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El mexministo Arturo Zaldívar ha rechazado las acusaciones sobre posibles manipulaciones en los tribunales.
Previo a la elección del Poder Judicial, el periodista Hernán Gómez Bruera publica en editorial Grijalbo un libro sobre Arturo Zaldívar, el principal impulsor de la Reforma Judicial.
El 9 de abril de 2024 se presentó ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) una denuncia contra el exministro Arturo Zaldívar y 20 de sus excolaboradores. Supuestamente habían presionado, extorsionado y acosado a 70 jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, para obtener resoluciones favorables en asuntos de interés del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Zaldívar negó estas acusaciones, y dijo que se trataba de una “venganza política” por parte de la entonces presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Ocho meses después el CJF dio por concluidas las averiguaciones. Fue precisamente esta denuncia —y el posterior cierre de la investigación— lo que motivó al periodista y presentador mexicano Hernán Gómez Bruera a escribir El ministro del poder. Un infiltrado en la 4T (Grijalbo, 2025), una investigación que, a partir de testimonios y documentos inéditos, busca perfilar la figura y trayectoria de Zaldívar como uno de los “operadores del negocio de la justicia en México”.
“Se le da carpetazo y nunca nos enteramos de qué pasó ahí, […] y este libro es una manera de acercarnos a esa verdad, de aproximarnos a esa verdad, a qué fue lo que ocurrió ahí. Tenemos en el libro algunas evidencias muy importantes”, dijo el autor durante una conferencia de prensa realizada el 19 de mayo de 2025 en las oficinas de la editorial Penguin Random House, en la Ciudad de México.
A la presentación del libro también asistieron los magistrados Alberto Roldán Olvera y Elba Sánchez Pozos —supuestas víctimas de intimidaciones y cuyos testimonios aparecen en el libro—, así como Pedro Cárdenas Casillas, representante de la organización Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión.
La investigación de este nuevo libro es, según el autor, una continuación de su obra anterior, Traición en Palacio: El negocio de la justicia en la 4T (Grijalbo, 2023): “[En ese libro] hablo del negocio de la justicia en México, sobre todo desde el punto de vista de quien lo operó en el sexenio anterior, que es Julio Scherer Ibarra […] En este libro lo que, de alguna forma, damos a conocer es la segunda parte de esa historia, sin la cual no se entiende bien la primera: porque no hay un Julio Scherer Ibarra sin un Arturo Saldívar”.
El ministro del poder. Un infiltrado en la 4T es una investigación de 282 páginas que aborda la carrera de Arturo Zaldívar y su papel como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El libro incluye los testimonios de magistrados como Taissia Cruz Parcero, María Emilia Molina, Alberto Roldán Olvera y la jueza Sandra Leticia Robledo, quienes denuncian haber sido presionados para fallar en casos de interés del gobierno de López Obrador y otros funcionarios federales.
Según Gómez Bruera, esta presión se ejercía con las gestiones de Carlos Antonio Alpízar Salazar, secretario general de la Presidencia del CJF entre 2019 y 2024. Alpízar se reunía con jueces en el piso 14 del Consejo para solicitar resoluciones específicas. Uno de los testimonios clave es el del magistrado Roldán: “‘Al menos entre jueces y juezas, cuenta el juez, ‘sabíamos que te mandan a llamar a ese piso 14 y te pedían cosas indebidas”, se lee en la página 206.
Roldán relató que en 2020 fue citado por el magistrado Constancio Carrasco para reunirse en Santa Fe y discutir un caso institucionalmente relevante. Allí se le sugirió que acudiera al piso 14 a hablar con Alpízar. En ese entonces, Roldán era Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo en el Estado de México. El caso en cuestión involucraba a Frida Martínez, exsecretaria de la Policía Federal, acusada de un presunto desvío de 2 500 millones de pesos.
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“Fueron más de seis reuniones prácticamente […] fueron de finales 2020 a marzo, abril del 21. Poco a poco fueron subiendo de tono esas reuniones donde ya prácticamente al final me pidieron, ‘¿Sabes qué? Tienes que resolver esta forma, búscale para conceder el amparo’ […] entre esas reuniones hubo varias amenazas. Yo lo veía así. Una muy clara donde hablaba de mi familia, que la conocían”, declaró en la conferencia.
Entre las páginas 163 y 166, Gómez Bruera narra la historia de la magistrada Elba Sánchez Pozos, quien en noviembre de 2018 fue asignada al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en Cancún, Quintana Roo:
“Al poco tiempo dice haber tocado pared con un grupo protegido por Carlos Alpízar, el cual desde el principio la vio con desconfianza […] desde que llegó al colegiado pudo presenciar cómo tenían lugar prácticas indebidas, promovidas particularmente por la presidenta del tribunal, la magistrada Selina Haidé Avante Juárez, como ‘truquear procesos internos y resolver amparos fuera de las sesiones videograbadas’”.
Soy magistrada en retiro y puedo decirlo todo. Hay que decirlo todo. Las bajezas que se han permitido altos funcionarios en la institución y que ahora se señalan de manera directa en esta obra, se tenían que decir.
Sánchez Pozos denunció ante el CJF que, en abril de 2019, la magistrada Avante Juárez intentó obligarla a firmar una libertad provisional sin que se hubiese sesionado sobre el tema. Las represalias por presentar esa denuncia fueron terribles: se interpusieron 16 denuncias en su contra por acoso laboral e intimidación; y en septiembre del mismo año el CJF ordenó su traslado a Culiacán. El hermano de la magistrada Selina Haidé, Mario Avante Juárez, era en ese momento subsecretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cercano al ministro Zaldívar.
“Ya no tengo la mordaza que impone la investidura. Soy magistrada en retiro y puedo decirlo todo. Hay que decirlo todo. Las bajezas que se han permitido altos funcionarios en la institución y que ahora se señalan de manera directa en esta obra, se tenían que decir. Ya era justo que alguien por primera vez pusiera estas letras y tanto esfuerzo a evidenciar lo que pasa en el Poder Judicial Federal desde los más altos rangos. Hablo de ministros y consejeros”, dijo Sánchez Pozos durante la conferencia, a la que asistió mediante la plataforma de Zoom.
