimas del conflicto en zonas donde, justamente, ha habido marginación política histórica. Son dieciséis circunscripciones repartidas en diecinueve departamentos del país.Por lo tanto, agrega Márquez, en estas elecciones también está en juego la construcción de paz. “Uno puede pensar que, si salen elegidas, las víctimas harán un control de la implementación del Acuerdo de Paz, apoyarán proyectos que ataquen las raíces estructurales de la guerra, la inequidad, la mala distribución de la tierra”. Sin embargo, Márquez recuerda el tamaño del desafío: hay 167 municipios afectados históricamente por distintos tipos de violencia. “Lo que hacía la guerrilla era no dejar que se celebraran las elecciones y que la gente no saliera a votar; los paramilitares, más bien, llevaban gente a votar. Son distintas formas de proceder y ahora se abre una oportunidad, pero resulta que ha habido un incremento de la violencia”.Dos informes recientes así lo demuestran. El primero es “Mapas y factores de riesgo electoral. Elecciones nacionales 2022”, elaborado por la Misión de Observación Electoral (MOE), y el segundo es el “Cuarto informe de violencia y dinámica electoral y riesgos en las circunscripciones de paz”, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Ambos concuerdan en que, desde el inicio de este periodo la violencia se ha incrementado.Del 13 de marzo de 2021 al 13 de febrero de este año, la Fundación Pares ha contabilizado que hay una víctima de violencia electoral cada dos días; en otros términos, ya hay un total de 163 víctimas y 124 hechos de violencia en este periodo, sin incluir ataques contra líderes y lideresas sociales que también han ocurrido en el contexto de las elecciones en Colombia. La MOE, por su parte, establece que en 131 municipios, de los más de mil que tiene el país, existe un riesgo conjunto de fraude y violencia –49 de ellos están en riesgo extremo– y en 319 hay riesgo de violencia electoral.“La violencia se ha incrementado en comparación a lo que ocurría hace cuatro años. Muchos líderes y lideresas sociales, candidatos a las curules de paz, están expuestos. El aumento de la violencia contra líderes políticos es del 92% y contra líderes sociales, del 134%”, dice Mauricio Vela, coordinador de la MOE e investigador del informe. Puntualiza que en casi la mitad de los 131 municipios que tienen riesgo de fraude y violencia electoral hay circunscripciones de paz. “Estamos hablando de sitios donde está la mayor parte de grupos armados ilegales y donde cometen las mayores acciones violentas”.En lo que va de 2022, la Fundación Pares destaca: un incendio en la casa del alcalde de El Charco (en Nariño); un atentado contra el gobernador del departamento de Caquetá; dos contra diputados del departamento de Chocó; y un explosivo en la sede del partido Comunes en Bogotá. El informe establece que han ocurrido hechos de violencia en 27 de los 32 departamentos del país, también en Bogotá, donde se registran veinte víctimas. En el 70% de los casos, que incluyen desde amenazas hasta homicidios y cuyas principales víctimas son funcionarios de elección popular, se desconoce el perpetrador debido, en parte, al reacomodo del orden criminal tras la salida de las FARC de los territorios. El informe señala además que la violencia es hoy un mecanismo más de la competencia en las elecciones en Colombia, que ésta se recrudece conforme se acerca el día de la votación y que “los hechos victimizantes han sido de forma indiscriminada, contra todos los sectores políticos”.En cuanto a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, el informe advierte: “A la presencia de estructuras armadas ilegales y economías ilegales se suma la cooptación de la política electoral por parte de clanes políticos que han buscado hacerse con las curules de las víctimas en el Congreso a través de las fallas de la Registraduría y la ausencia histórica del Estado”.“La génesis de esto fue una oposición férrea al Acuerdo de Paz por parte del Centro Democrático [el partido que está en el gobierno], los clanes políticos, Cambio Radical, los conservadores, en algunos escenarios el Partido Liberal y los partidos cristianos”, dice a Gatopardo Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación. “Torpedearon la regulación de las circunscripciones de paz que tienen que ser para las víctimas. Su aprobación llegó de forma tardía, cinco meses antes de las elecciones, sin seguridad jurídica, pedagogía electoral o medidas de protección y con fallas estructurales que la Registraduría no ha resuelto”.Como menciona el informe, en las circunscripciones de paz confluyen tres factores de riesgo: presencia de estructuras armadas ilegales, dinámicas de economías ilegales y cooptación democrática por parte de clanes políticos. Al respecto del primero, Esteban Salazar comenta: “En las Citrep, las [estructuras armadas ilegales] que mayormente vemos son disidencias de las FARC, en noventa municipios, seguidas del Clan del Golfo, en 73, y después el ELN. El fracaso de la política de seguridad del actual gobierno lleva a que, en departamentos como Arauca, Norte de Santander, bajo Cauca, sur de Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca una víctima se enfrente a no poder hacer proselitismo ni actividad política. Es una barrera compleja porque, así el actor armado no se pronuncie, el hecho de que esté poniendo artefactos explosivos y de que haya enfrentamientos con la fuerza pública no da ninguna garantía para una campaña”.Sobre las economías ilegales, Salazar afirma que muchas de las organizaciones de víctimas han emprendido procesos de sustitución de cultivos ilícitos para salir de esos escenarios y, sin embargo, al estar en las zonas, deben enfrentarse a dinámicas de control de las rutas y los espacios por parte de grupos narcotraficantes.Finalmente, en lo que tiene que ver con el tercer factor agrega: “En los 167 municipios hay, por lo menos, 35 clanes políticos que tendrían algún interés por cooptar espacios. Como esos clanes tienen problemas para su supervivencia en el Congreso, hacen uso de mecanismos de competencia electoral para permanecer y empiezan a buscar en las circunscripciones de paz donde hacer campaña es más barato y necesitan menos votos que a nivel departamental. De esa forma pueden garantizar una curul desde la representación o supuesta representación de las víctimas”.Para estas elecciones en Colombia, Salazar espera que se elija a víctimas legítimas de cada territorio que visibilicen demandas sociales históricamente relegadas. Sin embargo, concluye que, en lo que respecta a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz: “En este momento, bajo las condiciones estructurales del país, no hay garantías suficientes para que se pueda ejercer el derecho al voto”.[/read]