En el capítulo 10 de El ministro del poder Gómez Bruera enumera los casos en los que supuestamente Alpízar ejerció presión, desde proyectos del gobierno de AMLO como el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y una planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, hasta asuntos particulares como el de Frida Martínez.
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Aunque la mayoría de los testimonios del libro son anónimos, la investigación también presenta documentos que se obtuvieron por mediación de estas fuentes. Quizá uno de los más notables sea una carta de Arturo Guerrero Zazueta, excolaborador de Zaldívar y secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal entre enero de 2019 y enero de 2023. El documento de siete páginas fue escrito y firmado por Guerrero el 14 de febrero de 2022 y se dirige al entonces ministro Arturo Zaldívar para señalar a Alpízar. “Éste[sic] es el tema más delicado que trato con usted. Se trata de Carlos Alpízar. Antes que iniciar quiero contarle algo: me han buscado muchas personas, de muchos lugares y he recibido información de múltiples fuentes […] no hay temas que no se sostengan con una sola fuente”, escribió el abogado mexicano, egresado de la Escuela Libre de Derecho. El texto no solo señala la presión contra jueces y magistrados, también habla de hostigamiento laboral, uso indebido de recursos públicos, e incluso violencia sexual.
Hernán Gómez denuncia la dificultad de obtener información pública del Poder Judicial, dada la negativa de la institución a responder solicitudes de transparencia. “Fue un freno para tener datos más precisos y corroborar información proporcionada por mis fuentes”, explica en la introducción del libro.
Durante la conferencia de prensa denunció que estuvo bajo un intenso “acoso judicial”: “Primero fue una denuncia civil […] un medio de comunicación que me demanda por daño moral y pretende que se le paguen 15 millones de pesos, no se ha dictado sentencia sobre ese caso”, contó, “Luego cae una denuncia penal de la cual no puedo dar detalles, pero básicamente lo que piden es que el libro [anterior, Traición en Palacio: El negocio de la justicia en la 4T (Grijalbo, 2023)] salga de circulación. De esto nos enteramos hace poco, cuando vimos el texto de la demanda, pero piden que la editorial Random House retire todos los libros del mercado”.
En el año 2015 solo teníamos un caso de acoso judicial contra periodistas documentado [...] A lo largo de los años ha ido creciendo, hasta que prácticamente del año 2022 para acá [2025] estamos prácticamente entre 20 y 30 denuncias cada año.
Según afirma la organización internacional Artículo 19, a este tipo de demandas se les conoce como litigios estratégicos contra la participación pública, y se utiliza para intimidar a periodistas y defensores de derechos humanos mediante altos costos legales, con el fin de disuadirlos de expresar opiniones o que den a conocer información importante sobre temas críticos.
“Desafortunadamente es un proceso sistémico en México […] en el año 2015 solo teníamos un caso de acoso judicial contra periodistas documentado; es decir, en el año 2015 solo documentamos una sola situación donde una persona periodista por publicar información fue víctima de que se le iniciara un proceso. A lo largo de los años ha ido creciendo, hasta que prácticamente del año 2022 para acá [2025] estamos prácticamente entre 20 y 30 denuncias cada año”, declaró Pedro Cárdenas Casillas, oficial del Programa de Protección y Defensa de la organización.
“El año pasado documentamos una denuncia o demanda cada tres semanas contra una persona. Y no necesariamente son por procesos de investigación tan amplios y tan extensos como el de Hernán, sino por publicaciones pequeñas, por notas periodísticas sobre lo que está ocurriendo en seguridad, en política a nivel local, a nivel estatal y a nivel federal, las personas periodistas han sido víctimas de estos procesos”, agregó el representante de Artículo 19, organización que acompaña a Hernán Gómez desde 2023, cuando se presentó la primera demanda en su contra.
Actualmente, Arturo Zaldívar funge como coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República, y Carlos Alpízar ocupa el cargo de jefe de Unidad de Desarrollo Democrático en la Secretaría de Gobernación. Durante la “mañanera del pueblo” del lunes 19 de mayo de 2025 —el mismo día de la conferencia de prensa—, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó dar alguna declaración sobre Arturo Zaldívar, luego de que una periodista le preguntara sobre la investigación Televisa Leaks y el supuesto impulso que esta televisora dio al ministro para que llegara a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Ya aclaró el ministro Zaldívar, ya aclaró”, dijo la presidenta y no habló más sobre el tema.
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Previo a la elección del Poder Judicial, el periodista Hernán Gómez Bruera publica en editorial Grijalbo un libro sobre Arturo Zaldívar, el principal impulsor de la Reforma Judicial.
El 9 de abril de 2024 se presentó ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) una denuncia contra el exministro Arturo Zaldívar y 20 de sus excolaboradores. Supuestamente habían presionado, extorsionado y acosado a 70 jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, para obtener resoluciones favorables en asuntos de interés del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Zaldívar negó estas acusaciones, y dijo que se trataba de una “venganza política” por parte de la entonces presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Ocho meses después el CJF dio por concluidas las averiguaciones. Fue precisamente esta denuncia —y el posterior cierre de la investigación— lo que motivó al periodista y presentador mexicano Hernán Gómez Bruera a escribir El ministro del poder. Un infiltrado en la 4T (Grijalbo, 2025), una investigación que, a partir de testimonios y documentos inéditos, busca perfilar la figura y trayectoria de Zaldívar como uno de los “operadores del negocio de la justicia en México”.
“Se le da carpetazo y nunca nos enteramos de qué pasó ahí, […] y este libro es una manera de acercarnos a esa verdad, de aproximarnos a esa verdad, a qué fue lo que ocurrió ahí. Tenemos en el libro algunas evidencias muy importantes”, dijo el autor durante una conferencia de prensa realizada el 19 de mayo de 2025 en las oficinas de la editorial Penguin Random House, en la Ciudad de México.
A la presentación del libro también asistieron los magistrados Alberto Roldán Olvera y Elba Sánchez Pozos —supuestas víctimas de intimidaciones y cuyos testimonios aparecen en el libro—, así como Pedro Cárdenas Casillas, representante de la organización Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión.