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Tiempo de Lectura: 00 min

Este año los colombianos elegirán a sus representantes en el Congreso. Los resultados en el Poder Legislativo definirán la capacidad de gobernar del próximo presidente del país.

A poco tiempo de las elecciones en Colombia –las del Congreso serán en menos de un mes y las presidenciales, en tres meses–, el ambiente se agita: basta con levantar la cabeza para ver enormes vallas publicitarias, algunas con mensajes directamente injuriosos contra el oponente en cuestión; cada semana se programa un debate y sale una nueva encuesta; se crean alianzas mientras otros se retiran airosos de las que habían sellado; en redes sociales circulan acusaciones entre contendientes o entre sus seguidores. Hay mucho en juego.

En entrevista con Gatopardo, lo primero que dice la abogada Patricia Muñoz Yi, directora de posgrados en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana, es que las próximas elecciones en Colombia serán una oportunidad para recuperar la credibilidad de los ciudadanos, pues la desaprobación del Congreso actualmente llega al 82%. “Hay una percepción de que el Congreso no responde a las necesidades de los colombianos”, explica Muñoz Yi.

“Eso se evidenció aún más durante la pandemia, con un gobierno protagonizado por el Ejecutivo, porque el Congreso tuvo dificultades para ponerse de acuerdo en cómo legislar –si lo harían de forma virtual o no– y cuando se pusieron de acuerdo, tampoco fueron eficientes. Al entrar en pandemia, el país estaba siendo objeto de reclamos y demandas sociales que debían ser atendidos. Como se dice coloquialmente, el Congreso se agachó, dejó pasar esas problemáticas y discusiones, quizá para no comprometerse ante la opinión pública con decisiones difíciles o para apoyar al Ejecutivo y dejarle un margen de maniobra”.

Casi 39 millones de personas están habilitadas para votar en estas elecciones en Colombia. La primera fecha es el 13 de marzo, cuando se elegirán 296 legisladores para el Congreso, tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes, incluidos los integrantes de circunscripciones indígenas, afrodescendientes, raizales e internacionales. También habrá curules destinadas al partido Comunes –creado tras la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC–, a la fórmula presidente-vicepresidente que ocupe el segundo lugar en las elecciones presidenciales y, por primera vez, habrá lugares para dieciséis representantes de las víctimas del conflicto –nueve millones, según la Unidad para las Víctimas– en igual número que las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), que cobijan a 167 municipios.

Del resultado de esta primera parte de las elecciones en Colombia dependerá cuánto apoyo en el Congreso tendrá el próximo presidente o presidenta. Según la profesora Muñoz Yi, a diferencia de lo que ocurrió en el cuatrienio 2018-2022, cuando el partido de gobierno –Centro Democrático–, su aliado –Cambio Radical– y los tradicionales –el Liberal y el Conservador– ocuparon la mayoría del Congreso, hoy no hay grandes bancadas, sino partidos medianos que necesitan coaliciones para sacar adelante sus iniciativas.

“Esas mayorías de 2018 se ven amenazadas porque, por una u otra razón, hay grandes figuras que hoy no se lanzan: no están Álvaro Uribe, Antanas Mockus [exalcalde de Bogotá], Álvaro Robledo y David Barguil [ambos han sido senadores y Barguil es precandidato a la presidencia por el partido Conservador], y eso lleva a pensar en que el Congreso va a tener un proceso de reconfiguración, con nuevos grupos políticos y otros que se están fortaleciendo”. Muñoz Yi menciona el Pacto Histórico, la coalición de centroizquierda que encabeza las encuestas, liderada por el precandidato Gustavo Petro; la coalición Centro Esperanza, con personalidades que podrían sumar curules; el Partido Nuevo Liberalismo, que recién irrumpe en el panorama electoral; y otros como la Coalición MIRA-Colombia Justa Libres, de derecha cristiana.

Martha Lucía Márquez, directora del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), coincide en que estas elecciones en Colombia definirán la gobernabilidad del futuro presidente. Al teléfono, dice: “[El país] tiene dieciséis partidos y, según como queden los escaños en el Congreso, el candidato con más opción de ganar las elecciones presidenciales, que en este momento es Gustavo Petro, verá cómo funcionar. Dependerá de cuántos escaños gane la izquierda y cuántos el centro. Si ganara la derecha –que no creo–, eso haría que un presidente de centroizquierda [como Petro] tuviera problemas de gobernabilidad porque ¿cómo haría alianzas?”.