La investigación de este nuevo libro es, según el autor, una continuación de su obra anterior, Traición en Palacio: El negocio de la justicia en la 4T (Grijalbo, 2023): “[En ese libro] hablo del negocio de la justicia en México, sobre todo desde el punto de vista de quien lo operó en el sexenio anterior, que es Julio Scherer Ibarra […] En este libro lo que, de alguna forma, damos a conocer es la segunda parte de esa historia, sin la cual no se entiende bien la primera: porque no hay un Julio Scherer Ibarra sin un Arturo Saldívar”.
El ministro del poder. Un infiltrado en la 4T es una investigación de 282 páginas que aborda la carrera de Arturo Zaldívar y su papel como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El libro incluye los testimonios de magistrados como Taissia Cruz Parcero, María Emilia Molina, Alberto Roldán Olvera y la jueza Sandra Leticia Robledo, quienes denuncian haber sido presionados para fallar en casos de interés del gobierno de López Obrador y otros funcionarios federales.
Según Gómez Bruera, esta presión se ejercía con las gestiones de Carlos Antonio Alpízar Salazar, secretario general de la Presidencia del CJF entre 2019 y 2024. Alpízar se reunía con jueces en el piso 14 del Consejo para solicitar resoluciones específicas. Uno de los testimonios clave es el del magistrado Roldán: “‘Al menos entre jueces y juezas, cuenta el juez, ‘sabíamos que te mandan a llamar a ese piso 14 y te pedían cosas indebidas”, se lee en la página 206.
Roldán relató que en 2020 fue citado por el magistrado Constancio Carrasco para reunirse en Santa Fe y discutir un caso institucionalmente relevante. Allí se le sugirió que acudiera al piso 14 a hablar con Alpízar. En ese entonces, Roldán era Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo en el Estado de México. El caso en cuestión involucraba a Frida Martínez, exsecretaria de la Policía Federal, acusada de un presunto desvío de 2 500 millones de pesos.
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“Fueron más de seis reuniones prácticamente […] fueron de finales 2020 a marzo, abril del 21. Poco a poco fueron subiendo de tono esas reuniones donde ya prácticamente al final me pidieron, ‘¿Sabes qué? Tienes que resolver esta forma, búscale para conceder el amparo’ […] entre esas reuniones hubo varias amenazas. Yo lo veía así. Una muy clara donde hablaba de mi familia, que la conocían”, declaró en la conferencia.
Entre las páginas 163 y 166, Gómez Bruera narra la historia de la magistrada Elba Sánchez Pozos, quien en noviembre de 2018 fue asignada al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en Cancún, Quintana Roo:
“Al poco tiempo dice haber tocado pared con un grupo protegido por Carlos Alpízar, el cual desde el principio la vio con desconfianza […] desde que llegó al colegiado pudo presenciar cómo tenían lugar prácticas indebidas, promovidas particularmente por la presidenta del tribunal, la magistrada Selina Haidé Avante Juárez, como ‘truquear procesos internos y resolver amparos fuera de las sesiones videograbadas’”.
Soy magistrada en retiro y puedo decirlo todo. Hay que decirlo todo. Las bajezas que se han permitido altos funcionarios en la institución y que ahora se señalan de manera directa en esta obra, se tenían que decir.
Sánchez Pozos denunció ante el CJF que, en abril de 2019, la magistrada Avante Juárez intentó obligarla a firmar una libertad provisional sin que se hubiese sesionado sobre el tema. Las represalias por presentar esa denuncia fueron terribles: se interpusieron 16 denuncias en su contra por acoso laboral e intimidación; y en septiembre del mismo año el CJF ordenó su traslado a Culiacán. El hermano de la magistrada Selina Haidé, Mario Avante Juárez, era en ese momento subsecretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cercano al ministro Zaldívar.
“Ya no tengo la mordaza que impone la investidura. Soy magistrada en retiro y puedo decirlo todo. Hay que decirlo todo. Las bajezas que se han permitido altos funcionarios en la institución y que ahora se señalan de manera directa en esta obra, se tenían que decir. Ya era justo que alguien por primera vez pusiera estas letras y tanto esfuerzo a evidenciar lo que pasa en el Poder Judicial Federal desde los más altos rangos. Hablo de ministros y consejeros”, dijo Sánchez Pozos durante la conferencia, a la que asistió mediante la plataforma de Zoom.
En el capítulo 10 de El ministro del poder Gómez Bruera enumera los casos en los que supuestamente Alpízar ejerció presión, desde proyectos del gobierno de AMLO como el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y una planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, hasta asuntos particulares como el de Frida Martínez.
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Aunque la mayoría de los testimonios del libro son anónimos, la investigación también presenta documentos que se obtuvieron por mediación de estas fuentes. Quizá uno de los más notables sea una carta de Arturo Guerrero Zazueta, excolaborador de Zaldívar y secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal entre enero de 2019 y enero de 2023. El documento de siete páginas fue escrito y firmado por Guerrero el 14 de febrero de 2022 y se dirige al entonces ministro Arturo Zaldívar para señalar a Alpízar. “Éste[sic] es el tema más delicado que trato con usted. Se trata de Carlos Alpízar. Antes que iniciar quiero contarle algo: me han buscado muchas personas, de muchos lugares y he recibido información de múltiples fuentes […] no hay temas que no se sostengan con una sola fuente”, escribió el abogado mexicano, egresado de la Escuela Libre de Derecho. El texto no solo señala la presión contra jueces y magistrados, también habla de hostigamiento laboral, uso indebido de recursos públicos, e incluso violencia sexual.
Hernán Gómez denuncia la dificultad de obtener información pública del Poder Judicial, dada la negativa de la institución a responder solicitudes de transparencia. “Fue un freno para tener datos más precisos y corroborar información proporcionada por mis fuentes”, explica en la introducción del libro.
Durante la conferencia de prensa denunció que estuvo bajo un intenso “acoso judicial”: “Primero fue una denuncia civil […] un medio de comunicación que me demanda por daño moral y pretende que se le paguen 15 millones de pesos, no se ha dictado sentencia sobre ese caso”, contó, “Luego cae una denuncia penal de la cual no puedo dar detalles, pero básicamente lo que piden es que el libro [anterior, Traición en Palacio: El negocio de la justicia en la 4T (Grijalbo, 2023)] salga de circulación. De esto nos enteramos hace poco, cuando vimos el texto de la demanda, pero piden que la editorial Random House retire todos los libros del mercado”.
En el año 2015 solo teníamos un caso de acoso judicial contra periodistas documentado [...] A lo largo de los años ha ido creciendo, hasta que prácticamente del año 2022 para acá [2025] estamos prácticamente entre 20 y 30 denuncias cada año.
Según afirma la organización internacional Artículo 19, a este tipo de demandas se les conoce como litigios estratégicos contra la participación pública, y se utiliza para intimidar a periodistas y defensores de derechos humanos mediante altos costos legales, con el fin de disuadirlos de expresar opiniones o que den a conocer información importante sobre temas críticos.
“Desafortunadamente es un proceso sistémico en México […] en el año 2015 solo teníamos un caso de acoso judicial contra periodistas documentado; es decir, en el año 2015 solo documentamos una sola situación donde una persona periodista por publicar información fue víctima de que se le iniciara un proceso. A lo largo de los años ha ido creciendo, hasta que prácticamente del año 2022 para acá [2025] estamos prácticamente entre 20 y 30 denuncias cada año”, declaró Pedro Cárdenas Casillas, oficial del Programa de Protección y Defensa de la organización.
“El año pasado documentamos una denuncia o demanda cada tres semanas contra una persona. Y no necesariamente son por procesos de investigación tan amplios y tan extensos como el de Hernán, sino por publicaciones pequeñas, por notas periodísticas sobre lo que está ocurriendo en seguridad, en política a nivel local, a nivel estatal y a nivel federal, las personas periodistas han sido víctimas de estos procesos”, agregó el representante de Artículo 19, organización que acompaña a Hernán Gómez desde 2023, cuando se presentó la primera demanda en su contra.
Actualmente, Arturo Zaldívar funge como coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República, y Carlos Alpízar ocupa el cargo de jefe de Unidad de Desarrollo Democrático en la Secretaría de Gobernación. Durante la “mañanera del pueblo” del lunes 19 de mayo de 2025 —el mismo día de la conferencia de prensa—, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó dar alguna declaración sobre Arturo Zaldívar, luego de que una periodista le preguntara sobre la investigación Televisa Leaks y el supuesto impulso que esta televisora dio al ministro para que llegara a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Ya aclaró el ministro Zaldívar, ya aclaró”, dijo la presidenta y no habló más sobre el tema.
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El mexministo Arturo Zaldívar ha rechazado las acusaciones sobre posibles manipulaciones en los tribunales.
Previo a la elección del Poder Judicial, el periodista Hernán Gómez Bruera publica en editorial Grijalbo un libro sobre Arturo Zaldívar, el principal impulsor de la Reforma Judicial.
El 9 de abril de 2024 se presentó ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) una denuncia contra el exministro Arturo Zaldívar y 20 de sus excolaboradores. Supuestamente habían presionado, extorsionado y acosado a 70 jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, para obtener resoluciones favorables en asuntos de interés del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Zaldívar negó estas acusaciones, y dijo que se trataba de una “venganza política” por parte de la entonces presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Ocho meses después el CJF dio por concluidas las averiguaciones. Fue precisamente esta denuncia —y el posterior cierre de la investigación— lo que motivó al periodista y presentador mexicano Hernán Gómez Bruera a escribir El ministro del poder. Un infiltrado en la 4T (Grijalbo, 2025), una investigación que, a partir de testimonios y documentos inéditos, busca perfilar la figura y trayectoria de Zaldívar como uno de los “operadores del negocio de la justicia en México”.
“Se le da carpetazo y nunca nos enteramos de qué pasó ahí, […] y este libro es una manera de acercarnos a esa verdad, de aproximarnos a esa verdad, a qué fue lo que ocurrió ahí. Tenemos en el libro algunas evidencias muy importantes”, dijo el autor durante una conferencia de prensa realizada el 19 de mayo de 2025 en las oficinas de la editorial Penguin Random House, en la Ciudad de México.
A la presentación del libro también asistieron los magistrados Alberto Roldán Olvera y Elba Sánchez Pozos —supuestas víctimas de intimidaciones y cuyos testimonios aparecen en el libro—, así como Pedro Cárdenas Casillas, representante de la organización Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión.
La investigación de este nuevo libro es, según el autor, una continuación de su obra anterior, Traición en Palacio: El negocio de la justicia en la 4T (Grijalbo, 2023): “[En ese libro] hablo del negocio de la justicia en México, sobre todo desde el punto de vista de quien lo operó en el sexenio anterior, que es Julio Scherer Ibarra […] En este libro lo que, de alguna forma, damos a conocer es la segunda parte de esa historia, sin la cual no se entiende bien la primera: porque no hay un Julio Scherer Ibarra sin un Arturo Saldívar”.
El ministro del poder. Un infiltrado en la 4T es una investigación de 282 páginas que aborda la carrera de Arturo Zaldívar y su papel como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El libro incluye los testimonios de magistrados como Taissia Cruz Parcero, María Emilia Molina, Alberto Roldán Olvera y la jueza Sandra Leticia Robledo, quienes denuncian haber sido presionados para fallar en casos de interés del gobierno de López Obrador y otros funcionarios federales.
Según Gómez Bruera, esta presión se ejercía con las gestiones de Carlos Antonio Alpízar Salazar, secretario general de la Presidencia del CJF entre 2019 y 2024. Alpízar se reunía con jueces en el piso 14 del Consejo para solicitar resoluciones específicas. Uno de los testimonios clave es el del magistrado Roldán: “‘Al menos entre jueces y juezas, cuenta el juez, ‘sabíamos que te mandan a llamar a ese piso 14 y te pedían cosas indebidas”, se lee en la página 206.
Roldán relató que en 2020 fue citado por el magistrado Constancio Carrasco para reunirse en Santa Fe y discutir un caso institucionalmente relevante. Allí se le sugirió que acudiera al piso 14 a hablar con Alpízar. En ese entonces, Roldán era Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo en el Estado de México. El caso en cuestión involucraba a Frida Martínez, exsecretaria de la Policía Federal, acusada de un presunto desvío de 2 500 millones de pesos.