El 13 de marzo quienes acudan a las urnas podrán votar, además, en una de las tres consultas internas de Pacto Histórico, Centro Esperanza y Equipo por Colombia –esta última se compone de partidos y movimientos de derecha– para decidir quién será el candidato o candidata presidencial de cada coalición. Muñoz Yi subraya que estos resultados podrían considerarse como una primera vuelta presidencial puesto que evidenciarán la capacidad de movilización de las coaliciones. “Luego viene el posicionamiento de quienes ganen las consultas. Van a ser medidos porque habrá un número de votos”, explica. A su vez, Martha Lucía Márquez coincide en que esta votación marcará el inicio de la campaña por la presidencia, pero también por la vicepresidencia, un cargo que podría reafirmar alianzas.

[read more]***Las dos expertas comparten opinión sobre un aspecto de las elecciones en Colombia, quizá menos notorio, aunque crucial: la elección inédita de representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, conocidas como curules de paz, para los periodos legislativos 2022-2026 y 2026-2030. Decretadas el año pasado, luego de una orden de la Corte Constitucional tras una serie de dilaciones, las circunscripciones fueron establecidas en el Acuerdo de Paz como un mecanismo de participación y representación de las víctimas del conflicto en zonas donde, justamente, ha habido marginación política histórica. Son dieciséis circunscripciones repartidas en diecinueve departamentos del país.Por lo tanto, agrega Márquez, en estas elecciones también está en juego la construcción de paz. “Uno puede pensar que, si salen elegidas, las víctimas harán un control de la implementación del Acuerdo de Paz, apoyarán proyectos que ataquen las raíces estructurales de la guerra, la inequidad, la mala distribución de la tierra”. Sin embargo, Márquez recuerda el tamaño del desafío: hay 167 municipios afectados históricamente por distintos tipos de violencia. “Lo que hacía la guerrilla era no dejar que se celebraran las elecciones y que la gente no saliera a votar; los paramilitares, más bien, llevaban gente a votar. Son distintas formas de proceder y ahora se abre una oportunidad, pero resulta que ha habido un incremento de la violencia”.Dos informes recientes así lo demuestran. El primero es “Mapas y factores de riesgo electoral. Elecciones nacionales 2022”, elaborado por la Misión de Observación Electoral (MOE), y el segundo es el “Cuarto informe de violencia y dinámica electoral y riesgos en las circunscripciones de paz”, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Ambos concuerdan en que, desde el inicio de este periodo la violencia se ha incrementado.Del 13 de marzo de 2021 al 13 de febrero de este año, la Fundación Pares ha contabilizado que hay una víctima de violencia electoral cada dos días; en otros términos, ya hay un total de 163 víctimas y 124 hechos de violencia en este periodo, sin incluir ataques contra líderes y lideresas sociales que también han ocurrido en el contexto de las elecciones en Colombia. La MOE, por su parte, establece que en 131 municipios, de los más de mil que tiene el país, existe un riesgo conjunto de fraude y violencia –49 de ellos están en riesgo extremo– y en 319 hay riesgo de violencia electoral.“La violencia se ha incrementado en comparación a lo que ocurría hace cuatro años. Muchos líderes y lideresas sociales, candidatos a las curules de paz, están expuestos. El aumento de la violencia contra líderes políticos es del 92% y contra líderes sociales, del 134%”, dice Mauricio Vela, coordinador de la MOE e investigador del informe. Puntualiza que en casi la mitad de los 131 municipios que tienen riesgo de fraude y violencia electoral hay circunscripciones de paz. “Estamos hablando de sitios donde está la mayor parte de grupos armados ilegales y donde cometen las mayores acciones violentas”.En lo que va de 2022, la Fundación Pares destaca: un incendio en la casa del alcalde de El Charco (en Nariño); un atentado contra el gobernador del departamento de Caquetá; dos contra diputados del departamento de Chocó; y un explosivo en la sede del partido Comunes en Bogotá. El informe establece que han ocurrido hechos de violencia en 27 de los 32 departamentos del país, también en Bogotá, donde se registran veinte víctimas. En el 70% de los casos, que incluyen desde amenazas hasta homicidios y cuyas principales víctimas son funcionarios de elección popular, se desconoce el perpetrador debido, en parte, al reacomodo del orden criminal tras la salida de las FARC de los territorios. El informe señala además que la violencia es hoy un mecanismo más de la competencia en las elecciones en Colombia, que ésta se recrudece conforme se acerca el día de la votación y que “los hechos victimizantes han sido de forma indiscriminada, contra todos los sectores políticos”.En cuanto a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, el informe advierte: “A la presencia de estructuras armadas ilegales y economías ilegales se suma la cooptación de la política electoral por parte de clanes políticos que han buscado hacerse con las curules de las víctimas en el Congreso a través de las fallas de la Registraduría y la ausencia histórica del Estado”.“La génesis de esto fue una oposición férrea al Acuerdo de Paz por parte del Centro Democrático [el partido que está en el gobierno], los clanes políticos, Cambio Radical, los conservadores, en algunos escenarios el Partido Liberal y los partidos cristianos”, dice a Gatopardo Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación. “Torpedearon la regulación de las circunscripciones de paz que tienen que ser para las víctimas. Su aprobación llegó de forma tardía, cinco meses antes de las elecciones, sin seguridad jurídica, pedagogía electoral o medidas de protección y con fallas estructurales que la Registraduría no ha resuelto”.Como menciona el informe, en las circunscripciones de paz confluyen tres factores de riesgo: presencia de estructuras armadas ilegales, dinámicas de economías ilegales y cooptación democrática por parte de clanes políticos. Al respecto del primero, Esteban Salazar comenta: “En las Citrep, las [estructuras armadas ilegales] que mayormente vemos son disidencias de las FARC, en noventa municipios, seguidas del Clan del Golfo, en 73, y después el ELN. El fracaso de la política de seguridad del actual gobierno lleva a que, en departamentos como Arauca, Norte de Santander, bajo Cauca, sur de Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca una víctima se enfrente a no poder hacer proselitismo ni actividad política. Es una barrera compleja porque, así el actor armado no se pronuncie, el hecho de que esté poniendo artefactos explosivos y de que haya enfrentamientos con la fuerza pública no da ninguna garantía para una campaña”.Sobre las economías ilegales, Salazar afirma que muchas de las organizaciones de víctimas han emprendido procesos de sustitución de cultivos ilícitos para salir de esos escenarios y, sin embargo, al estar en las zonas, deben enfrentarse a dinámicas de control de las rutas y los espacios por parte de grupos narcotraficantes.Finalmente, en lo que tiene que ver con el tercer factor agrega: “En los 167 municipios hay, por lo menos, 35 clanes políticos que tendrían algún interés por cooptar espacios. Como esos clanes tienen problemas para su supervivencia en el Congreso, hacen uso de mecanismos de competencia electoral para permanecer y empiezan a buscar en las circunscripciones de paz donde hacer campaña es más barato y necesitan menos votos que a nivel departamental. De esa forma pueden garantizar una curul desde la representación o supuesta representación de las víctimas”.Para estas elecciones en Colombia, Salazar espera que se elija a víctimas legítimas de cada territorio que visibilicen demandas sociales históricamente relegadas. Sin embargo, concluye que, en lo que respecta a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz: “En este momento, bajo las condiciones estructurales del país, no hay garantías suficientes para que se pueda ejercer el derecho al voto”.[/read]