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“Fueron más de seis reuniones prácticamente […] fueron de finales 2020 a marzo, abril del 21. Poco a poco fueron subiendo de tono esas reuniones donde ya prácticamente al final me pidieron, ‘¿Sabes qué? Tienes que resolver esta forma, búscale para conceder el amparo’ […] entre esas reuniones hubo varias amenazas. Yo lo veía así. Una muy clara donde hablaba de mi familia, que la conocían”, declaró en la conferencia.
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Sánchez Pozos denunció ante el CJF que, en abril de 2019, la magistrada Avante Juárez intentó obligarla a firmar una libertad provisional sin que se hubiese sesionado sobre el tema. Las represalias por presentar esa denuncia fueron terribles: se interpusieron 16 denuncias en su contra por acoso laboral e intimidación; y en septiembre del mismo año el CJF ordenó su traslado a Culiacán. El hermano de la magistrada Selina Haidé, Mario Avante Juárez, era en ese momento subsecretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cercano al ministro Zaldívar.
“Ya no tengo la mordaza que impone la investidura. Soy magistrada en retiro y puedo decirlo todo. Hay que decirlo todo. Las bajezas que se han permitido altos funcionarios en la institución y que ahora se señalan de manera directa en esta obra, se tenían que decir. Ya era justo que alguien por primera vez pusiera estas letras y tanto esfuerzo a evidenciar lo que pasa en el Poder Judicial Federal desde los más altos rangos. Hablo de ministros y consejeros”, dijo Sánchez Pozos durante la conferencia, a la que asistió mediante la plataforma de Zoom.
En el capítulo 10 de El ministro del poder Gómez Bruera enumera los casos en los que supuestamente Alpízar ejerció presión, desde proyectos del gobierno de AMLO como el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y una planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, hasta asuntos particulares como el de Frida Martínez.
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“Desafortunadamente es un proceso sistémico en México […] en el año 2015 solo teníamos un caso de acoso judicial contra periodistas documentado; es decir, en el año 2015 solo documentamos una sola situación donde una persona periodista por publicar información fue víctima de que se le iniciara un proceso. A lo largo de los años ha ido creciendo, hasta que prácticamente del año 2022 para acá [2025] estamos prácticamente entre 20 y 30 denuncias cada año”, declaró Pedro Cárdenas Casillas, oficial del Programa de Protección y Defensa de la organización.
“El año pasado documentamos una denuncia o demanda cada tres semanas contra una persona. Y no necesariamente son por procesos de investigación tan amplios y tan extensos como el de Hernán, sino por publicaciones pequeñas, por notas periodísticas sobre lo que está ocurriendo en seguridad, en política a nivel local, a nivel estatal y a nivel federal, las personas periodistas han sido víctimas de estos procesos”, agregó el representante de Artículo 19, organización que acompaña a Hernán Gómez desde 2023, cuando se presentó la primera demanda en su contra.
Actualmente, Arturo Zaldívar funge como coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República, y Carlos Alpízar ocupa el cargo de jefe de Unidad de Desarrollo Democrático en la Secretaría de Gobernación. Durante la “mañanera del pueblo” del lunes 19 de mayo de 2025 —el mismo día de la conferencia de prensa—, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó dar alguna declaración sobre Arturo Zaldívar, luego de que una periodista le preguntara sobre la investigación Televisa Leaks y el supuesto impulso que esta televisora dio al ministro para que llegara a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Ya aclaró el ministro Zaldívar, ya aclaró”, dijo la presidenta y no habló más sobre el tema.
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Previo a la elección del Poder Judicial, el periodista Hernán Gómez Bruera publica en editorial Grijalbo un libro sobre Arturo Zaldívar, el principal impulsor de la Reforma Judicial.
El 9 de abril de 2024 se presentó ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) una denuncia contra el exministro Arturo Zaldívar y 20 de sus excolaboradores. Supuestamente habían presionado, extorsionado y acosado a 70 jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, para obtener resoluciones favorables en asuntos de interés del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Zaldívar negó estas acusaciones, y dijo que se trataba de una “venganza política” por parte de la entonces presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Ocho meses después el CJF dio por concluidas las averiguaciones. Fue precisamente esta denuncia —y el posterior cierre de la investigación— lo que motivó al periodista y presentador mexicano Hernán Gómez Bruera a escribir El ministro del poder. Un infiltrado en la 4T (Grijalbo, 2025), una investigación que, a partir de testimonios y documentos inéditos, busca perfilar la figura y trayectoria de Zaldívar como uno de los “operadores del negocio de la justicia en México”.
“Se le da carpetazo y nunca nos enteramos de qué pasó ahí, […] y este libro es una manera de acercarnos a esa verdad, de aproximarnos a esa verdad, a qué fue lo que ocurrió ahí. Tenemos en el libro algunas evidencias muy importantes”, dijo el autor durante una conferencia de prensa realizada el 19 de mayo de 2025 en las oficinas de la editorial Penguin Random House, en la Ciudad de México.
A la presentación del libro también asistieron los magistrados Alberto Roldán Olvera y Elba Sánchez Pozos —supuestas víctimas de intimidaciones y cuyos testimonios aparecen en el libro—, así como Pedro Cárdenas Casillas, representante de la organización Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión.
La investigación de este nuevo libro es, según el autor, una continuación de su obra anterior, Traición en Palacio: El negocio de la justicia en la 4T (Grijalbo, 2023): “[En ese libro] hablo del negocio de la justicia en México, sobre todo desde el punto de vista de quien lo operó en el sexenio anterior, que es Julio Scherer Ibarra […] En este libro lo que, de alguna forma, damos a conocer es la segunda parte de esa historia, sin la cual no se entiende bien la primera: porque no hay un Julio Scherer Ibarra sin un Arturo Saldívar”.
El ministro del poder. Un infiltrado en la 4T es una investigación de 282 páginas que aborda la carrera de Arturo Zaldívar y su papel como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El libro incluye los testimonios de magistrados como Taissia Cruz Parcero, María Emilia Molina, Alberto Roldán Olvera y la jueza Sandra Leticia Robledo, quienes denuncian haber sido presionados para fallar en casos de interés del gobierno de López Obrador y otros funcionarios federales.