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El arranque de las elecciones en Colombia

El arranque de las elecciones en Colombia

22
.
02
.
22
2022
Texto de
Fotografía de
Realización de
Ilustración de
Traducción de
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Este año los colombianos elegirán a sus representantes en el Congreso. Los resultados en el Poder Legislativo definirán la capacidad de gobernar del próximo presidente del país.

A poco tiempo de las elecciones en Colombia –las del Congreso serán en menos de un mes y las presidenciales, en tres meses–, el ambiente se agita: basta con levantar la cabeza para ver enormes vallas publicitarias, algunas con mensajes directamente injuriosos contra el oponente en cuestión; cada semana se programa un debate y sale una nueva encuesta; se crean alianzas mientras otros se retiran airosos de las que habían sellado; en redes sociales circulan acusaciones entre contendientes o entre sus seguidores. Hay mucho en juego.

En entrevista con Gatopardo, lo primero que dice la abogada Patricia Muñoz Yi, directora de posgrados en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana, es que las próximas elecciones en Colombia serán una oportunidad para recuperar la credibilidad de los ciudadanos, pues la desaprobación del Congreso actualmente llega al 82%. “Hay una percepción de que el Congreso no responde a las necesidades de los colombianos”, explica Muñoz Yi.

“Eso se evidenció aún más durante la pandemia, con un gobierno protagonizado por el Ejecutivo, porque el Congreso tuvo dificultades para ponerse de acuerdo en cómo legislar –si lo harían de forma virtual o no– y cuando se pusieron de acuerdo, tampoco fueron eficientes. Al entrar en pandemia, el país estaba siendo objeto de reclamos y demandas sociales que debían ser atendidos. Como se dice coloquialmente, el Congreso se agachó, dejó pasar esas problemáticas y discusiones, quizá para no comprometerse ante la opinión pública con decisiones difíciles o para apoyar al Ejecutivo y dejarle un margen de maniobra”.

Casi 39 millones de personas están habilitadas para votar en estas elecciones en Colombia. La primera fecha es el 13 de marzo, cuando se elegirán 296 legisladores para el Congreso, tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes, incluidos los integrantes de circunscripciones indígenas, afrodescendientes, raizales e internacionales. También habrá curules destinadas al partido Comunes –creado tras la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC–, a la fórmula presidente-vicepresidente que ocupe el segundo lugar en las elecciones presidenciales y, por primera vez, habrá lugares para dieciséis representantes de las víctimas del conflicto –nueve millones, según la Unidad para las Víctimas– en igual número que las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), que cobijan a 167 municipios.

Del resultado de esta primera parte de las elecciones en Colombia dependerá cuánto apoyo en el Congreso tendrá el próximo presidente o presidenta. Según la profesora Muñoz Yi, a diferencia de lo que ocurrió en el cuatrienio 2018-2022, cuando el partido de gobierno –Centro Democrático–, su aliado –Cambio Radical– y los tradicionales –el Liberal y el Conservador– ocuparon la mayoría del Congreso, hoy no hay grandes bancadas, sino partidos medianos que necesitan coaliciones para sacar adelante sus iniciativas.

“Esas mayorías de 2018 se ven amenazadas porque, por una u otra razón, hay grandes figuras que hoy no se lanzan: no están Álvaro Uribe, Antanas Mockus [exalcalde de Bogotá], Álvaro Robledo y David Barguil [ambos han sido senadores y Barguil es precandidato a la presidencia por el partido Conservador], y eso lleva a pensar en que el Congreso va a tener un proceso de reconfiguración, con nuevos grupos políticos y otros que se están fortaleciendo”. Muñoz Yi menciona el Pacto Histórico, la coalición de centroizquierda que encabeza las encuestas, liderada por el precandidato Gustavo Petro; la coalición Centro Esperanza, con personalidades que podrían sumar curules; el Partido Nuevo Liberalismo, que recién irrumpe en el panorama electoral; y otros como la Coalición MIRA-Colombia Justa Libres, de derecha cristiana.

Martha Lucía Márquez, directora del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), coincide en que estas elecciones en Colombia definirán la gobernabilidad del futuro presidente. Al teléfono, dice: “[El país] tiene dieciséis partidos y, según como queden los escaños en el Congreso, el candidato con más opción de ganar las elecciones presidenciales, que en este momento es Gustavo Petro, verá cómo funcionar. Dependerá de cuántos escaños gane la izquierda y cuántos el centro. Si ganara la derecha –que no creo–, eso haría que un presidente de centroizquierda [como Petro] tuviera problemas de gobernabilidad porque ¿cómo haría alianzas?”.

El 13 de marzo quienes acudan a las urnas podrán votar, además, en una de las tres consultas internas de Pacto Histórico, Centro Esperanza y Equipo por Colombia –esta última se compone de partidos y movimientos de derecha– para decidir quién será el candidato o candidata presidencial de cada coalición. Muñoz Yi subraya que estos resultados podrían considerarse como una primera vuelta presidencial puesto que evidenciarán la capacidad de movilización de las coaliciones. “Luego viene el posicionamiento de quienes ganen las consultas. Van a ser medidos porque habrá un número de votos”, explica. A su vez, Martha Lucía Márquez coincide en que esta votación marcará el inicio de la campaña por la presidencia, pero también por la vicepresidencia, un cargo que podría reafirmar alianzas.