Según Gómez Bruera, esta presión se ejercía con las gestiones de Carlos Antonio Alpízar Salazar, secretario general de la Presidencia del CJF entre 2019 y 2024. Alpízar se reunía con jueces en el piso 14 del Consejo para solicitar resoluciones específicas. Uno de los testimonios clave es el del magistrado Roldán: “‘Al menos entre jueces y juezas, cuenta el juez, ‘sabíamos que te mandan a llamar a ese piso 14 y te pedían cosas indebidas”, se lee en la página 206.
Roldán relató que en 2020 fue citado por el magistrado Constancio Carrasco para reunirse en Santa Fe y discutir un caso institucionalmente relevante. Allí se le sugirió que acudiera al piso 14 a hablar con Alpízar. En ese entonces, Roldán era Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo en el Estado de México. El caso en cuestión involucraba a Frida Martínez, exsecretaria de la Policía Federal, acusada de un presunto desvío de 2 500 millones de pesos.
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“Fueron más de seis reuniones prácticamente […] fueron de finales 2020 a marzo, abril del 21. Poco a poco fueron subiendo de tono esas reuniones donde ya prácticamente al final me pidieron, ‘¿Sabes qué? Tienes que resolver esta forma, búscale para conceder el amparo’ […] entre esas reuniones hubo varias amenazas. Yo lo veía así. Una muy clara donde hablaba de mi familia, que la conocían”, declaró en la conferencia.
Entre las páginas 163 y 166, Gómez Bruera narra la historia de la magistrada Elba Sánchez Pozos, quien en noviembre de 2018 fue asignada al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en Cancún, Quintana Roo:
“Al poco tiempo dice haber tocado pared con un grupo protegido por Carlos Alpízar, el cual desde el principio la vio con desconfianza […] desde que llegó al colegiado pudo presenciar cómo tenían lugar prácticas indebidas, promovidas particularmente por la presidenta del tribunal, la magistrada Selina Haidé Avante Juárez, como ‘truquear procesos internos y resolver amparos fuera de las sesiones videograbadas’”.
Soy magistrada en retiro y puedo decirlo todo. Hay que decirlo todo. Las bajezas que se han permitido altos funcionarios en la institución y que ahora se señalan de manera directa en esta obra, se tenían que decir.
Sánchez Pozos denunció ante el CJF que, en abril de 2019, la magistrada Avante Juárez intentó obligarla a firmar una libertad provisional sin que se hubiese sesionado sobre el tema. Las represalias por presentar esa denuncia fueron terribles: se interpusieron 16 denuncias en su contra por acoso laboral e intimidación; y en septiembre del mismo año el CJF ordenó su traslado a Culiacán. El hermano de la magistrada Selina Haidé, Mario Avante Juárez, era en ese momento subsecretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cercano al ministro Zaldívar.
“Ya no tengo la mordaza que impone la investidura. Soy magistrada en retiro y puedo decirlo todo. Hay que decirlo todo. Las bajezas que se han permitido altos funcionarios en la institución y que ahora se señalan de manera directa en esta obra, se tenían que decir. Ya era justo que alguien por primera vez pusiera estas letras y tanto esfuerzo a evidenciar lo que pasa en el Poder Judicial Federal desde los más altos rangos. Hablo de ministros y consejeros”, dijo Sánchez Pozos durante la conferencia, a la que asistió mediante la plataforma de Zoom.
En el capítulo 10 de El ministro del poder Gómez Bruera enumera los casos en los que supuestamente Alpízar ejerció presión, desde proyectos del gobierno de AMLO como el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y una planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, hasta asuntos particulares como el de Frida Martínez.
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Aunque la mayoría de los testimonios del libro son anónimos, la investigación también presenta documentos que se obtuvieron por mediación de estas fuentes. Quizá uno de los más notables sea una carta de Arturo Guerrero Zazueta, excolaborador de Zaldívar y secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal entre enero de 2019 y enero de 2023. El documento de siete páginas fue escrito y firmado por Guerrero el 14 de febrero de 2022 y se dirige al entonces ministro Arturo Zaldívar para señalar a Alpízar. “Éste[sic] es el tema más delicado que trato con usted. Se trata de Carlos Alpízar. Antes que iniciar quiero contarle algo: me han buscado muchas personas, de muchos lugares y he recibido información de múltiples fuentes […] no hay temas que no se sostengan con una sola fuente”, escribió el abogado mexicano, egresado de la Escuela Libre de Derecho. El texto no solo señala la presión contra jueces y magistrados, también habla de hostigamiento laboral, uso indebido de recursos públicos, e incluso violencia sexual.
Hernán Gómez denuncia la dificultad de obtener información pública del Poder Judicial, dada la negativa de la institución a responder solicitudes de transparencia. “Fue un freno para tener datos más precisos y corroborar información proporcionada por mis fuentes”, explica en la introducción del libro.
Durante la conferencia de prensa denunció que estuvo bajo un intenso “acoso judicial”: “Primero fue una denuncia civil […] un medio de comunicación que me demanda por daño moral y pretende que se le paguen 15 millones de pesos, no se ha dictado sentencia sobre ese caso”, contó, “Luego cae una denuncia penal de la cual no puedo dar detalles, pero básicamente lo que piden es que el libro [anterior, Traición en Palacio: El negocio de la justicia en la 4T (Grijalbo, 2023)] salga de circulación. De esto nos enteramos hace poco, cuando vimos el texto de la demanda, pero piden que la editorial Random House retire todos los libros del mercado”.
En el año 2015 solo teníamos un caso de acoso judicial contra periodistas documentado [...] A lo largo de los años ha ido creciendo, hasta que prácticamente del año 2022 para acá [2025] estamos prácticamente entre 20 y 30 denuncias cada año.
Según afirma la organización internacional Artículo 19, a este tipo de demandas se les conoce como litigios estratégicos contra la participación pública, y se utiliza para intimidar a periodistas y defensores de derechos humanos mediante altos costos legales, con el fin de disuadirlos de expresar opiniones o que den a conocer información importante sobre temas críticos.