[read more]***Las dos expertas comparten opinión sobre un aspecto de las elecciones en Colombia, quizá menos notorio, aunque crucial: la elección inédita de representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, conocidas como curules de paz, para los periodos legislativos 2022-2026 y 2026-2030. Decretadas el año pasado, luego de una orden de la Corte Constitucional tras una serie de dilaciones, las circunscripciones fueron establecidas en el Acuerdo de Paz como un mecanismo de participación y representación de las víctimas del conflicto en zonas donde, justamente, ha habido marginación política histórica. Son dieciséis circunscripciones repartidas en diecinueve departamentos del país.Por lo tanto, agrega Márquez, en estas elecciones también está en juego la construcción de paz. “Uno puede pensar que, si salen elegidas, las víctimas harán un control de la implementación del Acuerdo de Paz, apoyarán proyectos que ataquen las raíces estructurales de la guerra, la inequidad, la mala distribución de la tierra”. Sin embargo, Márquez recuerda el tamaño del desafío: hay 167 municipios afectados históricamente por distintos tipos de violencia. “Lo que hacía la guerrilla era no dejar que se celebraran las elecciones y que la gente no saliera a votar; los paramilitares, más bien, llevaban gente a votar. Son distintas formas de proceder y ahora se abre una oportunidad, pero resulta que ha habido un incremento de la violencia”.Dos informes recientes así lo demuestran. El primero es “Mapas y factores de riesgo electoral. Elecciones nacionales 2022”, elaborado por la Misión de Observación Electoral (MOE), y el segundo es el “Cuarto informe de violencia y dinámica electoral y riesgos en las circunscripciones de paz”, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Ambos concuerdan en que, desde el inicio de este periodo la violencia se ha incrementado.Del 13 de marzo de 2021 al 13 de febrero de este año, la Fundación Pares ha contabilizado que hay una víctima de violencia electoral cada dos días; en otros términos, ya hay un total de 163 víctimas y 124 hechos de violencia en este periodo, sin incluir ataques contra líderes y lideresas sociales que también han ocurrido en el contexto de las elecciones en Colombia. La MOE, por su parte, establece que en 131 municipios, de los más de mil que tiene el país, existe un riesgo conjunto de fraude y violencia –49 de ellos están en riesgo extremo– y en 319 hay riesgo de violencia electoral.“La violencia se ha incrementado en comparación a lo que ocurría hace cuatro años. Muchos líderes y lideresas sociales, candidatos a las curules de paz, están expuestos. El aumento de la violencia contra líderes políticos es del 92% y contra líderes sociales, del 134%”, dice Mauricio Vela, coordinador de la MOE e investigador del informe. Puntualiza que en casi la mitad de los 131 municipios que tienen riesgo de fraude y violencia electoral hay circunscripciones de paz. “Estamos hablando de sitios donde está la mayor parte de grupos armados ilegales y donde cometen las mayores acciones violentas”.En lo que va de 2022, la Fundación Pares destaca: un incendio en la casa del alcalde de El Charco (en Nariño); un atentado contra el gobernador del departamento de Caquetá; dos contra diputados del departamento de Chocó; y un explosivo en la sede del partido Comunes en Bogotá. El informe establece que han ocurrido hechos de violencia en 27 de los 32 departamentos del país, también en Bogotá, donde se registran veinte víctimas. En el 70% de los casos, que incluyen desde amenazas hasta homicidios y cuyas principales víctimas son funcionarios de elección popular, se desconoce el perpetrador debido, en parte, al reacomodo del orden criminal tras la salida de las FARC de los territorios. El informe señala además que la violencia es hoy un mecanismo más de la competencia en las elecciones en Colombia, que ésta se recrudece conforme se acerca el día de la votación y que “los hechos victimizantes han sido de forma indiscriminada, contra todos los sectores políticos”.En cuanto a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, el informe advierte: “A la presencia de estructuras armadas ilegales y economías ilegales se suma la cooptación de la política electoral por parte de clanes políticos que han buscado hacerse con las curules de las víctimas en el Congreso a través de las fallas de la Registraduría y la ausencia histórica del Estado”.“La génesis de esto fue una oposición férrea al Acuerdo de Paz por parte del Centro Democrático [el partido que está en el gobierno], los clanes políticos, Cambio Radical, los conservadores, en algunos escenarios el Partido Liberal y los partidos cristianos”, dice a Gatopardo Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación. “Torpedearon la regulación de las circunscripciones de paz que tienen que ser para las víctimas. Su aprobación llegó de forma tardía, cinco meses antes de las elecciones, sin seguridad jurídica, pedagogía electoral o medidas de protección y con fallas estructurales que la Registraduría no ha resuelto”.Como menciona el informe, en las circunscripciones de paz confluyen tres factores de riesgo: presencia de estructuras armadas ilegales, dinámicas de economías ilegales y cooptación democrática por parte de clanes políticos. Al respecto del primero, Esteban Salazar comenta: “En las Citrep, las [estructuras armadas ilegales] que mayormente vemos son disidencias de las FARC, en noventa municipios, seguidas del Clan del Golfo, en 73, y después el ELN. El fracaso de la política de seguridad del actual gobierno lleva a que, en departamentos como Arauca, Norte de Santander, bajo Cauca, sur de Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca una víctima se enfrente a no poder hacer proselitismo ni actividad política. Es una barrera compleja porque, así el actor armado no se pronuncie, el hecho de que esté poniendo artefactos explosivos y de que haya enfrentamientos con la fuerza pública no da ninguna garantía para una campaña”.Sobre las economías ilegales, Salazar afirma que muchas de las organizaciones de víctimas han emprendido procesos de sustitución de cultivos ilícitos para salir de esos escenarios y, sin embargo, al estar en las zonas, deben enfrentarse a dinámicas de control de las rutas y los espacios por parte de grupos narcotraficantes.Finalmente, en lo que tiene que ver con el tercer factor agrega: “En los 167 municipios hay, por lo menos, 35 clanes políticos que tendrían algún interés por cooptar espacios. Como esos clanes tienen problemas para su supervivencia en el Congreso, hacen uso de mecanismos de competencia electoral para permanecer y empiezan a buscar en las circunscripciones de paz donde hacer campaña es más barato y necesitan menos votos que a nivel departamental. De esa forma pueden garantizar una curul desde la representación o supuesta representación de las víctimas”.Para estas elecciones en Colombia, Salazar espera que se elija a víctimas legítimas de cada territorio que visibilicen demandas sociales históricamente relegadas. Sin embargo, concluye que, en lo que respecta a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz: “En este momento, bajo las condiciones estructurales del país, no hay garantías suficientes para que se pueda ejercer el derecho al voto”.[/read]

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Este año los colombianos elegirán a sus representantes en el Congreso. Los resultados en el Poder Legislativo definirán la capacidad de gobernar del próximo presidente del país.

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A poco tiempo de las elecciones en Colombia –las del Congreso serán en menos de un mes y las presidenciales, en tres meses–, el ambiente se agita: basta con levantar la cabeza para ver enormes vallas publicitarias, algunas con mensajes directamente injuriosos contra el oponente en cuestión; cada semana se programa un debate y sale una nueva encuesta; se crean alianzas mientras otros se retiran airosos de las que habían sellado; en redes sociales circulan acusaciones entre contendientes o entre sus seguidores. Hay mucho en juego.

En entrevista con Gatopardo, lo primero que dice la abogada Patricia Muñoz Yi, directora de posgrados en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana, es que las próximas elecciones en Colombia serán una oportunidad para recuperar la credibilidad de los ciudadanos, pues la desaprobación del Congreso actualmente llega al 82%. “Hay una percepción de que el Congreso no responde a las necesidades de los colombianos”, explica Muñoz Yi.

“Eso se evidenció aún más durante la pandemia, con un gobierno protagonizado por el Ejecutivo, porque el Congreso tuvo dificultades para ponerse de acuerdo en cómo legislar –si lo harían de forma virtual o no– y cuando se pusieron de acuerdo, tampoco fueron eficientes. Al entrar en pandemia, el país estaba siendo objeto de reclamos y demandas sociales que debían ser atendidos. Como se dice coloquialmente, el Congreso se agachó, dejó pasar esas problemáticas y discusiones, quizá para no comprometerse ante la opinión pública con decisiones difíciles o para apoyar al Ejecutivo y dejarle un margen de maniobra”.

Casi 39 millones de personas están habilitadas para votar en estas elecciones en Colombia. La primera fecha es el 13 de marzo, cuando se elegirán 296 legisladores para el Congreso, tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes, incluidos los integrantes de circunscripciones indígenas, afrodescendientes, raizales e internacionales. También habrá curules destinadas al partido Comunes –creado tras la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC–, a la fórmula presidente-vicepresidente que ocupe el segundo lugar en las elecciones presidenciales y, por primera vez, habrá lugares para dieciséis representantes de las víctimas del conflicto –nueve millones, según la Unidad para las Víctimas– en igual número que las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), que cobijan a 167 municipios.

Del resultado de esta primera parte de las elecciones en Colombia dependerá cuánto apoyo en el Congreso tendrá el próximo presidente o presidenta. Según la profesora Muñoz Yi, a diferencia de lo que ocurrió en el cuatrienio 2018-2022, cuando el partido de gobierno –Centro Democrático–, su aliado –Cambio Radical– y los tradicionales –el Liberal y el Conservador– ocuparon la mayoría del Congreso, hoy no hay grandes bancadas, sino partidos medianos que necesitan coaliciones para sacar adelante sus iniciativas.

“Esas mayorías de 2018 se ven amenazadas porque, por una u otra razón, hay grandes figuras que hoy no se lanzan: no están Álvaro Uribe, Antanas Mockus [exalcalde de Bogotá], Álvaro Robledo y David Barguil [ambos han sido senadores y Barguil es precandidato a la presidencia por el partido Conservador], y eso lleva a pensar en que el Congreso va a tener un proceso de reconfiguración, con nuevos grupos políticos y otros que se están fortaleciendo”. Muñoz Yi menciona el Pacto Histórico, la coalición de centroizquierda que encabeza las encuestas, liderada por el precandidato Gustavo Petro; la coalición Centro Esperanza, con personalidades que podrían sumar curules; el Partido Nuevo Liberalismo, que recién irrumpe en el panorama electoral; y otros como la Coalición MIRA-Colombia Justa Libres, de derecha cristiana.

Martha Lucía Márquez, directora del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), coincide en que estas elecciones en Colombia definirán la gobernabilidad del futuro presidente. Al teléfono, dice: “[El país] tiene dieciséis partidos y, según como queden los escaños en el Congreso, el candidato con más opción de ganar las elecciones presidenciales, que en este momento es Gustavo Petro, verá cómo funcionar. Dependerá de cuántos escaños gane la izquierda y cuántos el centro. Si ganara la derecha –que no creo–, eso haría que un presidente de centroizquierda [como Petro] tuviera problemas de gobernabilidad porque ¿cómo haría alianzas?”.

El 13 de marzo quienes acudan a las urnas podrán votar, además, en una de las tres consultas internas de Pacto Histórico, Centro Esperanza y Equipo por Colombia –esta última se compone de partidos y movimientos de derecha– para decidir quién será el candidato o candidata presidencial de cada coalición. Muñoz Yi subraya que estos resultados podrían considerarse como una primera vuelta presidencial puesto que evidenciarán la capacidad de movilización de las coaliciones. “Luego viene el posicionamiento de quienes ganen las consultas. Van a ser medidos porque habrá un número de votos”, explica. A su vez, Martha Lucía Márquez coincide en que esta votación marcará el inicio de la campaña por la presidencia, pero también por la vicepresidencia, un cargo que podría reafirmar alianzas.