“Desafortunadamente es un proceso sistémico en México […] en el año 2015 solo teníamos un caso de acoso judicial contra periodistas documentado; es decir, en el año 2015 solo documentamos una sola situación donde una persona periodista por publicar información fue víctima de que se le iniciara un proceso. A lo largo de los años ha ido creciendo, hasta que prácticamente del año 2022 para acá [2025] estamos prácticamente entre 20 y 30 denuncias cada año”, declaró Pedro Cárdenas Casillas, oficial del Programa de Protección y Defensa de la organización.
“El año pasado documentamos una denuncia o demanda cada tres semanas contra una persona. Y no necesariamente son por procesos de investigación tan amplios y tan extensos como el de Hernán, sino por publicaciones pequeñas, por notas periodísticas sobre lo que está ocurriendo en seguridad, en política a nivel local, a nivel estatal y a nivel federal, las personas periodistas han sido víctimas de estos procesos”, agregó el representante de Artículo 19, organización que acompaña a Hernán Gómez desde 2023, cuando se presentó la primera demanda en su contra.
Actualmente, Arturo Zaldívar funge como coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República, y Carlos Alpízar ocupa el cargo de jefe de Unidad de Desarrollo Democrático en la Secretaría de Gobernación. Durante la “mañanera del pueblo” del lunes 19 de mayo de 2025 —el mismo día de la conferencia de prensa—, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó dar alguna declaración sobre Arturo Zaldívar, luego de que una periodista le preguntara sobre la investigación Televisa Leaks y el supuesto impulso que esta televisora dio al ministro para que llegara a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Ya aclaró el ministro Zaldívar, ya aclaró”, dijo la presidenta y no habló más sobre el tema.
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El mexministo Arturo Zaldívar ha rechazado las acusaciones sobre posibles manipulaciones en los tribunales.
Previo a la elección del Poder Judicial, el periodista Hernán Gómez Bruera publica en editorial Grijalbo un libro sobre Arturo Zaldívar, el principal impulsor de la Reforma Judicial.
El 9 de abril de 2024 se presentó ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) una denuncia contra el exministro Arturo Zaldívar y 20 de sus excolaboradores. Supuestamente habían presionado, extorsionado y acosado a 70 jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, para obtener resoluciones favorables en asuntos de interés del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Zaldívar negó estas acusaciones, y dijo que se trataba de una “venganza política” por parte de la entonces presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Ocho meses después el CJF dio por concluidas las averiguaciones. Fue precisamente esta denuncia —y el posterior cierre de la investigación— lo que motivó al periodista y presentador mexicano Hernán Gómez Bruera a escribir El ministro del poder. Un infiltrado en la 4T (Grijalbo, 2025), una investigación que, a partir de testimonios y documentos inéditos, busca perfilar la figura y trayectoria de Zaldívar como uno de los “operadores del negocio de la justicia en México”.
“Se le da carpetazo y nunca nos enteramos de qué pasó ahí, […] y este libro es una manera de acercarnos a esa verdad, de aproximarnos a esa verdad, a qué fue lo que ocurrió ahí. Tenemos en el libro algunas evidencias muy importantes”, dijo el autor durante una conferencia de prensa realizada el 19 de mayo de 2025 en las oficinas de la editorial Penguin Random House, en la Ciudad de México.
A la presentación del libro también asistieron los magistrados Alberto Roldán Olvera y Elba Sánchez Pozos —supuestas víctimas de intimidaciones y cuyos testimonios aparecen en el libro—, así como Pedro Cárdenas Casillas, representante de la organización Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión.
La investigación de este nuevo libro es, según el autor, una continuación de su obra anterior, Traición en Palacio: El negocio de la justicia en la 4T (Grijalbo, 2023): “[En ese libro] hablo del negocio de la justicia en México, sobre todo desde el punto de vista de quien lo operó en el sexenio anterior, que es Julio Scherer Ibarra […] En este libro lo que, de alguna forma, damos a conocer es la segunda parte de esa historia, sin la cual no se entiende bien la primera: porque no hay un Julio Scherer Ibarra sin un Arturo Saldívar”.
El ministro del poder. Un infiltrado en la 4T es una investigación de 282 páginas que aborda la carrera de Arturo Zaldívar y su papel como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El libro incluye los testimonios de magistrados como Taissia Cruz Parcero, María Emilia Molina, Alberto Roldán Olvera y la jueza Sandra Leticia Robledo, quienes denuncian haber sido presionados para fallar en casos de interés del gobierno de López Obrador y otros funcionarios federales.
Según Gómez Bruera, esta presión se ejercía con las gestiones de Carlos Antonio Alpízar Salazar, secretario general de la Presidencia del CJF entre 2019 y 2024. Alpízar se reunía con jueces en el piso 14 del Consejo para solicitar resoluciones específicas. Uno de los testimonios clave es el del magistrado Roldán: “‘Al menos entre jueces y juezas, cuenta el juez, ‘sabíamos que te mandan a llamar a ese piso 14 y te pedían cosas indebidas”, se lee en la página 206.
Roldán relató que en 2020 fue citado por el magistrado Constancio Carrasco para reunirse en Santa Fe y discutir un caso institucionalmente relevante. Allí se le sugirió que acudiera al piso 14 a hablar con Alpízar. En ese entonces, Roldán era Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo en el Estado de México. El caso en cuestión involucraba a Frida Martínez, exsecretaria de la Policía Federal, acusada de un presunto desvío de 2 500 millones de pesos.
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“Fueron más de seis reuniones prácticamente […] fueron de finales 2020 a marzo, abril del 21. Poco a poco fueron subiendo de tono esas reuniones donde ya prácticamente al final me pidieron, ‘¿Sabes qué? Tienes que resolver esta forma, búscale para conceder el amparo’ […] entre esas reuniones hubo varias amenazas. Yo lo veía así. Una muy clara donde hablaba de mi familia, que la conocían”, declaró en la conferencia.
Entre las páginas 163 y 166, Gómez Bruera narra la historia de la magistrada Elba Sánchez Pozos, quien en noviembre de 2018 fue asignada al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en Cancún, Quintana Roo:
“Al poco tiempo dice haber tocado pared con un grupo protegido por Carlos Alpízar, el cual desde el principio la vio con desconfianza […] desde que llegó al colegiado pudo presenciar cómo tenían lugar prácticas indebidas, promovidas particularmente por la presidenta del tribunal, la magistrada Selina Haidé Avante Juárez, como ‘truquear procesos internos y resolver amparos fuera de las sesiones videograbadas’”.
Soy magistrada en retiro y puedo decirlo todo. Hay que decirlo todo. Las bajezas que se han permitido altos funcionarios en la institución y que ahora se señalan de manera directa en esta obra, se tenían que decir.
Sánchez Pozos denunció ante el CJF que, en abril de 2019, la magistrada Avante Juárez intentó obligarla a firmar una libertad provisional sin que se hubiese sesionado sobre el tema. Las represalias por presentar esa denuncia fueron terribles: se interpusieron 16 denuncias en su contra por acoso laboral e intimidación; y en septiembre del mismo año el CJF ordenó su traslado a Culiacán. El hermano de la magistrada Selina Haidé, Mario Avante Juárez, era en ese momento subsecretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cercano al ministro Zaldívar.
“Ya no tengo la mordaza que impone la investidura. Soy magistrada en retiro y puedo decirlo todo. Hay que decirlo todo. Las bajezas que se han permitido altos funcionarios en la institución y que ahora se señalan de manera directa en esta obra, se tenían que decir. Ya era justo que alguien por primera vez pusiera estas letras y tanto esfuerzo a evidenciar lo que pasa en el Poder Judicial Federal desde los más altos rangos. Hablo de ministros y consejeros”, dijo Sánchez Pozos durante la conferencia, a la que asistió mediante la plataforma de Zoom.
En el capítulo 10 de El ministro del poder Gómez Bruera enumera los casos en los que supuestamente Alpízar ejerció presión, desde proyectos del gobierno de AMLO como el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y una planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, hasta asuntos particulares como el de Frida Martínez.
Te puede interesar leer: Nuestra primera elección judicial
Aunque la mayoría de los testimonios del libro son anónimos, la investigación también presenta documentos que se obtuvieron por mediación de estas fuentes. Quizá uno de los más notables sea una carta de Arturo Guerrero Zazueta, excolaborador de Zaldívar y secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal entre enero de 2019 y enero de 2023. El documento de siete páginas fue escrito y firmado por Guerrero el 14 de febrero de 2022 y se dirige al entonces ministro Arturo Zaldívar para señalar a Alpízar. “Éste[sic] es el tema más delicado que trato con usted. Se trata de Carlos Alpízar. Antes que iniciar quiero contarle algo: me han buscado muchas personas, de muchos lugares y he recibido información de múltiples fuentes […] no hay temas que no se sostengan con una sola fuente”, escribió el abogado mexicano, egresado de la Escuela Libre de Derecho. El texto no solo señala la presión contra jueces y magistrados, también habla de hostigamiento laboral, uso indebido de recursos públicos, e incluso violencia sexual.
Hernán Gómez denuncia la dificultad de obtener información pública del Poder Judicial, dada la negativa de la institución a responder solicitudes de transparencia. “Fue un freno para tener datos más precisos y corroborar información proporcionada por mis fuentes”, explica en la introducción del libro.
Durante la conferencia de prensa denunció que estuvo bajo un intenso “acoso judicial”: “Primero fue una denuncia civil […] un medio de comunicación que me demanda por daño moral y pretende que se le paguen 15 millones de pesos, no se ha dictado sentencia sobre ese caso”, contó, “Luego cae una denuncia penal de la cual no puedo dar detalles, pero básicamente lo que piden es que el libro [anterior, Traición en Palacio: El negocio de la justicia en la 4T (Grijalbo, 2023)] salga de circulación. De esto nos enteramos hace poco, cuando vimos el texto de la demanda, pero piden que la editorial Random House retire todos los libros del mercado”.
En el año 2015 solo teníamos un caso de acoso judicial contra periodistas documentado [...] A lo largo de los años ha ido creciendo, hasta que prácticamente del año 2022 para acá [2025] estamos prácticamente entre 20 y 30 denuncias cada año.
Según afirma la organización internacional Artículo 19, a este tipo de demandas se les conoce como litigios estratégicos contra la participación pública, y se utiliza para intimidar a periodistas y defensores de derechos humanos mediante altos costos legales, con el fin de disuadirlos de expresar opiniones o que den a conocer información importante sobre temas críticos.
“Desafortunadamente es un proceso sistémico en México […] en el año 2015 solo teníamos un caso de acoso judicial contra periodistas documentado; es decir, en el año 2015 solo documentamos una sola situación donde una persona periodista por publicar información fue víctima de que se le iniciara un proceso. A lo largo de los años ha ido creciendo, hasta que prácticamente del año 2022 para acá [2025] estamos prácticamente entre 20 y 30 denuncias cada año”, declaró Pedro Cárdenas Casillas, oficial del Programa de Protección y Defensa de la organización.
“El año pasado documentamos una denuncia o demanda cada tres semanas contra una persona. Y no necesariamente son por procesos de investigación tan amplios y tan extensos como el de Hernán, sino por publicaciones pequeñas, por notas periodísticas sobre lo que está ocurriendo en seguridad, en política a nivel local, a nivel estatal y a nivel federal, las personas periodistas han sido víctimas de estos procesos”, agregó el representante de Artículo 19, organización que acompaña a Hernán Gómez desde 2023, cuando se presentó la primera demanda en su contra.
Actualmente, Arturo Zaldívar funge como coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República, y Carlos Alpízar ocupa el cargo de jefe de Unidad de Desarrollo Democrático en la Secretaría de Gobernación. Durante la “mañanera del pueblo” del lunes 19 de mayo de 2025 —el mismo día de la conferencia de prensa—, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó dar alguna declaración sobre Arturo Zaldívar, luego de que una periodista le preguntara sobre la investigación Televisa Leaks y el supuesto impulso que esta televisora dio al ministro para que llegara a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Ya aclaró el ministro Zaldívar, ya aclaró”, dijo la presidenta y no habló más sobre el tema.
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