[read more]***Las dos expertas comparten opinión sobre un aspecto de las elecciones en Colombia, quizá menos notorio, aunque crucial: la elección inédita de representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, conocidas como curules de paz, para los periodos legislativos 2022-2026 y 2026-2030. Decretadas el año pasado, luego de una orden de la Corte Constitucional tras una serie de dilaciones, las circunscripciones fueron establecidas en el Acuerdo de Paz como un mecanismo de participación y representación de las víctimas del conflicto en zonas donde, justamente, ha habido marginación política histórica. Son dieciséis circunscripciones repartidas en diecinueve departamentos del país.Por lo tanto, agrega Márquez, en estas elecciones también está en juego la construcción de paz. “Uno puede pensar que, si salen elegidas, las víctimas harán un control de la implementación del Acuerdo de Paz, apoyarán proyectos que ataquen las raíces estructurales de la guerra, la inequidad, la mala distribución de la tierra”. Sin embargo, Márquez recuerda el tamaño del desafío: hay 167 municipios afectados históricamente por distintos tipos de violencia. “Lo que hacía la guerrilla era no dejar que se celebraran las elecciones y que la gente no saliera a votar; los paramilitares, más bien, llevaban gente a votar. Son distintas formas de proceder y ahora se abre una oportunidad, pero resulta que ha habido un incremento de la violencia”.Dos informes recientes así lo demuestran. El primero es “Mapas y factores de riesgo electoral. Elecciones nacionales 2022”, elaborado por la Misión de Observación Electoral (MOE), y el segundo es el “Cuarto informe de violencia y dinámica electoral y riesgos en las circunscripciones de paz”, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Ambos concuerdan en que, desde el inicio de este periodo la violencia se ha incrementado.Del 13 de marzo de 2021 al 13 de febrero de este año, la Fundación Pares ha contabilizado que hay una víctima de violencia electoral cada dos días; en otros términos, ya hay un total de 163 víctimas y 124 hechos de violencia en este periodo, sin incluir ataques contra líderes y lideresas sociales que también han ocurrido en el contexto de las elecciones en Colombia. La MOE, por su parte, establece que en 131 municipios, de los más de mil que tiene el país, existe un riesgo conjunto de fraude y violencia –49 de ellos están en riesgo extremo– y en 319 hay riesgo de violencia electoral.“La violencia se ha incrementado en comparación a lo que ocurría hace cuatro años. Muchos líderes y lideresas sociales, candidatos a las curules de paz, están expuestos. El aumento de la violencia contra líderes políticos es del 92% y contra líderes sociales, del 134%”, dice Mauricio Vela, coordinador de la MOE e investigador del informe. Puntualiza que en casi la mitad de los 131 municipios que tienen riesgo de fraude y violencia electoral hay circunscripciones de paz. “Estamos hablando de sitios donde está la mayor parte de grupos armados ilegales y donde cometen las mayores acciones violentas”.En lo que va de 2022, la Fundación Pares destaca: un incendio en la casa del alcalde de El Charco (en Nariño); un atentado contra el gobernador del departamento de Caquetá; dos contra diputados del departamento de Chocó; y un explosivo en la sede del partido Comunes en Bogotá. El informe establece que han ocurrido hechos de violencia en 27 de los 32 departamentos del país, también en Bogotá, donde se registran veinte víctimas. En el 70% de los casos, que incluyen desde amenazas hasta homicidios y cuyas principales víctimas son funcionarios de elección popular, se desconoce el perpetrador debido, en parte, al reacomodo del orden criminal tras la salida de las FARC de los territorios. El informe señala además que la violencia es hoy un mecanismo más de la competencia en las elecciones en Colombia, que ésta se recrudece conforme se acerca el día de la votación y que “los hechos victimizantes han sido de forma indiscriminada, contra todos los sectores políticos”.En cuanto a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, el informe advierte: “A la presencia de estructuras armadas ilegales y economías ilegales se suma la cooptación de la política electoral por parte de clanes políticos que han buscado hacerse con las curules de las víctimas en el Congreso a través de las fallas de la Registraduría y la ausencia histórica del Estado”.“La génesis de esto fue una oposición férrea al Acuerdo de Paz por parte del Centro Democrático [el partido que está en el gobierno], los clanes políticos, Cambio Radical, los conservadores, en algunos escenarios el Partido Liberal y los partidos cristianos”, dice a Gatopardo Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación. “Torpedearon la regulación de las circunscripciones de paz que tienen que ser para las víctimas. Su aprobación llegó de forma tardía, cinco meses antes de las elecciones, sin seguridad jurídica, pedagogía electoral o medidas de protección y con fallas estructurales que la Registraduría no ha resuelto”.Como menciona el informe, en las circunscripciones de paz confluyen tres factores de riesgo: presencia de estructuras armadas ilegales, dinámicas de economías ilegales y cooptación democrática por parte de clanes políticos. Al respecto del primero, Esteban Salazar comenta: “En las Citrep, las [estructuras armadas ilegales] que mayormente vemos son disidencias de las FARC, en noventa municipios, seguidas del Clan del Golfo, en 73, y después el ELN. El fracaso de la política de seguridad del actual gobierno lleva a que, en departamentos como Arauca, Norte de Santander, bajo Cauca, sur de Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca una víctima se enfrente a no poder hacer proselitismo ni actividad política. Es una barrera compleja porque, así el actor armado no se pronuncie, el hecho de que esté poniendo artefactos explosivos y de que haya enfrentamientos con la fuerza pública no da ninguna garantía para una campaña”.Sobre las economías ilegales, Salazar afirma que muchas de las organizaciones de víctimas han emprendido procesos de sustitución de cultivos ilícitos para salir de esos escenarios y, sin embargo, al estar en las zonas, deben enfrentarse a dinámicas de control de las rutas y los espacios por parte de grupos narcotraficantes.Finalmente, en lo que tiene que ver con el tercer factor agrega: “En los 167 municipios hay, por lo menos, 35 clanes políticos que tendrían algún interés por cooptar espacios. Como esos clanes tienen problemas para su supervivencia en el Congreso, hacen uso de mecanismos de competencia electoral para permanecer y empiezan a buscar en las circunscripciones de paz donde hacer campaña es más barato y necesitan menos votos que a nivel departamental. De esa forma pueden garantizar una curul desde la representación o supuesta representación de las víctimas”.Para estas elecciones en Colombia, Salazar espera que se elija a víctimas legítimas de cada territorio que visibilicen demandas sociales históricamente relegadas. Sin embargo, concluye que, en lo que respecta a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz: “En este momento, bajo las condiciones estructurales del país, no hay garantías suficientes para que se pueda ejercer el derecho al voto”.[/read]

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